Manuel Alonso, con 66 años, llegará este martes por su propio pie a la sala de vistas, acompañado por su abogado, y se sentará de nuevo en el banquillo de los acusados como presunto responsable de la muerte de dos presuntos sicarios colombianos. Los dos hombres asaltaron su finca de Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre (Málaga), para robarle la droga que supuestamente escondía, debajo de las jaulas de los animales exóticos que le entregaban los agentes del Seprona tras sus incautaciones y que él después vendía. Aquel doble crimen ocurrió el 25 de abril de 2009: dos certeros tiros de su escopeta acabaron con la vida de Derian José Morales Feria (36 años) y Eduard Andrés Gómez Tabares (25 años).
La trastienda del asesinato de Lucía Garrido en Málaga sienta de nuevo en el banquillo a su marido, Manuel Alonso, en libertad pese a ser condenado por su muerte, y que afronta otros dos crímenes en la misma finca
Manuel Alonso, con 66 años, llegará este martes por su propio pie a la sala de vistas, acompañado por su abogado, y se sentará de nuevo en el banquillo de los acusados como presunto responsable de la muerte de dos presuntos sicarios colombianos. Los dos hombres asaltaron su finca de Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre (Málaga), para robarle la droga que supuestamente escondía, debajo de las jaulas de los animales exóticos que le entregaban los agentes del Seprona tras sus incautaciones y que él después vendía. Aquel doble crimen ocurrió el 25 de abril de 2009: dos certeros tiros de su escopeta acabaron con la vida de Derian José Morales Feria (36 años) y Eduard Andrés Gómez Tabares (25 años).
Alonso asegura que actuó en defensa propia, pero los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil, que investigaron el caso por detectar también la implicación de guardias corruptos en el turbio asunto, concluyeron que Manuel Alonso tenía información privilegiada sobre ese vuelco (robo de droga entre narcotraficantes) y que esperó agazapado en el jardín de su casa a los asaltantes, y les disparó en la oscuridad con el fin de causarles la muerte. Con nocturnidad y alevosía. No obstante, los agentes del instituto armado implicados en esta causa, han logrado ser exonerados y evitado el banquillo de los acusados.
Tan solo un año antes de aquel doble crimen de los colombianos, el 30 de abril de 2008, apareció flotando en la piscina de esa misma finca con signos de violencia el cuerpo de Lucía Garrido, de 48 años, esposa (en proceso de divorcio) de Alonso, con quien compartía una hija. Aquel asesinato, del que Televisión Española realizó una magnífica serie documental denominada Lucía en la telaraña, de Tomás Ocaña, desveló un entramado de corrupción de guardias civiles y sicarios, de tráfico de drogas y de animales exóticos.
Algunos de los agentes implicados en aquella muerte, mandos de la Guardia Civil de Málaga investigados por narcotráfico y blanqueo de capitales en otras causas judiciales, eludieron también entonces el banquillo y posteriormente se les relacionó también con la muerte de los colombianos.
Dos de esos guardias, Amador Pérez Luque y José Antonio Bandera, fueron absueltos en la primera edición del juicio de Lucía Garrido (en 2019) y se libraron de la acusación en la repetición del mismo, en 2023, tras denunciarse que no se habían respetado en el primero las mayorías necesarias en las votaciones del jurado. En esta nueva causa han eludido de nuevo el banquillo por prescripción del delito, ya que se les llegó a acusar de ser los inductores del doble crimen.
Manuel Alonso, el hombre en torno al que giran todas las muertes de esta intrincada causa, fue condenado a 24 años de cárcel en noviembre de 2023 como cooperador necesario del asesinato de su esposa, pero recurrió la sentencia y el juez decidió dejarlo en libertad hasta que fuese firme. Algo que aún no ha sucedido y por lo que el condenado llega andando por su propio pie a esta nueva vista. Está previsto que en este juicio oral, que se prolongará hasta el día 7 de mayo, testifiquen un total de seis testigos protegidos, aparte de familiares de los fallecidos, guardias y peritos.
Esta historia cuenta ya seis muertos, todos en torno a la finca de Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre (Málaga). Hay una mujer que sabía demasiado, Lucía. Dos presuntos sicarios que creyeron que iban a cometer un vuelco que les cambiaría la vida para siempre, Derian y Eduard. Está también muerto Alexander Jiménez Bonilla, alias Ruki, un conocido delincuente del grupo de los temidos Niños de Fuengirola, nexo de unión entre todos los implicados, que creyó controlarlo todo y se encontró en el ojo del huracán acribillado a balazos dentro de su propio coche en Mijas el 17 de septiembre de 2015, curiosamente horas antes de que le fueran a tomar declaración los agentes del SAI de la Guardia Civil. Hay un cuarto implicado —convertido en su día en testigo protegido— al que de nada le sirvió huir a su país, porque las balas le alcanzaron finalmente en Colombia. Y un guardia civil ligado al caso que directamente se quitó la vida. Además, y alrededor de todo el entramado, hay supuestamente un puñado de guardias corruptos, relacionados con el propietario de la finca y sus tejemanejes. En esta historia, los que no están muertos están libres y pendientes de un juicio con jurado popular que comienza este martes en la Audiencia Provincial de Málaga, 17 años después de los hechos.
La Fiscalía, como la defensa, considera que la muerte de los dos colombianos en la finca supone dos delitos de homicidio. Pero entiende que se debe aplicar la circunstancia de “legítima defensa”, que exime completamente de la responsabilidad penal al autor de los disparos, por lo que —según su criterio— no corresponde la imposición de pena de prisión alguna.
Por el contrario, las acusaciones particulares de los familiares de los fallecidos consideran que se trata de sendos delitos de asesinato y solicitan penas de cárcel de entre 25 y 20 años por cada uno de los dos fallecidos.
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), representada por el abogado Luis Portero y con el exguardia civil Ignacio Carrasco a la cabeza, eleva aún más esa petición. La AUGC, que también fue clave en la repetición del juicio de Lucía Garrido para que se hiciera justicia, se ha personado de nuevo en esta otra causa contra Manuel Alonso como acusación popular previo pago de 6.000 euros, y es quien ha mantenido en pie judicialmente este procedimiento, tras presentar tantos recursos como intentos de archivo ha tenido: tres.
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