Hay comparecencias parlamentarias que valen más por lo que revelan involuntariamente que por lo que pretenden explicar. La de Belén Gualda esta semana pertenece a esa categoría. La presidenta de la SEPI acudió al Congreso para defender la actuación del organismo en varios asuntos sensibles y terminó dejando una afirmación difícil de olvidar. Según explicó, la sociedad estatal tardó casi un año en constatar la magnitud del conflicto de interés que suponía que el presidente de Indra (Escribano) impulsara la compra de una compañía de su familia. La afirmación sorprendería en cualquier empresa, pero resulta alarmante en el principal ‘holding’ del Estado. Como excusa, Gualda dijo que «la SEPI no tuvo la oportunidad de pronunciarse en un órgano societario hasta diciembre de 2025». La paradoja apareció de inmediato. La misma organización que necesitó meses para advertir un conflicto de interés que todos veíamos reclamó un informe «inmediato» a Indra tras conocerse el fin del programa FCAS, el gran proyecto europeo para desarrollar el caza de sexta generación. Para unas cuestiones, urgencia. Para otras, paciencia geológica.Sin embargo, el verdadero problema no es la velocidad de reacción. Tampoco la existencia de errores de supervisión. El problema es más profundo y tiene que ver con que la SEPI, que nació para administrar participaciones públicas con criterios empresariales, protegiendo el interés general sin sustituir la lógica de gobierno corporativo de las compañías, ha traicionado su misión y propósit o. Durante los últimos años ha girado hacia una función diferente: convertirse en uno de los instrumentos mediante los cuales el poder político amplía su influencia sobre sectores considerados estratégicos.Las revelaciones contenidas en los cuadernos de Leire Díez encajan inquietantemente en ese contexto. Más allá de la veracidad o alcance concreto de cada anotación, el conjunto dibuja un patrón reconocible. En sus páginas aparecen referencias a movimientos sobre Telefónica, Indra, Prisa, Repsol, BBVA o Hispasat; conversaciones sobre accionistas, relevos directivos, operaciones corporativas y estrategias empresariales que afectan a algunas de las compañías más importantes del país. Lo relevante no es únicamente que esos nombres aparezcan. Lo verdaderamente significativo es la naturalidad con la que se describen intentos de influir en centros de poder económico que, en una democracia, deberían mantener una clara autonomía respecto del Gobierno. La impresión que transmiten esas notas es la de un interés desmedido por controlar el aparato público empresarial y proyectar esa influencia más allá de sus fronteras naturales.Por eso la decadencia de la SEPI no puede entenderse como una simple sucesión de errores de gestión. Tampoco como la consecuencia de una mala decisión. Responde a una concepción política según la cual las grandes empresas, especialmente aquellas donde existe presencia pública, dejan de ser actores independientes para convertirse en piezas de una estrategia más amplia de poder. La cuestión ya no es si la SEPI tomó una decisión acertada o equivocada en un caso concreto. El problema es que ha dejado de proyectar la neutralidad institucional que justificaba su existencia. ● Hay comparecencias parlamentarias que valen más por lo que revelan involuntariamente que por lo que pretenden explicar. La de Belén Gualda esta semana pertenece a esa categoría. La presidenta de la SEPI acudió al Congreso para defender la actuación del organismo en varios asuntos sensibles y terminó dejando una afirmación difícil de olvidar. Según explicó, la sociedad estatal tardó casi un año en constatar la magnitud del conflicto de interés que suponía que el presidente de Indra (Escribano) impulsara la compra de una compañía de su familia. La afirmación sorprendería en cualquier empresa, pero resulta alarmante en el principal ‘holding’ del Estado. Como excusa, Gualda dijo que «la SEPI no tuvo la oportunidad de pronunciarse en un órgano societario hasta diciembre de 2025». La paradoja apareció de inmediato. La misma organización que necesitó meses para advertir un conflicto de interés que todos veíamos reclamó un informe «inmediato» a Indra tras conocerse el fin del programa FCAS, el gran proyecto europeo para desarrollar el caza de sexta generación. Para unas cuestiones, urgencia. Para otras, paciencia geológica.Sin embargo, el verdadero problema no es la velocidad de reacción. Tampoco la existencia de errores de supervisión. El problema es más profundo y tiene que ver con que la SEPI, que nació para administrar participaciones públicas con criterios empresariales, protegiendo el interés general sin sustituir la lógica de gobierno corporativo de las compañías, ha traicionado su misión y propósit o. Durante los últimos años ha girado hacia una función diferente: convertirse en uno de los instrumentos