Las Cortes de Castilla-La Mancha han celebrado este jueves 17 de septiembre un pleno de marcado contenido económico y social en el que la mayoría absoluta del PSOE ha resultado determinante para sacar adelante el techo de gasto de 2027 y para iniciar la tramitación de la nueva ley destinada a movilizar suelo y acelerar la construcción de vivienda. La sesión ha incluido además amplios debates sobre la gestión del agua y los pozos del Alto Guadiana, una propuesta de Vox sobre la denominada «prioridad nacional» en los servicios públicos y un enfrentamiento entre Gobierno y oposición por el cumplimiento de los compromisos educativos y los resultados del informe PISA.
El orden del día de la sesión celebrada en el Convento de San Gil incluía, entre otros asuntos, la toma en consideración de la Proposición de Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el techo de gasto para 2027 y dos debates relacionados con el agua y la regularización de pozos.
Primer paso para la nueva ley de vivienda
La Proposición de Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística ha superado su primer trámite parlamentario con los votos favorables del PSOE y la abstención de PP y Vox.
La norma pretende modificar diferentes instrumentos urbanísticos para aumentar la disponibilidad de vivienda protegida y pública mediante la movilización de suelo y patrimonio público y reducir los obstáculos administrativos que retrasan promociones residenciales, con especial atención a los municipios afectados por el reto demográfico.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha ofrecido a los tres grupos parlamentarios trabajar conjuntamente en la tramitación. «Ya nos ponemos el mono de trabajo y toca currar. Ofrezco todo mi trabajo, todo mi consenso y toda mi voluntad», ha señalado.
Entre las posibilidades contempladas figuran la transformación de determinados suelos para destinarlos a vivienda protegida, la regeneración de barrios degradados y nuevas herramientas para facilitar a los ayuntamientos la movilización de suelo público.
El diputado socialista Álvaro Toconar ha defendido que la norma permitirá promover vivienda asequible «de forma rápida y de forma ágil» y ha pedido especialmente al PP que participe en su desarrollo mediante enmiendas.
Desde Vox, Francisco José Cobo ha compartido el objetivo de disponer de «más suelo disponible y menos burocracia», pero ha advertido de que la reforma no debería hacerse «a costa de vaciar el planeamiento de contenido, reducir las garantías urbanísticas y apartar a los ayuntamientos de decisiones que afectan directamente a su modelo de ciudad».
Para el PP, Ignacio Redondo ha definido el texto como una ley «insuficiente y tardía» y ha reclamado aprovechar su tramitación para resolver también la situación de los jóvenes que quieren construir su primera vivienda mediante autopromoción. «Aprovechemos la tramitación de esta ley para garantizar que los jóvenes autopromotores que cumplen los requisitos no pierdan las ayudas por retraso de la Administración autonómica», ha defendido.
Luz verde a un techo de gasto de 10.019 millones
El segundo gran asunto económico de la jornada ha sido la aprobación del límite de gasto no financiero para los Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2027, que asciende a 10.019 millones de euros. Ha salido adelante únicamente con los votos del PSOE, mientras PP y Vox han votado en contra.
El Consejo de Gobierno había fijado previamente el límite en 10.019,3 millones de euros, 1.018 millones más que el ejercicio anterior.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido unas cuentas planteadas sobre un escenario de crecimiento económico y con el objetivo de mantener «déficit cero y sin recurrir a nuevo endeudamiento».
El Ejecutivo regional pretende utilizar la mayor capacidad de gasto para reforzar servicios públicos, facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, y fomentar la actividad empresarial y el empleo. Según la Junta, el objetivo es compatibilizar ese incremento presupuestario con el equilibrio de las cuentas y nuevas deducciones fiscales.
Ruiz Molina ha reprochado a PP y Vox su rechazo en el Congreso a la senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Gobierno central, que, según sus cálculos, habría permitido a Castilla-La Mancha disponer de otros 65 millones de euros de capacidad de gasto.
El PP ha cuestionado el origen del incremento. Santiago Serrano ha vuelto a reclamar la deflactación del tramo autonómico del IRPF y ha sostenido que parte del aumento de los ingresos procede «del bolsillo de los ciudadanos».
En términos similares se ha pronunciado Francisco José Cobo, de Vox, quien ha preguntado «¿de dónde sale todo ese dinero?» y ha puesto el foco en los impuestos y en la deuda acumulada por la Comunidad Autónoma.
