El Gobierno pone en su punto de mira el precio de los pisos en Idealista y Fotocasa

El Gobierno quiere intervenir en la actividad de las agencias inmobiliarias obligándolas a ofrecer información adicional sobre los alquileres que oferten, más allá de las características y el precio al que la vivienda se pone en el mercado. En el borrador del decreto que PSOE y Sumar pretenden aprobar en Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre figura una disposición que pretende exigir a las empresas que informen del precio del anterior contrato de alquiler de la vivienda y también del que marca el índice de referencia del precio del alquiler publicado por el Ministerio de Vivienda , que es el que marca el valor máximo del arrendamiento en las zonas denominadas tensionadas y el que el ministerio entiende que es razonable para una zona y unas características determinadas. Este se deberá indicar con independencia de que la vivienda esté o no en las áreas intervenidas.El Ejecutivo quiere librar así una batalla contra las agencias, a las que ha puesto en la diana desde hace tiempo porque cree que están contribuyendo a las vertiginosas subidas del precio del alquiler en los últimos años. La medida que quiere poner en marcha obligará al sector a «no omitir ni distorsionar información relevante que pueda inducir a error a los destinatarios» en los anuncios de alquileres que se consultan en portales inmobiliarios como Idealista,   Fotocasa o Pisos.com .El texto, cuya aplicación práctica es bastante incierta por la falta de apoyos parlamentarios, prevé que los anuncios de arrendamientos informen sobre el índice de referencia del precio del alquiler para el piso en cuestión y sobre la renta del último contrato de arrendamiento de vivienda habitual vigente en los cinco años anteriores, «con independencia de que el inmueble se ubique o no en una zona de mercado residencial tensionado».Para las zonas denominadas tensionadas, la norma exigirá, de aplicarse, que la oferta o publicidad indique el límite de renta aplicable y la referencia a la normativa y parámetros que determinen dicho límite (características de la vivienda y el edificio, ubicación, etc.). Junto a ello, también se deberá especificar el número, código o título identificativo de la vivienda arrendada (cuando proceda) y si el propietario del piso es un gran tenedor (más de 10 viviendas, aunque algunas comunidades autónomas lo han extendido a todos aquellos que tengan más de cinco propiedades) también se deberá indicar en el anuncio. La medida, ‘a priori’, afectaría a las publicaciones que los profesionales inmobiliarios cuelgan en los portales de internet, redes sociales o en los escaparates de los negocios, aunque en el borrador del decreto no se hace distinción de los canales de comunicación afectados. La iniciativa gubernamental se da en un momento en que muchas agencias movilizan buena parte de su oferta vía Whatsapp para no tener que enfrentar el aluvión de llamadas que se produce cuando publicitan el alquiler en webs como Idealista. Un canal más informal por el que el Departamento de Consumo tendría serias dificultades para controlar si las agencias cumplen con la nueva normativa.La reacción de las agencias inmobiliariasTampoco sería sencillo fiscalizar lo que se publica en los portales de búsqueda. De hecho, desde las agencias inmobiliarias hacen hincapié en la falta de recursos que tienen los organismos de consumo de las comunidades autónomas para vigilar que se cumple con la normativa de información al consumidor. «Están absolutamente desbordados», alerta José María Alfaro , presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) . «De hecho, en algunas comunidades autónomas se intenta dar soporte desde las direcciones generales de Vivienda y coordinarse entre Consumo y Vivienda, pero aun así es insuficiente», añade.«Lo primero que tendría que hacer la Administración es controlar y supervisar para fomentar el cumplimiento normativo y no preocuparse tanto de si en un anuncio se hace público una cosa u otra», denuncia Alfaro, que cree que la medida forma parte de las políticas que se quieren aplicar con la declaración de zonas tensionadas «y que ahora se quieren extender por decreto a todo el territorio nacional».«Nosotros sabemos lo que tenemos que publicitar porque nos lo marca la normativa de Consumo, pero el problema realmente no está ahí. Todos sabemos que el problema es que no hay oferta suficiente», dice Alfaro, que avisa de que las políticas intervencionistas del Gobierno están acabando con la rotación de pisos en alquiler en el mercado. «El mercado se está estancando y eso está condicionando la vida de miles de personas que no pueden hacer movilidad geográfica, ni por motivos de estudios ni por motivos de trabajo», apunta.Con todo, la medida forma parte del borrador de un real decreto cuyo éxito no está ni mucho menos asegurado. De hecho, PSOE y Sumar querían aprobarlo en Consejo de Ministros el pasado mes de julio, pero desistieron por falta de apoyos. Ahora, la idea es llevarlo en septiembre, pero antes quieren tenerlo atado y consensuado con otras formaciones políticas como Junts y Podemos, dos formaciones que se oponen a algunas de las propuestas incluidas en el texto. El Gobierno quiere intervenir en la actividad de las agencias inmobiliarias obligándolas a ofrecer información adicional sobre los alquileres que oferten, más allá de las características y el precio al que la vivienda se pone en el mercado. En el borrador del decreto que PSOE y Sumar pretenden aprobar en Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre figura una disposición que pretende exigir a las empresas que informen