El compromiso de recortar la temporalidad desbocada en el sector público viene de lejos, pero los incumplimientos reiterados abocan a España a multas millonarias tras años de avisos de las autoridades comunitarias sin atender. Hoy, la Administración sigue abusando de contrataciones de corta duración y la eventualidad está desbocada, ronda el 30%, aunque el porcentaje se queda corto en los casos de educación y en sanidad, donde son superiores al 40%.Bruselas envió el pasado mes de abril un dictamen motivado a España porque considera que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para sancionar la temporalidad abusiva en el sector público, como ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varias reiteradas sentencias y el Tribunal Supremo. Aunque el expediente de infracción a nuestro país viene de lejos, se inició en 2014 y desde entonces no se han puesto en marcha reformas que solucionen esta anomalía laboral, lo que podría desembocar, de persistir la inestabilidad, en sanciones millonarias.España tenía hasta el 29 de junio para enviar sus alegaciones con las reformas adoptadas para cumplir la rebaja de la temporalidad, pero no lo ha hecho y ahora pide tiempo, nueve meses más, hasta marzo de 2027. Lo que no hace en este caso tampoco es explicar los motivos por los que no cumple con la norma que sitúa en el 8% la tasa de eventualidad en la Administración, y sigue también sin presentar a Europa un plan de choque que permita compensar a los trabajadores que sufren desde hace años el encadenamiento abusivo de contratos. Noticia relacionada general No No Abuso de temporalidad El Supremo fija doctrina: 125.000 interinos que encadenan contratos no podrán ser fijos sin oposición Susana AlcelayEl siguiente paso dado por el Ministerio de Función Pública va a ser involucrar a todas las administraciones en la solución del problema. Ha emplazado a las comunidades autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión de coordinación el próximo 8 de julio en Santander con el objetivo de debatir posibles medidas y propuestas, según ha asegurado el departamento que dirige Óscar López. De hecho los mayores porcentajes de precariedad se dan en estas administraciones, con porcentajes que superan el 40%.En este encuentro, el ministerio pedirá propuestas a las regiones teniendo en cuenta que los cambios normativos «tendrán que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de mayo pasado, que ratificó la imposibilidad de hacer fijos, sin pasar por una oposición, a los trabajadores públicos temporales, al tiempo que abría posibles nuevas vías en materia sancionadora e indemnizadora en casos de abuso de temporalidad«. En aquella sentencia, el Alto Tribunal aseguró que la Administración deberá dar indemnizaciones extra de hasta 10.000 euros y hacer fijos a los que han superado un proceso selectivo pero se han quedado sin plaza.Años de incumplimientosEl compromiso de recortar la temporalidad desbocada en el sector público viene de lejos, pero los incumplimientos han sido reiterados. En 2021 el Gobierno impulsó por la vía exprés un plan de choque para reducir la temporalidad, entonces ya en el 30%, para situarla en el 8% a final de 2024, y este compromiso se incluyó en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas; no se cumplió. «Vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público», dijo entonces la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero, justificando la puesta en marcha de la ley de estabilización de las plantillas en el hecho de que «no es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la Administración lo haga como temporal». Hoy, tasa pública dobla la del sector privado.Sanciones ejemplaresCSIF, el sindicato de funcionarios , ha reclamado «sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables» para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. La central que dirige Miguel Borra pide que estas sanciones «vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan». El compromiso de recortar la temporalidad desbocada en el sector público viene de lejos, pero los incumplimientos reiterados abocan a España a multas millonarias tras años de avisos de las autoridades comunitarias sin atender. Hoy, la Administración sigue abusando de contrataciones de corta duración y la eventualidad está desbocada, ronda el 30%, aunque el porcentaje se queda corto en los casos de educación y en sanidad, donde son superiores al 40%.Bruselas envió el pasado mes de abril un dictamen motivado a España porque considera que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para sancionar la temporalidad abusiva en el sector público, como ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varias reiteradas sentencias y el Tribunal Supremo. Aunque el expediente de infracción a nuestro país viene de lejos, se inició en 2014 y desde entonces no se han puesto en marcha reformas que solucionen esta anomalía laboral, lo que podría desembocar, de persistir la inestabilidad, en sanciones millonarias.España tenía hasta el 29 de junio para enviar sus alegaciones con las reformas adoptadas para cumplir la rebaja de la temporalidad, pero no lo ha hecho y ahora pide tiempo, nueve meses más, hasta marzo de 2027. Lo que no hace en este caso tampoco es explicar los motivos por los que no cumple con la norma que sitúa en el 8% la tasa de eventualidad en la Administración, y sigue también sin presentar a Europa un plan de choque que permita compensar a los trabajadores que sufren desde hace años el encadenamiento abusivo de contratos. Noticia relacionada general No No Abuso de temporalidad El Supremo fija doctrina: 125.000 interinos que encadenan contratos no podrán ser fijos sin oposición Susana AlcelayEl siguiente paso dado por el Ministerio de Función Pública va a ser involucrar a todas las administraciones en la solución del problema. Ha emplazado a las comunidades autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión de coordinación el próximo 