
Los cánticos se perciben como un rumor lejano que se cuela entre las casas bajas de Katlehong, un barrio obrero del este de la ciudad sudafricana de Johannesburgo. Poco a poco se distingue a un centenar de personas que agitan bastones de madera en el aire, ondean banderas sudafricanas, bailan y entonan eslóganes en zulú en contra de la inmigración irregular. Un hombre con un megáfono jalea a la muchedumbre. Antes de que lleguen a su altura, una joven con la cabellera recogida en una cascada de finas trenzas cierra apresuradamente la puerta de su casa, una humilde construcción de una planta, protegida por barrotes metálicos. Los manifestantes, que pasan de largo, están recorriendo el barrio en busca de extranjeros indocumentados en el primer jueves de protestas de los grupos antiinmigración de Sudáfrica, que han prometido salir a la calle cada semana para presionar al Gobierno de Cyril Ramaphosa para que expulse a todos los sin papeles del país después de meses de marchas, amenazas y agresiones contra extranjeros.



Las protestas de este jueves apenas reúnen a cientos de personas, pero dejan una nueva estrategia: recorrer barrios humildes para señalar viviendas de inmigrantes y exigirles que abandonen el país
Los cánticos se perciben como un rumor lejano que se cuela entre las casas bajas de Katlehong, un barrio obrero del este de la ciudad sudafricana de Johannesburgo. Poco a poco se distingue a un centenar de personas que agitan bastones de madera en el aire, ondean banderas sudafricanas, bailan y entonan eslóganes en zulú en contra de la inmigración irregular. Un hombre con un megáfono jalea a la muchedumbre. Antes de que lleguen a su altura, una joven con la cabellera recogida en una cascada de finas trenzas cierra apresuradamente la puerta de su casa, una humilde construcción de una planta, protegida por barrotes metálicos. Los manifestantes, que pasan de largo, están recorriendo el barrio en busca de extranjeros indocumentados en el primer jueves de protestas de los grupos antiinmigración de Sudáfrica, que han prometido salir a la calle cada semana para presionar al Gobierno de Cyril Ramaphosa para que expulse a todos los sin papeles del país después de meses de marchas, amenazas y agresiones contra extranjeros.
Movilizaciones similares se desarrollan en barrios y ciudades del país, con Durban y Johannesburgo como principales escenarios. A diferencia de lo ocurrido el pasado 30 de junio, cuando miles de personas —según estimaciones de la prensa sudafricana— salieron a la calle tras cumplirse el ultimátum que estos grupos habían dado al Ejecutivo, la jornada ha terminado sin grandes disturbios y sin concentraciones multitudinarias, sino más bien con movilizaciones pequeñas y diseminadas por barrios que apenas han reunido grupos de entre medio centenar y un centenar largo de personas.

Pero el objetivo parece haber cambiado, pues ya no se trata tanto de manifestarse sin más, sino de emprender las que han dado en llamar campañas “puerta a puerta”, es decir, ir a buscar casa por casa a ciudadanos extranjeros para conminarles, a veces por las buenas y a veces por las malas, a que se marchen del país. A diferencia de otros episodios de tensión racial en la historia del país, los protagonistas de estas protestas son, en su inmensa mayoría, ciudadanos sudafricanos negros que señalan como objetivo a inmigrantes también negros.
En Katlehong, la marcha se detiene frente a un solar rodeado por un muro de hormigón donde apenas asoman varios autobuses viejos. Una vecina avisa: “¡Aquí viven sothos de Lesoto!”. Entonces, tres hombres se suben a un pequeño murete y otean; otros empiezan a golpear con sus bastones contra la gran puerta metálica y el resto corea consignas. Nadie responde desde dentro. Tras varios minutos de tensión, la marcha continúa. “Seguro que hay gente”, protesta un rezagado mientras el resto sigue caminando.
La idea no es hacer daño a nadie, insiste Patrick Dube, representante vecinal, mientras marcha junto al resto. “Queremos que regresen a su país, arreglen sus papeles y vuelvan legalmente”. Dube asegura que las agresiones registradas en otras protestas similares tuvieron que ver con personas que “malinterpretaron” el movimiento y se tomaron la justicia por su mano.

