Muy concernido con las consecuencias del acoso escolar tras el suicidio el pasado mes de octubre de la joven sevillana Sandra Peña con 14 años, el Gobierno andaluz, que preside el popular Juan Manuel Moreno, decidió adoptar iniciativas para afrontar la lucha contra el bullying en los centros educativos, entre ellas la celebración de un congreso nacional sobre el ciberacoso para abordar “cambios normativos”, que tuvo lugar en febrero de este año. Entonces la Junta anunció que endurecería las consecuencias contra los acosadores, que este lunes se ha concretado con la aprobación del decreto para la mejora del funcionamiento del sistema educativo, que incluye entre los castigos para los agresores, con carácter preferente, el cambio de centro en el caso de los institutos.
La Junta aprueba un decreto con el que pretende reforzar la protección del alumnado víctima de ‘bullying’
La Junta aprueba un decreto con el que pretende reforzar la protección del alumnado víctima de ‘bullying’
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Muy concernido con las consecuencias del acoso escolar tras el suicidio el pasado mes de octubre de la joven sevillana Sandra Peña con 14 años, el Gobierno andaluz, que preside el popular Juan Manuel Moreno, decidió adoptar iniciativas para afrontar la lucha contra el bullying en los centros educativos, entre ellas la celebración de un congreso nacional sobre el ciberacoso para abordar “cambios normativos”, que tuvo lugar en febrero de este año. Entonces la Junta anunció que endurecería las consecuencias contra los acosadores, que este lunes se ha concretado con la aprobación del decreto para la mejora del funcionamiento del sistema educativo, que incluye entre los castigos para los agresores, con carácter preferente, el cambio de centro en el caso de los institutos.
La medida del cambio de centro ya estaba contemplada en el reglamento orgánico para los centros educativos que data de 2010. La novedad adoptada ahora por la Consejería de Educación radica en que este castigo se establece como sanción preferente “con carácter general”, tal y como puntualiza el decreto, para los casos concretos de acoso. La normativa, acordada con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT, define esta conducta como “el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado”.
En todo caso, el cambio de centro no puede imponerse de manera automática, sino que requiere de un procedimiento específico, cuya instrucción correrá a cargo de un profesor designado por la dirección. En este proceso, además de la denuncia, deberá abrirse un expediente, escuchar a los alumnos implicados, informar a sus representantes legales cuando sean menores de edad e informar a la Inspección Educativa. La resolución debe adoptarse en virtud de “hechos probados”, han de permitirse la presentación de alegaciones y corresponde a la dirección aprobar el cambio de centro.
La Consejería de Educación destaca que con este refuerzo de la protección del alumnado, se “dota a los centros de instrumentos más eficaces para preservar el clima escolar, asegurar un entorno educativo protegido y aportar mayor seguridad jurídica a las direcciones”. Tras el caso de Sandra Peña, en el que la Junta constató que el colegio concertado al que asistía no había activado los protocolos antiacoso, pese a que su madre denunció a la dirección el supuesto bullying que la joven sufría por parte de tres compañeras de curso, y que la Fiscalía de Menores está investigando, la comunidad educativa reclamó más mecanismos para poder detectar y denunciar este tipo de situaciones con mayor rapidez y eficacia.
El nuevo decreto también incluye cambios en el caso de que las agresiones se dirijan contra un profesor o miembro del personal no docente y que implican una mayor agilización en cuanto a la puesta en conocimiento de la inspección educativa.
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