El Sindicato de Inquilinas recibirá, en las próximas semanas, una citación judicial. No será por resistir a la policía frente a un portal ni por cortar una calle en una protesta. Afrontan un juicio por llamar “fondo buitre” a Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L., la empresa propietaria del piso del que desahuciaron a Maricarmen, de 87 años, este miércoles.
La empresa, propietaria del piso del que desahuciaron a Maricarmen, interpone una querella contra la organización y su portavoz Valeria Racu por “injurias, calumnias y vulneración del derecho al honor”
El Sindicato de Inquilinas recibirá, en las próximas semanas, una citación judicial. No será por resistir a la policía frente a un portal ni por cortar una calle en una protesta. Afrontan un juicio por llamar “fondo buitre” a Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L., la empresa propietaria del piso del que desahuciaron a Maricarmen, de 87 años, este miércoles.
Hace dos años, la compañía, liderada por los familiares Fernando y Rodrigo Alonso, presentó una querella contra el Sindicato por “injurias, calumnias y vulneración del derecho al honor”. En julio, se realizó el acto de conciliación entre ambas partes, en el que Urbagestión pidió al sindicato que se retractaran, algo que no ocurrió. “No vamos a dejar de llamarles buitres, porque lo son. Se ha visto en el desahucio”, asegura el Sindicato de Inquilinas. Sin conciliación, el proceso judicial sigue su curso, y los activistas esperan que la citación judicial llegue en breve.
En la querella, Urbagestión señala que Valeria Racu, portavoz del Sindicato, aparecía en un vídeo en redes sociales en el que les llamaba “fondo buitre” y en el que se mostraban las caras de sus dos dueños. También acusan al Sindicato de orquestar una campaña de envíos masivos de correos electrónicos —recibieron unos 1.500 en un día— en el que se les pedía que detuvieran el desahucio de Maricarmen.
Desde el Sindicato, en cambio, aseguran que las fotografías que mostraron las obtuvieron de su perfil de Facebook personal, que estaba abierto al público. Reconocen que animaron a sus seguidores a enviar esos correos electrónicos pidiendo la paralización del desahucio, pero fueron personas a título individual las que los enviaron con su propio correo. “Es una forma habitual de protesta, se ha hecho muchas veces”, recalcan.
La realidad es que Urbagestión se preocupa y mucho por su imagen pública. Durante todo el proceso del desahucio de Maricarmen, que ha durado ocho años, han intentado en todo momento separarse de la figura del fondo de inversión. Se consideran una “pequeña empresa”. “No somos propietarios de ninguna otra vivienda. Como bien sabe la parte ejecutada, no se trata ni de un fondo de inversión ni de un fondo buitre, sino de una sencilla empresa madrileña”, sostiene en sus comunicados. Pero su propia web explica otra cosa. En ella, la empresa se presenta como “una plataforma de inversiones especializada en la promoción, el desarrollo y la gestión o asesoramiento de productos de inversión (inmobiliario, farmacias)”.
Según el Registro Mercantil, Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L. fue constituida en 2005 y dedicada a la gestión, administración y promoción de activos inmobiliarios. En 2018, adquirió la vivienda en el número 46 de la calle del Alcalde Sáinz de Baranda en la que vivía Maricarmen. Ocho años después, agarrándose a que la ley no permite que un contrato se subrogue dos veces, han conseguido desahuciar a Maricarmen de la que ha sido su casa desde hace 70 años. Le ofrecieron primero pagar un alquiler de 2.650 euros y, más tarde, rebajaron su oferta a 1.650. Maricarmen cobra una pensión de 1.350 euros, por lo que no puede pagar lo que Urbagestión pedía. La empresa no ha querido responder a las preguntas de este periódico y no ha aclarado el uso que le dará a la vivienda a partir de ahora. Aunque ha asegurado en un comunicado que “lamenta la situación personal de la inquilina”.
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