Unos 300 activistas se movilizan a estas horas en la calle Llenguadoc número 74, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, con el propósito de evitar un desalojo masivo de más de 50 personas. Un día después de la aprobación de los dos decretos de vivienda en el Consejo de Ministros, vecinos y sindicatos se han reunido desde las seis de la mañana aguardando la llegada de la comitiva judicial que pretende desahuciar a los residentes de 18 pisos ocupados del edificio. Después de horas a la espera y sin noticias claras sobre el estado de la orden judicial, a las 13.00 han llegado los primeros avisos de que la unidad antidisturbios se encaminaba a la zona. Unos minutos antes de las 15.00, los primeros efectivos se han instalado en las inmediaciones de la calle, tapiada a ambos lados por los manifestantes.
Un grupo de activistas aguarda más de 10 horas a las puertas de un bloque para evitar que las 50 personas que lo ocupan sean expulsadas “sin alternativa residencial”
Unos 300 activistas se movilizan a estas horas en la calle Llenguadoc número 74, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, con el propósito de evitar un desalojo masivo de más de 50 personas. Un día después de la aprobación de los dos decretos de vivienda en el Consejo de Ministros, vecinos y sindicatos se han reunido desde las seis de la mañana aguardando la llegada de la comitiva judicial que pretende desahuciar a los residentes de 18 pisos ocupados del edificio. Después de horas a la espera y sin noticias claras sobre el estado de la orden judicial, a las 13.00 han llegado los primeros avisos de que la unidad antidisturbios se encaminaba a la zona. Unos minutos antes de las 15.00, los primeros efectivos se han instalado en las inmediaciones de la calle, tapiada a ambos lados por los manifestantes.
En vista del riesgo social de los inquilinos, el consistorio ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) suspender el lanzamiento, según fuentes del Consistorio. De momento, las patrullas de los Mossos d’Esquadra esperan en la calle el resultado de la mediación con las entidades que representan a los colectivos afectados por el desahucio.
En Llenguadoc 74 actualmente residen inquilinos en una situación social “muy diversa”: desde personas en situación de vulnerabilidad social hasta okupas, según explican fuentes de las asociaciones de vivienda. Maria Serra, portavoz de la Confederación de Viviendas de Cataluña (COSHAC), ha afirmado que el macrodesahucio afecta a “mayores, niños, personas de origen migrante, refugiadas y en riesgo social” que hace años que demandan que se regularice su situación, ya que “no disponen de una alternativa habitacional”. Dentro de la finca, aseguran, tan solo queda una de las vecinas originales en régimen de alquiler.
Las entidades vecinales señalan que el bloque es el hogar de una decena de menores escolarizados en el barrio. Precisamente ese ha sido el motivo que ha llevado a un grupo de docentes a concentrarse a las puertas del número 74, consternados por el desalojo que afecta a algunos de sus alumnos. “Estas situaciones les generan mucha ansiedad”, han explicado los maestros, agrupados bajo el colectivo antidesahucios Docents 080.
Según el Sindicato de Vivienda de Sant Andreu, la empresa previamente propietaria de la finca (Reale Seguros), decidió no renovar los contratos de los inquilinos hace aproximadamente nueve años para “especular con los pisos” destinándolos a alojamiento universitario. Tras la marcha de los vecinos, la asociación vecinal decidió ocupar algunas de las viviendas vacías para cederlas a personas en situación de vulnerabilidad. Los sindicatos denuncian que, después de que el edificio pasara a manos de la compañía inmobiliaria Thunder Optical Minur SL, esta ha continuado desalojando a los vecinos mediante “acoso sistemático” y agresiones físicas: “Enviaron a un grupo de matones encapuchados y con armas que apalizaron a dos vecinas”.
Poco después de las once de la mañana, el Comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera, y el director de la Agencia de Vivienda de Cataluña, Miquel Bagudanch se han personado a unos metros de la movilización bajo los cánticos de protesta de los activistas. En una comparecencia ante los medios, ambos han expresado que se estaban produciendo negociaciones para “encontrar una vía dialogada” con el objetivo de suspender el lanzamiento. “Creemos que, en vista de todo lo que se está moviendo con el tema de la vivienda, este desalojo no se tiene que producir. Estamos haciendo todas las gestiones que están en nuestras manos para frenarlo”, ha comunicado el representante del ayuntamiento. Riera, que ha calificado el desahucio de “inoportuno e innecesario”, ha llegado a afirmar que la expulsión de los vecinos del bloque representaría “el fracaso colectivo como sociedad”. El dirigente también ha enfatizado que desde el 2022 se está produciendo un “proceso de mediación” con las familias afectadas.
Por su parte, Bagudanch ha asegurado que el Departmaneto de Interior sigue “con especial preocupación el caso”. El representante del Gobierno catalán ha planteado que “se están barajando diversos instrumentos” para ofrecer una solución a los residentes, entre los cuales está la compra pública de la vivienda para convertirla en una VPO.
Los sindicatos de vivienda del barrio afirman que la entrada de los nuevos ocupantes de los pisos se ha ido produciendo de manera gradual: “Hay pisos que fueron ocupados hace nueve años y otros hace cinco”. Desde su llegada, aseguran que se han producido intentos de lanzamiento que finalmente se lograron frenar antes de que se hicieran efectivos.
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