La reclamación de devolución inmediata de los 2.500 menores marroquíes huidos a Ceuta en la actual crisis migratoria se estrella contra los muros legales que protegen a niños y adolescentes en Europa. También amenaza con abrir una nueva brecha diplomática con España. El ministro de Justicia, Abdelatif Uahbi, que ya exigió el viernes que el Gobierno español haga entrega de “todos” los menores no acompañados de nacionalidad marroquí que permanecen en la ciudad autónoma, ha vinculado este sábado la aceptación de los cadáveres de migrantes fallecidos cuando intentaban llegar a suelo ceutí al retorno efectivo de los niños y adolescentes.
La reclamación de Rabat choca con las leyes de protección españolas y europeas. Las fuerzas de seguridad contabilizaron en 2025 más de 73.000 intentos de salidas ilegales del país, pero carecen de registros sobre migrantes irregulares menores
La reclamación de devolución inmediata de los 2.500 menores marroquíes huidos a Ceuta en la actual crisis migratoria se estrella contra los muros legales que protegen a niños y adolescentes en Europa. También amenaza con abrir una nueva brecha diplomática con España. El ministro de Justicia, Abdelatif Uahbi, que ya exigió el viernes que el Gobierno español haga entrega de “todos” los menores no acompañados de nacionalidad marroquí que permanecen en la ciudad autónoma, ha vinculado este sábado la aceptación de los cadáveres de migrantes fallecidos cuando intentaban llegar a suelo ceutí al retorno efectivo de los niños y adolescentes.
La petición de devolución de los menores ya fue planteada en las últimas tres semanas desde los ministerios de Interior y Exteriores. El titular de Justicia, que se encuentra en plena campaña para las elecciones legislativas del 23 de septiembre, condiciona ahora la recogida de los cuerpos de los migrantes ahogados (hasta 141, según estimaciones de ONG marroquíes) a la entrega de informes detallados y a la repatriación de los menores, de acuerdo con sus declaraciones al canal saudí Al Arabiya citadas por la agencia Efe.
“Marruecos no va a permitir la entrada de los cadáveres sin encontrar una solución global mediante un procedimiento y un marco acordado. Debe hacerse en el contexto de un acuerdo entre nosotros y los españoles”, ha insistido Uahbi, dirigente del Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM), que se perfila como el más votado en los comicios. El ministro confía en que “pronto” se llegue a un entendimiento entre Madrid y Rabat. Al ser preguntado por Al Arabiya sobre por qué Marruecos no ha recogido muestras de ADN de las familias de los desaparecidos para cotejarlas con los cuerpos procedentes de Ceuta, ha respondido: “Son ellos [los españoles] los que deben hacerlo y probar que son marroquíes”.
Como ha destacado la fiscal de menores de la Fiscalía General del Estado, Teresa Gisbert, la devolución inmediata y colectiva a su país de los menores marroquíes en Ceuta “no tiene sentido”. España veta su expulsión automática y está sometida a las normas de protección nacionales y europeas que obligan a evaluar los retornos con detalle y caso por caso.
“Los menores marroquíes que se encuentran en Ceuta deben ser escuchados y cada situación debe ser evaluada individualmente. La consulta sobre su voluntad de permanecer en España o regresar a Marruecos corresponde que sea gestionada por las autoridades españolas. La opinión del niño o adolescente debe formar parte de la valoración, teniendo en cuenta su edad y madurez, aunque la decisión no puede depender únicamente de si manifiesta que desea permanecer en España o regresar a Marruecos. El criterio fundamental debe ser siempre su interés superior y la existencia de unas condiciones de protección adecuadas, tanto en caso de permanencia como de retorno”, puntualiza Mariam Essaadi, coordinadora de la Asociación de Protección de la Infancia y Sensibilización de la Familia (APISF) de Marruecos.