La socialista Silvia Fernández ha defendido, por contra, que las cuentas permitirán aumentar el gasto social «sin aumentar el endeudamiento ni la presión fiscal».
El agua vuelve a enfrentar a los tres grupos
El agua ha ocupado buena parte de la sesión, tanto por la situación de los pozos del Alto Guadiana como por las políticas de abastecimiento y planificación hidrológica.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha emplazado a PP y Vox a presentar alegaciones a los próximos planes hidrológicos del Estado y ha asegurado que el Gobierno regional ha incorporado a sus propuestas las reivindicaciones recogidas en el Pacto Regional por el Agua.
«Tienen una oportunidad de oro», ha dicho a la oposición ante el próximo proceso de alegaciones.
En relación con el Alto Guadiana, el PSOE ha propuesto mantener la vigencia del Plan Especial del Alto Guadiana más allá del 31 de diciembre de 2027, agilizar los expedientes relacionados con los derechos de agua de pozos prioritarios y reforzar la coordinación administrativa.
El socialista Francisco José Barato ha pedido al PP una «posición unánime de defensa del plan especial del Alto Guadiana, como piden los agricultores» y ha asegurado que el compromiso del Gobierno regional es que «ningún agricultor pierda ni una gota de los derechos de riego que le corresponden».
Vox, a través de Luis Juan Blázquez, ha reclamado que cualquier oficina destinada a ayudar a los agricultores sirva para resolver problemas concretos y no simplemente para «trasladar papeles de una administración a otra». Su formación reclama además un Plan Nacional del Agua y defiende que «los territorios españoles dejen ya de una vez por todas de enfrentarse entre sí».
El popular Santiago Lucas-Torres ha pedido la regularización de pozos, una auditoría hídrica y una encomienda de gestión que reduzca burocracia. «No puede ser que después de años sin inversiones, la solución sea cerrar pozos y reducir los perímetros», ha criticado.
El enfrentamiento sobre el agua se ha extendido al cumplimiento del Pacto Regional. El PP ha acusado al Ejecutivo de no haber desarrollado lo firmado, mientras el PSOE ha reprochado a los populares defender un plan nacional que, a su juicio, podría implicar nuevas transferencias de recursos a otras regiones.
El socialista Ángel Tomás Godoy ha calificado el agua como «la dignidad de esta región» y ha defendido el derecho de Castilla-La Mancha a planificar su futuro con sus necesidades hídricas garantizadas.
La consejera Mercedes Gómez ha cerrado esta parte del debate reivindicando las actuaciones realizadas en abastecimiento y depuración y defendiendo la participación autonómica para ayudar a municipios que no pueden asumir por sí solos determinadas infraestructuras.
De las resoluciones planteadas sobre estas cuestiones, únicamente prosperaron las impulsadas por la mayoría socialista.
PSOE y PP rechazan la «prioridad nacional» propuesta por Vox
Otro de los momentos de mayor confrontación ha llegado con la Proposición de Ley presentada por Vox para incorporar el concepto de «prioridad nacional» en el acceso a determinados servicios públicos. La propuesta ha sido rechazada por PSOE y PP.
David Moreno, diputado de Vox, ha defendido que «lo primero» en Castilla-La Mancha deben ser «los españoles» y ha vinculado su propuesta con el coste de la atención sanitaria a población extranjera.
El PP, por medio de José Martín-Buro, ha marcado distancias con Vox. Aunque ha criticado la política migratoria del Gobierno central, ha explicado que su grupo no comparte limitar la asistencia sanitaria en los términos planteados: «Ordenar el derecho sí, retirar la asistencia, no».
El socialista Pablo Camacho ha calificado la iniciativa de «racista» y «xenófoba» y ha acusado a Vox de trasladar a las Cortes regionales planteamientos de la extrema derecha. «Eso no es patriotismo», ha afirmado durante su intervención.
La educación cierra el choque entre Gobierno y oposición
El pleno ha abordado también el grado de cumplimiento de los compromisos educativos de la Junta, en un debate marcado por las críticas del PP a la situación de las plantillas, las infraestructuras y los resultados educativos.
