La alianza entre Silicon Valley y la Casa Blanca ha encontrado su primer gran obstáculo. No ha sido una investigación antimonopolio, una rebelión de los trabajadores ni una disputa sobre la regulación de la IA: ha sido la factura de la luz. Las elecciones han revelado que el entusiasmo de Donald Trump por las grandes tecnológicas no es compartido por sus votantes. Y que la revolución económica que promete transformar el capitalismo empieza a encontrar resistencias en el territorio donde debe construir sus infraestructuras. De paso, el mito de que los ‘tecno-bros’ eran todopoderosos se ha hundido con estrépito . Trump convirtió la IA en un proyecto de supremacía nacional. Su Administración facilitó permisos, ofreció incentivos y alentó inversiones cuantiosas en centros de datos. Los tecno-oligarcas, que habían encontrado un aliado formidable en la Casa Blanca, podían presentar sus negocios como una cuestión de seguridad nacional. Ganar la carrera contra China justificaba cualquier esfuerzo.Pero la IA tiene un inconveniente: consume mucha electricidad. Y también necesita agua, suelo, redes de transmisión y centrales de generación. Las inversiones que fascinan a Wall Street pueden resultar bastante menos atractivas para quienes viven junto a ellas y observan cómo aumenta su factura energética. El conflicto adquirió dimensión electoral. Gina Hinojosa, vencedora en Texas, y Keisha Lance Bottoms, en Georgia, han defendido restricciones a los nuevos centros de datos. También Jocelyn Benson, en Michigan. Pero la resistencia no es exclusivamente demócrata. El derrotado gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, terminó distanciándose de la expansión indiscriminada que antes celebraba. Ahí aparece la verdadera fractura política. Trump necesita a Silicon Valley para sostener su promesa de liderazgo tecnológico, pero sus aliados territoriales necesitan responder a unos ciudadanos preocupados por el coste de la vida . La coalición entre la derecha populista y las élites tecnológicas empieza a descubrir sus contradicciones. Los beneficios de la IA se anuncian para mañana; sus costes de infraestructura llegan hoy. La contradicción ya no enfrenta solamente a partidos, sino a dos maneras de entender el crecimiento económico.También hay una cuestión económica de fondo. ¿Quién debe financiar las nuevas redes eléctricas para los centros de datos? ¿Las empresas que los crean o todos los consumidores? Si las tecnológicas internalizan esos costes, disminuirá su rentabilidad. Si los trasladan a tarifa, aumentará la resistencia. No existe una solución gratuita.Conviene no confundir las promesas electorales con prohibiciones efectivas. Los gobernadores dependen de legislaturas, reguladores y competencias administrativas diferentes. La inversión probablemente buscará otros emplazamientos antes que desaparecer. Pero el cambio de clima político puede encarecer el capital, retrasar proyectos y alterar el mapa industrial estadounidense.La paradoja es llamativa: EE.UU. considera la IA indispensable para conservar su hegemonía frente a China, mientras sus propios ciudadanos empiezan a cuestionar el precio de esa carrera. Silicon Valley creyó que bastaba con conquistar la Casa Blanca. Ahora descubre que también necesita convencer a quienes pagan. La alianza entre Silicon Valley y la Casa Blanca ha encontrado su primer gran obstáculo. No ha sido una investigación antimonopolio, una rebelión de los trabajadores ni una disputa sobre la regulación de la IA: ha sido la factura de la luz. Las elecciones han revelado que el entusiasmo de Donald Trump por las grandes tecnológicas no es compartido por sus votantes. Y que la revolución económica que promete transformar el capitalismo empieza a encontrar resistencias en el territorio donde debe construir sus infraestructuras. De paso, el mito de que los ‘tecno-bros’ eran todopoderosos se ha hundido con estrépito . Trump convirtió la IA en un proyecto de supremacía nacional. Su Administración facilitó permisos, ofreció incentivos y alentó inversiones cuantiosas en centros de datos. Los tecno-oligarcas, que habían encontrado un aliado formidable en la Casa Blanca, podían presentar sus negocios como una cuestión de seguridad nacional. Ganar la carrera contra China justificaba cualquier esfuerzo.Pero la IA tiene un inconveniente: consume mucha electricidad. Y también necesita agua, suelo, redes de transmisión y centrales de generación. Las inversiones que fascinan a Wall Street pueden resultar bastante menos atractivas para quienes viven junto a ellas y observan cómo aumenta su factura energética. El conflicto adquirió dimensión electoral. Gina Hinojosa, vencedora en Texas, y Keisha Lance Bottoms, en Georgia, han defendido restricciones a los nuevos centros de datos. También Jocelyn Benson, en Michigan. Pero la resistencia no es exclusivamente demócrata. El derrotado gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, terminó distanciándose de la