El asesinato de Lyhanna, la niña de 11 años que fue secuestrada y violada presuntamente por un hombre que había sido denunciado previamente por violar a otras menores, provocó un terremoto en Francia. El asunto reveló de forma cruda los problemas crónicos en la justicia en Francia para gestionar las denuncias sobre violencia sexual. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, acosado por las peticiones de dimisión, pidió a los fiscales generales que se revisaran 70.000 denuncias que implicaban a menores y que no habían tenido seguimiento. Puso fecha límite: el 14 de julio. En cinco semanas, los magistrados han reabierto 1.350 investigaciones y ordenado prisión preventiva para 675 personas sospechosas de haber cometido abusos contra menores.
El ministro de Justicia pidió revisar unas 70.000 denuncias paralizadas tras detectar negligencias en el caso de la violación y muerte de la niña de 11 años
El asesinato de Lyhanna, la niña de 11 años que fue secuestrada y violada presuntamente por un hombre que había sido denunciado previamente por violar a otras menores, provocó un terremoto en Francia. El asunto reveló de forma cruda los problemas crónicos en la justicia en Francia para gestionar las denuncias sobre violencia sexual. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, acosado por las peticiones de dimisión, pidió a los fiscales generales que se revisaran 70.000 denuncias que implicaban a menores y que no habían tenido seguimiento. Puso fecha límite: el 14 de julio. En cinco semanas, los magistrados han reabierto 1.350 investigaciones y ordenado prisión preventiva para 675 personas sospechosas de haber cometido abusos contra menores.
El escándalo de Lyhanna fue mayúsculo. El detenido, de 41 años y padre de dos hijos que iban al mismo colegio que la víctima, había sido denunciado hasta en cinco ocasiones. Pero las demandas se desestimaron. Una cadena de negligencias que desató una ola de indignación popular culminó con concentraciones delante de los grandes tribunales del país y del Ministerio de Justicia.
Darmanin prometió medidas y encargó un informe realizado por un equipo de inspectores de justicia y de la gendarmería sobre la actuación policial y judicial. El documento reveló que hubo fallos policiales y judiciales que permitieron que el detenido, Jérôme Barella, estuviera en libertad, a pesar de que en agosto de 2025 la madre de una niña de 10 años le denunció por haber violado a su hija. Previamente lo habían hecho otras menores e incluso fue expulsado del instituto donde trabajaba tras una denuncia por acoso.
A pesar de ello, esta última denuncia “no se trató como asunto prioritario” y hubo “una acumulación de retrasos y falta de seguimiento de la misma, por parte de la gendarmería y de la fiscalía”, según admitió Stéphane Noël, inspector general de la gendarmería nacional, en una rueda de prensa.
Darmanin dio hasta el 14 de julio a la justicia para revisar casos en los que no hubiera habido seguimiento. Ahora, más de un millar de expedientes de delitos de pederastia han sido identificados como “prioritarios”, es decir, aquellos en los que los autores están identificados, tienen antecedentes judiciales y las víctimas siguen siendo menores de edad, anunció el miércoles 15 de julio el propio Darmanin.
Desde el 8 de junio se han abierto unas 1.350 investigaciones judiciales, aproximadamente cuatro veces más que en el mismo período del año pasado, añadió el ministro durante la sesión de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional.
En total, se han revisado 69.626 expedientes en todo el país y los fiscales han registrado 85.047 denuncias. “De los procedimientos revisados, el 61,5% corresponde a delitos y el 38,5% a crímenes. El 83,5% de los presuntos responsables han sido identificados, mientras que el 16,5% permanece sin identificar”, detalló también el Ministerio de Justicia en un comunicado.
Darmanin, en los días posteriores al hallazgo del cuerpo de Lyhanna, declaró que “no faltaron ni medios ni leyes”, sino “priorizar los casos de violación de menores”. La oposición, sin embargo, le acusó a él de haber dado esa prioridad a asuntos como el narcotráfico. Pero el problema venía de lejos.
Las víctimas de violación francesas esperan más de 10 meses hasta que se empieza a investigar su denuncia, según la Fundación de Mujeres, que asegura que, luego, el 94% se archiva. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia en abril de 2025 por no proteger a tres mujeres que denunciaron violaciones cuando tenían 13, 14 y 15 años y alegaron que las autoridades francesas no las habían protegido. Les dio la razón.
Las cifras son escandalosas en el caso de los menores. Unos 160.000 niños son violados cada año en Francia, según las estimaciones a través de proyecciones y sondeos de la Comisión Independiente sobre el Incesto y las Violencias Sexuales Cometidas contra los Niños. Cada tres minutos hay un menor víctima de agresión sexual, violación o incesto, según Ciivise, la asociación contra el incesto, que cita datos oficiales. Equivale a tres niños o niñas de cada clase escolar.
El problema también está en la falta de medios, según un segundo informe de inspección, encargado a raíz del caso Lyhanna, citado por los medios franceses este jueves.
La madre de la víctima acudió a la policía en octubre de 2022 para denunciar una violación que habría tenido lugar dos años antes, en el departamento francés de Gers, presuntamente cometida por Barella. “Aunque las diligencias de investigación se llevaron a cabo con rapidez, la declaración de la víctima no se realizó conforme a las recomendaciones ministeriales debido a la falta de recursos de los investigadores de la comisaría de Béthune en aquella época”, subraya la Inspección General de Justicia (IGJ) en el informe publicado por los medios franceses.
Los inspectores señalan además que “la evaluación psicológica de la víctima fue encomendada a un psicólogo que no figuraba en la lista oficial de peritos”, mientras que “tanto los magistrados como los investigadores coincidían en constatar una escasez de expertos en la jurisdicción de Béthune”. Asimismo, critican que este informe, “sin fecha y sin firma, se asemeja, por su metodología, más a una evaluación de la credibilidad de la menor, una práctica prohibida”. El psicólogo había señalado supuestas incoherencias en el relato de la niña, lo que debilitó el caso, que dejó entonces de ser considerado “prioritario”.
Las negligencias no son puntuales. Hace un año, el país entró en shock con el juicio al cirujano Joël Le Scouarnec, condenado a 20 años de cárcel por abusar o violar durante tres décadas a más de 300 jóvenes, la mayoría menores de edad, en consultas o quirófanos. Fue detenido en 2017, a pesar de que había sido condenado ya en 2005 por posesión de imágenes pedófilas. No se le prohibió ejercer; siguió tratando con niños y adolescentes.
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