Durante años, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fue percibida como uno de esos organismos que apenas aparecen en los titulares salvo cuando gestionaban una crisis empresarial. Sin embargo, los informes de la UCO que están aflorando alrededor de los rescates de Plus Ultra y Tubos Reunidos permiten entrever algo más inquietante que una sucesión de decisiones controvertidas . Lo que emerge es la existencia de un clima moral determinado, una cultura organizativa en la que la proximidad política parecía valer más que los procedimientos y donde determinados intermediarios actuaban con una familiaridad impropia respecto a centros decisivos de poder.En el centro de ese ecosistema aparece Vicente Fernández, antiguo presidente de la SEPI y hombre estrechamente vinculado a María Jesús Montero. Los informes policiales describen una red de contactos, presiones e intermediaciones que habría operado alrededor de expedientes financiados con dinero público. En el caso de Tubos Reunidos, la UCO sostiene que Fernández realizó gestiones políticas, mientras que diversas comunicaciones reflejan intentos de influir en los órganos encargados de evaluar las ayudas.Lo relevante no es solo la conducta de quienes aparecen señalados en los informes. Lo verdaderamente revelador es preguntarse qué ocurrió dentro de la Administración para que determinadas prácticas fueran posibles. Ninguna organización pública funciona a través de una persona. Entre las órdenes y las decisiones finales existe una cadena de funcionarios, directivos y responsables intermedios. Algunos preservaron su independencia. Los documentos conocidos hasta ahora muestran, por ejemplo, la oposición de Sara Aagesen al rescate de Tubos Reunidos por motivos que consideraba justificados. También Pedro Saura se resistió a las demandas de los corruptos, y por eso fue apartado en Paradores, hasta que se le recolocó en Correos.Pero si hubo quienes resistieron, necesariamente hubo otros que colaboraron , facilitaron información sensible o simplemente asumieron que determinadas reglas podían relajarse cuando el impulso procedía de arriba. Ninguna degradación institucional prospera sin una red de obediencias.Ese deterioro no se limitó a la SEPI. La UCO también ha encontrado indicios en Red.es, donde se favoreció a Barrabés, amigo de la esposa del presidente. Conviene recordar otro episodio revelador: los intentos de Nadia Calviño para situar a su marido en un puesto vinculado al sector público después de que se supiera que trabajaba como intermediario de ayudas europeas . Aun siendo un asunto de naturaleza distinta, reflejaba una preocupante elasticidad ética en ámbitos donde debería existir una sensibilidad extrema respecto a los conflictos de interés . Los informes de la UCO ayudan a comprender el contexto. Las instituciones no se corrompen de golpe. Primero se normalizan las excepciones. Después se confunden los intereses públicos con los partidistas. Finalmente, quienes deberían actuar como guardianes del procedimiento empiezan a verlo como un obstáculo.Lo que hoy conocemos sobre la SEPI quizá no describa únicamente un caso. Puede ser la radiografía moral de una época política. Durante años, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fue percibida como uno de esos organismos que apenas aparecen en los titulares salvo cuando gestionaban una crisis empresarial. Sin embargo, los informes de la UCO que están aflorando alrededor de los rescates de Plus Ultra y Tubos Reunidos permiten entrever algo más inquietante que una sucesión de decisiones controvertidas . Lo que emerge es la existencia de un clima moral determinado, una cultura organizativa en la que la proximidad política parecía valer más que los procedimientos y donde determinados intermediarios actuaban con una familiaridad impropia respecto a centros decisivos de poder.En el centro de ese ecosistema aparece Vicente Fernández, antiguo presidente de la SEPI y hombre estrechamente vinculado a María Jesús Montero. Los informes policiales describen una red de contactos, presiones e intermediaciones que habría operado alrededor de expedientes financiados con dinero público. En el caso de Tubos Reunidos, la UCO sostiene que Fernández realizó gestiones políticas, mientras que diversas comunicaciones reflejan intentos de influir en los órganos encargados de evaluar las ayudas.Lo relevante no es solo la conducta de quienes aparecen señalados en los informes. Lo verdaderamente revelador es preguntarse qué ocurrió dentro de la Administración para que determinadas prácticas fueran posibles. Ninguna organización pública funciona a través de una persona. Entre las órdenes y las decisiones finales existe una cadena de funcionarios, directivos y responsables intermedios. Algunos preservaron su independencia. Los documentos conocidos hasta ahora