La diputada popular María José Gil ha cuestionado la contratación de los 876 docentes anunciados para este curso, ha considerado insuficientes los profesionales de enfermería y fisioterapia escolar y ha denunciado la permanencia de aulas prefabricadas.
También ha pedido explicaciones por las informaciones que cuestionan el desarrollo de las pruebas PISA 2025 y ha señalado que el abandono escolar temprano de la región continúa por encima de la media española.
El consejero de Educación, Amador Pastor, ha respondido que el Gobierno regional tiene cumplidos o avanzados la mayoría de los 208 compromisos asumidos para la legislatura y ha defendido el incremento de la inversión educativa.
La incorporación de 876 docentes para el curso 2026-2027 y la implantación de las 18 horas lectivas en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional forman parte de las medidas anunciadas oficialmente por la Consejería para el nuevo curso, en el que la previsión supera los 382.000 alumnos.
Pastor ha explicado que 770 de esos docentes responden al acuerdo para reducir las horas lectivas y otros 106 están destinados a planes de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora.
En cuanto a PISA, el consejero ha rechazado cualquier manipulación y ha defendido los resultados obtenidos por Castilla-La Mancha. La Consejería había informado previamente de una mejora regional en las tres competencias evaluadas en PISA 2025.
Vox ha reconocido algunas medidas adoptadas, como la bajada de ratios o el aumento de docentes, pero Luis Blázquez ha pedido que «esas cifras no oculten los problemas que siguen existiendo», entre ellos las incidencias en las adjudicaciones de profesorado, la atención al alumnado con necesidades especiales, el transporte escolar y las necesidades de la escuela rural.
La socialista Paloma Jiménez ha respaldado la gestión de la Junta y ha contrapuesto las políticas actuales con las desarrolladas durante la etapa de Gobierno del PP, defendiendo tanto la evolución de los resultados educativos como las medidas de gratuidad en Educación Infantil y Universidad.
La sesión ha dejado así abiertas varias de las grandes discusiones que marcarán el final de la legislatura: la elaboración de los Presupuestos de 2027, la tramitación de la nueva legislación sobre vivienda, la planificación de los recursos hídricos y el enfrentamiento entre los tres grupos sobre el modelo de servicios públicos y las políticas educativas de Castilla-La Mancha.
La mayoría socialista permite sacar adelante un límite de gasto de 10.019 millones y avanzar en la nueva normativa urbanística, mientras PP y Vox confrontan con el Gobierno regional por las cuentas, la gestión hídrica, los servicios públicos y las políticas educativas
Las Cortes de Castilla-La Mancha han celebrado este jueves 17 de septiembre un pleno de marcado contenido económico y social en el que la mayoría absoluta del PSOE ha resultado determinante para sacar adelante el techo de gasto de 2027 y para iniciar la tramitación de la nueva ley destinada a movilizar suelo y acelerar la construcción de vivienda. La sesión ha incluido además amplios debates sobre la gestión del agua y los pozos del Alto Guadiana, una propuesta de Vox sobre la denominada «prioridad nacional» en los servicios públicos y un enfrentamiento entre Gobierno y oposición por el cumplimiento de los compromisos educativos y los resultados del informe PISA.
El orden del día de la sesión celebrada en el Convento de San Gil incluía, entre otros asuntos, la toma en consideración de la Proposición de Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el techo de gasto para 2027 y dos debates relacionados con el agua y la regularización de pozos.
La Proposición de Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística ha superado su primer trámite parlamentario con los votos favorables del PSOE y la abstención de PP y Vox.
La norma pretende modificar diferentes instrumentos urbanísticos para aumentar la disponibilidad de vivienda protegida y pública mediante la movilización de suelo y patrimonio público y reducir los obstáculos administrativos que retrasan promociones residenciales, con especial atención a los municipios afectados por el reto demográfico.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha ofrecido a los tres grupos parlamentarios trabajar conjuntamente en la tramitación. «Ya nos ponemos el mono de trabajo y toca currar. Ofrezco todo mi trabajo, todo mi consenso y toda mi voluntad», ha señalado.
Entre las posibilidades contempladas figuran la transformación de determinados suelos para destinarlos a vivienda protegida, la regeneración de barrios degradados y nuevas herramientas para facilitar a los ayuntamientos la movilización de suelo público.
El diputado socialista Álvaro Toconar ha defendido que la norma permitirá promover vivienda asequible «de forma rápida y de forma ágil» y ha pedido especialmente al PP que participe en su desarrollo mediante enmiendas.
