Si hay un colectivo de trabajadores que sufre en silencio la deriva que ha tomado el mercado de la vivienda en España es al de los autónomos. Con un negocio que no siempre se mantiene boyante a lo largo de todo el año y unos alquileres de sus locales disparados, las estrecheces por las que atraviesan se hacen cada día más patentes tanto si viven de alquiler como si disponen de un inmueble a pie de calle. La crisis inmobiliaria está provocando que casi la mitad de los autónomos encuentra dificultades para arrendar una vivienda. Y, al mismo tiempo, la mayoría tiene que destinar entre un 25% y un 50% de su facturación solo para arrendar un local. La inestabilidad del pequeño empresario se está trasladando a la vivienda entre un colectivo que lo forman más de 3,4 millones de profesionales, según los últimos registros de la Seguridad Social. Sin embargo, no todos mantienen el mismo nivel de ingresos a lo largo de los 12 meses de un ejercicio, sino que muchos viven a través de picos, con temporadas de más facturación, pero otros trimestres negociando al límite. Esta diversidad de ingresos es la que provoca que muchos autónomos tengan dificultades para superar el ‘casting’ que los propietarios hacen a la hora de alquilar una vivienda, según la encuesta elaborada por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE).Esta inestabilidad se refleja en las cifras de rendimientos declarados ante la Agencia Tributaria, según las últimas estadísticas sobre cotizaciones sociales. En concreto, casi la mitad de los autónomos tienen unos ingresos que no superan ni siquiera el salario mínimo interprofesional (SMI), lo que refleja esa variabilidad de facturación a lo largo del año. Y con ese tipo de ingresos tan cambiantes, muchos caseros deniegan el alquiler a este colectivo. El deterioro también se refleja en el comercio de proximidad, los datos muestran una pérdida de 13.194 comercios en 2025, el equivalente a 36 establecimientos diarios, y más de 50.000 desde 2020. A la presión de los alquileres se suma la transformación de locales comerciales en viviendas de uso turístico, un fenómeno que está alterando el tejido económico y social de los barrios. «No podemos hablar de vivienda sin hablar de trabajo, ni de comercio sin hablar de alquileres. Cuando una persona autónoma no puede pagar su casa o mantener abierto su local, no estamos ante dos problemas diferentes, sino ante las consecuencias de una misma situación, cada vez resulta más difícil vivir de nuestro trabajo», señala María José Landaburu, secretaria general de UATAE.Las cuentas no les salenEntre las medidas que plantea UATAE destaca una intervención pública sobre el mercado del alquiler comercial, hasta ahora al margen de buena parte de las políticas de vivienda. La Organización reclama ayudas directas de hasta el 75% del alquiler de los locales, zonas de protección del comercio de proximidad con precios y subidas limitados y la creación de un instrumento público que adquiera establecimientos para alquilarlos a precios asequibles. También exige frenar la conversión de locales en pisos turísticos y ampliar el parque público de vivienda en alquiler. Pero, el documento va más allá de los alquileres. UATAE propone reconocer legalmente la figura del autónomo y la autónoma vulnerable, con un escudo social que limite las subidas del alquiler del local, amplíe los descuentos energéticos y facilite medidas de protección hipotecaria. Asimismo, exige que la pérdida de rentabilidad provocada por el coste del local pueda dar acceso a la prestación por cese de actividad, sin obligar a acumular un año de pérdidas.Las propuestas incluyen también la equiparación de derechos fiscales y sociales con las personas asalariadas, el acceso al subsidio para mayores de 52 años, una cotización ajustada a los ingresos reales y medidas para evitar que las y los autónomos tengan que adelantar impuestos por ingresos que todavía no han cobrado. UATAE reclama, además, sanciones efectivas contra la morosidad empresarial y el cumplimiento de los plazos de pago de las administraciones públicas. «El debate no puede reducirse a cuánto cotizan las y los autónomos, también hay que hablar de c uánto les queda después de pagar el alquiler, los impuestos y los suministros, y de qué protección reciben cuando las cosas van mal», por eso, añade Landaburu, «no pedimos privilegios, pedimos los mismos derechos y que trabajar no sea sinónimo de vivir permanentemente al límite». Si