El estreno en una presentación pública de la que fuera hasta hace solo unos días alto cargo del Ministerio de Hacienda , Inés Olóndriz, como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), no ha supuesto de momento ningún cambio sustancial en la línea argumental que ya mantenía el organismo independiente bajo la presidencia de Cristina Herrero. La Airef sigue pensando que la gestión de las cuentas públicas en España conduce a un incumplimiento inexorable de sus compromisos fiscales tanto a nivel nacional como a escala europea y que, como ya advirtiera Herrero, el plan de medidas aprobado por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán no solo llevará a las administraciones públicas a desbordar el objetivo de incremento del gasto acordado con la Comisión Europea sino que agotará todo el margen de flexibilidad fiscal que Bruselas le dio a España hasta el año 2028.Traducido a cifras concretas, el preceptivo informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas para 2026 presentado este miércoles revisa al alza la previsión de déficit público que tenía la institución para este año hasta el 2,6%, desde el 2% que habría previsto en octubre, principalmente por las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado para paliar las consecuencias de las borrascas del pasado invierno y de la crisis en Irán. Sin ellas el déficit podría haberse reducido al 1,9%. Y también modera sus expectativas de reducción de la deuda pública, que aunque caería por debajo del 100% del PIB seis años después todavía s eguiría por encima de los niveles prepandemia, en el 99,9% del PIB y seguiría «siendo una vulnerabilidad porque sigue por encima de los niveles anteriores a la pandemia y crece en términos absolutos», ha advertido Olóndriz.Noticia relacionada general No No La deuda pública crece en 78.000 millones en 2025 Xavier VilaltellaPuesto el país en esta tesitura, la nueva presidenta de la Autoridad Fiscal ha recalcado que el Gobierno central y las comunidades autónomas tendrían que asumir ya este mismo año un ajuste fiscal de seis décimas de PIB, es decir de unos 10.000 millones de euros, para cumplir la regla fiscal nacional y para evitar quedarse sin margen alguno de desviación fiscal para los ejercicios presupuestarios de 2027 y 2028. Un nuevo marco de relaciones Hacienda-territoriosPara conseguirlo, la nueva presidenta de la Airef entiende que se necesitan nuevas herramientas. Una de las recomendaciones que la institución hace al Gobierno en el primer informe oficial con Inés Olóndriz como presidenta es «establecer mecanismos de coordinación para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto europea en el conjunto de las administraciones públicas». ¿En qué consistiría esto exactamente? La que fuera secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda ha explicado que se trataría de dinamizar las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el organismo que reúne al Gobierno Central con los responsables de hacienda de todas las comunidades autónomas de régimen común, para que Hacienda pudiera señalar y corregir de manera anticipada cualquier desviación respecto a los objetivos fiscales de las administraciones españolas que se fuera produciendo, «ya sea con medidas individuales o acordadas por todas las administraciones», ha dicho la presidenta de Airef.La Airef plantea dinamizar el Consejo de Política Fiscal para advertir y corregir posibles desviaciones fiscales con cierta antelaciónLa institución también solicita al Ministerio de Hacienda que publique con regularidad mensual las cifras de evolución del gasto primario neto y del gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional a efectos de poder fiscalizar posibles desviaciones en el Estado.Quizá la principal flexión en el discurso de la Airef que se ha percibido en la primera intervención pública Olóndriz es la de enfatizar la responsabilidad de las administraciones territoriales en el cumplimiento de los objetivos fiscales del país. Sin más margen de maniobraLa inquietud de la Airef tiene fundamento. Sus proyecciones apuntan a que el crecimiento del gasto primario neto en 2025 -aún provisionales-, que es la nueva referencia que toma Bruselas a la hora de evaluar el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos fiscales de los países, fue del 4,8%, frente al 3,7% acordado con Bruselas, mientras que para 2026 se espera que sea del 5,9% frente al 3,5% que se