Desde Vox, Francisco José Cobo ha compartido el objetivo de disponer de «más suelo disponible y menos burocracia», pero ha advertido de que la reforma no debería hacerse «a costa de vaciar el planeamiento de contenido, reducir las garantías urbanísticas y apartar a los ayuntamientos de decisiones que afectan directamente a su modelo de ciudad».
Para el PP, Ignacio Redondo ha definido el texto como una ley «insuficiente y tardía» y ha reclamado aprovechar su tramitación para resolver también la situación de los jóvenes que quieren construir su primera vivienda mediante autopromoción. «Aprovechemos la tramitación de esta ley para garantizar que los jóvenes autopromotores que cumplen los requisitos no pierdan las ayudas por retraso de la Administración autonómica», ha defendido.
El segundo gran asunto económico de la jornada ha sido la aprobación del límite de gasto no financiero para los Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2027, que asciende a 10.019 millones de euros. Ha salido adelante únicamente con los votos del PSOE, mientras PP y Vox han votado en contra.
El Consejo de Gobierno había fijado previamente el límite en 10.019,3 millones de euros, 1.018 millones más que el ejercicio anterior.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido unas cuentas planteadas sobre un escenario de crecimiento económico y con el objetivo de mantener «déficit cero y sin recurrir a nuevo endeudamiento».
El Ejecutivo regional pretende utilizar la mayor capacidad de gasto para reforzar servicios públicos, facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, y fomentar la actividad empresarial y el empleo. Según la Junta, el objetivo es compatibilizar ese incremento presupuestario con el equilibrio de las cuentas y nuevas deducciones fiscales.
Ruiz Molina ha reprochado a PP y Vox su rechazo en el Congreso a la senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Gobierno central, que, según sus cálculos, habría permitido a Castilla-La Mancha disponer de otros 65 millones de euros de capacidad de gasto.
El PP ha cuestionado el origen del incremento. Santiago Serrano ha vuelto a reclamar la deflactación del tramo autonómico del IRPF y ha sostenido que parte del aumento de los ingresos procede «del bolsillo de los ciudadanos».
En términos similares se ha pronunciado Francisco José Cobo, de Vox, quien ha preguntado «¿de dónde sale todo ese dinero?» y ha puesto el foco en los impuestos y en la deuda acumulada por la Comunidad Autónoma.
La socialista Silvia Fernández ha defendido, por contra, que las cuentas permitirán aumentar el gasto social «sin aumentar el endeudamiento ni la presión fiscal».
El agua ha ocupado buena parte de la sesión, tanto por la situación de los pozos del Alto Guadiana como por las políticas de abastecimiento y planificación hidrológica.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha emplazado a PP y Vox a presentar alegaciones a los próximos planes hidrológicos del Estado y ha asegurado que el Gobierno regional ha incorporado a sus propuestas las reivindicaciones recogidas en el Pacto Regional por el Agua.
«Tienen una oportunidad de oro», ha dicho a la oposición ante el próximo proceso de alegaciones.
En relación con el Alto Guadiana, el PSOE ha propuesto mantener la vigencia del Plan Especial del Alto Guadiana más allá del 31 de diciembre de 2027, agilizar los expedientes relacionados con los derechos de agua de pozos prioritarios y reforzar la coordinación administrativa.
El socialista Francisco José Barato ha pedido al PP una «posición unánime de defensa del plan especial del Alto Guadiana, como piden los agricultores» y ha asegurado que el compromiso del Gobierno regional es que «ningún agricultor pierda ni una gota de los derechos de riego que le corresponden».
Vox, a través de Luis Juan Blázquez, ha reclamado que cualquier oficina destinada a ayudar a los agricultores sirva para resolver problemas concretos y no simplemente para «trasladar papeles de una administración a otra». Su formación reclama además un Plan Nacional del Agua y defiende que «los territorios españoles dejen ya de una vez por todas de enfrentarse entre sí».
El popular Santiago Lucas-Torres ha pedido la regularización de pozos, una auditoría hídrica y una encomienda de gestión que reduzca burocracia. «No puede ser que después de años sin inversiones, la solución sea cerrar pozos y reducir los perímetros», ha criticado.
