Entre todos los carteles que cuelgan de la estatua del rey Pedro IV en la plaza del Rossio, epicentro de las protestas por la vivienda en Lisboa, destaca uno: “Repetimos abril se for preciso”. No necesita traducción: el aliento de la revolución de los claveles de 1974 que puso fin a la dictadura —la revolución de abril, la de los capitanes y los claveles rojos en los cañones de los fusiles— alea entre los miles de jóvenes, y no tan jóvenes, que están saliendo a las calles de Portugal asfixiados por la carestía de la vivienda y el elevado coste de la vida.
La represión policial de acampadas pacíficas, con decenas de heridos este fin de semana, provoca una tormenta política. Portugal es el país de la UE donde más ha subido el precio de las casas
Entre todos los carteles que cuelgan de la estatua del rey Pedro IV en la plaza del Rossio, epicentro de las protestas por la vivienda en Lisboa, destaca uno: “Repetimos abril se for preciso”. No necesita traducción: el aliento de la revolución de los claveles de 1974 que puso fin a la dictadura —la revolución de abril, la de los capitanes y los claveles rojos en los cañones de los fusiles— alea entre los miles de jóvenes, y no tan jóvenes, que están saliendo a las calles de Portugal asfixiados por la carestía de la vivienda y el elevado coste de la vida.
Sus manifestaciones no tienen nada que ver con las de Francia o Italia, ni las de Barcelona. Son concentraciones pacíficas, como la multitudinaria que el martes se desarrolló ante el Parlamento mientras los diputados discutían los Presupuestos para 2027 (unas cuentas equilibradas y que favorecen el poder adquisitivo, según el Gobierno, de centroderecha). Pero también tan pacíficas como las acampadas cuya represión por parte de la policía en Lisboa y Oporto ha generado una tormenta política que ha obligado a pronunciarse al presidente del país, el socialista António José Seguro: “No me gustó lo que vi”, dijo sobre las imágenes del violento desalojo del fin de semana del 24 y el 25 de octubre.
El presidente portugués, que esta semana convocó a los partidos políticos y a especialistas para abordar la situación de la vivienda, redobló este domingo su petición de responsabilidades después de que un nuevo desalojo de acampadas en las dos ciudades dejase entre 80 y 100 heridos, según las fuentes, por la intervención de los antidisturbios. Horas después, miles de personas volvieron a las plazas desalojadas de Lisboa y de Oporto.
Portugal vive la peor crisis de la vivienda de la Unión Europea: el precio de compra se ha multiplicado por dos desde 2017, y el de los alquileres prácticamente igual. Con un salario mínimo que no llega a los 1.000 euros, pagar 1.200 al mes por un apartamento estándar resulta imposible para la mayoría de la población. “Faltan maestros en Lisboa, se van porque no pueden pagar esos alquileres”, explica Adriana Dias, de 32 años, profesora de español en la escuela pública, que vive sola gracias a la ayuda de sus padres. “Soy una privilegiada, lo sé, porque otra gente de mi edad sólo puede alquilar un cuarto, pero mi caso debería ser lo normal. Pero los salarios no llegan para pagar un alquiler normal”.
Llueve sobre mojado en esta crisis, consecuencia de dos sacudidas globales, la financiera de 2008, que diezmó el sector de la construcción, y la de la pandemia, con su estela de turismo masivo y nómadas digitales. La creciente llegada de expatriados a Lisboa —y a otras ciudades del sur europeo con calidad de vida y precios bajos— ha acabado de tensionar una oferta insuficiente, con una construcción que actualmente apenas satisface un tercio de la demanda. La afluencia de inversores extranjeros, atraídos por las golden visas —ya restringidas—, acabó de congestionar el mercado y disparar los precios.
“La extrema derecha [de Chega, el primer partido de la oposición] culpa a los inmigrantes, pero yo culpo a los especuladores. Los lisboetas no estamos para ser maniquíes de un decorado turístico, la ciudad es nuestra”, añade Dias. Inmigrantes menesterosos frente a extranjeros con dinero, o expatriados: una perversa dicotomía que permea los discursos de la derecha, que culpa a los primeros, y la izquierda, que responsabiliza al capital foráneo. Incluso el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, al defender sus Presupuestos, acusó a los anteriores gobiernos del Partido Socialista (PS) de atacar el capital extranjero y de olvidar la “inmigración descontrolada” que a su juicio favorecieron. La población extranjera residente en Portugal era de 1,6 millones a finales de diciembre pasado, lo que representa el 14% de una población total de casi 11,5 millones de personas. Esa cifra de residentes foráneos es el doble del 7,1% registrado a finales de 2021, con 748.000 inmigrantes. Ello explica la presión sobre un parque de viviendas insuficiente, pero también en los servicios públicos.
“Dicen que la gente no se moviliza, pero no es verdad, aquí estamos”, subrayaba Dias el martes en una pequeña concentración de los sindicatos de la función pública ante el Parlamento. “Las manifestaciones juveniles en Portugal, aunque con una menor movilización, se han visto marcadas por un factor inesperado: la represión desproporcionada de la policía en Oporto, acompañada de un discurso de ley y orden por parte del alcalde. Desde entonces, el discurso del Gobierno ha sido más moderado y los partidos de derecha han aceptado la iniciativa [de diálogo] del presidente de la República”, afirmaba este viernes —un día antes de un nuevo desalojo violento en Lisboa y Oporto— António Costa Pinto, del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Lisboa.