acordó con las autoridades europeas. La Comisión dio a España un margen de seis décimas del PIB entre 2024 y 2028 para poder dar respuesta a posibles shocks y, además, permitió al Gobierno que se apuntara cuatro décimas extra por el ejercicio de 2024 en la negociación bilateral para conseguir el respaldo de España a las nuevas reglas.Las administraciones públicas han tardado solo dos años en consumir todo ese margen y ponerse en riesgo de caer en el brazo correctivo de las reglas fiscales europeas, el célebre Procedimiento de Déficit Excesivo que desencadena un control reforzado de Bruselas sobre las cuentas nacionales, la posible visita de los no menos célebres hombres de negro y en última instancia la posibilidad de sanciones económicas.España ha consumido en apenas un par de años todo el margen fiscal que le reconoció Bruselas para atender situaciones no previstasA España, no obstante, le quedaría una bala en la recámara para esquivar este escenario. Activar la cláusula de escape del gasto en Defensa, que permite no computar una parte del incremento del gasto en defensa en términos de déficit y que ya han activado 17 países europeos entre los que no está España. La cláusula permitiría evitar el incumplimiento de los compromisos con Bruselas, pero como ha subrayado el director de Análisis Presupuestario de la Airef, Ignacio Fernández Huertas, no impediría seguir engrosando el déficit y aumentando las necesidades de endeudamiento por lo que su efecto fiscal general sería perjudicial.Del informe de la Autoridad Fiscal también se desprende una lectura crítica de la respuesta fiscal del Gobierno a la crisis de Oriente Medio. Entiende que su coste será 300 millones de euros más elevado que los 5.000 millones previstos, que elevará el déficit público de forma sustancial y que sin embargo solo servirá para salvar una de las dos décimas de crecimiento que España va a perder por la guerra este año y no va a tener impacto alguno sobre el control de la inflación «porque el alivio transitorio sobre los precios que supondrá durante los meses que está previsto que estén en vigor se corregirá en los meses siguientes», ha advertido la directora de la División de Análisis Económico, Esther Gordo. El estreno en una presentación pública de la que fuera hasta hace solo unos días alto cargo del Ministerio de Hacienda , Inés Olóndriz, como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), no ha supuesto de momento ningún cambio sustancial en la línea argumental que ya mantenía el organismo independiente bajo la presidencia de Cristina Herrero. La Airef sigue pensando que la gestión de las cuentas públicas en España conduce a un incumplimiento inexorable de sus compromisos fiscales tanto a nivel nacional como a escala europea y que, como ya advirtiera Herrero, el plan de medidas aprobado por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán no solo llevará a las administraciones públicas a desbordar el objetivo de incremento del gasto acordado con la Comisión Europea sino que agotará todo el margen de flexibilidad fiscal que Bruselas le dio a España hasta el año 2028.Traducido a cifras concretas, el preceptivo informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas para 2026 presentado este miércoles revisa al alza la previsión de déficit público que tenía la institución para este año hasta el 2,6%, desde el 2% que habría previsto en octubre, principalmente por las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado para paliar las consecuencias de las borrascas del pasado invierno y de la crisis en Irán. Sin ellas el déficit podría haberse reducido al 1,9%. Y también modera sus expectativas de reducción de la deuda pública, que aunque caería por debajo del 100% del PIB seis años después todavía s eguiría por encima de los niveles prepandemia, en el 99,9% del PIB y seguiría «siendo una vulnerabilidad porque sigue por encima de los niveles anteriores a la pandemia y crece en términos absolutos», ha advertido Olóndriz.Noticia relacionada general No No La deuda pública crece en 78.000 millones en 2025 Xavier VilaltellaPuesto el país en esta tesitura, la nueva presidenta de la Autoridad Fiscal ha recalcado que el Gobierno central y las comunidades autónomas tendrían que asumir ya este mismo año un ajuste fiscal de seis décimas de PIB, es decir de unos 10.000 millones de euros, para cumplir la regla fiscal nacional y para evitar quedarse sin margen alguno de desviación