Teresa Ribera y Sara Aagesen han sido las dos ministras energéticas en el Gobierno de Pedro Sánchez. Ambas han diseñado la política sectorial mediante normas, ayudas y planes. Al menos, lo han intentado. La evolución económica y las nuevas necesidades tecnológicas han obligado al Ejecutivo a dar marcha atrás en algunas cuestiones, otras han tenido que corregirse y, en el caso concreto del parque nuclear , tendrán que rectificar su planteamiento.Uno de los grandes cambios llegó hace un par de semanas, en pleno julio, con el anuncio de la suspensión progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (Ivpee) que desde 2013 gravaba con un 7% los ingresos de las compañías energéticas por la generación eléctrica y que, posteriormente, trasladaban a los consumidores.Era un impuesto que no gustaba a casi nadie, y durante años ha sido criticado por todos. Desde las asociaciones renovables, y con mayor ligazón con el Gobierno, pedían la eliminación de este tributo por ser una figura que encarecía la electricidad y frenaba la electrificación.La industria también cargaba contra el Ivpee porque suponía una carga extra a nivel económico y, sobre todo, generaba una merma en la competitividad frente a otros países . Pero el Ejecutivo insistía en que este tributo era necesario para garantizar la financiación del sistema eléctrico.La defensa a ultranza de este impuesto fue a finales de 2024 cuando el Gobierno se opuso a una enmienda en un decreto sobre una norma de emisiones y sostuvo que eliminar el Ivpee supondría perder alrededor de 1.500 millones de euros de ingresos destinados a financiar los costes regulados del sistema eléctrico.7% Impuesto polémico Las empresas eléctricas, las industrias y los sectores renovables han estado durante años cargando contra este tributo que, por fin, parece que va a desaparecerSegún el Ministerio para la Transición Ecológica, si desaparecía esa financiación habría que compensarla elevando los cargos de la factura eléctrica o con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado. La ministra Sara Aagesen llegó a advertir de que la medida podría acabar incrementando el recibo de muchos hogares.Esta posición resulta especialmente chocante porque, menos de dos años después, el propio Gobierno eliminará gradualmente el Ivpee alegando que ya no es necesario para financiar el sistema eléctrico.Redes necesariasCon las infraestructuras eléctricas la situación ha sido parecida. Quizá el giro no ha sido tan abrupto, puesto que poner en duda la inversión en redes no era un escenario que se pudiera contemplar, pero la reticencia sobre el volumen, y las dudas sobre su destino final siempre han estado sobre la mesa.El Gobierno no ha negado nunca que hicieran falta más redes, pero sí ha mantenido durante años el límite regulatorio ligado al PIB, pese a las peticiones del sector para elevarlo de forma permanente. En concreto, el techo del 0,13% del PIB para distribución y del 0,065% para transporte proviene de los reales decretos de 2013. Durante los gobiernos posteriores esos límites se mantuvieron como regla general, con excepciones temporales.Si finalmente el Gobierno confirma que Almaraz sigue abierta se tendrá que modificar el Pniec Así, desde Transición Ecológica no se quiso discutir sobre la modificación de esos límites que permitirían invertir más a las empresas eléctricas. Defendían que las inversiones debían estar planificadas y justificadas, y que aumentar el límite sin más podía repercutir en mayores costes regulados para los consumidores, al igual que los impuestos. Esa fue una de las principales discrepancias con el sector.De nuevo, y a las puertas de agosto, se ha cambiado de parecer. Hace apenas un puñado de días, el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado el real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, dando así luz verde a una inversión adicional de 17.900 millones de euros en estas infraestructuras hasta el año 2030, acotando su destino, y estableciendo los procedimientos para la elaboración, tramitación y justificación de los planes de inversión de las empresas distribuidoras.Y el giro ha llegado cuando el gabinete dirigido por Sara Aagesen asume que los límites que había