Sabrina es una mujer trans de 37 años que lleva desde 2024 intentando realizar el cambio registral. A pesar de haber presentado documentación sobre su transición —de su endocrino, de sus niveles hormonales, de su psiquiatra y de la unidad de género—, su petición ha sido denegada por el juez, que argumenta un posible fraude de ley. “Me siento atrapada en un lío burocrático”, lamenta. Hace una semana, en pleno Orgullo, el PP anunció que, si gobernase, recortaría la Ley trans, la 4/2023, que reconoce el derecho a la autodeterminación de género y que para realizar el cambio registral exigiría un “informe psicosocial”. Los conservadores insinuaban que ese cambio se realiza de manera inmediata, con la mera declaración de la persona interesada en una de las oficinas del registro. La realidad es otra: la autodeterminación de género es un proceso, que suele durar un año, que implica no solo la ratificación de ese cambio, sino que requiere también el dictamen de un juez que analiza el caso y que debe dar su visto bueno para que se ejecute.
Entre 2023 y 2025, se han realizado unas 5.000 modificaciones registrales por año. El proceso conlleva el dictamen de un juez y se demora varios meses
Sabrina es una mujer trans de 37 años que lleva desde 2024 intentando realizar el cambio registral. A pesar de haber presentado documentación sobre su transición —de su endocrino, de sus niveles hormonales, de su psiquiatra y de la unidad de género—, su petición ha sido denegada por el juez, que argumenta un posible fraude de ley. “Me siento atrapada en un lío burocrático”, lamenta. Hace una semana, en pleno Orgullo, el PP anunció que, si gobernase, recortaría la Ley trans, la 4/2023, que reconoce el derecho a la autodeterminación de género y que para realizar el cambio registral exigiría un “informe psicosocial”. Los conservadores insinuaban que ese cambio se realiza de manera inmediata, con la mera declaración de la persona interesada en una de las oficinas del registro. La realidad es otra: la autodeterminación de género es un proceso, que suele durar un año, que implica no solo la ratificación de ese cambio, sino que requiere también el dictamen de un juez que analiza el caso y que debe dar su visto bueno para que se ejecute.
El primer escollo que tuvo que pasar Sabrina fue conseguir una cita para el registro. Lo intentó a finales de 2024, pero no lo consiguió hasta varios meses después. “Inicié los trámites en mayo de 2025. Hasta diciembre no me llamaron para la ratificación”, detalla. En esa segunda comparecencia tuvo que responder a una serie de preguntas como: “¿Está preparando alguna oposición? ¿Está federado en alguna actividad deportiva? ¿Recibe tratamiento hormonal?”. Algunas de estas le parecieron “raras”: “Parece que la persona que quiere transicionar tiene que encajar en un molde muy específico”. Salió contenta de esa cita, al igual que la trabajadora social que la acompañaba. Sin embargo, meses después, en febrero de este año, le llegó la resolución a su demanda: se la habían denegado por un posible fraude de ley.
Desde la aprobación de la ley trans, en 2023, y hasta 2025, últimos datos disponibles, 15.818 personas han realizado el cambio registral de género (5.139 el primer año, 5.531 en 2024 y 5.148 el ejercicio pasado), según el Ministerio de Justicia. Es decir, lo ha realizado un 0,03% de la población española desde la entrada en vigor de esa norma. No hay un dato oficial de solicitudes denegadas, pero desde diversas organizaciones de defensa de derechos LGTBIQ+ calculan que representan entre el 7% y el 10%.
El problema que observó el magistrado en el caso de Sabrina es que ella, a comienzos de 2025, tuvo que renovar su DNI. En ese documento aparece su dead name (en masculino) y los agentes se negaron a aceptar fotografías recientes de ella, ya como mujer. Por ello, decidieron unilateralmente usar la imagen de su anterior documento. “El juez, al verlo, dijo que podría ser un fraude de ley porque en tan poco tiempo [algo menos de tres meses] no podría haber transicionado”, explica la mujer que inició su proceso hace más de dos años. El magistrado también le afeó que llevara peluca, al considerarla “un complemento inadecuado para una mujer común”.
