El Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya ha emitido un dictamen este martes en el que concluye que la proposición de ley para contener la compra especulativa vulnera artículos del Estatut y de la Constitución como, en este caso, el derecho a la herencia y el de libertad de empresa. El PP y Junts elevaron hace semanas a ese órgano consultivo la petición del informe, que ha sido categórico. Los siete puntos de la resolución, que no es vinculante, concluyen que la futura norma infringe varios preceptos. El PP ha celebrado la decisión al sostener que la norma impulsada por el Govern y Comuns pretendía “disfrazar de urbanismo lo que era comunismo puro”.
El dictamen, que no es vinculante, concluye que la futura norma infringe el derecho a la herencia y el de la libertad de empresa
El dictamen, que no es vinculante, concluye que la futura norma infringe el derecho a la herencia y el de la libertad de empresa
El Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya ha emitido un dictamen este martes en el que concluye que la proposición de ley para contener la compra especulativa vulnera artículos del Estatut y de la Constitución como, en este caso, el derecho a la herencia y el de libertad de empresa. El PP y Junts elevaron hace semanas a ese órgano consultivo la petición del informe, que ha sido categórico. Los siete puntos de la resolución, que no es vinculante, concluyen que la futura norma infringe varios preceptos. El PP ha celebrado la decisión al sostener que la norma impulsada por el Govern y Comuns pretendía “disfrazar de urbanismo lo que era comunismo puro”.
La proposición de ley examinada comporta modificar la Ley de Urbanismo para permitir que los ayuntamientos de municipios de zonas tensionadas puedan imponer condiciones sobre el destino de determinadas adquisiciones de vivienda. El objetivo es que esos inmuebles solo puedan destinarse a residencia habitual o al alquiler permanente sujeto a los límites de precio establecidos por la normativa. El Parlament acordó tramitar por lectura única la norma el pasado 8 de julio con los votos del bloque de la investidura (PSC, ERC y Comuns) y de la CUP. Junts, PP, Vox y Aliança Catalana se opusieron. Con la petición del dictamen, los grupos de izquierda entendieron que ganaban tiempo para alcanzar un consenso sobre el articulado. El sector inmobiliario advirtió entonces que “batallaría” para que la norma llegara al Constitucional. El objetivo de la ley es acabar con prácticas como la compra de inmuebles por parte de grandes fondos de inversión para poner fin a los contratos de sus actuales ocupantes y reemplazarlos por alquileres de habitaciones o bien para revenderlos para obtener una plusvalía elevada.
El dictamen esgrime, de entrada, que la proposición vulnera el artículo 138 de la ley del reglamento y el 23.2 de la Constitución al sostener que el asunto dista de los requisitos de “naturaleza y simplicidad” exigible al procedimiento. El segundo punto del informe establece que la proposición vulnera el Estatut porque no recoge la participación del Consell de los Gobiernos locales e invita a su participación además de exponer, en el tercer punto, recomendaciones para abrir el periodo de enmiendas.
El informe apunta respecto al contenido que la proposición no respetan el artículo 129 del Estatut y las del Estado en materia de bases de las obligaciones contractuales; vulneran los derechos a la propiedad y a la herencia (artículo 33 de la Constitución), libertad de empresa (artículo 38) y concluye que la norma adolece de la “suficiente certeza y previsibilidad y vulnera el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 9.3 de la carta magna.
El PP ha celebrado la decisión del órgano consultivo. “El CGE ha desmontado de arriba abajo esta ley comunista, y el PSC haría bien en no desoír el dictamen de este órgano consultivo si realmente apuesta por la normalidad institucional que dice defender. La ley era una chapuza”, ha manifestado la portavoz. La diputada ha advertido al PSC de que si continúa tramitando la norma y desoye el dictamen lo elevará al Tribunal Constitucional.
La medida contra la venta especulativa se suma a un arsenal de medidas lanzado por el Govern para facilitar el acceso al mercado, entre otras, los límites a los precios de alquiler, el derecho de compra preferente sobre inmuebles de grandes propietarios o los límites al arrendamiento de temporada. Todas esa batería ha soliviantado al empresariado, que incluso ha creado recientemente un lobby bajo el paraguas de la patronal de Foment del Treball para denunciar el “exceso de regulación” del Ejecutivo de Illa.
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