fiscal para los ejercicios presupuestarios de 2027 y 2028. Un nuevo marco de relaciones Hacienda-territoriosPara conseguirlo, la nueva presidenta de la Airef entiende que se necesitan nuevas herramientas. Una de las recomendaciones que la institución hace al Gobierno en el primer informe oficial con Inés Olóndriz como presidenta es «establecer mecanismos de coordinación para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto europea en el conjunto de las administraciones públicas». ¿En qué consistiría esto exactamente? La que fuera secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda ha explicado que se trataría de dinamizar las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el organismo que reúne al Gobierno Central con los responsables de hacienda de todas las comunidades autónomas de régimen común, para que Hacienda pudiera señalar y corregir de manera anticipada cualquier desviación respecto a los objetivos fiscales de las administraciones españolas que se fuera produciendo, «ya sea con medidas individuales o acordadas por todas las administraciones», ha dicho la presidenta de Airef.La Airef plantea dinamizar el Consejo de Política Fiscal para advertir y corregir posibles desviaciones fiscales con cierta antelaciónLa institución también solicita al Ministerio de Hacienda que publique con regularidad mensual las cifras de evolución del gasto primario neto y del gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional a efectos de poder fiscalizar posibles desviaciones en el Estado.Quizá la principal flexión en el discurso de la Airef que se ha percibido en la primera intervención pública Olóndriz es la de enfatizar la responsabilidad de las administraciones territoriales en el cumplimiento de los objetivos fiscales del país. Sin más margen de maniobraLa inquietud de la Airef tiene fundamento. Sus proyecciones apuntan a que el crecimiento del gasto primario neto en 2025 -aún provisionales-, que es la nueva referencia que toma Bruselas a la hora de evaluar el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos fiscales de los países, fue del 4,8%, frente al 3,7% acordado con Bruselas, mientras que para 2026 se espera que sea del 5,9% frente al 3,5% que se acordó con las autoridades europeas. La Comisión dio a España un margen de seis décimas del PIB entre 2024 y 2028 para poder dar respuesta a posibles shocks y, además, permitió al Gobierno que se apuntara cuatro décimas extra por el ejercicio de 2024 en la negociación bilateral para conseguir el respaldo de España a las nuevas reglas.Las administraciones públicas han tardado solo dos años en consumir todo ese margen y ponerse en riesgo de caer en el brazo correctivo de las reglas fiscales europeas, el célebre Procedimiento de Déficit Excesivo que desencadena un control reforzado de Bruselas sobre las cuentas nacionales, la posible visita de los no menos célebres hombres de negro y en última instancia la posibilidad de sanciones económicas.España ha consumido en apenas un par de años todo el margen fiscal que le reconoció Bruselas para atender situaciones no previstasA España, no obstante, le quedaría una bala en la recámara para esquivar este escenario. Activar la cláusula de escape del gasto en Defensa, que permite no computar una parte del incremento del gasto en defensa en términos de déficit y que ya han activado 17 países europeos entre los que no está España. La cláusula permitiría evitar el incumplimiento de los compromisos con Bruselas, pero como ha subrayado el director de Análisis Presupuestario de la Airef, Ignacio Fernández Huertas, no impediría seguir engrosando el déficit y aumentando las necesidades de endeudamiento por lo que su efecto fiscal general sería perjudicial.Del informe de la Autoridad Fiscal también se desprende una lectura crítica de la respuesta fiscal del Gobierno a la crisis de Oriente Medio. Entiende que su coste será 300 millones de euros más elevado que los 5.000 millones previstos, que elevará el déficit público de forma sustancial y que sin embargo solo servirá para salvar una de las dos décimas de crecimiento que España va a perder por la guerra este año y no va a tener impacto alguno sobre el control de la inflación «porque el alivio transitorio sobre los precios que supondrá durante los meses que está previsto que estén en vigor se corregirá en los meses siguientes», ha advertido la directora de la División de Análisis Económico, Esther Gordo.