“Te quedas muy jodida después de toda esta situación”, afirma Sabrina, que actualmente padece depresión. Además, esa discordancia entre sus documentos y su realidad le genera problemas para encontrar trabajo. “Estoy con abogados porque lo que me han hecho creo que es transfobia”, explica.
Aunque la ley trans aplica el derecho a la autodeterminación de género ―eliminando requisitos médicos o psicológicos―, también establece salvaguardas y mecanismos para evitar fraudes de ley en su aplicación. Para ello, los responsables de certificar el cambio de identidad pueden investigar o recabar indicios ante la sospecha de un uso fraudulento. “Desde algunos altavoces políticos y mediáticos se dice que con ir a una oficina del registro y decir que quieres hacer el cambio, te lo dan, pero no es así”, incide Daniela Vallejo, activista y presidenta de Miss y Mister Trans España, que tardó dos años en hacer el proceso. “Han aireado varios casos controvertidos, de hombres que han intentado llevar a cabo un cambio de sexo para obtener beneficios legales, pero no han contado que luego han sido rechazados”, continúa.
Es el caso de un hombre denunciado por violencia machista que, en 2023, antes de recibir su sentencia, anunció que cambiaba de sexo. Además de que la ley trans niega expresamente efectos retroactivos al cambio registral de sexo; la solicitud de este maltratador fue denegada por fraude de ley. En 2024, ingresó en prisión para cumplir su condena. También fue muy mediático el caso de un sargento del Ejército del Aire que solicitó la rectificación registral de sexo para obtener ventajas en su carrera militar. El juez se opuso al considerar que su motivación era oportunista. Además, consideró que el solicitante no mostraba una vivencia real como mujer y que carecía de conocimientos básicos sobre la identidad de género. “Existen controles para frenar usos fraudulentos incluso en sede registral”, insiste Vallejo.
“La propuesta del PP de volver a exigir informes para que las personas trans podamos ver reconocida nuestra identidad no solo es un retroceso, es volver a patologizarnos”, critica esta activista: “¿De verdad quieren devolvernos a una época en la que un médico o un psicólogo decidían quiénes éramos?”
En España, la despatologización total de las personas trans no llegó hasta 2022, con la ley Zerolo, y dio un paso más con la ley trans, que consolidó la autodeterminación de género, como indica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este organismo ha pedido a los Estados de la Unión Europea que garanticen el derecho de las personas trans a tener documentos oficiales que reflejen su identidad de género sin requerir procedimientos médicos (terapia hormonal, cirugía…). “La ley trans fue un salto cuántico”, resume la política Carla Antonelli (Más Madrid).
Antonelli ―la primera mujer trans en ejercer como diputada regional y también como senadora― hizo el cambio registral hace casi 20 años, en 2007: fue la primera persona en hacerlo al amparo de la conocida como ley de identidad (la 3/2007), que aunque permitía el cambio registral, requería un dictamen de “disforia de género”, un supuesto trastorno psiquiátrico que la Organización Mundial de la Salud ha eliminado de su listado de dolencias. Además, esa norma pedía acreditar haber estado al menos dos años bajo tratamiento médico para adecuar las características físicas a las correspondientes al sexo sentido.
El responsable de políticas LGTBI+ del PP, Jaime de los Santos, justamente ha exigido que para realizar el cambio de sexo “se demuestre una disforia de género”. Para incluir esta premisa, como parte de ese “informe psicosocial”, se debería bien recortar la ley trans, bien derogarla y aprobar otra norma.
“Hay personas [en referencia a De los Santos] que dicen que su partido no va a consentir pasos atrás en los derechos LGTBI+, pero en realidad defienden recortes de las leyes vigentes o se abstienen ante nuevos avances», critica la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, en referencia a la reciente penalización de las falsas terapias de conversión. En la votación en el Congreso, los conservadores se abstuvieron. “Pone en evidencia lo que verdaderamente defienden, en qué lado de la historia están”, añade Iglesias. “Quieren derogar la ley trans”, alerta la senadora Antonelli, “estamos viendo cómo anuncian, sin ningún tipo de reparo, que van a por nuestros derechos”.
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