hay un colectivo de trabajadores que sufre en silencio la deriva que ha tomado el mercado de la vivienda en España es al de los autónomos. Con un negocio que no siempre se mantiene boyante a lo largo de todo el año y unos alquileres de sus locales disparados, las estrecheces por las que atraviesan se hacen cada día más patentes tanto si viven de alquiler como si disponen de un inmueble a pie de calle. La crisis inmobiliaria está provocando que casi la mitad de los autónomos encuentra dificultades para arrendar una vivienda. Y, al mismo tiempo, la mayoría tiene que destinar entre un 25% y un 50% de su facturación solo para arrendar un local. La inestabilidad del pequeño empresario se está trasladando a la vivienda entre un colectivo que lo forman más de 3,4 millones de profesionales, según los últimos registros de la Seguridad Social. Sin embargo, no todos mantienen el mismo nivel de ingresos a lo largo de los 12 meses de un ejercicio, sino que muchos viven a través de picos, con temporadas de más facturación, pero otros trimestres negociando al límite. Esta diversidad de ingresos es la que provoca que muchos autónomos tengan dificultades para superar el ‘casting’ que los propietarios hacen a la hora de alquilar una vivienda, según la encuesta elaborada por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE).Esta inestabilidad se refleja en las cifras de rendimientos declarados ante la Agencia Tributaria, según las últimas estadísticas sobre cotizaciones sociales. En concreto, casi la mitad de los autónomos tienen unos ingresos que no superan ni siquiera el salario mínimo interprofesional (SMI), lo que refleja esa variabilidad de facturación a lo largo del año. Y con ese tipo de ingresos tan cambiantes, muchos caseros deniegan el alquiler a este colectivo. El deterioro también se refleja en el comercio de proximidad, los datos muestran una pérdida de 13.194 comercios en 2025, el equivalente a 36 establecimientos diarios, y más de 50.000 desde 2020. A la presión de los alquileres se suma la transformación de locales comerciales en viviendas de uso turístico, un fenómeno que está alterando el tejido económico y social de los barrios. «No podemos hablar de vivienda sin hablar de trabajo, ni de comercio sin hablar de alquileres. Cuando una persona autónoma no puede pagar su casa o mantener abierto su local, no estamos ante dos problemas diferentes, sino ante las consecuencias de una misma situación, cada vez resulta más difícil vivir de nuestro trabajo», señala María José Landaburu, secretaria general de UATAE.Las cuentas no les salenEntre las medidas que plantea UATAE destaca una intervención pública sobre el mercado del alquiler comercial, hasta ahora al margen de buena parte de las políticas de vivienda. La Organización reclama ayudas directas de hasta el 75% del alquiler de los locales, zonas de protección del comercio de proximidad con precios y subidas limitados y la creación de un instrumento público que adquiera establecimientos para alquilarlos a precios asequibles. También exige frenar la conversión de locales en pisos turísticos y ampliar el parque público de vivienda en alquiler. Pero, el documento va más allá de los alquileres. UATAE propone reconocer legalmente la figura del autónomo y la autónoma vulnerable, con un escudo social que limite las subidas del alquiler del local, amplíe los descuentos energéticos y facilite medidas de protección hipotecaria. Asimismo, exige que la pérdida de rentabilidad provocada por el coste del local pueda dar acceso a la prestación por cese de actividad, sin obligar a acumular un año de pérdidas.Las propuestas incluyen también la equiparación de derechos fiscales y sociales con las personas asalariadas, el acceso al subsidio para mayores de 52 años, una cotización ajustada a los ingresos reales y medidas para evitar que las y los autónomos tengan que adelantar impuestos por ingresos que todavía no han cobrado. UATAE reclama, además, sanciones efectivas contra la morosidad empresarial y el cumplimiento de los plazos de pago de las administraciones públicas. «El debate no puede reducirse a cuánto cotizan las y los autónomos, también hay que hablar de c uánto les queda después de pagar el alquiler, los impuestos y los suministros, y de qué protección reciben cuando las cosas van mal», por eso, añade Landaburu, «no pedimos privilegios, pedimos los mismos derechos y que trabajar no sea sinónimo de vivir permanentemente al límite».
