La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana que dejó 233 muertos en Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, denunció el pasado marzo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haber sido objeto de presiones y de grabaciones ilegales en su juzgado durante la primera fase de las pesquisas, que asumió un mes después de la riada del 29 de octubre de 2024. “Se está atentando contra mi independencia cuando se utilizan dichas vías como un medio para ejercer presiones sobre mí”, señalaba la magistrada en un escrito que remitió al máximo órgano de gobierno de los jueces y al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La magistrada se quejó de la difusión de imágenes captadas en su juzgado y apuntó a una maniobra ejecutada por un abogado “alineado” con los dos exaltos cargos de Mazón investigados
La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana que dejó 233 muertos en Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, denunció el pasado marzo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haber sido objeto de presiones y de grabaciones ilegales en su juzgado durante la primera fase de las pesquisas, que asumió un mes después de la riada del 29 de octubre de 2024. “Se está atentando contra mi independencia cuando se utilizan dichas vías como un medio para ejercer presiones sobre mí”, señalaba la magistrada en un escrito que remitió al máximo órgano de gobierno de los jueces y al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Ruiz Tobarra situaba en el epicentro de la supuesta estrategia para apartarla de la causa y anular su investigación al abogado y youtuber Ruben Gisbert, que defiende a seis víctimas de la tragedia. Según la magistrada, este letrado actuó sincronizado con el sindicato Manos Limpias y las defensas de los dos exaltos cargos del expresident Carlos Mazón investigados en la causa: la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; y quien fuera su segundo durante la inundación, Emilio Argüeso.
La jueza sostuvo esta tesis en un documento que envió al Poder Judicial. En él se defendía de las presuntas irregularidades en la instrucción que le atribuían a ella y a su marido, el también magistrado Jorge Martínez Ribera, los dos imputados. El CGPJ archivó en septiembre esta queja al descartar que Martínez Ribera participara en la toma de declaración de testigos.
La magistrada cargó con dureza en su escrito contra el abogado Gisbert. “Ha dicho de mí que debo ser sometida a un examen psiquiátrico, que no estoy en uso de mis facultades mentales […], que soy una delincuente, una corrupta y una prevaricadora”, lamentó. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) archivó el pasado marzo una querella de Gisbert contra la instructora y su marido por las supuestas interferencias de este último en las pesquisas.
En su alegato, la magistrada también aseguraba haber sido grabada ilegalmente en en el juzgado en la primera fase de la investigación. “Fui grabada ilícitamente en sala de vistas en la Ciudad de la Justicia de Valencia a través de Webex (plataforma de videoconferencia que usan los letrados para seguir las testificales) finalizada la declaración”, señaló la magistrada en alusión a unas imágenes que en 2025 fueron filtradas a medios digitales y que documentaron una querella de Manos Limpias por prevaricación —adoptar resoluciones injustas a sabiendas— contra la magistrada. La denuncia fue archivada por el TSJCV el pasado octubre con el argumento de que se sustentaba en recortes de prensa y artículos de opinión. “Las fotos salen una y otra vez en televisión […]. Y esto me ha servido para dejar de ver estos programas”, se quejó la instructora.
La estrategia contra la jueza —según Ruiz Tobarra— consistió en husmear en la vida personal de la funcionaria con el propósito de divulgar que ella y su marido, que es miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), actúan para arremeter contra el PP. “Se afirma que residimos en Catarroja, que voy a comprar el pan y de tiendas con su alcaldesa (la socialista Lorena Silvent)[…]. El señor Gisbert es un difusor de bulos, que ha afirmado que fallecieron más de 500 personas en la dana [233 es la cifra oficial]”, añade sobre este letrado. Gisbert participó en la comisión de investigación de la riada de febrero en las Cortes Valencianas, que controlan PP y Vox. “Me ha calificado públicamente como jueza de pueblo, algo que no me molesta, me enorgullece”, remachó la instructora.
Ruiz Tobarra admitió que su marido, que es titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Valencia, mantuvo contacto con víctimas en la primera fase de la investigación. “En algunas ocasiones se acercó mi marido Jorge […], que llegó a recoger los DNI de las personas que entraban en la sala o acompañó a familiares a por justificantes en la Ciudad de la Justicia […]. Llegó a acompañar a un perjudicado en silla de ruedas a la cafetería”. La jueza negó que este comportamiento fuera ilegal y cuestionó los audios que aparecieron en digitales y que pretendían denunciar la supuesta interferencia de Martínez Ribera. “No reconozco su voz en los audios y niego que participara en el acto. Se trata de una grabación claramente manipulada, sin continuidad cronológica. No me consta su autoría e integridad”, apuntó la magistrada.
La jueza también situó en el organigrama para apartarla de la investigación a José María Bueno Manzanares, abogado del exdirector de Emergencias de la Generalitat investigado, Emilio Argüeso. Un letrado que se ha presentado como jefe de los servicios jurídicos de Manos Limpias, que fue expulsada de la causa el año pasado. Ruiz Tobarra aseguró al Poder Judicial que Bueno Manzanares ejerció una “encendida defensa” de Mazón durante las declaraciones como testigos del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de la periodista que comió con el expresident el día de la dana, Maribel Vilaplana.
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