La soberanía tecnológica es una gran preocupación para administraciones, hospitales, empresas energéticas y operadores de infraestructuras críticas. Durante años, Europa ha trasladado una parte creciente de sus sistemas digitales a servicios en la nube gestionados por grandes proveedores estadounidenses. La concentración del mercado y el nuevo contexto geopolítico han abierto una pregunta incómoda sobre qué margen de decisión conserva el continente sobre una infraestructura esencial.La dependencia aparece cuando una organización deja de poder mover sus datos, aplicaciones o modelos a otros entornos sin afectar al servicio, disparar los costes o rehacer buena parte de sus sistemas, sostiene Alberto G. Arrieta, responsable de digital core en Accenture. El riesgo puede llegar por una interrupción, una subida de precios, un cambio contractual o una tensión geopolítica. Para Arrieta, la respuesta pasa por evitar una concentración excesiva en una única plataforma, sin cerrar el mercado ni renunciar a la innovación que aportan los grandes proveedores globales.El escenario funciona como una prueba de estrés geopolítico para la que muchas administraciones no están preparadas, según Andreas Prins, responsable global de sovereign solutions en SUSE. Los planes de contingencia suelen contemplar guerras, catástrofes naturales o ciberataques, pero rara vez analizan qué ocurriría si un proveedor tecnológico esencial dejara de estar disponible o se volviera políticamente inviable. La pregunta operativa, señala, es cuánto tiempo necesitarían un ministerio o un hospital europeo para cambiar de proveedor en una situación de crisis.Noticia relacionada No No La dependencia del cloud extranjero pone en jaque a Europa Laura Montero CarreteroAlrededor del 70% del mercado europeo de servicios cloud está controlado por tres grandes compañías estadounidenses, recuerda Prins, de SUSE, mientras que la cuota de los proveedores europeos se redujo del 29% en 2017 al 15% en 2022. Esa concentración genera vulnerabilidades sistémicas para actividades esenciales, advierte. Para SUSE, eso exige conservar margen para elegir, migrar, auditar y gestionar sistemas sin depender de un único proveedor original.Varias de las voces consultadas descartan que el objetivo sea una independencia tecnológica absoluta. Carlos Polo, profesor de Deusto Business School, define esa idea como una «fantasía cara» incluso para las grandes potencias. La autonomía estratégica reside, para Polo, en poder salir de una plataforma y en la interoperabilidad real. El problema está en que una organización quede atrapada en una nube que no puede abandonar cuando convenga, auditar o negociar sin una posición de rehén.Poder de decisiónDavid Mañas, vicepresidente de cloud & cybersecurity de T-Systems Iberia, se mueve en una línea parecida. La soberanía digital debe entenderse como margen efectivo de decisión para elegir dónde se ejecutan los servicios, proteger los datos y trasladar cargas de trabajo sin quedar atrapado en una infraestructura concreta. La colaboración con proveedores estadounidenses o asiáticos seguirá siendo necesaria en una economía global, pero reducir dependencias críticas y evitar bloqueos tecnológicos forma parte de una estrategia de resiliencia cada vez más relevante.Bruselas ha incorporado el principio de Open Source First en la futura Cloud and AI Development Act , una iniciativa que pretende dar prioridad a soluciones abiertas cuando las administraciones contraten tecnología. Su alcance dependerá de cómo se apliquen las excepciones y de qué requisitos se exijan en la contratación pública. El valor del código abierto depende de que vaya acompañado de criterios verificables sobre interoperabilidad y facilidad para mover datos y aplicaciones, plantea Arrieta, de Accenture. El código abierto puede quedarse corto si los datos, la configuración o la integración con otros sistemas siguen siendo difíciles de trasladar. Las decisiones tecnológicas, añade, deberían evaluar el coste inicial, el coste total, la dependencia futura, la portabilidad y la capacidad de integración con otros entornos.Las excepciones previstas en la futura norma europea deberían estar sometidas a mecanismos auditables, reclama Prins, de SUSE. Según explica, una administración podría optar por una plataforma propietaria mediante una justificación administrativa estándar. La obligación de justificar, defiende, debería recaer sobre las decisiones que generan dependencia tecnológica. Antes de destinar fondos públicos a una solución cerrada, habría que verificar de forma objetiva si existe una alternativa abierta con madurez, seguridad y sostenibilidad suficientes.Mike Linksvayer, vicepresidente de policy de GitHub, también advierte de que el principio de Open Source First puede quedar reducido a una recomendación sin requisitos mínimos de aplicación. El software