hasta ahora «se han mostrado insuficientes a la hora de atender las necesidades de la transición energética y el gran volumen de peticiones de acceso para nuevas demandas, como se ha puesto de manifiesto durante la elaboración de la Planificación de electricidad con horizonte 2030, actualmente en tramitación».En consecuencia, el Gobierno ha decidido incrementar el volumen de inversión en las redes hasta 2030, siguiendo una senda creciente, para facilitar la ejecución de los proyectos. Las cantidades previstas, además, han crecido con relación al proyecto normativo sometido a audiencia pública, a resultas del proceso de elaboración de la Planificación.Y falta AlmarazPor si estos giros no fueran suficientes, dentro de un mes el Gobierno consumará otro cambio más en su política energética. Cuando Teresa Ribera alumbró el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), se asumió con satisfacción por parte del Ejecutivo el calendario de cierre del parque atómico, y a partir de 2027 y 2028 se contaba con el adiós de la central nuclear de Almaraz.Sin embargo, el Gobierno ha tenido que asumir la realidad económica y las necesidades del sistema eléctrico, y tras la petición de las propietarias de Almaraz de mantener abierta la planta hasta 2030, ahora el Ejecutivo tiene que tomar una decisión.5,5 millones de vehículos eléctricos El ritmo de penetración del coche eléctrico es mucho más lento de lo esperado y, por tanto, si no se consigue esa cifra habrá que cambiar más planteamientos de PNIECEl propio presidente del Gobierno en primera persona trazó una serie de líneas rojas para mantener activa la central de Almaraz. Fue el primer cambio de guion en un Ejecutivo que se ha mostrado en contra de esta tecnología. Para que mantuviera la producción se debería asegurar el suministro, no debía suponer problemas radiológicos y se debía evitar un impacto económico para el consumidor.Tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) , que las empresas hayan renunciado a que se toquen los impuestos, y sin ningún tipo de afectación a la capacidad de suministro, el Gobierno tendrá que mantener abierta Almaraz y, de esta forma, consumará otro cambio en su política energética. Además, esto le supondrá tener que modificar el Pniec. Una situación que le permitirá introducir más cambios que a buen seguro llegará una vez que el Ejecutivo ha tenido que asumir que sus planes necesitaban cambios.De hecho, una cuestión muy social, la venta de vehículos eléctricos, por el momento también está muy lejos de las previsiones de un parque de 5,5 millones de coches para 2030. El ritmo, salvo que cambie mucho en los dos próximos años, es más bajo de lo esperado. Esto supondrá tener que rectificar el Pniec con el consiguiente problema de trastocar otros elementos de la hoja de ruta del Gobierno. Teresa Ribera y Sara Aagesen han sido las dos ministras energéticas en el Gobierno de Pedro Sánchez. Ambas han diseñado la política sectorial mediante normas, ayudas y planes. Al menos, lo han intentado. La evolución económica y las nuevas necesidades tecnológicas han obligado al Ejecutivo a dar marcha atrás en algunas cuestiones, otras han tenido que corregirse y, en el caso concreto del parque nuclear , tendrán que rectificar su planteamiento.Uno de los grandes cambios llegó hace un par de semanas, en pleno julio, con el anuncio de la suspensión progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (Ivpee) que desde 2013 gravaba con un 7% los ingresos de las compañías energéticas por la generación eléctrica y que, posteriormente, trasladaban a los consumidores.Era un impuesto que no gustaba a casi nadie, y durante años ha sido criticado por todos. Desde las asociaciones renovables, y con mayor ligazón con el Gobierno, pedían la eliminación de este tributo por ser una figura que encarecía la electricidad y frenaba la electrificación.La industria también cargaba contra el Ivpee porque suponía una carga extra a nivel económico y, sobre todo, generaba una merma en la competitividad frente a otros países . Pero el Ejecutivo insistía en que este tributo era necesario para garantizar la financiación del sistema eléctrico.La defensa a ultranza de este impuesto fue a finales de 2024 