El juez José Luis Calama, a cargo del caso Plus Ultra, ha decidido alzar las medidas cautelares que pesaban sobre el empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero e investigado por una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales de fondos venezolanos. El juez de la Audiencia Nacional ha decidido retirar a Martínez Martínez la prohibición de salida del territorio nacional (podrá viajar únicamente por el territorio europeo que compone el espacio Schengen), así como eliminar la obligación que hasta ahora tenía de ir a firmar cada 15 días al juzgado porque considera que ha mermado el riesgo de fuga. El magistrado ha modificado también estas medidas en otros investigados, como el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, y el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola.
El magistrado de la Audiencia Nacional modifica las medidas cautelares de Julio Martínez Martínez y de otros investigados por blanqueo de capitales y organización criminal
El magistrado de la Audiencia Nacional modifica las medidas cautelares de Julio Martínez Martínez y de otros investigados por blanqueo de capitales y organización criminal
El juez José Luis Calama, a cargo del caso Plus Ultra, ha decidido alzar las medidas cautelares que pesaban sobre el empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero e investigado por una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales de fondos venezolanos. El juez de la Audiencia Nacional ha decidido retirar a Martínez Martínez la prohibición de salida del territorio nacional, así como eliminar la obligación que hasta ahora tenía de ir a firmar cada 15 días al juzgado porque considera que ha mermado el riesgo de fuga. El magistrado ha modificado también estas medidas en otros investigados, como el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli.
En una resolución de este lunes 11 de mayo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Calama explica que “si bien existen motivos suficientes para considerar presuntamente responsable criminalmente” a Julio Martínez Martínez de los delitos que están bajo el foco, “se estima que el eventual riesgo de fuga y su presencia en el proceso queda suficientemente conjurado y asegurado con la adopción de otras medidas menos restrictivas” que las que tenía hasta este momento.
Por ello, levanta la obligación de comparecer los días seis y 20 de cada mes en el juzgado, así como la prohibición de viajar sin autorización expresa del juez. Mantiene la de comunicar “cuantos cambios de domicilio pudiera realizar”. La decisión se ha tomado, según señala el auto, “ponderadas las circunstancias del caso y efectuado el juicio de proporcionalidad y necesidad respecto de las medidas cautelares adoptadas dada la situación actual del procedimiento y el cumplimiento hasta la fecha de las obligaciones impuestas”.
Martínez Martínez fue detenido el pasado 11 de diciembre por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional junto al presidente de la compañía Julio Martínez Sola (comparten nombre y apellido, pero no parentesco), al consejero delegado Roselli y a un abogado madrileño. Los arrestos se produjeron en el marco de una investigación que nació en la Fiscalía Anticorrupción y que indaga en el presunto uso fraudulento de los 53 millones de euros con los que el Gobierno rescató la compañía aérea en 2021 tras la pandemia.
Desde entonces, el empresario originario de Elda (Alicante) y el resto de detenidos tenían impuestas dichas medidas cautelares. Posteriormente, el empresario peruano Luis Felipe Baca Arbulu fue detenido en la isla de Aruba y extraditado a la Audiencia Nacional para pasar a disposición del juez que decidió dejarlo en libertad provisional. El directivo de la compañía Roselli pidió entonces una modificación de sus medidas cautelares y el juez las acordó el jueves pasado 7 de mayo. El último en solicitarlo y lograr también una mejora de su situación personal ha sido Martínez Martínez.
El magistrado deja claro en esta resolución que se están investigando delitos graves: apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los detalles de las pesquisas todavía no se conocen porque Calama ha ido prorrogando el secreto mes tras mes, pero fuentes jurídicas han contado que se está analizando qué se hizo con los 53 millones de euros que el Consejo de Ministros avaló para la compañía y qué papel tuvo la mercantil Análisis Relevante, propiedad de Martínez Martínez. El empresario facturaba a Plus Ultra por sus gestiones en Venezuela, si bien fuentes cercanas a la investigación han apuntado a la existencia de un contrato por el que una empresa de Martínez podía quedarse con un 1% del dinero del rescate si este se conseguía.
La oposición, que citó al expresidente Zapatero en el Senado para que aclarara su relación con el empresario, señala que Análisis Relevante pudo ser una empresa pantalla y cuestionó si el que fuera líder del PSOE pudo interferir para que la ayuda terminara llegando a la compañía con vínculos en Latinoamérica. Zapatero negó cualquier gestión en este sentido, así como cualquier actividad irregular tanto en la Cámara alta como en entrevistas posteriores.
La UDEF analiza el dinero, algo más de 500.000 euros, que cobró el expresidente de Análisis Relevante y que él siempre ha explicado que fue a cuenta de labores de consultoría estratégica. El Confidencial asegura este martes que existen otras “investigaciones judiciales” en marcha que indagan si el expresidente ha ocultado patrimonio inmobiliario a través de terceros.
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