Si hay un colectivo de trabajadores que sufre en silencio la deriva que ha tomado el mercado de la vivienda en España es al de los autónomos. Con un negocio que no siempre se mantiene boyante a lo largo de todo el año y unos … alquileres de sus locales disparados, las estrecheces por las que atraviesan se hacen cada día más patentes tanto si viven de alquiler como si disponen de un inmueble a pie de calle. La crisis inmobiliaria está provocando que casi la mitad de los autónomos encuentra dificultades para arrendar una vivienda. Y, al mismo tiempo, la mayoría tiene que destinar entre un 25% y un 50% de su facturación solo para arrendar un local.
La inestabilidad del pequeño empresario se está trasladando a la vivienda entre un colectivo que lo forman más de 3,4 millones de profesionales, según los últimos registros de la Seguridad Social. Sin embargo, no todos mantienen el mismo nivel de ingresos a lo largo de los 12 meses de un ejercicio, sino que muchos viven a través de picos, con temporadas de más facturación, pero otros trimestres negociando al límite. Esta diversidad de ingresos es la que provoca que muchos autónomos tengan dificultades para superar el ‘casting’ que los propietarios hacen a la hora de alquilar una vivienda, según la encuesta elaborada por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE).
Esta inestabilidad se refleja en las cifras de rendimientos declarados ante la Agencia Tributaria, según las últimas estadísticas sobre cotizaciones sociales. En concreto, casi la mitad de los autónomos tienen unos ingresos que no superan ni siquiera el salario mínimo interprofesional (SMI), lo que refleja esa variabilidad de facturación a lo largo del año. Y con ese tipo de ingresos tan cambiantes, muchos caseros deniegan el alquiler a este colectivo.
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El deterioro también se refleja en el comercio de proximidad, los datos muestran una pérdida de 13.194 comercios en 2025, el equivalente a 36 establecimientos diarios, y más de 50.000 desde 2020. A la presión de los alquileres se suma la transformación de locales comerciales en viviendas de uso turístico, un fenómeno que está alterando el tejido económico y social de los barrios. «No podemos hablar de vivienda sin hablar de trabajo, ni de comercio sin hablar de alquileres. Cuando una persona autónoma no puede pagar su casa o mantener abierto su local, no estamos ante dos problemas diferentes, sino ante las consecuencias de una misma situación, cada vez resulta más difícil vivir de nuestro trabajo», señala María José Landaburu, secretaria general de UATAE.
Las cuentas no les salen
Entre las medidas que plantea UATAE destaca una intervención pública sobre el mercado del alquiler comercial, hasta ahora al margen de buena parte de las políticas de vivienda. La Organización reclama ayudas directas de hasta el 75% del alquiler de los locales, zonas de protección del comercio de proximidad con precios y subidas limitados y la creación de un instrumento público que adquiera establecimientos para alquilarlos a precios asequibles. También exige frenar la conversión de locales en pisos turísticos y ampliar el parque público de vivienda en alquiler. Pero, el documento va más allá de los alquileres. UATAE propone reconocer legalmente la figura del autónomo y la autónoma vulnerable, con un escudo social que limite las subidas del alquiler del local, amplíe los descuentos energéticos y facilite medidas de protección hipotecaria. Asimismo, exige que la pérdida de rentabilidad provocada por el coste del local pueda dar acceso a la prestación por cese de actividad, sin obligar a acumular un año de pérdidas.
Las propuestas incluyen también la equiparación de derechos fiscales y sociales con las personas asalariadas, el acceso al subsidio para mayores de 52 años, una cotización ajustada a los ingresos reales y medidas para evitar que las y los autónomos tengan que adelantar impuestos por ingresos que todavía no han cobrado. UATAE reclama, además, sanciones efectivas contra la morosidad empresarial y el cumplimiento de los plazos de pago de las administraciones públicas. «El debate no puede reducirse a cuánto cotizan las y los autónomos, también hay que hablar de cuánto les queda después de pagar el alquiler, los impuestos y los suministros, y de qué protección reciben cuando las cosas van mal», por eso, añade Landaburu, «no pedimos privilegios, pedimos los mismos derechos y que trabajar no sea sinónimo de vivir permanentemente al límite».
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