Sin embargo, han sido tantos los casos en los que ciudadanos sudafricanos han obligado a inmigrantes a mostrar sus papeles, o les han desalojado de sus viviendas con el pretexto de que están en situación irregular, que numerosas autoridades, incluido el propio presidente Cyril Ramaphosa, han tenido que recordar que la legislación sudafricana reserva a las autoridades el control migratorio. Ramaphosa, además, ha reconocido que existe un problema con la inmigración irregular y ha prometido endurecer su gestión, pero al mismo tiempo ha condenado el vigilantismo y ha insistido en que los ciudadanos no pueden sustituir al Estado.
La principal impulsora de la campaña es Jacinta Ngobese-Zuma, líder de un movimiento llamado March & March que colabora con otras organizaciones antiinmigración y que ha logrado extender su mensaje como la pólvora en las redes sociales. Exigen al Ejecutivo reforzar los controles fronterizos, acelerar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular y reservar el acceso al empleo y a servicios públicos a los sudafricanos. Ha logrado aglutinar el descontento popular ante asuntos como el desempleo (superior al 30%), la corrupción y los elevados índices de criminalidad, cargando la culpa a los inmigrantes, pese a que estos representan un 4% de las alrededor de 63 millones de personas que viven en este país.
Desde una concentración celebrada este jueves en Durban, Ngobese Zuma ha insistido en que las movilizaciones continuarán cada jueves hasta que el Ejecutivo actúe. “El Gobierno ha estado dormido durante demasiado tiempo. Si escuchara a la gente, hoy no tendríamos que estar en las calles”, ha afirmado. La dirigente, por otra parte, rechaza que su movimiento sea xenófobo.
Mientras las marchas continúan extendiéndose por distintos barrios, también aumenta el número de personas que optan por marcharse. El Gobierno de Malaui ha informado este jueves de que más de 38.000 de sus ciudadanos han regresado desde Sudáfrica en las últimas semanas por motivos de seguridad. Las autoridades de Zimbabue, por su parte, sitúan ya en más de 60.000 los retornados desde el inicio de la crisis.
Como en Katlehong, las marchas se reproducen en otras zonas de Johannesburgo, pero no son igual de pacíficas. La tensión sí desemboca en violencia en una localidad del este del área metropolitana de Johannesburgo llamada Dunnotar que es hogar de una nutrida comunidad de inmigrantes etíopes, somalíes, paquistaníes y bangladesíes, algunos de los cuales regentan pequeños comercios de ultramarinos.

Este jueves, el suelo de una céntrica calle ha quedado cubierto de cristales rotos porque medio centenar de manifestantes la ha emprendido a pedradas y botellazos contra los comercios de los extranjeros, que se han defendido, lo que ha propiciado una batalla campal que ha finalizado con la intervención de la policía. Entre los migrantes ha habido tres heridos leves que se han marchado a comisaría a poner una denuncia, afirma Alí Hussein, un bangladesí dueño de un supermercado de barrio que afirma llevar casi 20 años en el país y tener pasaporte, esposa e hijos sudafricanos.
“Dicen que venimos a quitarles el trabajo, pero nosotros damos trabajo a sudafricanos y un servicio a la comunidad con nuestros negocios”, lamenta. Un joven sudafricano que también anda por allí, y que prefiere no dar su nombre, lo confirma: “Trabajo para un extranjero y me parece una vergüenza lo que está ocurriendo”.
Mientras tanto, ese medio centenar de ciudadanos enfurecidos mira con recelo a los inmigrantes desde el otro lado de la carretera, a apenas 20 metros de distancia. Algunos van armados con bastones, palos de escoba y hasta látigos de cuero. La policía, entre los dos grupos, ha desplegado ocho vehículos, un camión y una docena de agentes, pero no les arredra.
Al cabo de un rato, el grupo emprende la marcha de nuevo, gritando consignas en zulú contra los comerciantes que Hussein entiende. “Insultan a nuestras madres”, resume. Durante unos minutos parece que la situación puede volver a descontrolarse. El grupo avanza hacia el cordón policial mientras continúa coreando consignas y bailando, hasta que el jefe del operativo saca una escopeta de uno de los vehículos, encara a varios manifestantes y les ordena darse media vuelta. Finalmente, la marcha continúa calle abajo.
Escenas similares se han repetido este jueves en otros puntos del país, como en Soweto o en Alexandra, donde los manifestantes han llegado a sacar de sus casas a personas a las que han acusado de estar en situación irregular y las han entregado a la policía, según Reuters.
De vuelta en Katlehong, muchos vecinos observan la marcha desde detrás de las verjas de sus casas. Algunos graban con el móvil. Otros aplauden con entusiasmo cuando el grupo se detiene frente a otra vivienda donde, según dicen, vive un extranjero. Detrás de la verja se distingue, además, una diminuta barbería construida con paneles de chapa. “Los vecinos sabemos dónde viven los inmigrantes; la gente nos avisa”, explica Dube.

El ritual vuelve a repetirse. El hombre del megáfono anima a la multitud. Varios golpean la verja con los bastones. Nadie sale. Dube sostiene que el problema no son solo los inmigrantes, sino también las empresas que, según él, los contratan para pagar salarios más bajos. “También habrá que ir a hablar con ellas”, dice. “Quizá el próximo jueves, en la siguiente manifestación”.
Unos metros más adelante, el propio Dube y otro vecino llaman a la puerta de otra vivienda. Esta vez abre una mujer que afirma ser sudafricana. Le piden que, si sabe de algún inmigrante indocumentado en el barrio, lo comunique. Ella asiente en silencio y vuelve a cerrar.
“Solo queremos que se cumpla la ley”, resume Dube al terminar la marcha. Pero en Dunnotar, Hussein señala los cristales rotos de su supermercado y responde con otra frase: “Yo ya cumplo la ley”. Entre ambas afirmaciones se resume una de las grandes tensiones que atraviesa hoy Sudáfrica y que por ahora no tiene visos de que se vaya a resolver.
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