El juicio a 11 activistas de Greenpeace por participar en una protesta en el Puerto de Sagunto en 2021 contra un buque cargado de gas extraído mediante la técnica del fracking ha concluido este miércoles en Valencia con una coincidencia insólita entre los testigos, tanto de la acusación como de la defensa: los procesados no causaron daños y no fueron violentos.
El ministerio público rebaja a la mitad su petición inicial “por desórdenes públicos” en el juicio en Valencia por una acción contra un buque cargado de gas de 2021
En el juicio a 11 activistas de Greenpeace por una protesta en el Puerto de Sagunto contra un buque de gas en 2021, que se está celebrando este miércoles en Valencia, ha llamado la atención un testimonio inicial de la acusación, el representante de la empresa regasificadora donde debía descargar el barco, que ha reconocido tres veces que la acción no provocó “ningún daño”. Sí implicó riesgos, tratándose, además, de una mercancía peligrosa como el gas licuado, y generó gastos por trastocar el funcionamiento del puerto y por la demora de cerca de 12 horas en atracar, ha añadido, pero no hubo “daños” ni la empresa reclamó por ellos.
Esta declaración remite a la principal polémica que gira entorno al juicio: la petición de la Fiscalía de cinco años de prisión para cada uno de los acusados (de ocho nacionalidades, cuatro de ellos españoles) por “desórdenes públicos agravados”, una pena que la organización ecologista considera “absolutamente desproporcionada”, la más alta solicitada en Europa para una “acción pacífica”, por la que han pagado una multa administrativa de 160.000 euros.
Durante las diversas declaraciones de la mañana, la fiscal ha incidido en todo momento en los riesgos que implicó la protesta, en las consecuencias de bloquear la dársena dos del puerto (donde se ubica la planta gasística), en una acción concertada entre el barco de Esperanza y cuatro lanchas neumáticas de la organización, y en la desobediencia de los activistas, que obligó a abordar el barco y liberar a la persona encaramada a un ancla, a pesar de los requerimientos de los guardias civiles y de la dirección del puerto.
Las defensas, por su parte, han insistido en el carácter pacífico y no violento de la protesta, en la que se pintó en el casco del buque metanero de EE UU el lema “No + gas”, y en que, en cualquier caso, no se trata de una causa penal por “desórdenes públicos”, como la ha calificado la Fiscalía.
Tres guardias civiles, llamados por la Fiscalía, han coincidido en que los activistas nunca obedecieron sus órdenes ni colaboraron, pero siempre se mostraron pacíficos, sin adoptar ninguna actitud agresiva o violenta hacia ellos. “Fue una resistencia pasiva. Es preferible que sea pasiva y no activa, estoy de acuerdo, pero sigue siendo resistencia. Interrumpe el tráfico, provoca un desastre durante unas horas en el puerto [en su funcionamiento], hay un lucro cesante…”, ha respondido a la defensa uno de los mandos de la Guardia Civil encargado del dispositivo del puerto aquel 26 de octubre de 2021, en que tuvieron lugar los hechos.
Otro agente ha subrayado el riesgo serio de que las lanchas de los ecologistas “juguetearan” dentro del puerto entre las embarcaciones, aunque él no se sintió amenazado por ellas.
Los guardias civiles también han indicado que el único incidente que hubo entre las neumáticas y sus embarcaciones fue un accidente “fortuito”, cuando una lancha les tocó y salió disparada, estrellándose contra un muelle. “Vinieron a pedirnos perdón y a decirnos que no pensáramos que era un acto violento contra nosotros. Nunca lo percibimos así. Creo que fue un mal cálculo del patrón de la neumática”, ha señalado un agente. Y menos mal que los tripulantes se arrojaron al agua antes del choque, ha añadido.
El juicio, que se celebra en la Ciutat de la Justícia de Valencia, cuenta con la presencia de numerosos activistas de Greenpeace y de relatores de la ONU. Los ecologistas confían en un cambio en la calificación de la fiscal al final de la vista.
Antes del juicio, la responsable legal de Greenpeace en España, Inés Díez, ha indicado que espera que se acredite “que los hechos se pueden encuadrar dentro del derecho a la protesta y que, en todo caso, podrían haber sido constitutivos de una infracción administrativa, pero nunca penal”.
Para Felipe Pimentel, uno de los activistas encausados, “es absurdo pedir cinco años para una protesta pacífica” y ha calificado este procedimiento como “desproporcionado, preocupante” y como “una mordaza al activismo mundial”.
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