El derecho a morir dignamente se va consolidando en España: cada vez más personas reciben eutanasia, y crecen aún más los solicitantes. En 2025 recibieron la prestación 565 personas, un 32,6% más que el año anterior, según datos provisionales publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad, que registran 1.284 peticiones, un 38,2% más que en 2024.
Los 565 fallecimientos de 2025 suponen el 0,13% del total, muy por detrás de los países pioneros
El derecho a morir dignamente se va consolidando en España: cada vez más personas reciben eutanasia, y crecen aún más los solicitantes. En 2025 recibieron la prestación 565 personas, un 32,6% más que el año anterior, según datos provisionales publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad, que registran 1.284 peticiones, un 38,2% más que en 2024.
Es una cifra que ha ido aumentando cada año en los cinco que lleva en vigor la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE): 173 la solicitaron el primero (que solo estuvo en vigor unos meses); 576 en 2022; 766 en 2023 y 929 en el año 2024.
El mayor número de solicitudes el año pasado las registraron pacientes oncológicos (37%), pero las principales patologías entre las eutanasias finalmente practicadas eran neurológicas (un 46%).
Las 565 eutanasias de 2025 suponen el 0,13% de los fallecimientos totales registrados en el país, equivalente a un caso por cada 750 decesos. Es una cifra que queda muy lejos de Países Bajos, pionero en esta práctica, que alcanza el 5,96%. En Canadá asciende al 5,1% y en Bélgica al 4%.
La distribución territorial de la prestación en España sigue siendo muy desigual. Cataluña registró en 2025 la tasa más alta de solicitudes de ayuda para morir, con 6,14 por cada 100.000 habitantes. La siguen Navarra, con 5,41, y País Vasco, con 5,13. También se situaron por encima de la media, que es de 2,61, La Rioja (3,67), Baleares (3,12), Cantabria (3,03), Asturias (2,96) y Canarias (2,66).
En la cola está Murcia (0,5), por detrás de Comunidad Valenciana (0,9), Extremadura (0,95) y Andalucía (1,24). Esto supone que la que más solicitudes registró multiplicó por 12 a la que menos.
Esta inequidad territorial es uno de los principales problemas de la prestación, según viene denunciando reiteradamente la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Argumenta que no es una casualidad, que no se correlaciona con el envejecimiento de los distintos territorios y que el número de personas que querrían recibir la eutanasia no es una orden de magnitud superior en unas comunidades que en otras. Lo que sucede, denuncia DMD, es que en algunas el sistema aporta más información a los pacientes, tienen médicos más formados y las comisiones de garantía y evaluación, que tienen la última palabra a la hora de autorizar la prestación, ponen menos trabas.
Otro de los problemas es que muchos de los solicitantes fallecen antes de recibir la eutanasia. En 2025 le sucedió a 374, el 31,5% del total, dos puntos menos que el año anterior. Sanidad explica que la mayoría de estos fallecimientos (277) se produjeron antes de la emisión del informe de la comisión, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días.
Los 97 fallecimientos restantes tuvieron lugar una vez emitido el informe favorable de la comisión. En estos casos, la persona solicitante ya contaba con una resolución favorable y podía acordar o aplazar la fecha de realización de la prestación, pero falleció antes de que esta se llevara a cabo. En este grupo, el tiempo medio desde la solicitud fue de 104,9 días y la mediana de 69 días.
Además, 157 solicitudes concluyeron con una denegación, el 13,2% de los procesos finalizados. La mayoría de ellas, el 77%, se produjo al inicio del procedimiento por parte del médico responsable. Por último, 91 procesos finalizaron por revocación de la solicitud, lo que representa el 8% del total.
Sanidad tiene ya preparado un nuevo protocolo para acortar los plazos en los casos más urgentes y evitar que fallezcan antes de recibir la prestación. Permite reducir los tiempos al mínimo posible sin menoscabar las garantías legales, que seguirán pasando siempre por un proceso muy garantista: el visto bueno de un médico, un segundo facultativo sin relación con el paciente y un comité de garantías.
La persona que solicita la eutanasia tiene que pedirla dos veces con un plazo de al menos 15 días entre ambas, periodo que se podrá acortar en estos casos urgentes en los que la vida del paciente o sus capacidades corran un riesgo inminente, siempre que el médico lo justifique en un informe.
Este protocolo, que tenía el visto bueno de los técnicos de las autonomías, fue paralizado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del pasado 9 de abril, en el que la Comunidad de Madrid solicitó tiempo para que fuera revisado por expertos externos. El documento está pendiente de esta supervisión antes de ser votado en un CISNS.
El otro gran frente del derecho a morir dignamente está en las barreras que pueden poner los familiares a la prestación. Aunque en términos cuantitativos el problema es anecdótico, se ha convertido en un debate público de primera magnitud. Especialmente con el caso de Noelia Castillo, que tuvo que esperar 601 días desde que solicitó la eutanasia por los sucesivos recursos de su padre, asesorado por un grupo ultracatólico.
También por el caso de Francesc Augé, un hombre de 54 años cuyo progenitor también intentó paralizar la prestación. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó el pasado mayo el recurso de la Generalitat contra la decisión del TSJ catalán de paralizar la ayuda a morir de Augé y fijó una controvertida doctrina que permite recurrir la autorización de la eutanasia a personas con “una vinculación particularmente estrecha” con el solicitante.
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