Ceuta, Melilla y Canarias han trasladado a la Península más de 1.750 menores extranjeros no acompañados desde que se aprobó el reparto solidario por comunidades en agosto del año pasado, según datos de la Administración General del Estado. El mecanismo puesto en marcha en aquel entonces ha seguido su curso a pesar de las alegaciones y recursos presentados. En la actualidad, el sistema está detenido en Ceuta por la crisis migratoria que atraviesa la ciudad, donde el Gobierno ceutí asegura que atiende a 1.200. A mediados de julio, la localidad ya había dado la alarma de que el número de menores que estaban llegando a sus costas a nado había multiplicado de nuevo su capacidad de acogida.
Las comunidades de la Península no han dejado de acoger niños y adolescentes desde que se aprobó la norma en agosto de 2025
Ceuta, Melilla y Canarias han trasladado a la Península más de 1.750 menores extranjeros no acompañados desde que se aprobó el reparto solidario por comunidades en agosto del año pasado, según datos de la Administración General del Estado. El mecanismo puesto en marcha en aquel entonces ha seguido su curso a pesar de las alegaciones y recursos presentados. En la actualidad, el sistema está detenido en Ceuta por la crisis migratoria que atraviesa la ciudad, donde el Gobierno ceutí asegura que atiende a 1.200. A mediados de julio, la localidad ya había dado la alarma de que el número de menores que estaban llegando a sus costas a nado había multiplicado de nuevo su capacidad de acogida.
La ecuación que mide cuantitativamente los compromisos que debe asumir cada comunidad en la acogida de menores cumplirá a finales de este mes un año en vigor. Fue terminando agosto de 2025 cuando el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez aprobó el último real decreto necesario para dimensionar la capacidad de todos los recursos de las autonomías. El Ministerio de Juventud e Infancia elaboró una tabla numérica estableciendo cuántas plazas correspondían a cada territorio atendiendo a determinados criterios, cuyos datos se han actualizado posteriormente. La norma se materializó el verano pasado tras un tortuoso camino de negociación con los consejeros del PP, que incluso llegaron a levantarse de la mesa durante las conversaciones. En solo dos días tras publicarse el texto en el Boletín Oficial del Estado, Canarias, Ceuta y Melilla habían pedido ya activar el mecanismo de contingencia. Desde entonces, más de 1.750 niños y adolescentes migrantes han sido realojados en la Península y Baleares llegados desde las dos ciudades autónomas o desde el archipiélago canario.
La distribución de menores no acompañados por las comunidades se encuentra ahora en un momento crítico, en el caso de Ceuta, pero es un mecanismo que ha fluido en este territorio desde que se aprobó el decreto para proceder al reparto en verano del año pasado habida cuenta del hacinamiento que presentaban estos territorios. Los plazos para gestionar y trasladar eran distintos para los menores que estaban en España antes de la fecha del decreto, el acumulado, que para los que fueron llegando después. Aunque los plazos para los recién llegados (15 días para formalizar el traslado y 5 para efectuarlo) rara vez se cumplen por distintas razones administrativas, entre ellas que el traslado a la Península requiere que los menores viajen acompañados.
Solo tres territorios, la comunidad canaria, Ceuta y Melilla pueden trasladar menores, porque superan al menos tres veces la capacidad de alojamiento fijada, que en el caso de Ceuta es de 29 plazas y en la actualidad el número de menores (sin pruebas de edad efectuadas) son 1.200, según fuentes del Gobierno ceutí. Después del decreto, en Ceuta se han realizado unos 650 traslados; en Melilla, alrededor de 70 y en Canarias, 720 (según los datos recabados por la Administración General del Estado en las comunidades de destino). Andalucía fue el territorio que recibió el primer traslado, un menor procedente de Ceuta en septiembre del año pasado, que llegó a Córdoba. Pero todas esas cifras han saltado por los aires en Ceuta por la crisis y la Administración de la ciudad autónoma tiene ahora una ingente tarea por delante.
En total, más de 1.750 menores han sido realojados en comunidades de la Península o Baleares: Madrid se la que más ha recibido, más de 300; seguida de la Comunidad Valenciana, con 273; y Aragón, con 249. En el otro extremo, Baleares, con cuatro menores; Cataluña con 40 y Extremadura con 43 son las que han recibido menos, según datos de obtenidos de la Administración General del Estado en las comunidades de destino.
Previo al último paso dado en agosto del año pasado, cuando se aprobó el real decreto en el que se establecía las plazas que corresponden a cada comunidad autónoma, el Gobierno había sacado adelante la reforma de la ley de extranjería para que en momentos en los que determinados territorios estuvieran muy tensionados pudieran activarse traslados a otras regiones. La modificación legislativa no fue fácil, pues se tuvo que trabajar a fondo el apoyo de Junts, en una negociación en la que la formación de Carles Puigdemont se jactó de que Cataluña quedaba fuera del reparto. Lo que ocurrió es que se tenía en cuenta el esfuerzo previo de acogida, lo que le representaba recibir a pocos jóvenes —al final no se vio obligada a recibir a ninguno— en esa distribución. Un mes después, el 10 de abril, el Congreso validó ese decreto.
La capacidad ordinaria de las comunidades y ciudades autónomas se calcula, según la ley, de “dividir la población total de cada comunidad y ciudad autónoma a 31 de diciembre del año 2024, por el cociente resultante de dividir la población total de España a 31 de diciembre del año 2024 entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español, es la siguiente”.
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