cuando el Gobierno se opuso a una enmienda en un decreto sobre una norma de emisiones y sostuvo que eliminar el Ivpee supondría perder alrededor de 1.500 millones de euros de ingresos destinados a financiar los costes regulados del sistema eléctrico.7% Impuesto polémico Las empresas eléctricas, las industrias y los sectores renovables han estado durante años cargando contra este tributo que, por fin, parece que va a desaparecerSegún el Ministerio para la Transición Ecológica, si desaparecía esa financiación habría que compensarla elevando los cargos de la factura eléctrica o con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado. La ministra Sara Aagesen llegó a advertir de que la medida podría acabar incrementando el recibo de muchos hogares.Esta posición resulta especialmente chocante porque, menos de dos años después, el propio Gobierno eliminará gradualmente el Ivpee alegando que ya no es necesario para financiar el sistema eléctrico.Redes necesariasCon las infraestructuras eléctricas la situación ha sido parecida. Quizá el giro no ha sido tan abrupto, puesto que poner en duda la inversión en redes no era un escenario que se pudiera contemplar, pero la reticencia sobre el volumen, y las dudas sobre su destino final siempre han estado sobre la mesa.El Gobierno no ha negado nunca que hicieran falta más redes, pero sí ha mantenido durante años el límite regulatorio ligado al PIB, pese a las peticiones del sector para elevarlo de forma permanente. En concreto, el techo del 0,13% del PIB para distribución y del 0,065% para transporte proviene de los reales decretos de 2013. Durante los gobiernos posteriores esos límites se mantuvieron como regla general, con excepciones temporales.Si finalmente el Gobierno confirma que Almaraz sigue abierta se tendrá que modificar el Pniec Así, desde Transición Ecológica no se quiso discutir sobre la modificación de esos límites que permitirían invertir más a las empresas eléctricas. Defendían que las inversiones debían estar planificadas y justificadas, y que aumentar el límite sin más podía repercutir en mayores costes regulados para los consumidores, al igual que los impuestos. Esa fue una de las principales discrepancias con el sector.De nuevo, y a las puertas de agosto, se ha cambiado de parecer. Hace apenas un puñado de días, el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado el real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, dando así luz verde a una inversión adicional de 17.900 millones de euros en estas infraestructuras hasta el año 2030, acotando su destino, y estableciendo los procedimientos para la elaboración, tramitación y justificación de los planes de inversión de las empresas distribuidoras.Y el giro ha llegado cuando el gabinete dirigido por Sara Aagesen asume que los límites que había hasta ahora «se han mostrado insuficientes a la hora de atender las necesidades de la transición energética y el gran volumen de peticiones de acceso para nuevas demandas, como se ha puesto de manifiesto durante la elaboración de la Planificación de electricidad con horizonte 2030, actualmente en tramitación».En consecuencia, el Gobierno ha decidido incrementar el volumen de inversión en las redes hasta 2030, siguiendo una senda creciente, para facilitar la ejecución de los proyectos. Las cantidades previstas, además, han crecido con relación al proyecto normativo sometido a audiencia pública, a resultas del proceso de elaboración de la Planificación.Y falta AlmarazPor si estos giros no fueran suficientes, dentro de un mes el Gobierno consumará otro cambio más en su política energética. Cuando Teresa Ribera alumbró el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), se asumió con satisfacción por parte del Ejecutivo el calendario de cierre del parque atómico, y a partir de 2027 y 2028 se contaba con el adiós de la central nuclear de Almaraz.Sin embargo, el Gobierno ha tenido que asumir la realidad económica y las necesidades del sistema eléctrico, y tras la petición de las propietarias de Almaraz de mantener abierta la planta hasta 2030, ahora el Ejecutivo tiene que tomar una decisión.5,5 millones de vehículos eléctricos El ritmo de penetración del coche eléctrico es mucho