El enfrentamiento sobre el agua se ha extendido al cumplimiento del Pacto Regional. El PP ha acusado al Ejecutivo de no haber desarrollado lo firmado, mientras el PSOE ha reprochado a los populares defender un plan nacional que, a su juicio, podría implicar nuevas transferencias de recursos a otras regiones.
El socialista Ángel Tomás Godoy ha calificado el agua como «la dignidad de esta región» y ha defendido el derecho de Castilla-La Mancha a planificar su futuro con sus necesidades hídricas garantizadas.
La consejera Mercedes Gómez ha cerrado esta parte del debate reivindicando las actuaciones realizadas en abastecimiento y depuración y defendiendo la participación autonómica para ayudar a municipios que no pueden asumir por sí solos determinadas infraestructuras.
De las resoluciones planteadas sobre estas cuestiones, únicamente prosperaron las impulsadas por la mayoría socialista.
Otro de los momentos de mayor confrontación ha llegado con la Proposición de Ley presentada por Vox para incorporar el concepto de «prioridad nacional» en el acceso a determinados servicios públicos. La propuesta ha sido rechazada por PSOE y PP.
David Moreno, diputado de Vox, ha defendido que «lo primero» en Castilla-La Mancha deben ser «los españoles» y ha vinculado su propuesta con el coste de la atención sanitaria a población extranjera.
El PP, por medio de José Martín-Buro, ha marcado distancias con Vox. Aunque ha criticado la política migratoria del Gobierno central, ha explicado que su grupo no comparte limitar la asistencia sanitaria en los términos planteados: «Ordenar el derecho sí, retirar la asistencia, no».
El socialista Pablo Camacho ha calificado la iniciativa de «racista» y «xenófoba» y ha acusado a Vox de trasladar a las Cortes regionales planteamientos de la extrema derecha. «Eso no es patriotismo», ha afirmado durante su intervención.
El pleno ha abordado también el grado de cumplimiento de los compromisos educativos de la Junta, en un debate marcado por las críticas del PP a la situación de las plantillas, las infraestructuras y los resultados educativos.
La diputada popular María José Gil ha cuestionado la contratación de los 876 docentes anunciados para este curso, ha considerado insuficientes los profesionales de enfermería y fisioterapia escolar y ha denunciado la permanencia de aulas prefabricadas.
También ha pedido explicaciones por las informaciones que cuestionan el desarrollo de las pruebas PISA 2025 y ha señalado que el abandono escolar temprano de la región continúa por encima de la media española.
El consejero de Educación, Amador Pastor, ha respondido que el Gobierno regional tiene cumplidos o avanzados la mayoría de los 208 compromisos asumidos para la legislatura y ha defendido el incremento de la inversión educativa.
La incorporación de 876 docentes para el curso 2026-2027 y la implantación de las 18 horas lectivas en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional forman parte de las medidas anunciadas oficialmente por la Consejería para el nuevo curso, en el que la previsión supera los 382.000 alumnos.
Pastor ha explicado que 770 de esos docentes responden al acuerdo para reducir las horas lectivas y otros 106 están destinados a planes de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora.
En cuanto a PISA, el consejero ha rechazado cualquier manipulación y ha defendido los resultados obtenidos por Castilla-La Mancha. La Consejería había informado previamente de una mejora regional en las tres competencias evaluadas en PISA 2025.
Vox ha reconocido algunas medidas adoptadas, como la bajada de ratios o el aumento de docentes, pero Luis Blázquez ha pedido que «esas cifras no oculten los problemas que siguen existiendo», entre ellos las incidencias en las adjudicaciones de profesorado, la atención al alumnado con necesidades especiales, el transporte escolar y las necesidades de la escuela rural.
La socialista Paloma Jiménez ha respaldado la gestión de la Junta y ha contrapuesto las políticas actuales con las desarrolladas durante la etapa de Gobierno del PP, defendiendo tanto la evolución de los resultados educativos como las medidas de gratuidad en Educación Infantil y Universidad.
La sesión ha dejado así abiertas varias de las grandes discusiones que marcarán el final de la legislatura: la elaboración de los Presupuestos de 2027, la tramitación de la nueva legislación sobre vivienda, la planificación de los recursos hídricos y el enfrentamiento entre los tres grupos sobre el modelo de servicios públicos y las políticas educativas de Castilla-La Mancha.
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