mediante los cuales el poder político amplía su influencia sobre sectores considerados estratégicos.Las revelaciones contenidas en los cuadernos de Leire Díez encajan inquietantemente en ese contexto. Más allá de la veracidad o alcance concreto de cada anotación, el conjunto dibuja un patrón reconocible. En sus páginas aparecen referencias a movimientos sobre Telefónica, Indra, Prisa, Repsol, BBVA o Hispasat; conversaciones sobre accionistas, relevos directivos, operaciones corporativas y estrategias empresariales que afectan a algunas de las compañías más importantes del país. Lo relevante no es únicamente que esos nombres aparezcan. Lo verdaderamente significativo es la naturalidad con la que se describen intentos de influir en centros de poder económico que, en una democracia, deberían mantener una clara autonomía respecto del Gobierno. La impresión que transmiten esas notas es la de un interés desmedido por controlar el aparato público empresarial y proyectar esa influencia más allá de sus fronteras naturales.Por eso la decadencia de la SEPI no puede entenderse como una simple sucesión de errores de gestión. Tampoco como la consecuencia de una mala decisión. Responde a una concepción política según la cual las grandes empresas, especialmente aquellas donde existe presencia pública, dejan de ser actores independientes para convertirse en piezas de una estrategia más amplia de poder. La cuestión ya no es si la SEPI tomó una decisión acertada o equivocada en un caso concreto. El problema es que ha dejado de proyectar la neutralidad institucional que justificaba su existencia. ●
Hay comparecencias parlamentarias que valen más por lo que revelan involuntariamente que por lo que pretenden explicar. La de Belén Gualda esta semana pertenece a esa categoría. La presidenta de la SEPI acudió al Congreso para defender la actuación del organismo en varios asuntos sensibles … y terminó dejando una afirmación difícil de olvidar. Según explicó, la sociedad estatal tardó casi un año en constatar la magnitud del conflicto de interés que suponía que el presidente de Indra (Escribano) impulsara la compra de una compañía de su familia. La afirmación sorprendería en cualquier empresa, pero resulta alarmante en el principal ‘holding’ del Estado. Como excusa, Gualda dijo que «la SEPI no tuvo la oportunidad de pronunciarse en un órgano societario hasta diciembre de 2025». La paradoja apareció de inmediato. La misma organización que necesitó meses para advertir un conflicto de interés que todos veíamos reclamó un informe «inmediato» a Indra tras conocerse el fin del programa FCAS, el gran proyecto europeo para desarrollar el caza de sexta generación. Para unas cuestiones, urgencia. Para otras, paciencia geológica.
Sin embargo, el verdadero problema no es la velocidad de reacción. Tampoco la existencia de errores de supervisión. El problema es más profundo y tiene que ver con que la SEPI, que nació para administrar participaciones públicas con criterios empresariales, protegiendo el interés general sin sustituir la lógica de gobierno corporativo de las compañías, ha traicionado su misión y propósito. Durante los últimos años ha girado hacia una función diferente: convertirse en uno de los instrumentos mediante los cuales el poder político amplía su influencia sobre sectores considerados estratégicos.
Las revelaciones contenidas en los cuadernos de Leire Díez encajan inquietantemente en ese contexto. Más allá de la veracidad o alcance concreto de cada anotación, el conjunto dibuja un patrón reconocible. En sus páginas aparecen referencias a movimientos sobre Telefónica, Indra, Prisa, Repsol, BBVA o Hispasat; conversaciones sobre accionistas, relevos directivos, operaciones corporativas y estrategias empresariales que afectan a algunas de las compañías más importantes del país. Lo relevante no es únicamente que esos nombres aparezcan. Lo verdaderamente significativo es la naturalidad con la que se describen intentos de influir en centros de poder económico que, en una democracia, deberían mantener una clara autonomía respecto del Gobierno. La impresión que transmiten esas notas es la de un interés desmedido por controlar el aparato público empresarial y proyectar esa influencia más allá de sus fronteras naturales.
Por eso la decadencia de la SEPI no puede entenderse como una simple sucesión de errores de gestión. Tampoco como la consecuencia de una mala decisión. Responde a una concepción política según la cual las grandes empresas, especialmente aquellas donde existe presencia pública, dejan de ser actores independientes para convertirse en piezas de una estrategia más amplia de poder. La cuestión ya no es si la SEPI tomó una decisión acertada o equivocada en un caso concreto. El problema es que ha dejado de proyectar la neutralidad institucional que justificaba su existencia. ●
RSS de noticias de economia