El estreno en una conferencia pública de la que fuera hasta hace solo unos días alto cargo de Hacienda, Inés Olóndriz, como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), no ha supuesto al menos de momento ningún cambio sustancial en la línea … argumental que ya mantenía el organismo independiente bajo la presidencia de Cristina Herrero. La Airef sigue pensando que la gestión de las cuentas públicas en España conduce a un incumplimiento inexorable de sus objetivos fiscales tanto en el marco nacional como a escala europea y que, como ya advirtió Herrero en sus últimas intervenciones públicas, el plan de medidas para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán no sólo llevará a las administraciones públicas a desbordar el objetivo de evolución del gasto acordado con Bruselas sino que agotará todo el margen de flexibilidad fiscal que Europa le dio a España hasta 2028.
Es más, la Autoridad Fiscal ha corregido al alza el coste estimado de las medidas planteadas por el Gobierno, desde los 5.044 millones que preveía el Ejecutivo hasta los 5.305 millones, principalmente porque entiende que el coste para las arcas públicas de las rebajas del IVA del carburante, el gas y la electricidad será más alto del previsto.
Puesto el país en esta tesitura, la nueva presidenta de la Autoridad Fiscal ha recalcado que el Gobierno central y las comunidades autónomas tendrían que asumir ya este mismo año un ajuste fiscal de 10.000 millones de euros para cumplir la regla fiscal nacional y para evitar quedarse sin margen alguno de desviación fiscal para los ejercicios presupuestarios de 2027 y 2028.
Quizá la principal flexión en el discurso de la Airef que ha introducido Olóndriz es la de enfatizar algo más la responsabilidad de las administraciones territoriales en el cumplimiento de los objetivos fiscales del país. De hecho, una de las recomendaciones que ha planteado a las administraciones públicas es que el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas refuercen los mecanismos de coordinación bilateral para tratar de poner las cuentas en orden.
Las proyecciones de la Airef apuntan a que el crecimiento del gasto primario neto en 2025 -aún provisionales-, que es la nueva referencia que toma Bruselas a la hora de evaluar el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos fiscales de los países, fue del 4,8%, frente al 3,7% acordado con Bruselas, mientras que para 2026 se espera que sea del 5,9% frente al 3,5% que se acordó con las autoridades europeas. Bruselas dio a España un margen de seis décimas del PIB entre 2024 y 2028 para poder dar respuesta a posibles shocks y además admitió que el Gobierno se apuntara cuatro décimas extra procedentes de 2024 en la negociación bilateral.
Las administraciones públicas españolas han tardado solo dos años en consumir todo ese margen y ponerse en riesgo de caer en el procedimiento sancionador que prevén las reglas fiscales europeas, el célebre Procedimiento de Déficit Excesivo que desencadena un control reforzado de Bruselas sobre las cuentas nacionales, la posible visita de los no menos célebres hombres de negro y en última instancia un régimen sancionador.
Las cuentas de la Airef apuntan a que en ausencia de otras medidas el déficit público español cerrará 2026 en el 2,6%, por encima del 2,4% de este año (2,2% sin los efectos de la dana), y que ese desequilibrio se debería reducir al 1,7% para poder escapar del castigo de la Comisión Europea.
A España, no obstante, aún le quedaría una bala en la recámara para esquivar este escenario. Activar la cláusula de escape del gasto en Defensa, que permite no computar una parte del incremento del gasto en defensa en términos de déficit y que ya han activado 17 países europeos entre los que no está España. La cláusula permitiría esquivar el incumplimiento de los compromisos con Bruselas, pero como ha subrayado el director de Análisis Presupuestario de la Airef, Ignacio Fernández Huertas, seguiría engrosando el déficit y aumentando las necesidades de endeudamiento por lo que su efecto fiscal general sería perjudicial.
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