La Generalitat ha impuesto tres multas de 30.000 euros a tres grandes tenedores por incumplimientos de la Ley de Vivienda, en un paso más en la aplicación del régimen sancionador previsto por la normativa. Según han explicado este viernes fuentes de la Consejería de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica a Europa Press, y ha confirmado EL PAÍS, existen además otras tres sanciones cuyos expedientes ya están cerrados, aunque todavía no han sido notificadas a los afectados.
El Govern tiene otros tres expedientes sancionadores ya resueltos y 654 en tramitación
El Govern tiene otros tres expedientes sancionadores ya resueltos y 654 en tramitación
La Generalitat ha impuesto tres multas de 30.000 euros a tres grandes tenedores por incumplimientos de la Ley de Vivienda, en un paso más en la aplicación del régimen sancionador previsto por la normativa. Según han explicado este viernes fuentes de la Consejería de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica a Europa Press, y ha confirmado EL PAÍS, existen además otras tres sanciones cuyos expedientes ya están cerrados, aunque todavía no han sido notificadas a los afectados.
La actividad inspectora sigue creciendo. En estos momentos hay 654 expedientes sancionadores en tramitación por posibles infracciones en materia de vivienda. El régimen sancionador contempla multas de entre 3.000 y 900.000 euros, según su gravedad: leves (de 3.000 a 9.000 euros), graves (9.001 a 90.000) y muy graves (90.001 a 900.000)
El Govern ultima además la creación de la nueva Dirección General de Disciplina de Vivienda, un organismo que asumirá el impulso de la inspección y de la potestad sancionadora de la Generalitat para garantizar el cumplimiento de la normativa. La previsión del Ejecutivo es que este nuevo órgano permita reforzar la capacidad de control sobre el mercado residencial y agilizar la tramitación de los expedientes.
El refuerzo de la capacidad inspectora y sancionadora ha sido, precisamente, uno de los principales puntos de negociación entre el Govern y Comuns desde el inicio de la legislatura. La creación de esta dirección general responde a una de las principales reivindicaciones de los comunes y forma parte de los acuerdos alcanzados entre ambas partes para reforzar el cumplimiento de la ley y combatir las prácticas fraudulentas en el mercado del alquiler.
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