del precio del anterior contrato de alquiler de la vivienda y también del que marca el índice de referencia del precio del alquiler publicado por el Ministerio de Vivienda , que es el que marca el valor máximo del arrendamiento en las zonas denominadas tensionadas y el que el ministerio entiende que es razonable para una zona y unas características determinadas. Este se deberá indicar con independencia de que la vivienda esté o no en las áreas intervenidas.El Ejecutivo quiere librar así una batalla contra las agencias, a las que ha puesto en la diana desde hace tiempo porque cree que están contribuyendo a las vertiginosas subidas del precio del alquiler en los últimos años. La medida que quiere poner en marcha obligará al sector a «no omitir ni distorsionar información relevante que pueda inducir a error a los destinatarios» en los anuncios de alquileres que se consultan en portales inmobiliarios como Idealista,   Fotocasa o Pisos.com .El texto, cuya aplicación práctica es bastante incierta por la falta de apoyos parlamentarios, prevé que los anuncios de arrendamientos informen sobre el índice de referencia del precio del alquiler para el piso en cuestión y sobre la renta del último contrato de arrendamiento de vivienda habitual vigente en los cinco años anteriores, «con independencia de que el inmueble se ubique o no en una zona de mercado residencial tensionado».Para las zonas denominadas tensionadas, la norma exigirá, de aplicarse, que la oferta o publicidad indique el límite de renta aplicable y la referencia a la normativa y parámetros que determinen dicho límite (características de la vivienda y el edificio, ubicación, etc.). Junto a ello, también se deberá especificar el número, código o título identificativo de la vivienda arrendada (cuando proceda) y si el propietario del piso es un gran tenedor (más de 10 viviendas, aunque algunas comunidades autónomas lo han extendido a todos aquellos que tengan más de cinco propiedades) también se deberá indicar en el anuncio. La medida, ‘a priori’, afectaría a las publicaciones que los profesionales inmobiliarios cuelgan en los portales de internet, redes sociales o en los escaparates de los negocios, aunque en el borrador del decreto no se hace distinción de los canales de comunicación afectados. La iniciativa gubernamental se da en un momento en que muchas agencias movilizan buena parte de su oferta vía Whatsapp para no tener que enfrentar el aluvión de llamadas que se produce cuando publicitan el alquiler en webs como Idealista. Un canal más informal por el que el Departamento de Consumo tendría serias dificultades para controlar si las agencias cumplen con la nueva normativa.La reacción de las agencias inmobiliariasTampoco sería sencillo fiscalizar lo que se publica en los portales de búsqueda. De hecho, desde las agencias inmobiliarias hacen hincapié en la falta de recursos que tienen los organismos de consumo de las comunidades autónomas para vigilar que se cumple con la normativa de información al consumidor. «Están absolutamente desbordados», alerta José María Alfaro , presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) . «De hecho, en algunas comunidades autónomas se intenta dar soporte desde las direcciones generales de Vivienda y coordinarse entre Consumo y Vivienda, pero aun así es insuficiente», añade.«Lo primero que tendría que hacer la Administración es controlar y supervisar para fomentar el cumplimiento normativo y no preocuparse tanto de si en un anuncio se hace público una cosa u otra», denuncia Alfaro, que cree que la medida forma parte de las políticas que se quieren aplicar con la declaración de zonas tensionadas «y que ahora se quieren extender por decreto a todo el territorio nacional».«Nosotros sabemos lo que tenemos que publicitar porque nos lo marca la normativa de Consumo, pero el problema realmente no está ahí. Todos sabemos que el problema es que no hay oferta suficiente», dice Alfaro, que avisa de que las políticas intervencionistas del Gobierno están acabando con la rotación de pisos en alquiler en el mercado. «El mercado se está estancando y eso está condicionando la vida de miles de personas que no pueden hacer movilidad geográfica, ni por motivos de estudios ni por motivos de trabajo», apunta.Con todo, la medida forma parte del borrador de un real decreto cuyo éxito no está ni mucho menos asegurado. De hecho, PSOE y Sumar querían aprobarlo en Consejo de Ministros el pasado mes de julio, pero desistieron por falta de apoyos. Ahora, la idea es llevarlo en septiembre, pero antes quieren tenerlo atado y consensuado con otras formaciones políticas como Junts y Podemos, dos formaciones que se oponen a algunas de las propuestas incluidas en el texto.  

El Gobierno quiere intervenir en la actividad de las agencias inmobiliarias obligándolas a ofrecer información adicional sobre los alquileres que oferten, más allá de las características y el precio al que la vivienda se pone en el mercado. En el borrador del decreto que PSOE … y Sumar pretenden aprobar en Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre figura una disposición que pretende exigir a las empresas que informen del precio del anterior contrato de alquiler de la vivienda y también del que marca el índice de referencia del precio del alquiler publicado por el Ministerio de Vivienda, que es el que marca el valor máximo del arrendamiento en las zonas denominadas tensionadas y el que el ministerio entiende que es razonable para una zona y unas características determinadas. Este se deberá indicar con independencia de que la vivienda esté o no en las áreas intervenidas.

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