Las familias de Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, dos trabajadores españoles detenidos en Malabo por el Gobierno de Teodoro Obiang por una supuesta deuda de la empresa en la que trabajan, reclaman 180.000 euros al Ministerio de Asuntos Exteriores por la “inacción” de este organismo para lograr su liberación y garantizar sus derechos fundamentales.
La reclamación patrimonial afirma que uno de los trabajadores ha intentado suicidarse y se le niega su traslado a un hospital
Las familias de Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, dos trabajadores españoles detenidos en Malabo por el Gobierno de Teodoro Obiang por una supuesta deuda de la empresa en la que trabajan, reclaman 180.000 euros al Ministerio de Asuntos Exteriores por la “inacción” de este organismo para lograr su liberación y garantizar sus derechos fundamentales.
La reclamación por la supuesta responsabilidad patrimonial del Estado se presentó el pasado 21 de mayo y cuantifica en 150 euros diarios los daños físicos y psíquicos por la privación de libertad que sufren desde su detención, en enero de 2025. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que, de no atenderse su petición, la presentarán por vía judicial.
Los familiares de los detenidos se han reunido con el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares y con la directora general de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles. En dos reuniones les han trasladado su inquietud, quejas y peticiones. El ministerio acaba de responderles por escrito que “el bienestar de David y Javier sigue siendo una prioridad a la que prestamos la máxima atención”. La embajada de España en Malabo “ha logrado un acceso regular a los detenidos, facilitar el contacto con sus familiares, así como la entrega de alimentos y la realización de visitas médicas”, señala una reciente misiva de la directora. La carta destaca que, hasta el momento, se han llevado a cabo 25 visitas consulares.
David Rodríguez, granadino de 45 años, supervisor técnico de vídeo, y el contable cordobés Javier Marañón, de 51, permanecen presos en la cárcel de Black Beach, el siniestro centro de torturas de Malabo, en represalia por unas supuestas deficiencias en la instalación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) de la empresa Wayang Teknica, el consorcio de compañías que en 2017 obtuvo el contrato para instalar la TDT en Guinea Ecuatorial. La empresa española negocia desde entonces con Teodorín Obiang, vicepresidente e hijo de autócrata, el pago de una supuesta deuda.
La reclamación patrimonial señala que, pese a las gestiones del Consulado, de la Embajada española en Malabo y del Ministerio de Asuntos Exteriores, no se ha logrado su libertad. “Por ello ha de entenderse que la acción o inacción del Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha sido inadecuada o insuficiente, toda vez que se mantiene la situación ilegal de privación de libertad e incomunicación que padecen los dos ciudadanos españoles y sus familias”, dice el documento.
Los familiares de los dos trabajadores afirman que su detención es un secuestro y que se debe a “un intento de utilizar políticamente su situación o usarla como moneda de cambio a efectos de algún procedimiento judicial ajeno a este que sea de interés para las autoridades guineanas”.
Sin citarlo expresamente, se refieren al caso de terrorismo que se sigue en la Audiencia Nacional contra Carmelo Ovono Obiang, hijo de dictador, su ministro del Interior y el director general de Seguridad por el secuestro y torturas de cuatro opositores residentes en Madrid, uno de ellos fallecido en circunstancias sin aclarar. El juzgado ha acordado su procesamiento, dictado una orden de detención internacional y su ingreso en prisión. La reclamación destaca la tensión política que ha generado este caso y la retirada del embajador guineano en España. “En ese clima cabe interpretarse que la detención ilegal de los dos españoles se está utilizando como medida de presión”, asegura.
Frágil salud y testamento
El escrito incide en la frágil salud de los dos trabajadores. David Rodríguez está enfermo, padece hipertensión, fuertes dolores de cabeza y ha perdido 26 kilos. Javier Marañón contrajo malaria, filaria, sufre de asma bronquial y taquicardias; su peso se ha reducido en 20 kilos e intentó suicidarse a finales de 2025 ingiriendo un bote de pastillas de su medicación, según describe la reclamación. La dirección de la cárcel se niega a trasladarlo a un hospital para tratarlo de sus dolencias cardiacas, pese al informe presentado por el médico guineano que le trataba antes de su detención. Los dos trabajadores residían en Guinea Ecuatorial desde hace casi una década. Marañón está casado con una ciudadana guineana.
La reclamación concluye que por parte de las autoridades españolas hubo supuesta omisión de protección o asistencia consular, así como un funcionamiento anormal de los servicios públicos y falta de protección de la Administración.
Aaron Marañón, hermano de uno de los detenidos, describe así la situación en que se encuentran: “Nos han hecho llegar el mensaje de que no están dispuestos a aguantar hasta Navidad. Están decepcionados porque la empresa no cierra un acuerdo y se sienten abandonados por las autoridades españolas. ¿El Gobierno español no tiene medios de presión para liberarlos? Además del daño físico, la tortura psicológica que están padeciendo es difícil de soportar. Estamos muy preocupados”.
Los dos trabajadores solicitaron hace meses a la embajada hacer testamento, pero el estricto régimen carcelario les impide recibir, leer o firmar documentos. Comparten sus respectivas celdas con otros veinte reclusos, la mayoría presos por delitos comunes, y no se les permite recibir la visita de su abogado. “Están en una situación peligrosa y en cualquier momento puede ocurrir algo fatal”, incide Aaron Mararón.
Javier Casado, miembro de la fundación +34 que visita a presos españoles por el mundo logró llegar en agosto de 2025 hasta la puerta de Black Beach para visitar a los dos trabajadores y entregarles medicamentos, pero la dirección le impidió verlos. “Para acceder a la cárcel hay que pasar por el control del palacio presidencial, que está justo al lado; son dos edificios aledaños. Logré pasar el primer control, pero no me dejaron entrar. Es una prisión pequeña, pero hacinada de gente. Intentaba acreditar la fe de vida de ambos”, recuerda.
Reproches y quejas
Los familiares han respondido a la directora de Asuntos Consulares recordando que David y Javier viven en un completo aislamiento familiar y jurídico; se les prohíbe hablar por teléfono con sus familias en España e impide el acceso de sus abogados; no han podido ser evaluados por un médico ajeno al centro ni trasladados a un hospital; carecen de agua potable y de alimentos salubres; y se les ha triplicado el plazo legal máximo de prisión preventiva “sin que la diplomacia española haya sido capaz de articular una sola medida efectiva ante esta flagrante ilegalidad”. La respuesta enviada al Ministerio critica a este organismo por su “inacción” ante la ONU y señala que no les aclaran “si han adoptado medidas de presión bilateral o de interlocución con la empresa frente a la extorsión económica que sufrimos”.
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