El Gobierno catalán ha empezado a estudiar ya las obras que incluirá en el segundo gran paquete de colaboración público-privada con el que el president Salvador Illa prevé acelerar el despliegue de infraestructuras. En ese plan, que ascenderá a 1.500 millones de euros, podría incorporar obras como la segunda fase del tranvía de Tarragona, la prolongación del tranvía de Barcelona hacia el norte y el sur o obras de prolongación del metro de la capital catalana, según fuentes del departamento que dirige Sílvia Paneque. Antes, sin embargo, el Ejecutivo catalán quiere tener listo el primer programa, de 1.800 millones, para adjudicar ya obras de metro, carreteras y electrolineras a lo largo de 2027.
El Ejecutivo analiza las obras que incluirá en el segundo programa de colaboración público-privada, que ascenderá a 1.500 millones
El Gobierno catalán ha empezado a estudiar ya las obras que incluirá en el segundo gran paquete de colaboración público-privada con el que el president Salvador Illa prevé acelerar el despliegue de infraestructuras. En ese plan, que ascenderá a 1.500 millones de euros, podría incorporar obras como la segunda fase del tranvía de Tarragona, la prolongación del tranvía de Barcelona hacia el norte y el sur o obras de prolongación del metro de la capital catalana, según fuentes del departamento que dirige Sílvia Paneque. Antes, sin embargo, el Ejecutivo catalán quiere tener listo el primer programa, de 1.800 millones, para adjudicar ya obras de metro, carreteras y electrolineras a lo largo de 2027.
El jefe del Ejecutivo catalán anunció el programa de concesiones en la inauguración de la última reunión del Cercle d’Economia. En concreto, lanzó un plan para sacar adelante obras por un valor de 3.300 millones de euros en dos fases. En la primera, que se ha sacado a consulta preliminar, hay varias carreteras del programa 2+1, nueve estaciones de la L9 del metro y un paquete de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Según fuentes de la consejería, hasta 70 empresas se han interesado por esos paquetes de obra pública.
El Departamento de Territorio prepara ahora el segundo lote de obra pública para adelantar obras pendientes. Entre estas, según las fuentes consultadas, habría ya obras ferroviarias. En concreto, las de la segunda fase del tranvía de Tarragona –para la primera ya hay una partida de 101,2 millones de euros en los Presupuestos de 2026— y la ampliación del de Barcelona hacia Molins de Rei, por un lado, y en dirección Badalona, por otro, para tener más paradas en el entorno de las Tres Xemeneies, donde está planeada la construcción de uno de los proyectos claves del Ejectivo, el hub audiovisual del Catalunya Media City.
La Generalitat también estudia construir mediante colaboración público-privada obras de metro como las de la línea 1 hacia Badalona, la de la línea 3 hacia el futuro Campus del Clínic de Esplugues o la línea 4 hasta Sagrera. También se está estudiando desencallar con ese sistema el intercambiador de autobuses de la plaza de Espanya, cuya necesidad se hace más obvia por el aumento del uso de los autobuses interurbanos por las continuas crisis de Renfe. Por último, la Generalitat planea seguir con carreteras del programa 2+1, como el desdoblamiento de la C-55 en Manresa (Bages).
Fuentes del Departamento sostienen que por ahora no hay una decisión tomada sobre ese paquete y añaden que la prioridad es la transformación de la C-16 entre Berga y Bagà (470 millones), que saldrá a concurso instada por Abertis, y los paquetes que ya han salido a consulta. La premura no solo se debe al retraso que arrastran varios de esos proyectos sino también, según estas fuentes, al encarecimiento continuo de los materiales, que está haciendo que se dispare el precio de las obras. Las empresas adjudicatarias se encargarán de realizar las inversiones, el mantenimiento y la reposición en la infraestructura, si es necesario.
El Govern busca dar concesiones para evitar las estrecheces presupuestarias y evitar que estas computen como déficit y deuda. Por ello, ha ideado un sistema de pagos por disponibilidad, por los que la Administración pagará durante un periodo aproximado de 35 años un canon basado en la calidad y disposición de la vía, sin que haya peajes ni costes adicionales para el usuario.
En el pasado, el Ejecutivo catalán ya usó un método similar con los llamados “peajes en la sombra” para, por ejemplo, construir desde comisarías hasta la Ciutat de la Justícia. Estos fueron muy controvertidos en el pasado porque un cambio en el sistema de contabilidad europeo obligó a que computaran como déficit y deuda. Y ello ocurrió en un momento de una grave crisis en las finanzas catalanas. Esos pagos diferidos, según una auditoría realizada por el Gobierno de Artur Mas en 2015, ascendían a 30.839 millones de euros que se extendían hasta el año 2018. A pesar de que fueron criticados por ese Ejecutivo de CiU, los informes de la Sindicatura de Cuentas indicaron que la Administración de Mas siguió empleando esa fórmula.
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