más lento de lo esperado y, por tanto, si no se consigue esa cifra habrá que cambiar más planteamientos de PNIECEl propio presidente del Gobierno en primera persona trazó una serie de líneas rojas para mantener activa la central de Almaraz. Fue el primer cambio de guion en un Ejecutivo que se ha mostrado en contra de esta tecnología. Para que mantuviera la producción se debería asegurar el suministro, no debía suponer problemas radiológicos y se debía evitar un impacto económico para el consumidor.Tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) , que las empresas hayan renunciado a que se toquen los impuestos, y sin ningún tipo de afectación a la capacidad de suministro, el Gobierno tendrá que mantener abierta Almaraz y, de esta forma, consumará otro cambio en su política energética. Además, esto le supondrá tener que modificar el Pniec. Una situación que le permitirá introducir más cambios que a buen seguro llegará una vez que el Ejecutivo ha tenido que asumir que sus planes necesitaban cambios.De hecho, una cuestión muy social, la venta de vehículos eléctricos, por el momento también está muy lejos de las previsiones de un parque de 5,5 millones de coches para 2030. El ritmo, salvo que cambie mucho en los dos próximos años, es más bajo de lo esperado. Esto supondrá tener que rectificar el Pniec con el consiguiente problema de trastocar otros elementos de la hoja de ruta del Gobierno.
Teresa Ribera y Sara Aagesen han sido las dos ministras energéticas en el Gobierno de Pedro Sánchez. Ambas han diseñado la política sectorial mediante normas, ayudas y planes. Al menos, lo han intentado. La evolución económica y las nuevas necesidades tecnológicas han obligado al Ejecutivo … a dar marcha atrás en algunas cuestiones, otras han tenido que corregirse y, en el caso concreto del parque nuclear, tendrán que rectificar su planteamiento.
Uno de los grandes cambios llegó hace un par de semanas, en pleno julio, con el anuncio de la suspensión progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (Ivpee) que desde 2013 gravaba con un 7% los ingresos de las compañías energéticas por la generación eléctrica y que, posteriormente, trasladaban a los consumidores.
Era un impuesto que no gustaba a casi nadie, y durante años ha sido criticado por todos. Desde las asociaciones renovables, y con mayor ligazón con el Gobierno, pedían la eliminación de este tributo por ser una figura que encarecía la electricidad y frenaba la electrificación.
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La industria también cargaba contra el Ivpee porque suponía una carga extra a nivel económico y, sobre todo, generaba una merma en la competitividad frente a otros países. Pero el Ejecutivo insistía en que este tributo era necesario para garantizar la financiación del sistema eléctrico.
La defensa a ultranza de este impuesto fue a finales de 2024 cuando el Gobierno se opuso a una enmienda en un decreto sobre una norma de emisiones y sostuvo que eliminar el Ivpee supondría perder alrededor de 1.500 millones de euros de ingresos destinados a financiar los costes regulados del sistema eléctrico.
7%
Impuesto polémico
Las empresas eléctricas, las industrias y los sectores renovables han estado durante años cargando contra este tributo que, por fin, parece que va a desaparecer
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, si desaparecía esa financiación habría que compensarla elevando los cargos de la factura eléctrica o con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado. La ministra Sara Aagesen llegó a advertir de que la medida podría acabar incrementando el recibo de muchos hogares.
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Esta posición resulta especialmente chocante porque, menos de dos años después, el propio Gobierno eliminará gradualmente el Ivpee alegando que ya no es necesario para financiar el sistema eléctrico.
Redes necesarias
Con las infraestructuras eléctricas la situación ha sido parecida. Quizá el giro no ha sido tan abrupto, puesto que poner en duda la inversión en redes no era un escenario que se pudiera contemplar, pero la reticencia sobre el volumen, y las dudas sobre su destino final siempre han estado sobre la mesa.
