El caso Lezo, que investiga a una red de políticos y directivos que presuntamente aprovechó la expansión internacional del Canal de Isabel II para cobrar jugosas mordidas, supura como una herida mal curada en medio del pulso de Colombia y Madrid por el control de la Triple A de Barranquilla. Esta compañía, que era propiedad de la empresa pública madrileña, fue expropiada en 2022. ¿La razón? Que la Fiscalía colombiana consideró que pagaba por unas asesorías técnicas supuestamente inexistentes para así generar mordidas. Desde entonces, las dos partes pleitean en una corte de arbitraje (CIADI). En respuesta a los argumentos de Colombia, el Canal acaba de encargar un estudio jurídico que debe precisar si los tipos penales que investiga la justicia española en el caso Lezo incluyen (o no) el análisis de si los fondos para comprar la Triple A “tuvieron origen ilícito”. Y no solo eso. También debe detallar si en el tribunal español “se analiza la presunta corrupción en la inversión en Colombia en relación con el contrato de asistencia técnica, o la violación de alguna norma de Derecho colombiano”. Una conversación grabada ayuda a entender buena parte del conflicto.
La empresa pública encarga un informe jurídico para aclarar si en España se investiga el posible uso de fondos ilícitos para comprar la Triple A de Barranquilla
El caso Lezo, que investiga a una red de políticos y directivos que presuntamente aprovechó la expansión internacional del Canal de Isabel II para cobrar jugosas mordidas, supura como una herida mal curada en medio del pulso de Colombia y Madrid por el control de la Triple A de Barranquilla. Esta compañía, que era propiedad de la empresa pública madrileña, fue expropiada en 2022. ¿La razón? Que la Fiscalía colombiana consideró que pagaba por unas asesorías técnicas supuestamente inexistentes para así generar mordidas. Desde entonces, las dos partes pleitean en una corte de arbitraje (CIADI). En respuesta a los argumentos de Colombia, el Canal acaba de encargar un estudio jurídico que debe precisar si los tipos penales que investiga la justicia española en el caso Lezo incluyen (o no) el análisis de si los fondos para comprar la Triple A “tuvieron origen ilícito”. Y no solo eso. También debe detallar si en el tribunal español “se analiza la presunta corrupción en la inversión en Colombia en relación con el contrato de asistencia técnica, o la violación de alguna norma de Derecho colombiano”. Una conversación grabada ayuda a entender buena parte del conflicto.
— Llamo al consejero de presidencia, Ángel [Garrido, número dos de la entonces presidenta, Cristina Cifuentes], y me dice: “No, no, Edmundo, gracias, no necesito ninguna explicación. Lo que necesito es tu dimisión”.
Hotel Villamagna. Madrid. 21 de julio de 2016. A un lado está Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa y mano derecha en América de Ignacio González, expresidente regional (2012-2015) y también del Canal (2003-2012). Al otro, José Manuel Daes, alias Yuyo, un importante contratista y empresario colombiano. Rodríguez Sobrino le está contando la reacción del gobierno regional a que su nombre aparezca en los papeles de Panamá como dueño de varias sociedades en Hong Kong (paraíso fiscal hasta 2012) gestionadas por el bufete de Mossack Fonseca.
—[Quieren] desbaratar todo, se sorprende su interlocutor ante el plan gubernamental de vender las empresas del Canal en Colombia, Brasil, Perú, República Dominicana…
—Desbaratar todo, bueno de hecho Yuyo hace un año aquello facturaba 320, 330 millones de dólares.
—¿Cuánto le entraba al Canal?
—Al Canal le han entrado, te digo la cifra total, al Canal le han entrado 65 millones. Eso es lo que le ha entrado.
—No se entiende.
—A ver, invirtió 95 millones en una operación que tú conoces en la que le robaron 25 millones (…) Canal cobró 65 millones de dividendos que le he dado yo (…) Le sobra por todas partes.
La conversación, grabada por los investigadores e incorporada al sumario del caso Lezo, es una de las semillas del conflicto actual. Acrecienta las sospechas de las autoridades españolas y colombianas. Para finales de 2017, las americanas ya argumentan que el Canal cobró durante años a través de Inassa a la Triple A por servicios de asesoría técnica que nunca se dieron. Cualquier duda, a juicio de los investigadores colombianos, queda despejada por una declaración posterior de Rodríguez Sobrino ante el juez.
“Canal cobraba una asistencia técnica, entre paréntesis, que no daba, que no daba, y la cobraba mensualmente”, dijo cuando le preguntaron sobre la Triple A dominicana, otra compañía del grupo, pero especificando que el sistema funcionaba en “todas” las sociedades de este. “El Canal cobraba mensualmente como dos millones de euros por una asistencia técnica que nunca ha prestado, que nunca ha prestado”, subrayó. “Era un pacto oculto de los accionistas (…) Ese dinero lo han cobrado los accionistas para pagar menos impuestos”.
Ese presunto desvío de fondos, y la necesidad de garantizar el servicio que presta la Triple A, que gestiona el tratamiento y depuración de aguas de varios municipios colombianos, sustenta la decisión de Colombia de expropiar las acciones de la empresa española en la colombiana, en aplicación de una ley antinarco. Da igual que Madrid haya intentado justificar la existencia de las asesorías con diferentes peritajes: “El Canal e Inassa realizaron dichos trabajos”, se lee en un informe de la consultora Grant Thornton sobre el contrato de asesoramiento que unía a ambas partes entre 2002 y 2033, y que implicaba que Inassa recibiera el 4,5% de lo que recaudaba la Triple A cada mes. La realidad es que las dos partes ya están en choque abierto desde hace casi un decenio, y que la contratación por Madrid de un informe jurídico valorado en 36.300 euros es solo el último paso.
Así, el estudio responde a los presentados por Colombia, y busca esclarecer, entre otros puntos, “si el Estado colombiano o la Alcaldía de Barranquilla, de haber resultado perjudicado por los hechos investigados, hubiesen podido ostentar legitimación para personarse en el procedimiento penal (del caso Lezo en España) como perjudicados”.
Laudos favorables
Esto dice un portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid. “La República de Colombia o el Distrito de Barranquilla no se han personado en el procedimiento seguido en España, ni se tiene constancia de que vayan a formalizar su personación como perjudicados”, asegura. “En el arbitraje internacional se han introducido referencias a actuaciones y documentos vinculados a un procedimiento en España por esta circunstancia”, sigue. “Es habitual en estos casos recabar informes técnicos de especialistas independientes para describir situaciones procesales”, precisa. Y detalla: “La razón del contrato es encargar a un experto independiente en derecho español la elaboración de un informe técnico-jurídico para reforzar la contestación de Canal Extensia a informes y alegaciones presentados por la otra parte en el arbitraje internacional”.
El conflicto refleja que el Canal de Isabel II ha fracasado en su expansión nacional (a Lanzarote y Cáceres) e internacional (a Brasil, República Dominicana, México o Colombia), generando unas pérdidas multimillonarias que hacen aconsejable reconducir la situación a la mayor velocidad posible y dejar atrás el plan ideado a principios de siglo.
Así se recoge en un informe de la Cámara de Cuentas consultado por EL PAÍS que insta a la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid, junto al Metro, a “en la medida de lo posible, acelerar la enajenación de las entidades radicadas en Iberoamérica, particularmente de aquellas que generan gastos” y a “procurar que las concesiones de Lanzarote y de Cáceres alcancen el equilibrio financiero”. Un fracaso que el gobierno intenta aminorar con la promesa de ingresos por ventas y laudos favorables, mientras el caso Lezo se enquista en su conflicto con Colombia.
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