Iberdrola y Endesa pagan 360 millones hasta junio en impuestos por sus centrales nucleares

El debate sobre el futuro de la energía nuclear en España, que por el momento parece que se aparca hasta 2030, ha tenido un punto de máxima fricción a nivel impositivo . Las empresas energéticas llevan años argumentando que son muy elevados. El Gobierno, por su parte, los ha utilizado como arma para disuadir a las compañías en su empeño por mantener viva esta tecnología.La suma de impuestos y tasas de las dos principales propietarias no deja de crecer. Según la información remitida por Iberdrola a la CNMV correspondiente al primer semestre del año, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos derivados de la generación eléctrica supuso un coste de 52 millones de euros en 2026, frente a los 56 millones registrados un año antes.A ello hay que añadir los pagos destinados a financiar la gestión de los residuos radiactivos que realiza Enresa. Iberdrola detalla que, aunque son varias las tasas aplicadas para la financiación de estos costes, la más relevante es la que recae sobre las centrales nucleares en explotación, cuya base imponible de la tasa viene constituida por la energía nucleoeléctrica bruta generada por cada una de las centrales en cada mes. En el primer semestre de 2026 y 2025, estas tasas han supuesto un gasto de 117 y 118 millones de euros, respectivamente, según explican desde la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán.En el caso de Endesa, en la denominada partida de «impuestos nucleares», hasta junio de 2026 se han pagado 56 millones de euros, lo que supone tres millones más que en 2025.En cuanto al epígrafe de «tasa por tratamiento de residuos radiactivos», la empresa dirigida por Gianni Armani ha pagado en los primeros seis meses del año un total de 135 millones, lo que supone siete millones más que el mismo periodo del año anterior. Además, Endesa, al contar con una participación mayoritaria en las centrales nucleares catalanas, también paga un impuesto medioambiental que asciende a 76 millones, y que principalmente afecta a la producción eléctrica basada en energía atómica.El pulso fiscalLa cuestión impositiva ha sido material de tira y afloja entre las empresas propietarias de las centrales nucleares y el Gobierno. Una situación que ha subido de tono a medida que se acercaba el cierre de Almaraz .Las eléctricas sostienen desde hace años que existe una doble carga sobre un mismo hecho imponible: por un lado, financian la gestión de los residuos radiactivos mediante las aportaciones a Enresa y, por otro, pagan un impuesto específico sobre esos mismos residuos. Mientras, la posición del Ejecutivo ha sido que las aportaciones a Enresa son una obligación destinada a cubrir un servicio concreto (la gestión y el desmantelamiento); el impuesto es un tributo con finalidad recaudatoria y ambiental, diferente de esa financiación.76 Tasa catalana Por si los impuestos y la tasa Enresa no fueran suficientes, en algunas regiones, como es el caso de Cataluña, existen otros tributos adicionales como los 76 millones que paga Endesa en CataluñaEl enfrentamiento ha atravesado momentos de especial tensión. Las aportaciones a Enresa se han revisado al alza para cubrir el incremento estimado del coste futuro de gestión de residuos y desmantelamiento; además siguen existiendo otros gravámenes sobre la producción eléctrica y, en algunos casos, impuestos autonómicos.Por ello, desde el sector se argumenta que la energía nuclear española soporta una carga fiscal y parafiscal muy superior a la de otros países europeos y que la combinación de pagos hace menos competitiva la operación de las centrales. El Gobierno, en cambio, defiende que quienes generan residuos radiactivos deben asumir íntegramente sus costes presentes y futuros y que ello es coherente con el principio de «quien contamina paga». El debate sobre el futuro de la energía nuclear en España, que por el momento parece que se aparca hasta 2030, ha tenido un punto de máxima fricción a nivel impositivo . Las empresas energéticas llevan años argumentando que son muy elevados. El Gobierno, por su parte, los ha utilizado como arma para disuadir a las compañías en su empeño por mantener viva esta tecnología.La suma de impuestos y tasas de las dos principales propietarias no deja de crecer. Según la información remitida por Iberdrola a la CNMV correspondiente al primer semestre del año, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos derivados de la generación eléctrica supuso un coste de 52 millones de euros en 2026, frente a los 56 millones registrados un año antes.A ello hay que añadir los pagos destinados a financiar la gestión de los residuos radiactivos que realiza Enresa. Iberdrola detalla que, aunque son varias las tasas aplicadas para la financiación de estos costes, la más relevante es la que recae sobre las centrales nucleares en explotación, cuya base imponible de la tasa viene constituida por la energía nucleoeléctrica bruta generada por cada una de las centrales en cada mes. En el primer semestre de 2026 y 2025, estas tasas han supuesto un gasto de 117 y 118 millones de euros, respectivamente, según explican desde la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán.En el caso de Endesa, en la denominada partida de «impuestos nucleares», hasta junio de 2026 se han pagado 56 millones de euros, lo que supone tres millones más que en 2025.En cuanto al epígrafe de «tasa por tratamiento de residuos radiactivos», la empresa dirigida por Gianni Armani ha pagado en los primeros seis meses del año un total de 135 millones, lo que supone siete millones más que el mismo periodo del año anterior. Además, Endesa, al contar con una participación mayoritaria en las centrales nucleares catalanas, también paga un impuesto medioambiental que asciende a 76 millones, y que principalmente afecta a la producción eléctrica basada en energía atómica.El pulso fiscalLa cuestión impositiva ha sido material de tira y afloja entre las empresas propietarias de las centrales nucleares y el Gobierno. Una situación que ha subido de tono a medida que se acercaba el cierre de Almaraz .Las eléctricas sostienen desde hace años que existe una doble carga sobre un mismo hecho imponible: por un lado, financian la gestión de los residuos radiactivos mediante las aportaciones a Enresa y, por otro, pagan un impuesto específico sobre esos mismos residuos. Mientras, la posición del Ejecutivo ha sido que las aportaciones a Enresa son una obligación destinada a cubrir un servicio concreto (la gestión y el desmantelamiento); el impuesto es un tributo con finalidad recaudatoria y ambiental, diferente de esa financiación.76 Tasa catalana Por si los impuestos y la tasa Enresa no fueran suficientes, en algunas regiones, como es el caso de Cataluña, existen otros tributos adicionales como los 76 millones que paga Endesa en CataluñaEl enfrentamiento ha atravesado momentos de especial tensión. Las aportaciones a Enresa se han revisado al alza para cubrir el incremento estimado del coste futuro de gestión de residuos y desmantelamiento; además siguen existiendo otros gravámenes sobre la producción eléctrica y, en algunos casos, impuestos autonómicos.Por ello, desde el sector se argumenta que la energía nuclear española soporta una carga fiscal y parafiscal muy superior a la de otros países europeos y que la combinación de pagos hace menos competitiva la operación de las centrales. El Gobierno, en cambio, defiende que quienes generan residuos radiactivos deben asumir íntegramente sus costes presentes y futuros y que ello es coherente con el principio de «quien contamina paga».  

El debate sobre el futuro de la energía nuclear en España, que por el momento parece que se aparca hasta 2030, ha tenido un punto de máxima fricción a nivel impositivo. Las empresas energéticas llevan años argumentando que son muy elevados. El Gobierno, por … su parte, los ha utilizado como arma para disuadir a las compañías en su empeño por mantener viva esta tecnología.

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