Hasta ahora, el debate sobre la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda se ha centrado en el peculiar modelo elegido para el reparto de los fondos, que bajo el pretexto de una mayor transferencia de recursos para todos esconde un agravio comparativo en favor de Cataluña o Andalucía. Sin embargo, no es esa la única razón por la que el nuevo mecanismo generará desigualdades entre regiones, pues a ello habría que añadir la cesión adicional de la recaudación por IVA prevista y el desequilibrio que esto puede crear en la gestión de las competencias traspasadas. Así se desprende de un informe publicado hoy por Fedea, en el que el economista Ángel de la Fuente desvela como el actual sistema permite que unas comunidades reciban dos, tres y hasta cuatro veces más dinero que otras para pagar los servicios transferidos por el Estado. Se trata de un desajuste que el nuevo modelo no solo no corregirá, sino que probablemente empeorará. Para contextualizarlo, hay que empezar por explicar que cada vez que el Estado cede una competencia a una región, le asigna una financiación inicial que es igual al gasto presupuestado para la misma por la Administración Central en el momento del traspaso. Luego se introducen ajustes para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios, pero no existe una ‘fórmula’ que integre esas transferencias para poder comparar cuánto dinero recibe cada territorio. De la Fuente ha realizado ese cálculo, y las conclusiones que ha obtenido son preocupantes. Sirva de ejemplo lo que sucede con la gestión de los medios de la administración de justicia y el pago de los profesores de religión, dos competencias que están cedidas a quince CC.AA. en el primer caso y once en el segundo. Partiendo de la valoración que hace actualmente el Estado sobre el coste de cada uno de esos servicios en las distintas regiones y su comparación con la población usuaria, el economista de Fedea ha construido un índice con base 100 (siendo 100 la media de gasto per cápita nacional) que revela divergencias de hasta 80 puntos entre territorios. En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el sistema valora las necesidades de gasto en administración de justicia en 37 euros por habitante , mientras que en La Rioja esa cifra asciende a 76. Para pagar profesores de religión, por su parte, Cataluña recibe 44 y Asturias 199. Otro ámbito en el que existen divergencias importantes es el relacionado con los servicios provinciales (hospitales provinciales, por ejemplo), una competencia cedida a las CC.AA. en distintos grados y financiada mediante mecanismos diversos. Una vez aplicadas las correcciones necesarias para obtener un índice comparable, De la Fuente descubre un amplio abanico de desigualdades, que en el caso de Madrid (61,7) y Extremadura (166,9) supera los cien puntos . Tal y como explica el economista, la complejidad que ha adoptado en estos años el sistema de financiación de las competencias singulares, con presupuestos específicos que van desde los 3.563 millones de euros anuales en Cataluña (principalmente, para el mantenimiento de los mossos d’esquadra) a once en Extremadura, hace que estos desajustes sean «prácticamente invisibles». Por ello, De la Fuente considera que la cesión de una mayor parte del IVA en la nueva propuesta de financiación tendería a agravar los problemas de falta de transparencia y dispersión. Por el contrario, desde Fedea recomiendan homogeneizar el modelo -para que sea comparable- en el caso de las competencias que vayan a ser asumidas por todas las CC.AA. y crear «algún estándar de referencia» para detectar diferencias en aquellos servicios que solo se han cedido a algunas regiones. Hasta ahora, el debate sobre la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda se ha centrado en el peculiar modelo elegido para el reparto de los fondos, que bajo el pretexto de una mayor transferencia de recursos para todos esconde un agravio comparativo en favor de Cataluña o Andalucía. Sin embargo, no es esa la única razón por la que el nuevo mecanismo generará desigualdades entre regiones, pues a ello habría que añadir la cesión adicional de la recaudación por IVA prevista y el desequilibrio que esto puede crear en la gestión de las competencias traspasadas. Así se desprende de un informe publicado hoy por Fedea, en el que el economista Ángel de la Fuente desvela como el actual sistema permite que unas comunidades reciban dos, tres y hasta cuatro veces más dinero que otras para pagar los servicios transferidos por el Estado. Se trata de un desajuste que el nuevo modelo no solo no corregirá, sino que probablemente empeorará. Para contextualizarlo, hay que empezar por explicar que cada vez que el Estado cede una competencia a una región, le asigna una financiación inicial que es igual al gasto presupuestado para la misma por la Administración Central en el momento del traspaso. Luego se introducen ajustes para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios, pero no existe una ‘fórmula’ que integre esas transferencias para poder comparar cuánto dinero recibe cada territorio. De la Fuente ha realizado ese cálculo, y las conclusiones que ha obtenido son preocupantes. Sirva de ejemplo lo que sucede con la gestión de los medios de la administración de justicia y el pago de los profesores de religión, dos competencias que están cedidas a quince CC.AA. en el primer caso y once en el segundo. Partiendo de la valoración que hace actualmente el Estado sobre el coste de cada uno de esos servicios en las distintas regiones y su comparación con la