Los tribunales españoles se han convertido en el gran quebradero de cabeza del Gobierno, pero los europeos casi siempre le han sido propicios. Este jueves, todas las miradas de la política española pondrán su rumbo hacia Luxemburgo, donde el Tribunal de Justicia Europeo tomará una decisión clave sobre la ley de amnistía española, lo que abriría la puerta al regreso de Carles Puigdemont a Cataluña. Desde que empezó el procés, casi todos los tribunales europeos han sido mucho más favorables a los intereses de los independentistas que los españoles. Y todo indica que esta vez no será diferente.
El Gobierno espera que la sentencia europea sobre la amnistía abra el regreso de Puigdemont y rearme la maltrecha mayoría. El Ejecutivo teme una nueva ofensiva judicial pero confían en el desgaste de Feijóo por sus errores
Los tribunales españoles se han convertido en el gran quebradero de cabeza del Gobierno, pero los europeos casi siempre le han sido propicios. Este jueves, todas las miradas de la política española pondrán su rumbo hacia Luxemburgo, donde el Tribunal de Justicia Europeo tomará una decisión clave sobre la ley de amnistía española, lo que abriría la puerta al regreso de Carles Puigdemont a Cataluña. Desde que empezó el procés, casi todos los tribunales europeos han sido mucho más favorables a los intereses de los independentistas que los españoles. Y todo indica que esta vez no será diferente.
Mientras el Tribunal Supremo ha impedido que se le aplicara la ley de amnistía a Puigdemont, una decisión con profundas consecuencias políticas y que explica en buena parte la frustración de Junts y su alejamiento del Gobierno, todo indica que el TJUE, en línea con el abogado general de la UE, dirá que la ley de amnistía no atenta contra el derecho europeo y es legítima.
Sería un alivio no solo para Puigdemont, que vería así ya su camino de regreso a Cataluña despejado —faltaría que el Tribunal Constitucional le concediera el amparo—, sino también para el Gobierno español, que sufrió un enorme desgaste con la amnistía, que el Ejecutivo ve en el origen de la tensión con amplios sectores conservadores de los jueces y con la ofensiva judicial que vino después.
Todos los caminos de la legislatura, de su enorme dificultad, de la animadversión profunda contra Sánchez del mundo conservador en estructuras muy relevantes del Estado, conducen a la amnistía. Con ella empezó, porque fue la que permitió que hubiera investidura –fue la exigencia de Junts y ERC– y ella sigue siendo la última oportunidad para reconducirla en su recta final.
Junts insiste en que la decisión de romper con el PSOE es definitiva y no cambiará nada la sentencia del TJUE porque faltan otras promesas importantes por ejecutar, sobre todo dos: el catalán en Europa, que está bloqueado, y la transferencia de la competencia de migración a la Generalitat, que también lo está. El primer escollo depende de Alemania y el segundo de Podemos. Y ninguno parece moverse.
Sin embargo, en el Gobierno confían en que una sentencia clara que despeje el regreso de Puigdemont a Cataluña puede mover cosas. De momento, el Ejecutivo está intentando sacar adelante un gran decreto de vivienda para el que Junts es fundamental. Y los independentistas están dentro de la mayoría en algunas cosas importantes: este martes, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, lleva al pleno un gran paquete con un decreto y una ley que supone un cambio radical en las políticas de dependencia, con 6.200 millones anuales de gasto. El PP, que gestiona esas políticas en sus autonomías, votará presumiblemente en contra, y serán el PNV y Junts, con los demás miembros de la mayoría, los que logren que salgan adelante. Si además se consiguiera un acuerdo para el decreto de vivienda, la sensación de esta recta final de legislatura sería completamente diferente. Y aunque no se consiga, el decreto se aprobará en el Consejo de Ministros, porque ese es el acuerdo al que han llegado el PSOE y Sumar, y estará en vigor un mes, como sucedió con el anterior.
