La Policía Nacional ha desplegado este domingo a más de 350 agentes para desmantelar los principales asentamientos de migrantes que todavía permanecían en Ceuta, casi tres meses después de las entradas masivas del 30 y 31 de julio desde Marruecos. La intervención, iniciada a primera hora de la mañana, se ha extendido por Poblado Regulares, Los Rosales, la parte baja del Príncipe Alfonso, las antiguas naves del Tarajal y la explanada próxima al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde se encuentra el campamento de la Hípica. El dispositivo forma parte de las actuaciones anunciadas por el Ministerio del Interior para acabar con la presencia de personas migrantes viviendo en las calles y zonas de monte de la ciudad.
El operativo policial se centra en barriadas de la periferia para trasladar a los adultos e identificar a los menores
La Policía Nacional ha desplegado este domingo a más de 350 agentes para desmantelar los principales asentamientos de migrantes que todavía permanecían en Ceuta, casi tres meses después de las entradas masivas del 30 y 31 de julio desde Marruecos. La intervención, iniciada a primera hora de la mañana, se ha extendido por Poblado Regulares, Los Rosales, la parte baja del Príncipe Alfonso, las antiguas naves del Tarajal y la explanada próxima al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde se encuentra el campamento de la Hípica. El dispositivo forma parte de las actuaciones anunciadas por el Ministerio del Interior para acabar con la presencia de personas migrantes viviendo en las calles y zonas de monte de la ciudad.
La mayoría de los efectivos pertenecen a las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de Prevención y Reacción (UPR), según ha confirmado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado. La Policía Local ha colaborado en la regulación del tráfico y la seguridad vial. Los agentes han establecido controles en los accesos a las zonas intervenidas y han organizado los traslados en autobuses. Los adultos son conducidos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), habilitado en las naves del Tarajal, junto a la frontera con Marruecos, para su identificación, filiación y triaje. Los menores son trasladados a la Jefatura Superior de Policía para completar los trámites correspondientes.
La operación ha alcanzado varios puntos donde los migrantes habían vuelto a levantar cobijos después de los desalojos anteriores. En el polígono del Tarajal, entre las naves industriales y los terrenos próximos a la frontera, todavía permanecían grupos que dormían bajo plásticos, cartones y mantas. Parte de sus ocupantes llevaba semanas allí; otros habían llegado después de abandonar los campamentos de las playas. La Policía ha seguido el mismo procedimiento empleado en intervenciones anteriores: traslado al CATE para las gestiones de extranjería y posterior derivación, cuando corresponda, a los recursos habilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En la explanada próxima al CETI y en el asentamiento del Tarajal, los agentes han trabajado con el Área de Inclusión de la Ciudad Autónoma para atender a las familias vulnerables que se encontraban en ambos lugares, según ha informado la Jefatura Superior. La presencia de familias y menores entre quienes seguían viviendo a la intemperie había añadido dificultades a unos desalojos que se suceden desde finales de septiembre, cuando comenzaron a retirarse los campamentos más numerosos.
En el Príncipe Alfonso, los vecinos llevan semanas quejándose de la presencia de migrantes, en su mayoría marroquíes, que permanecían en sus calles y en los espacios próximos a las viviendas. La situación se había agravado a medida que desaparecían los asentamientos de otras zonas de Ceuta. Algunos de sus antiguos ocupantes se desplazaron hacia las barriadas periféricas y los terrenos de monte, donde encontraron lugares menos visibles para pasar la noche. La intervención policial se ha concentrado en la parte baja del barrio, en el acceso al polígono del Tarajal.
El dispositivo de este domingo llega una semana después del desalojo de la explanada de la antigua fábrica de Guano, donde centenares de personas habían permanecido durante más de dos meses. Antes, la Policía había intervenido en la zona de la desalinizadora y en las playas Benítez y del Trampolín, esta última convertida durante el verano en uno de los símbolos de la crisis humanitaria. La retirada de tiendas de campaña y chabolas despejó esos espacios, pero parte de quienes los ocupaban terminó instalándose en otros puntos de la ciudad.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había anunciado el viernes nuevas actuaciones durante su visita al CATE del Tarajal. El Gobierno pretende despejar las zonas de monte antes del próximo 1 de noviembre, cuando los ceutíes celebran el Día de la Mochila, una jornada tradicional en la que miles de familias salen al campo. Marlaska defendió también la legalidad de los procedimientos de retorno a Marruecos. Según el último balance oficial, 11.756 personas habían regresado al país vecino desde el 10 de agosto, entre retornos voluntarios y expulsiones.
Las discrepancias entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de Ceuta se centran especialmente en la atención a los menores migrantes. La identificación y las competencias de extranjería corresponden a la Policía Nacional, mientras que la tutela y acogida de los menores no acompañados son responsabilidad del Ejecutivo autonómico, presidido por el popular Juan Jesús Vivas. Durante su visita, Marlaska responsabilizó a las autoridades de la ciudad del traslado “con cuentagotas” a las dependencias policiales para completar los trámites. Según el balance del 13 de octubre, 3.019 menores habían sido contabilizados durante la crisis, aunque esa cifra no equivale necesariamente al número de acogidos simultáneamente en los centros de protección. A ellos se añadirán los nuevos casos identificados en las actuaciones de este domingo.
Ceuta, una ciudad de apenas 19 kilómetros cuadrados, continúa afrontando las consecuencias de unas entradas que desbordaron sus recursos de acogida en cuestión de horas. Durante casi tres meses, playas, explanadas, naves industriales y terrenos de la periferia han servido de alojamiento a miles de personas. La intervención de este domingo pretende cerrar esa etapa, aunque la situación de quienes han sido desalojados dependerá de los procedimientos administrativos y de la disponibilidad de plazas en los dispositivos de acogida. La desaparición de los campamentos no supone, por sí sola, el final de la emergencia humanitaria.
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