8 de julio en Santander con el objetivo de debatir posibles medidas y propuestas, según ha asegurado el departamento que dirige Óscar López. De hecho los mayores porcentajes de precariedad se dan en estas administraciones, con porcentajes que superan el 40%.En este encuentro, el ministerio pedirá propuestas a las regiones teniendo en cuenta que los cambios normativos «tendrán que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de mayo pasado, que ratificó la imposibilidad de hacer fijos, sin pasar por una oposición, a los trabajadores públicos temporales, al tiempo que abría posibles nuevas vías en materia sancionadora e indemnizadora en casos de abuso de temporalidad«. En aquella sentencia, el Alto Tribunal aseguró que la Administración deberá dar indemnizaciones extra de hasta 10.000 euros y hacer fijos a los que han superado un proceso selectivo pero se han quedado sin plaza.Años de incumplimientosEl compromiso de recortar la temporalidad desbocada en el sector público viene de lejos, pero los incumplimientos han sido reiterados. En 2021 el Gobierno impulsó por la vía exprés un plan de choque para reducir la temporalidad, entonces ya en el 30%, para situarla en el 8% a final de 2024, y este compromiso se incluyó en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas; no se cumplió. «Vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público», dijo entonces la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero, justificando la puesta en marcha de la ley de estabilización de las plantillas en el hecho de que «no es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la Administración lo haga como temporal». Hoy, tasa pública dobla la del sector privado.Sanciones ejemplaresCSIF, el sindicato de funcionarios , ha reclamado «sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables» para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. La central que dirige Miguel Borra pide que estas sanciones «vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan».
El compromiso de recortar la temporalidad desbocada en el sector público viene de lejos, pero los incumplimientos reiterados abocan a España a multas millonarias tras años de avisos de las autoridades comunitarias sin atender. Hoy, la Administración sigue abusando de contrataciones de corta duración … y la eventualidad está desbocada, ronda el 30%, aunque el porcentaje se queda corto en los casos de educación y en sanidad, donde son superiores al 40%.
Bruselas envió el pasado mes de abril un dictamen motivado a España porque considera que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para sancionar la temporalidad abusiva en el sector público, como ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varias reiteradas sentencias y el Tribunal Supremo. Aunque el expediente de infracción a nuestro país viene de lejos, se inició en 2014 y desde entonces no se han puesto en marcha reformas que solucionen esta anomalía laboral, lo que podría desembocar, de persistir la inestabilidad, en sanciones millonarias.
España tenía hasta el 29 de junio para enviar sus alegaciones con las reformas adoptadas para cumplir la rebaja de la temporalidad, pero no lo ha hecho y ahora pide tiempo, nueve meses más, hasta marzo de 2027. Lo que no hace en este caso tampoco es explicar los motivos por los que no cumple con la norma que sitúa en el 8% la tasa de eventualidad en la Administración, y sigue también sin presentar a Europa un plan de choque que permita compensar a los trabajadores que sufren desde hace años el encadenamiento abusivo de contratos.
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Abuso de temporalidad
Susana Alcelay
El siguiente paso dado por el Ministerio de Función Pública va a ser involucrar a todas las administraciones en la solución del problema. Ha emplazado a las comunidades autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión de coordinación el próximo 8 de julio en Santander con el objetivo de debatir posibles medidas y propuestas, según ha asegurado el departamento que dirige Óscar López. De hecho los mayores porcentajes de precariedad se dan en estas administraciones, con porcentajes que superan el 40%.
En este encuentro, el ministerio pedirá propuestas a las regiones teniendo en cuenta que los cambios normativos «tendrán que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de mayo pasado, que ratificó la imposibilidad de hacer fijos, sin pasar por una oposición, a los trabajadores públicos temporales, al tiempo que abría posibles nuevas vías en materia sancionadora e indemnizadora en casos de abuso de temporalidad«. En aquella sentencia, el Alto Tribunal aseguró que la Administración deberá dar indemnizaciones extra de hasta 10.000 euros y hacer fijos a los que han superado un proceso selectivo pero se han quedado sin plaza.
Años de incumplimientos
El compromiso de recortar la temporalidad desbocada en el sector público viene de lejos, pero los incumplimientos han sido reiterados. En 2021 el Gobierno impulsó por la vía exprés un plan de choque para reducir la temporalidad, entonces ya en el 30%, para situarla en el 8% a final de 2024, y este compromiso se incluyó en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas; no se cumplió. «Vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público», dijo entonces la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero, justificando la puesta en marcha de la ley de estabilización de las plantillas en el hecho de que «no es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la Administración lo haga como temporal». Hoy, tasa pública dobla la del sector privado.
Sanciones ejemplares
CSIF, el sindicato de funcionarios, ha reclamado «sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables» para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. La central que dirige Miguel Borra pide que estas sanciones «vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan».
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