El Supremo confirma ocho años y medio de inhabilitación al expresidente de la Diputación de León por la trama Púnica

El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves las condenas de entre cuatro y ocho años y medio de inhabilitación para cargo público al expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez y otros tres acusados por una rama del caso Púnica, la trama de corrupción vinculada al PP centrada en la adjudicación irregular de contratos de publicidad institucional. El Supremo ha rechazado tanto los recursos de los acusados, que pedían la absolución del delito continuado de prevaricación del que fueron condenados, como los de la Fiscalía y la acusación popular, que reclamaban que se les condenara además por fraude a la administración y malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

La Audiencia Nacional condenó a Marcos Martínez el 29 de mayo de 2023, un día después de que este renovara su cargo como alcalde de Marcos (León), al arrasar en las elecciones municipales. Para entonces, Martínez ya no era presidente de la Diputación ni pertenecía al PP, que lo apartó cuando se constató su implicación en el caso Púnica. Con él fue condenado Pedro Vicente Sánchez García, ex coordinador general de la Diputación leonesa y que ese mismo día había sido también reelegido alcalde de otro municipio, Puebla de Lillo. La Audiencia también condenó a penas de inhabilitación al empresario Alejandro de Pedro y a Manuel Jesús López Sánchez, antiguo interventor de la Diputación de León.

Según la Audiencia, la trama puso en marcha una operativa por la que se infringió de “forma clara y patente la normativa” la Ley de Contratos del Sector Público, al dar el visto bueno a facturas “tramitadas de urgencia” sin acudir a un sistema de “contratación abierto o negociado, […] evitando así que otros medios de comunicación pudieran optar y acceder a la publicidad institucional de la Diputación de León y eludiendo igualmente un control más riguroso y exhaustivo”. El relato de hechos que ahora ha confirmado el Supremo, en una sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, da por probado que la institución provincial benefició en 2014 al empresario De Pedro mediante la concesión “irregular” de adjudicaciones de publicidad institucional.

La Sala Penal ha descartado todos los argumentos con los que los acusados han intentado que el alto tribunal revocara la condena, entre otros, que, antes del juicio, el auto de procesamiento se ampliara a instancias del fiscal. “Que se amplíe el auto y se complementen investigados y hechos es una garantía y no una indefensión”, advierte la sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro. El alto tribunal también rechaza que se haya vulnerado la presunción de inocencia de los acusados. “Hay prueba suficiente acreditativa de la condena por prevaricación”, señalan los jueces, que recalcan que en este caso no se ha probado una “mera irregularidad administrativa, sino una adjudicación unilateral” de un contrato que implicó que una institución pública hiciera unos pagos “que no se debieron hacer”.

La sentencia del Supremo pone fin al recorrido jurídico de la pieza leonesa del caso Púnica, una macrocausa abierta en 2014 y que se dividió en una decena de piezas, de las que solo se han juzgado cinco.