muestran, por ejemplo, la oposición de Sara Aagesen al rescate de Tubos Reunidos por motivos que consideraba justificados. También Pedro Saura se resistió a las demandas de los corruptos, y por eso fue apartado en Paradores, hasta que se le recolocó en Correos.Pero si hubo quienes resistieron, necesariamente hubo otros que colaboraron , facilitaron información sensible o simplemente asumieron que determinadas reglas podían relajarse cuando el impulso procedía de arriba. Ninguna degradación institucional prospera sin una red de obediencias.Ese deterioro no se limitó a la SEPI. La UCO también ha encontrado indicios en Red.es, donde se favoreció a Barrabés, amigo de la esposa del presidente. Conviene recordar otro episodio revelador: los intentos de Nadia Calviño para situar a su marido en un puesto vinculado al sector público después de que se supiera que trabajaba como intermediario de ayudas europeas . Aun siendo un asunto de naturaleza distinta, reflejaba una preocupante elasticidad ética en ámbitos donde debería existir una sensibilidad extrema respecto a los conflictos de interés . Los informes de la UCO ayudan a comprender el contexto. Las instituciones no se corrompen de golpe. Primero se normalizan las excepciones. Después se confunden los intereses públicos con los partidistas. Finalmente, quienes deberían actuar como guardianes del procedimiento empiezan a verlo como un obstáculo.Lo que hoy conocemos sobre la SEPI quizá no describa únicamente un caso. Puede ser la radiografía moral de una época política.
Durante años, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fue percibida como uno de esos organismos que apenas aparecen en los titulares salvo cuando gestionaban una crisis empresarial. Sin embargo, los informes de la UCO que están aflorando alrededor de los rescates de Plus Ultra … y Tubos Reunidos permiten entrever algo más inquietante que una sucesión de decisiones controvertidas. Lo que emerge es la existencia de un clima moral determinado, una cultura organizativa en la que la proximidad política parecía valer más que los procedimientos y donde determinados intermediarios actuaban con una familiaridad impropia respecto a centros decisivos de poder.
En el centro de ese ecosistema aparece Vicente Fernández, antiguo presidente de la SEPI y hombre estrechamente vinculado a María Jesús Montero. Los informes policiales describen una red de contactos, presiones e intermediaciones que habría operado alrededor de expedientes financiados con dinero público. En el caso de Tubos Reunidos, la UCO sostiene que Fernández realizó gestiones políticas, mientras que diversas comunicaciones reflejan intentos de influir en los órganos encargados de evaluar las ayudas.
Lo relevante no es solo la conducta de quienes aparecen señalados en los informes. Lo verdaderamente revelador es preguntarse qué ocurrió dentro de la Administración para que determinadas prácticas fueran posibles. Ninguna organización pública funciona a través de una persona. Entre las órdenes y las decisiones finales existe una cadena de funcionarios, directivos y responsables intermedios. Algunos preservaron su independencia. Los documentos conocidos hasta ahora muestran, por ejemplo, la oposición de Sara Aagesen al rescate de Tubos Reunidos por motivos que consideraba justificados. También Pedro Saura se resistió a las demandas de los corruptos, y por eso fue apartado en Paradores, hasta que se le recolocó en Correos.
Pero si hubo quienes resistieron, necesariamente hubo otros que colaboraron, facilitaron información sensible o simplemente asumieron que determinadas reglas podían relajarse cuando el impulso procedía de arriba. Ninguna degradación institucional prospera sin una red de obediencias.
Ese deterioro no se limitó a la SEPI. La UCO también ha encontrado indicios en Red.es, donde se favoreció a Barrabés, amigo de la esposa del presidente. Conviene recordar otro episodio revelador: los intentos de Nadia Calviño para situar a su marido en un puesto vinculado al sector público después de que se supiera que trabajaba como intermediario de ayudas europeas. Aun siendo un asunto de naturaleza distinta, reflejaba una preocupante elasticidad ética en ámbitos donde debería existir una sensibilidad extrema respecto a los conflictos de interés.
Los informes de la UCO ayudan a comprender el contexto. Las instituciones no se corrompen de golpe. Primero se normalizan las excepciones. Después se confunden los intereses públicos con los partidistas. Finalmente, quienes deberían actuar como guardianes del procedimiento empiezan a verlo como un obstáculo.
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Lo que hoy conocemos sobre la SEPI quizá no describa únicamente un caso. Puede ser la radiografía moral de una época política.
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