desarrollado con financiación pública debería publicarse por defecto bajo licencias abiertas para facilitar su reutilización por otras administraciones europeas, sostiene. Sin mecanismos de intercambio, mantenimiento y gobernanza, advierte, la publicación del código tendrá un impacto limitado.El código abierto no resuelve por sí mismo el problema. La transparencia y la auditabilidad son ventajas importantes, recuerda Polo, de Deusto Business School, aunque la soberanía depende también de quién opera, mantiene y escala esas tecnologías. Europa puede acceder a proyectos como Kubernetes o PostgreSQL , señala, pero eso no garantiza disponer de la capacidad operativa, el talento o la inversión en infraestructura física que tienen los grandes hiperescalares.El software abierto ayuda a reducir dependencias y permite adaptar soluciones a necesidades concretas, añade Mañas, de T-Systems Iberia, pero la autonomía tecnológica exige algo más que publicar código: inversión, comunidades de desarrollo sólidas, soporte profesional, seguridad y capacidad para operar esas soluciones a escala.Un nuevo contexto regulatorio y geopolítico La incertidumbre geopolítica ha obligado a revisar riesgos que durante años recibieron poca atención, considera Xavier Trias Arraut, socio responsable de technology consulting de EY España. Cualquier organización que externalice componentes críticos de su actividad debería analizar con detalle las condiciones de entrega del servicio, la flexibilidad contractual, la dependencia generada y el grado de control que conserva ante escenarios adversos. Los criterios con los que se evalúan proveedores y servicios deberían adaptarse al nuevo contexto tecnológico, regulatorio y geopolítico, sostiene Trias, de EY España. Ese proceso empujará al mercado hacia propuestas más abiertas, flexibles y ajustadas a los riesgos actuales.El mayor desafíoMuchas organizaciones europeas ya han construido su actividad digital sobre plataformas cloud muy integradas. El primer paso consiste en identificar las dependencias más críticas y proteger las cargas de trabajo o dominios más sensibles, según indican desde Capgemini. Algunas pueden migrarse a corto plazo hacia ofertas de nube soberana cualificadas. El desafío mayor aparece en los servicios gestionados incorporados a los procesos diarios, desde bases de datos propietarias hasta plataformas de inteligencia artificial, herramientas DevOps o sistemas de observabilidad.Personas, procesos y gobernanza concentran los obstáculos más complejos, de acuerdo con la consultora. Reescribir aplicaciones, formar equipos especializados, adaptar modelos operativos y decidir qué nivel de soberanía se aplica a cada carga de trabajo puede exigir una transformación interna sostenida. Así, Cagemini sitúa entre los sectores mejor posicionados a aquellos sometidos a mayor regulación o donde la soberanía digital ya forma parte de las prioridades estratégicas.Las fuentes consultadas no plantean que Europa deba prescindir de los servicios cloud extranjeros. El consenso apunta más bien a conservar margen para elegir , cambiar de rumbo y reaccionar cuando las circunstancias lo exijan. La soberanía avanza precisamente por ese terreno, el de mantener abierta la puerta de salida. La soberanía tecnológica es una gran preocupación para administraciones, hospitales, empresas energéticas y operadores de infraestructuras críticas. Durante años, Europa ha trasladado una parte creciente de sus sistemas digitales a servicios en la nube gestionados por grandes proveedores estadounidenses. La concentración del mercado y el nuevo contexto geopolítico han abierto una pregunta incómoda sobre qué margen de decisión conserva el continente sobre una infraestructura esencial.La dependencia aparece cuando una organización deja de poder mover sus datos, aplicaciones o modelos a otros entornos sin afectar al servicio, disparar los costes o rehacer buena parte de sus sistemas, sostiene Alberto G. Arrieta, responsable de digital core en Accenture. El riesgo puede llegar por una interrupción, una subida de precios, un cambio contractual o una tensión geopolítica. Para Arrieta, la respuesta pasa por evitar una concentración excesiva en una única plataforma, sin cerrar el mercado ni renunciar a la innovación que aportan los grandes proveedores globales.El escenario funciona como una prueba de estrés geopolítico para la que muchas administraciones no están preparadas, según Andreas Prins, responsable global de sovereign solutions en SUSE. Los planes de contingencia suelen contemplar guerras, catástrofes naturales o ciberataques, pero rara vez analizan qué ocurriría si un proveedor tecnológico esencial dejara de estar disponible o se volviera políticamente inviable. La pregunta operativa, señala, es cuánto tiempo necesitarían un ministerio o un hospital europeo para cambiar de proveedor en una situación