El Gobierno no ha negado nunca que hicieran falta más redes, pero sí ha mantenido durante años el límite regulatorio ligado al PIB, pese a las peticiones del sector para elevarlo de forma permanente. En concreto, el techo del 0,13% del PIB para distribución y del 0,065% para transporte proviene de los reales decretos de 2013. Durante los gobiernos posteriores esos límites se mantuvieron como regla general, con excepciones temporales.
Si finalmente el Gobierno confirma que Almaraz sigue abierta se tendrá que modificar el Pniec
Así, desde Transición Ecológica no se quiso discutir sobre la modificación de esos límites que permitirían invertir más a las empresas eléctricas. Defendían que las inversiones debían estar planificadas y justificadas, y que aumentar el límite sin más podía repercutir en mayores costes regulados para los consumidores, al igual que los impuestos. Esa fue una de las principales discrepancias con el sector.
De nuevo, y a las puertas de agosto, se ha cambiado de parecer. Hace apenas un puñado de días, el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado el real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, dando así luz verde a una inversión adicional de 17.900 millones de euros en estas infraestructuras hasta el año 2030, acotando su destino, y estableciendo los procedimientos para la elaboración, tramitación y justificación de los planes de inversión de las empresas distribuidoras.
Y el giro ha llegado cuando el gabinete dirigido por Sara Aagesen asume que los límites que había hasta ahora «se han mostrado insuficientes a la hora de atender las necesidades de la transición energética y el gran volumen de peticiones de acceso para nuevas demandas, como se ha puesto de manifiesto durante la elaboración de la Planificación de electricidad con horizonte 2030, actualmente en tramitación».
En consecuencia, el Gobierno ha decidido incrementar el volumen de inversión en las redes hasta 2030, siguiendo una senda creciente, para facilitar la ejecución de los proyectos. Las cantidades previstas, además, han crecido con relación al proyecto normativo sometido a audiencia pública, a resultas del proceso de elaboración de la Planificación.
Y falta Almaraz
Por si estos giros no fueran suficientes, dentro de un mes el Gobierno consumará otro cambio más en su política energética. Cuando Teresa Ribera alumbró el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), se asumió con satisfacción por parte del Ejecutivo el calendario de cierre del parque atómico, y a partir de 2027 y 2028 se contaba con el adiós de la central nuclear de Almaraz.
Sin embargo, el Gobierno ha tenido que asumir la realidad económica y las necesidades del sistema eléctrico, y tras la petición de las propietarias de Almaraz de mantener abierta la planta hasta 2030, ahora el Ejecutivo tiene que tomar una decisión.
5,5
millones de vehículos eléctricos
El ritmo de penetración del coche eléctrico es mucho más lento de lo esperado y, por tanto, si no se consigue esa cifra habrá que cambiar más planteamientos de PNIEC
El propio presidente del Gobierno en primera persona trazó una serie de líneas rojas para mantener activa la central de Almaraz. Fue el primer cambio de guion en un Ejecutivo que se ha mostrado en contra de esta tecnología. Para que mantuviera la producción se debería asegurar el suministro, no debía suponer problemas radiológicos y se debía evitar un impacto económico para el consumidor.
Tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que las empresas hayan renunciado a que se toquen los impuestos, y sin ningún tipo de afectación a la capacidad de suministro, el Gobierno tendrá que mantener abierta Almaraz y, de esta forma, consumará otro cambio en su política energética. Además, esto le supondrá tener que modificar el Pniec. Una situación que le permitirá introducir más cambios que a buen seguro llegará una vez que el Ejecutivo ha tenido que asumir que sus planes necesitaban cambios.
De hecho, una cuestión muy social, la venta de vehículos eléctricos, por el momento también está muy lejos de las previsiones de un parque de 5,5 millones de coches para 2030. El ritmo, salvo que cambie mucho en los dos próximos años, es más bajo de lo esperado. Esto supondrá tener que rectificar el Pniec con el consiguiente problema de trastocar otros elementos de la hoja de ruta del Gobierno.
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