expansión indiscriminada que antes celebraba. Ahí aparece la verdadera fractura política. Trump necesita a Silicon Valley para sostener su promesa de liderazgo tecnológico, pero sus aliados territoriales necesitan responder a unos ciudadanos preocupados por el coste de la vida . La coalición entre la derecha populista y las élites tecnológicas empieza a descubrir sus contradicciones. Los beneficios de la IA se anuncian para mañana; sus costes de infraestructura llegan hoy. La contradicción ya no enfrenta solamente a partidos, sino a dos maneras de entender el crecimiento económico.También hay una cuestión económica de fondo. ¿Quién debe financiar las nuevas redes eléctricas para los centros de datos? ¿Las empresas que los crean o todos los consumidores? Si las tecnológicas internalizan esos costes, disminuirá su rentabilidad. Si los trasladan a tarifa, aumentará la resistencia. No existe una solución gratuita.Conviene no confundir las promesas electorales con prohibiciones efectivas. Los gobernadores dependen de legislaturas, reguladores y competencias administrativas diferentes. La inversión probablemente buscará otros emplazamientos antes que desaparecer. Pero el cambio de clima político puede encarecer el capital, retrasar proyectos y alterar el mapa industrial estadounidense.La paradoja es llamativa: EE.UU. considera la IA indispensable para conservar su hegemonía frente a China, mientras sus propios ciudadanos empiezan a cuestionar el precio de esa carrera. Silicon Valley creyó que bastaba con conquistar la Casa Blanca. Ahora descubre que también necesita convencer a quienes pagan.
La alianza entre Silicon Valley y la Casa Blanca ha encontrado su primer gran obstáculo. No ha sido una investigación antimonopolio, una rebelión de los trabajadores ni una disputa sobre la regulación de la IA: ha sido la factura de la luz. Las elecciones han … revelado que el entusiasmo de Donald Trump por las grandes tecnológicas no es compartido por sus votantes. Y que la revolución económica que promete transformar el capitalismo empieza a encontrar resistencias en el territorio donde debe construir sus infraestructuras. De paso, el mito de que los ‘tecno-bros’ eran todopoderosos se ha hundido con estrépito.
Trump convirtió la IA en un proyecto de supremacía nacional. Su Administración facilitó permisos, ofreció incentivos y alentó inversiones cuantiosas en centros de datos. Los tecno-oligarcas, que habían encontrado un aliado formidable en la Casa Blanca, podían presentar sus negocios como una cuestión de seguridad nacional. Ganar la carrera contra China justificaba cualquier esfuerzo.
Pero la IA tiene un inconveniente: consume mucha electricidad. Y también necesita agua, suelo, redes de transmisión y centrales de generación. Las inversiones que fascinan a Wall Street pueden resultar bastante menos atractivas para quienes viven junto a ellas y observan cómo aumenta su factura energética. El conflicto adquirió dimensión electoral. Gina Hinojosa, vencedora en Texas, y Keisha Lance Bottoms, en Georgia, han defendido restricciones a los nuevos centros de datos. También Jocelyn Benson, en Michigan. Pero la resistencia no es exclusivamente demócrata. El derrotado gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, terminó distanciándose de la expansión indiscriminada que antes celebraba.
Ahí aparece la verdadera fractura política. Trump necesita a Silicon Valley para sostener su promesa de liderazgo tecnológico, pero sus aliados territoriales necesitan responder a unos ciudadanos preocupados por el coste de la vida. La coalición entre la derecha populista y las élites tecnológicas empieza a descubrir sus contradicciones. Los beneficios de la IA se anuncian para mañana; sus costes de infraestructura llegan hoy. La contradicción ya no enfrenta solamente a partidos, sino a dos maneras de entender el crecimiento económico.
También hay una cuestión económica de fondo. ¿Quién debe financiar las nuevas redes eléctricas para los centros de datos? ¿Las empresas que los crean o todos los consumidores? Si las tecnológicas internalizan esos costes, disminuirá su rentabilidad. Si los trasladan a tarifa, aumentará la resistencia. No existe una solución gratuita.
Conviene no confundir las promesas electorales con prohibiciones efectivas. Los gobernadores dependen de legislaturas, reguladores y competencias administrativas diferentes. La inversión probablemente buscará otros emplazamientos antes que desaparecer. Pero el cambio de clima político puede encarecer el capital, retrasar proyectos y alterar el mapa industrial estadounidense.
La paradoja es llamativa: EE.UU. considera la IA indispensable para conservar su hegemonía frente a China, mientras sus propios ciudadanos empiezan a cuestionar el precio de esa carrera. Silicon Valley creyó que bastaba con conquistar la Casa Blanca. Ahora descubre que también necesita convencer a quienes pagan.
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