de crisis.Noticia relacionada No No La dependencia del cloud extranjero pone en jaque a Europa Laura Montero CarreteroAlrededor del 70% del mercado europeo de servicios cloud está controlado por tres grandes compañías estadounidenses, recuerda Prins, de SUSE, mientras que la cuota de los proveedores europeos se redujo del 29% en 2017 al 15% en 2022. Esa concentración genera vulnerabilidades sistémicas para actividades esenciales, advierte. Para SUSE, eso exige conservar margen para elegir, migrar, auditar y gestionar sistemas sin depender de un único proveedor original.Varias de las voces consultadas descartan que el objetivo sea una independencia tecnológica absoluta. Carlos Polo, profesor de Deusto Business School, define esa idea como una «fantasía cara» incluso para las grandes potencias. La autonomía estratégica reside, para Polo, en poder salir de una plataforma y en la interoperabilidad real. El problema está en que una organización quede atrapada en una nube que no puede abandonar cuando convenga, auditar o negociar sin una posición de rehén.Poder de decisiónDavid Mañas, vicepresidente de cloud & cybersecurity de T-Systems Iberia, se mueve en una línea parecida. La soberanía digital debe entenderse como margen efectivo de decisión para elegir dónde se ejecutan los servicios, proteger los datos y trasladar cargas de trabajo sin quedar atrapado en una infraestructura concreta. La colaboración con proveedores estadounidenses o asiáticos seguirá siendo necesaria en una economía global, pero reducir dependencias críticas y evitar bloqueos tecnológicos forma parte de una estrategia de resiliencia cada vez más relevante.Bruselas ha incorporado el principio de Open Source First en la futura Cloud and AI Development Act , una iniciativa que pretende dar prioridad a soluciones abiertas cuando las administraciones contraten tecnología. Su alcance dependerá de cómo se apliquen las excepciones y de qué requisitos se exijan en la contratación pública. El valor del código abierto depende de que vaya acompañado de criterios verificables sobre interoperabilidad y facilidad para mover datos y aplicaciones, plantea Arrieta, de Accenture. El código abierto puede quedarse corto si los datos, la configuración o la integración con otros sistemas siguen siendo difíciles de trasladar. Las decisiones tecnológicas, añade, deberían evaluar el coste inicial, el coste total, la dependencia futura, la portabilidad y la capacidad de integración con otros entornos.Las excepciones previstas en la futura norma europea deberían estar sometidas a mecanismos auditables, reclama Prins, de SUSE. Según explica, una administración podría optar por una plataforma propietaria mediante una justificación administrativa estándar. La obligación de justificar, defiende, debería recaer sobre las decisiones que generan dependencia tecnológica. Antes de destinar fondos públicos a una solución cerrada, habría que verificar de forma objetiva si existe una alternativa abierta con madurez, seguridad y sostenibilidad suficientes.Mike Linksvayer, vicepresidente de policy de GitHub, también advierte de que el principio de Open Source First puede quedar reducido a una recomendación sin requisitos mínimos de aplicación. El software desarrollado con financiación pública debería publicarse por defecto bajo licencias abiertas para facilitar su reutilización por otras administraciones europeas, sostiene. Sin mecanismos de intercambio, mantenimiento y gobernanza, advierte, la publicación del código tendrá un impacto limitado.El código abierto no resuelve por sí mismo el problema. La transparencia y la auditabilidad son ventajas importantes, recuerda Polo, de Deusto Business School, aunque la soberanía depende también de quién opera, mantiene y escala esas tecnologías. Europa puede acceder a proyectos como Kubernetes o PostgreSQL , señala, pero eso no garantiza disponer de la capacidad operativa, el talento o la inversión en infraestructura física que tienen los grandes hiperescalares.El software abierto ayuda a reducir dependencias y permite adaptar soluciones a necesidades concretas, añade Mañas, de T-Systems Iberia, pero la autonomía tecnológica exige algo más que publicar código: inversión, comunidades de desarrollo sólidas, soporte profesional, seguridad y capacidad para operar esas soluciones a escala.Un nuevo contexto regulatorio y geopolítico La incertidumbre geopolítica ha obligado a revisar riesgos que durante años recibieron poca atención, considera Xavier Trias Arraut, socio responsable de technology consulting de EY España. Cualquier organización que externalice componentes críticos de su actividad debería analizar con detalle las condiciones de entrega del servicio, la flexibilidad contractual, la dependencia generada y el grado de control que conserva ante escenarios adversos. Los criterios con los que se evalúan proveedores