El Ejecutivo multiplica así sus esfuerzos para demostrar pulso político y capacidad de acción, también con los Presupuestos, cuya tramitación sigue en marcha aunque de momento con muy pocas posibilidades de éxito —está por ver si la sentencia del TJUE puede abrir nuevos espacios ahí— y con la reforma de la financiación autonómica, que se votará a finales de mes.
Las encuestas señalan que la estrategia de ruptura con el Ejecutivo no le está yendo bien a los de Puigdemont: Aliança Catalana ya les gana con claridad en los sondeos. ¿La cambiarán en esta recta final? Es difícil saberlo, pero el Ejecutivo se aferra al TJUE en Luxemburgo como la última gran oportunidad de lograrlo. “Nadie se atreve a hacer previsiones, Junts es inescrutable, pero mucha gente dentro del Gobierno confía en que se pueda abrir alguna puerta. Desde luego vamos a intentarlo”, señalan desde el Ejecutivo. Mientras, fuentes de Junts insisten en el discurso de siempre: si no se cumple lo prometido -amnistía, catalán, inmigración-, no hay nada que hacer.
Mientras los tribunales europeos pueden darle una alegría al Ejecutivo, como han hecho otras veces, los españoles cada vez se lo ponen más complicado. Las imputaciones en cadena pueden seguir, según los cálculos que maneja el Gobierno, y esta semana podría fijarse juicio oral para el caso de Begoña Gómez y está en el aire la sentencia del de David Sánchez, el hermano del presidente.
En el Gobierno temen que, a medida que se vayan acercando las elecciones, se recrudezca la ofensiva judicial, que se apoya en informes de la UCO y posiciones de la fiscalía anticorrupción, ambos en general claramente en contra de los intereses del Ejecutivo. Incluso está en el horizonte el fantasma de una imputación tanto del PSOE como del propio Pedro Sánchez.
Pero los ministros consultados creen que algunos jueces, investigadores y fiscales están “pasándose de frenada” y eso puede volverse incluso a favor del Gobierno. “Basta ver las encuestas [la de EL PAÍS mostraba un importante recelo de la justicia en sectores importantes de la sociedad] y hablar un poco con la gente, si imputaran a Sánchez de manera injusta, podrían hacerle un gran favor político, mucha gente se volcaría con él”, resume un ministro.
La batalla final se va acercando, pero aún quedan muchos hitos pendientes. Y además hay asuntos inesperados que ocupan toda la agenda -este lunes Sánchez visitará la zona afectada por un devastador incendio en Almería– o momentos importantes -este miércoles el presidente asistirá en La Línea de la Concepción al derribo de la famosa verja que la separaba de Gibraltar-.
En La Moncloa ya están preparando una “operación septiembre” como la del año pasado, cuando consiguieron cambiar el eje de la conversación, salieron temporalmente del agujero de la corrupción entonces de Santos Cerdán e incluso remontaron ligeramente en las encuestas.
En el entorno de Sánchez confían mucho en que el presidente, pese a su evidente desgaste, sea un candidato más fuerte que Alberto Núñez Feijóo. De hecho, en La Moncloa no dan crédito a la secuencia de errores, en su opinión, que ha cometido el líder del PP esta semana, abriendo debates muy delicados para él, como el de las bajas por enfermedad, el de la ley de nietos o el del concebido no nacido.
Sánchez de nuevo se ha movido cómodo en la cumbre de la OTAN en Ankara en un choque con Donald Trump que una vez más quedó en nada, y que ambos evitaron en persona, porque cuando se encontraron se pusieron a hablar de fútbol y golf. Y sus estrategas creen que, a pesar de que la política española está muy enfrascada en lo local, con la corrupción como gran asunto, la agenda internacional será muy importante durante todo este año, con elecciones clave en EE UU, y también en 2027, con comicios en Francia, Italia y España a la vez, y ahí están seguros de que la batalla entre Sánchez y Feijóo está muy descompensada a favor del socialista. Pero de momento hay que llegar hasta ahí.
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