La represión policial de las acampadas ha servido también para sacar a la calle a la clase media en defensa del derecho de manifestación. En la protesta del martes ante el Parlamento, lisboetas de mediana edad, funcionarios, jóvenes con bebés a cuestas, muchos profesionales liberales y aún más jubilados confluyeron en un mar de claveles rojos: blandiéndolos como pancarta, como un arma. Sonó Grândola vila morena, el himno de la Revolución de Abril. Todo en medio de un clima pacífico, en las antípodas de la actuación policial, en la que incluso Hugo Soares, líder del grupo parlamentario del PSD, el partido gubernamental, ha admitido “excesos”.
“El Gobierno se equivocó políticamente. Quizá influenciado por lo ocurrido en España y Francia, abordó el tema sobre todo como una cuestión de orden público que debía resolverse de inmediato”, señala Miguel Poiares Maduro, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Portuguesa. “Al hacerlo, cometió dos errores políticos: asumió la culpa de la crisis de la vivienda, que es responsabilidad, en mayor medida, de quienes gobernaron durante nueve años [el PS] que de quienes solo llevan dos en el poder. Y perdió el apoyo de buena parte de la opinión pública. Al intervenir tan pronto y sin un comportamiento violento por parte de los manifestantes, las autoridades hicieron que la opinión pública se volviera en su contra, porque parece que fueron las autoridades las que exacerbaron el conflicto”, añade Poiares Maduro, que fue ministro de Desarrollo Regional en el Gobierno del conservador Passos Coelho entre 2013 y 2015.
“La que ha liado Maricarmen”, resume Adriana Dias, recordando la oportunidad de una huelga general ibérica, el 11 de noviembre, si los sindicatos portugueses se adhieren, como piden los manifestantes, a la convocatoria en España.
“En Portugal ha habido muchas Maricármenes que no han salido en los medios”, concuerda Maria Dolores Pinheiro, de la Asociación por el Patrimonio y la Población de Alfama, uno de los barrios de Lisboa más afectados por los desahucios. La activista apunta a la llamada Ley Cristas de liberalización del mercado del alquiler, adoptada en 2012 por presión de la troika, como origen de la actual crisis. “Esa ley permitió una limpieza del barrio, con desahucios de gente mayor y vulnerable, pero la nueva ley de alquiler [que elimina los topes] va a ser aún peor. Los desalojos salieron prácticamente gratis y hoy el 60% de los edificios de propiedad privada del barrio se destinan a alojamiento turístico. No estamos en contra del turismo, pero se lo pone fácil a la especulación”, concluye Pinheiro, acerca de uno de los barrios más turísticos de la capital portuguesa.
En los carteles con los que la plataforma Casa para Viver convoca una nueva marcha por la vivienda para el próximo 14 de noviembre, un pequeño clavel rojo cuelga del manojo de llaves que enarbola una mano anónima. Otra vez los claveles, abril, el venerable espíritu de la revolución más pacífica de la historia reciente; “referencias al 25 de abril [que] se refieren sobre todo a la Constitución de 1976, símbolo de sus logros en materia de derechos sociales”, recuerda Costa Pinto.
Casa para Viver, que reúne a una treintena de asociaciones, lleva la voz cantante en las protestas. “El mensaje [de la calle] ha llamado la atención de los políticos, pero no sé si será suficiente”, afirma Nuno Ramos de Almeida, portavoz de la plataforma. “En la época de la troika, [los Gobiernos del primer ministro conservador Passos Coelho] retiraron leyes por la presión de la gente, pero no sé si sucederá ahora, esperemos que sí”, añade en referencia a la nueva ley del alquiler, que, en su formulación actual, y a espera de una hipotética revisión con el PS, beneficia al propietario.
“Casos como el de Maricarmen son la punta del iceberg, el problema es que aquí no se mediatizan los desahucios, y tenemos unos mil al año, además de la gente que se va de su casa por no poder pagarla en silencio, sin hacer ruido”. El alto porcentaje de la población en precario por el precio de la vivienda da prueba de un abismo cercano: “El 27% queda en la pobreza después de pagar el alquiler o la hipoteca”, asegura el portavoz.
Todo indica que se avecina un invierno caliente en Portugal, y no sólo por el aumento de la factura de la luz y el gas: los portugueses pagarán este año el doble que en 2025 por caldear sus casas. El Frente Común, que reúne a los sindicatos de la función pública, ha convocado una huelga el 20 de noviembre con el lema “salarios, derechos y servicios públicos”, cuatro días antes de la votación definitiva de los Presupuestos. Mientras se suceden las protestas, exacerbadas por la represión policial, muchos rezan por que no entren en Portugal elementos radicales capaces de reventarlas y desautorizar así la legitimidad del movimiento. “Sería un beneficio para la ultraderecha”, apunta Dias. Al revés, las autoridades acusan a la izquierda de instrumentalizar el movimiento mientras la historia de éxito que, como en el caso de Grecia, vende el Gobierno —un éxito relativo, construido sobre años de austeridad—, se resquebraja por un derecho constitucional tan básico como el de una casa. Pero los manifestantes lo tienen claro: “Los claveles no se van a marchitar. Abril somos nosotros, en octubre, en noviembre o cuando sea”, promete Dias.
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