y servicios deberían adaptarse al nuevo contexto tecnológico, regulatorio y geopolítico, sostiene Trias, de EY España. Ese proceso empujará al mercado hacia propuestas más abiertas, flexibles y ajustadas a los riesgos actuales.El mayor desafíoMuchas organizaciones europeas ya han construido su actividad digital sobre plataformas cloud muy integradas. El primer paso consiste en identificar las dependencias más críticas y proteger las cargas de trabajo o dominios más sensibles, según indican desde Capgemini. Algunas pueden migrarse a corto plazo hacia ofertas de nube soberana cualificadas. El desafío mayor aparece en los servicios gestionados incorporados a los procesos diarios, desde bases de datos propietarias hasta plataformas de inteligencia artificial, herramientas DevOps o sistemas de observabilidad.Personas, procesos y gobernanza concentran los obstáculos más complejos, de acuerdo con la consultora. Reescribir aplicaciones, formar equipos especializados, adaptar modelos operativos y decidir qué nivel de soberanía se aplica a cada carga de trabajo puede exigir una transformación interna sostenida. Así, Cagemini sitúa entre los sectores mejor posicionados a aquellos sometidos a mayor regulación o donde la soberanía digital ya forma parte de las prioridades estratégicas.Las fuentes consultadas no plantean que Europa deba prescindir de los servicios cloud extranjeros. El consenso apunta más bien a conservar margen para elegir , cambiar de rumbo y reaccionar cuando las circunstancias lo exijan. La soberanía avanza precisamente por ese terreno, el de mantener abierta la puerta de salida.
La soberanía tecnológica es una gran preocupación para administraciones, hospitales, empresas energéticas y operadores de infraestructuras críticas. Durante años, Europa ha trasladado una parte creciente de sus sistemas digitales a servicios en la nube gestionados por grandes proveedores estadounidenses. La concentración del mercado y … el nuevo contexto geopolítico han abierto una pregunta incómoda sobre qué margen de decisión conserva el continente sobre una infraestructura esencial.
La dependencia aparece cuando una organización deja de poder mover sus datos, aplicaciones o modelos a otros entornos sin afectar al servicio, disparar los costes o rehacer buena parte de sus sistemas, sostiene Alberto G. Arrieta, responsable de digital core en Accenture. El riesgo puede llegar por una interrupción, una subida de precios, un cambio contractual o una tensión geopolítica. Para Arrieta, la respuesta pasa por evitar una concentración excesiva en una única plataforma, sin cerrar el mercado ni renunciar a la innovación que aportan los grandes proveedores globales.
El escenario funciona como una prueba de estrés geopolítico para la que muchas administraciones no están preparadas, según Andreas Prins, responsable global de sovereign solutions en SUSE. Los planes de contingencia suelen contemplar guerras, catástrofes naturales o ciberataques, pero rara vez analizan qué ocurriría si un proveedor tecnológico esencial dejara de estar disponible o se volviera políticamente inviable. La pregunta operativa, señala, es cuánto tiempo necesitarían un ministerio o un hospital europeo para cambiar de proveedor en una situación de crisis.
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Laura Montero Carretero
Alrededor del 70% del mercado europeo de servicios cloud está controlado por tres grandes compañías estadounidenses, recuerda Prins, de SUSE, mientras que la cuota de los proveedores europeos se redujo del 29% en 2017 al 15% en 2022. Esa concentración genera vulnerabilidades sistémicas para actividades esenciales, advierte. Para SUSE, eso exige conservar margen para elegir, migrar, auditar y gestionar sistemas sin depender de un único proveedor original.
Varias de las voces consultadas descartan que el objetivo sea una independencia tecnológica absoluta. Carlos Polo, profesor de Deusto Business School, define esa idea como una «fantasía cara» incluso para las grandes potencias. La autonomía estratégica reside, para Polo, en poder salir de una plataforma y en la interoperabilidad real. El problema está en que una organización quede atrapada en una nube que no puede abandonar cuando convenga, auditar o negociar sin una posición de rehén.
Poder de decisión
David Mañas, vicepresidente de cloud & cybersecurity de T-Systems Iberia, se mueve en una línea parecida. La soberanía digital debe entenderse como margen efectivo de decisión para elegir dónde se ejecutan los servicios, proteger los datos y trasladar cargas de trabajo sin quedar atrapado en una infraestructura concreta. La colaboración con proveedores estadounidenses o asiáticos seguirá siendo necesaria en una economía global, pero reducir dependencias críticas y evitar bloqueos tecnológicos forma parte de una estrategia de resiliencia cada vez más relevante.
