Francia afronta un otoño extremadamente complicado que amenaza con inflamar las protestas sociales a solo siete meses de las elecciones presidenciales. La crisis energética provocada por los conflictos en Ucrania e Irán ha comenzado a liquidar la paciencia de los ciudadanos: en la calle, en el campo, en los muelles de pescadores y en los aparcamientos de camiones de las autopistas, donde observan cómo el litro de diésel se ha disparado en las últimas semanas. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha presentado el esqueleto de un presupuesto que incluye 54.000 millones de euros en recortes y que ninguna fuerza política querrá hacer suyo en un clima de precampaña electoral. Una situación crítica que podría terminar con una moción de censura a su Ejecutivo y con el retorno de la cólera a la calle.
Lecornu pretende recortar 54.000 millones mientras los movimientos sociales empiezan a prepararse en la calle con el destello de fondo de un posible regreso de los ‘chalecos amarillos’
Francia afronta un otoño extremadamente complicado que amenaza con inflamar las protestas sociales a solo siete meses de las elecciones presidenciales. La crisis energética provocada por los conflictos en Ucrania e Irán ha comenzado a liquidar la paciencia de los ciudadanos: en la calle, en el campo, en los muelles de pescadores y en los aparcamientos de camiones de las autopistas, donde observan cómo el litro de diésel se ha disparado en las últimas semanas. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha presentado el esqueleto de un presupuesto que incluye 54.000 millones de euros en recortes y que ninguna fuerza política querrá hacer suyo en un clima de precampaña electoral. Una situación crítica que podría terminar con una moción de censura a su Ejecutivo y con el retorno de la cólera a la calle.
La inquietud en los pasillos del Elíseo y Matignon, donde este lunes se celebrará una reunión de urgencia para hacer frente a la crisis, crece ante la posibilidad de una nueva ola de protesta social justo cuando arranca un año clave para todos los partidos. Una petición lanzada el 11 de septiembre reclama una movilización nacional de chalecos amarillos para el 17 de octubre, con ocupación de rotondas y plazas por todo el país, y ha recibido el respaldo de Fabien Roussel, líder del Partido Comunista, y de La Francia Insumisa (LFI). El Partido Socialista (PS) se muestra más cauto por temor a quedar asociado a un movimiento que en 2018 ninguna fuerza política fue capaz de canalizar. En el Gobierno se repite en privado una misma idea: no se puede permitir que la subida de los carburantes vuelva a convertirse en la mecha que prenda una crisis social de dimensiones imprevisibles, como ocurrió hace ocho años, cuando el hartazgo por el precio del diésel derivó en meses de bloqueos, manifestaciones y una crisis institucional que puso en jaque al país.
El paisaje de fondo no es favorable. El Banco de Francia rebajó hace apenas unos días su previsión de crecimiento para 2026 hasta el 0,4-0,5%, muy por debajo del 1% que manejaba a finales de 2025, y elevó su pronóstico de inflación hasta el 2,5% para este año, casi un punto por encima de lo calculado meses atrás. La propia entidad admite que ese menor crecimiento, combinado con el encarecimiento de la deuda, empujará el déficit público al 5,2% del PIB en 2026, frente al 5,1% de 2025. La inflación interanual ya se situó en agosto en el 2,4%, acelerando desde el 2,1% de julio, con una energía que se ha encarecido un 16,7% en doce meses.
Lecornu, en este contexto tan inflamable, en el que ya empieza a faltar combustible en el 15% de las gasolineras francesas según el Ministerio de Economía, desveló el jueves, en una entrevista a Le Figaro, el esqueleto del presupuesto que el Gobierno presentará en la Asamblea Nacional el 30 de septiembre: un ajuste de 54.000 millones de euros, muy superior a los 44.000 millones que costaron el cargo a François Bayrou hace un año. El primer ministro advirtió de que, sin ese esfuerzo, el déficit de 2027 podría rozar el 6,5% del PIB, muy lejos del objetivo del 5% fijado por el Ejecutivo, con una deuda pública que sobrepasará el 121% de la economía nacional en 2027, según publicó esta semana el Ministerio de Economía.
Más allá de las cifras, el malestar empieza a cristalizar en la calle. Pescadores franceses bloquearon esta semana un depósito petrolero en Hérault para exigir mayores ayudas al gasóleo. Una música que empieza a recordar a la de 2018. El problema es que, a siete meses de las elecciones, todos los partidos se moverán en función de la expectativa de sus electorados. “Ahora mismo todos los escenarios son posibles, incluida una moción de censura que termine llegando a buen puerto y haga caer al Gobierno”, explicaba hace unos días un miembro del Ejecutivo a este periódico.
Los problemas, creen, llegarán si los dos extremos del Parlamento -el Reagrupamiento Nacional y La Francia Insumisa- terminan votando a favor de la censura. Emmanuel Macron, consciente de la situación, reunió el pasado viernes a los jefes de todos los partidos con representación en el Parlamento para trasladar información confidencial sobre los conflictos internacionales y compartir la gravedad de la situación. “Nuestros compatriotas viven las consecuencias en sus carnes de una situación ajena: una guerra lanzada por Rusia contra Ucrania. Y de otra, la guerra lanzada por otros en Irán. Estamos muy activos diplomáticamente y soy solidario. Pero hay que estar unidos. La división nos debilitará para afrontar la crisis. Las movilizaciones sociales son eficaces, pero solo cuando el Gobierno puede hacer algo”, apuntó el jefe del Estado al término de la reunión. ”Hay que estar unidos. La situación que vivimos es la consecuencia de una crisis internacional”, insistió para desligar la subida de precios de los carburantes de la gestión del Ejecutivo.
El encuentro, presentado oficialmente como una puesta en común sobre el “rápido” deterioro de la situación internacional, derivó en un mensaje directo sobre sus consecuencias domésticas: el impacto de la guerra en Ucrania, la crisis en Oriente Medio y las tensiones en las rutas de suministro energético sobre el bolsillo de los franceses. El jefe del Estado transmitió a los presentes que la situación es grave y se comprometió a que el Ejecutivo adopte medidas para amortiguar el golpe sobre los hogares y las empresas más expuestas al encarecimiento de la energía. Lecornu ha pedido prolongar hasta el 31 de diciembre las ayudas específicas a los carburantes, aunque representantes del sector han señalado que las medidas anunciadas no responden a sus principales reivindicaciones.
La reacción de los partidos fue desigual. Desde el RN y LFI se insistió en que cualquier presupuesto que no revierta la subida de los carburantes o no incluya una compensación directa para el automovilista particular será motivo de censura, en la línea de las mociones que ambas formaciones ya presentaron contra Bayrou y contra el propio Lecornu en enero. La ultraderechista Marine Le Pen, de hecho, consideró que “no hay otra solución” que reducir los impuestos sobre los carburantes para evitar un “bloqueo de la economía”. El Gobierno, sin embargo, se niega a adoptar esta medida. “La única posibilidad que tiene Macron es bajar los impuestos sobre los carburantes”, declaró. “Pero una vez más, eligen negarse a ayudar, no solo a los franceses, sino también al país y a la economía del país en este momento”.
El Partido Socialista, cuya posición resulta decisiva para la supervivencia del Gobierno, ha evitado el portazo y reclama contrapartidas concretas —de nuevo, un gravamen a las grandes fortunas— antes de decidir si respalda el texto. Pero la formación socialdemócrata se encuentra sumida en un proceso de primarias —se votará el 16 y el 17 de octubre— que dificultará una toma de posición unitaria.
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