“El retorno no debe limitarse simplemente al traslado del menor a territorio marroquí. Tiene que existir un verdadero proceso de protección: identificación individual, localización y valoración de la familia, evaluación del interés superior del menor y, cuando la reunificación familiar sea posible y segura, acompañamiento para su regreso al entorno familiar. En aquellos casos en los que esto no sea posible, será necesario buscar otras soluciones de protección”, aclara en un intercambio de mensajes en nombre de esa ONG marroquí con sede en Tetuán.
A pesar de que Marruecos ha reiterado la voluntad de repatriar inmediatamente a sus menores que se encuentran en Ceuta y devolverlos a sus familias, su Gobierno reconoce que el proceso legal individualizado en España puede retrasar el retorno. El convenio firmado entre España y Marruecos en 2007 regula la coordinación de la entrega supeditada a la autorización marroquí. Los tratados internacionales exigen además un informe detallado sobre la situación familiar de cada menor, una vez identificado, antes de autorizar su regreso.
Desde la sociedad civil marroquí, Essaadi sostiene que la APISF dispone de equipos profesionales y estructuras especializadas en la protección y acompañamiento de menores para participar en un dispositivo de recepción, orientación y acompañamiento de aquellos menores que regresen, siempre en coordinación con las autoridades y junto a otras ONG marroquíes. Su organización hace hincapié en programas de acompañamiento social y psicológico de los menores, mediación y búsqueda familiar, orientación jurídica y otros servicios de protección.
Durante la emergencia migratoria del 30 y 31 de julio, cuando unos 80.000 migrantes irregulares irrumpieron en Ceuta, los equipos de APISF se movilizaron en la frontera de Fnideq (Castillejos) para prestar asistencia, proporcionar agua y alimentos, primeros auxilios y, en particular, apoyar a los menores que necesitaban contactar con sus familias y habían perdido sus teléfonos. “Uno de los aspectos que más nos han preocupado desde el inicio de la crisis migratoria es precisamente la angustia de las familias, padres y madres que desconocían dónde estaban sus hijos, si habían conseguido llegar a Ceuta o habían sido devueltos a Marruecos, si se encontraban bien…”, explica la coordinadora de la ONG desde Tetuán.
Dimensión humana
“Más allá de las cuestiones migratorias o políticas, es importante no perder de vista la dimensión humana. Detrás de cada menor hay una situación diferente y, en muchos casos, una familia profundamente preocupada”, concluye la responsable de la organización humanitaria. “Cualquier solución debe construirse de manera coordinada entre España y Marruecos, pero siempre colocando la protección y el interés superior de cada menor en el centro de las decisiones”.
La repatriación se puede acordar caso por caso, pero no cabe una devolución masiva, como ya dejó claro en 2024 una sentencia del Tribunal Supremo, que declaró ilegal la devolución de 55 menores de edad no acompañados que entraron a Ceuta en 2021. La Unión Europea, mientras tanto, insiste en que “todos” los migrantes que entraron desde julio ilegalmente a la ciudad autónoma regresen a Marruecos, mientras recuerda que España tiene el “deber” de proteger a los menores en situación vulnerable. La normativa europea de retornos estipula que, “antes de expulsar a un menor no acompañado del territorio de un Estado miembro, las autoridades de dicho Estado miembro deberán asegurarse de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o a centros de acogida adecuados en el Estado de retorno”.
El Ministerio del Interior marroquí no ha hecho públicas cifras oficiales sobre el número de migrantes irregulares menores de edad que han abandonado el país. El mismo departamento informó de que en 2025 las fuerzas de seguridad frustraron 73.640 tentativas de salidas ilegales del país, sin ofrecer detalles por tramos de edad o nacionalidad.
En Marruecos, otras ONG como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) resaltan la “preocupante situación” de cientos de menores no acompañados en Ceuta. “El Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas humanitarias para protegerles”, precisa esta ONG adscrita a la izquierda. La Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH) ha puesto el énfasis en su primer informe sobre la crisis migratoria en el abandono que sufren los menores en la ciudad autónoma española.
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