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Bruselas ha incorporado el principio de Open Source First en la futura Cloud and AI Development Act, una iniciativa que pretende dar prioridad a soluciones abiertas cuando las administraciones contraten tecnología. Su alcance dependerá de cómo se apliquen las excepciones y de qué requisitos se exijan en la contratación pública. El valor del código abierto depende de que vaya acompañado de criterios verificables sobre interoperabilidad y facilidad para mover datos y aplicaciones, plantea Arrieta, de Accenture. El código abierto puede quedarse corto si los datos, la configuración o la integración con otros sistemas siguen siendo difíciles de trasladar. Las decisiones tecnológicas, añade, deberían evaluar el coste inicial, el coste total, la dependencia futura, la portabilidad y la capacidad de integración con otros entornos.
Las excepciones previstas en la futura norma europea deberían estar sometidas a mecanismos auditables, reclama Prins, de SUSE. Según explica, una administración podría optar por una plataforma propietaria mediante una justificación administrativa estándar. La obligación de justificar, defiende, debería recaer sobre las decisiones que generan dependencia tecnológica. Antes de destinar fondos públicos a una solución cerrada, habría que verificar de forma objetiva si existe una alternativa abierta con madurez, seguridad y sostenibilidad suficientes.
Mike Linksvayer, vicepresidente de policy de GitHub, también advierte de que el principio de Open Source First puede quedar reducido a una recomendación sin requisitos mínimos de aplicación. El software desarrollado con financiación pública debería publicarse por defecto bajo licencias abiertas para facilitar su reutilización por otras administraciones europeas, sostiene. Sin mecanismos de intercambio, mantenimiento y gobernanza, advierte, la publicación del código tendrá un impacto limitado.
El código abierto no resuelve por sí mismo el problema. La transparencia y la auditabilidad son ventajas importantes, recuerda Polo, de Deusto Business School, aunque la soberanía depende también de quién opera, mantiene y escala esas tecnologías. Europa puede acceder a proyectos como Kubernetes o PostgreSQL, señala, pero eso no garantiza disponer de la capacidad operativa, el talento o la inversión en infraestructura física que tienen los grandes hiperescalares.
El software abierto ayuda a reducir dependencias y permite adaptar soluciones a necesidades concretas, añade Mañas, de T-Systems Iberia, pero la autonomía tecnológica exige algo más que publicar código: inversión, comunidades de desarrollo sólidas, soporte profesional, seguridad y capacidad para operar esas soluciones a escala.
Un nuevo contexto regulatorio y geopolítico
La incertidumbre geopolítica ha obligado a revisar riesgos que durante años recibieron poca atención, considera Xavier Trias Arraut, socio responsable de technology consulting de EY España. Cualquier organización que externalice componentes críticos de su actividad debería analizar con detalle las condiciones de entrega del servicio, la flexibilidad contractual, la dependencia generada y el grado de control que conserva ante escenarios adversos. Los criterios con los que se evalúan proveedores y servicios deberían adaptarse al nuevo contexto tecnológico, regulatorio y geopolítico, sostiene Trias, de EY España. Ese proceso empujará al mercado hacia propuestas más abiertas, flexibles y ajustadas a los riesgos actuales.
El mayor desafío
Muchas organizaciones europeas ya han construido su actividad digital sobre plataformas cloud muy integradas. El primer paso consiste en identificar las dependencias más críticas y proteger las cargas de trabajo o dominios más sensibles, según indican desde Capgemini. Algunas pueden migrarse a corto plazo hacia ofertas de nube soberana cualificadas. El desafío mayor aparece en los servicios gestionados incorporados a los procesos diarios, desde bases de datos propietarias hasta plataformas de inteligencia artificial, herramientas DevOps o sistemas de observabilidad.
Personas, procesos y gobernanza concentran los obstáculos más complejos, de acuerdo con la consultora. Reescribir aplicaciones, formar equipos especializados, adaptar modelos operativos y decidir qué nivel de soberanía se aplica a cada carga de trabajo puede exigir una transformación interna sostenida. Así, Cagemini sitúa entre los sectores mejor posicionados a aquellos sometidos a mayor regulación o donde la soberanía digital ya forma parte de las prioridades estratégicas.
Las fuentes consultadas no plantean que Europa deba prescindir de los servicios cloud extranjeros. El consenso apunta más bien a conservar margen para elegir, cambiar de rumbo y reaccionar cuando las circunstancias lo exijan. La soberanía avanza precisamente por ese terreno, el de mantener abierta la puerta de salida.
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