población usuaria, el economista de Fedea ha construido un índice con base 100 (siendo 100 la media de gasto per cápita nacional) que revela divergencias de hasta 80 puntos entre territorios. En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el sistema valora las necesidades de gasto en administración de justicia en 37 euros por habitante , mientras que en La Rioja esa cifra asciende a 76. Para pagar profesores de religión, por su parte, Cataluña recibe 44 y Asturias 199. Otro ámbito en el que existen divergencias importantes es el relacionado con los servicios provinciales (hospitales provinciales, por ejemplo), una competencia cedida a las CC.AA. en distintos grados y financiada mediante mecanismos diversos. Una vez aplicadas las correcciones necesarias para obtener un índice comparable, De la Fuente descubre un amplio abanico de desigualdades, que en el caso de Madrid (61,7) y Extremadura (166,9) supera los cien puntos . Tal y como explica el economista, la complejidad que ha adoptado en estos años el sistema de financiación de las competencias singulares, con presupuestos específicos que van desde los 3.563 millones de euros anuales en Cataluña (principalmente, para el mantenimiento de los mossos d’esquadra) a once en Extremadura, hace que estos desajustes sean «prácticamente invisibles». Por ello, De la Fuente considera que la cesión de una mayor parte del IVA en la nueva propuesta de financiación tendería a agravar los problemas de falta de transparencia y dispersión. Por el contrario, desde Fedea recomiendan homogeneizar el modelo -para que sea comparable- en el caso de las competencias que vayan a ser asumidas por todas las CC.AA. y crear «algún estándar de referencia» para detectar diferencias en aquellos servicios que solo se han cedido a algunas regiones.
Hasta ahora, el debate sobre la propuesta de reforma de la financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda se ha centrado en el peculiar modelo elegido para el reparto de los fondos, que bajo el pretexto de una mayor transferencia de recursos para todos … esconde un agravio comparativo en favor de Cataluña o Andalucía. Sin embargo, no es esa la única razón por la que el nuevo mecanismo generará desigualdades entre regiones, pues a ello habría que añadir la cesión adicional de la recaudación por IVA prevista y el desequilibrio que puede generar en la financiación de las competencias traspasadas. Así se desprende de un informe publicado hoy por Fedea, en el que el economista Ángel de la Fuente desvela como el actual sistema permite que unas comunidades reciban dos, tres y hasta cuatro veces más dinero que otras para pagar los servicios transferidos por el Estado. Se trata de un desajuste que el nuevo modelo no solo no corregirá, sino que probablemente empeorará.
Para contextualizarlo, hay que empezar por explicar que cada vez que el Estado cede una competencia a una región, le asigna una financiación inicial que es igual al gasto presupuestado para la misma por la Administración Central en el momento del traspaso. Luego se introducen ajustes para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios, pero no existe una ‘fórmula’ que integre esas transferencias para poder comparar cuánto dinero recibe cada territorio.
De la Fuente ha realizado ese cálculo, y las conclusiones que ha obtenido son preocupantes. Sirva de ejemplo lo que sucede con la gestión de los medios de la administración de justicia y el pago de los profesores de religión, dos competencias que están cedidas a quince CC.AA. en el primer caso y once en el segundo. Partiendo de la valoración total que hace el Estado sobre el coste de cada uno de esos servicios en las distintas regiones y su comparación con la población usuaria, el economista de Fedea ha construido un índice con base 100 (siendo 100 la media de gasto per cápita nacional) que revela divergencias de hasta 80 puntos entre territorios. En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el sistema valora las necesidades de gasto en administración de justicia en 37 euros por habitante, mientras que en La Rioja esa cifra asciende a 76. Para pagar profesores de religión, por su parte, Cataluña recibe 44 y Asturias 199.
Otra ámbito en el que existen divergencias importantes es el relacionado con los servicios provinciales (hospitales provinciales, por ejemplo), una competencia cedida a las CC.AA. en distintos grados y financiada mediante mecanismos diversos. Una vez aplicadas las correcciones necesarias para obtener un índice comparable, De la Fuente descubre un amplio abanico de desigualdades, que en el caso de Madrid (61,7) y Extremadura (166,9) supera los cien puntos.
Tal y como explica el economista, la complejidad que ha adoptado en estos años el sistema de financiación de las competencias singulares, con presupuestos específicos que van desde los 3.563 millones de euros anuales en Cataluña (principalmente, para el mantenimiento de los mossos d’esquadra) a once en Extremadura, hace que estos desajustes sean «prácticamente invisibles». Por ello, De la Fuente considera que la cesión de una mayor parte del IVA en la nueva propuesta de financiación tendería a agravar los problemas de falta de transparencia y mayor dispersión. Por el contrario, desde Fedea recomiendan homogeneizar el modelo -para que sea comparable- en el caso de las competencias que vayan a ser asumidas por todas las CC.AA. y crear «algún estándar de referencia» para detectar diferencias en aquellos servicios que solo se han cedido a algunas regiones.
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