El juez que instruye el caso mascarillas de la Diputación de Almería —donde se investiga una supuesta trama de contratación irregular con epicentro en esa entidad supramunicipal— ha pedido que se abra una causa paralela contra el expresidente de esa institución, Javier Aureliano García, por si pudiera haber cometido un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos por el viaje que realizó a Madrid en junio de 2025 junto con su jefa de Gabinete con cargo a fondos públicos aunque, según la UCO, sin justificación institucional. El titular de la Plaza 1 del Juzgado de Instrucción de Almería ha pedido que se deduzca testimonio del último informe policial sobre esa visita a la capital española del que también fuera presidente del PP de Almería entregado por la Guardia Civil el pasado 24 de febrero, para que el juzgado que corresponda determine si pudiera ser constitutivo de hechos delictivos por entender que no están directamente relacionados con las adjudicaciones que él está instruyendo, de acuerdo con el auto firmado el pasado 10 de abril al que ha tenido acceso este diario.
El magistrado solicita que se abra una causa paralela para indagar sobre los presuntos delitos de su viaje a Madrid con su jefa de Gabinete para un viaje a la FEMP al que no asistió
El juez que instruye el caso mascarillas de la Diputación de Almería —donde se investiga una supuesta trama de contratación irregular con epicentro en esa entidad supramunicipal— ha pedido que se abra una causa paralela contra el expresidente de esa institución, Javier Aureliano García, por si pudiera haber cometido un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos por el viaje que realizó a Madrid en junio de 2025 junto con su jefa de Gabinete con cargo a fondos públicos aunque, según la UCO, sin justificación institucional. El titular de la Plaza 1 del Juzgado de Instrucción de Almería ha pedido que se deduzca testimonio del último informe policial sobre esa visita a la capital española del que también fuera presidente del PP de Almería entregado por la Guardia Civil el pasado 24 de febrero, para que el juzgado que corresponda determine si pudiera ser constitutivo de hechos delictivos por entender que no están directamente relacionados con las adjudicaciones que él está instruyendo, de acuerdo con el auto firmado el pasado 10 de abril al que ha tenido acceso este diario.
En su último informe de febrero de 2026, la UCO detallaba el viaje que García realizó entre el 26 y 27 de junio de 2025 a Madrid por un importe total de 1.892,84 euros —entre vuelos, hotel y gastos de gestión— facturados a la Diputación de Almería y que se imputaron a una supuesta reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a la que el entonces presidente de esa institución nunca asistió. “¿Ponemos FEMP?”, le preguntaba su jefa de Gabinete, María Del Mar González Zamora, que lo acompañó durante su estancia, unos días antes. A lo que García respondió: “Claro”.
Del seguimiento policial que los investigadores realizaron a ambos mientras estaban en la capital de España, la UCO concluye que “el viaje, ya desde los momentos iniciales de su organización, habría respondido a una necesidad personal de los asistentes”. En los días que estuvieron en Madrid, García jamás asistió a la reunión de la FEMP, es más, su vuelo, de acuerdo con el informe, aterrizó después de que el acto hubiera finalizado. El exdirigente del todopoderoso PP de Almería “no realizó ninguna actividad institucional” en ese tiempo y durante su estancia comió en una marisquería con González e hizo compras en unos grandes almacenes.
En su auto, el juez considera que estos hechos, que se desarrollaron en fechas posteriores a las adjudicaciones presuntamente irregulares que se investigan en el caso mascarillas —contratos otorgados por la Diputación de Almería entre 2016 y 2021— y que su objeto tiene una “naturaleza diversa” y que “al tratarse de la práctica de un desplazamiento con cargo a las arcas de la Diputación Provincial, sin cumplir con el fin o causa para la que se autorizó, con defraudación o distracción del importe cargado a aquella, es distinto”. “Por este motivo que al tratarse de hechos distintos de los investigados en esta causa, no conexos con los que son objeto de instrucción en la misma, de los hechos reflejados en el informe policial indicado debe entender en una causa distinta a la presente, la Plaza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería a la que por reparto se remita”, razona el instructor.
El expresidente de la Diputación de Almería está llamado a declarar por su vinculación con la trama de supuestas contrataciones irregulares el próximo 26 de junio a las 9.30 de la mañana. García, que en su condición de presidente del PP de Almería y de la Diputación —cargos de los que dimitió el pasado 21 de diciembre, tres días después de ser detenido en el marco de esta investigación— acaparaba el mayor poder político del feudo popular en Andalucía, está acusado de presunto cohecho, malversación, blanqueo de capitales y fraude en la contratación pública.
Los investigadores de la UCO consideran que el exdirigente popular pudo utilizar una cuenta bancaria a nombre de su hermana y de sus padres —fallecidos— para pagar una hipoteca con dinero supuestamente procedente de las mordidas por las adjudicaciones amañadas. Durante los registros de noviembre, en la vivienda de la hermana de García se encontraron sobres con 7.620 euros a nombre de Javier Aureliano y una tabla con cifras y referencias a pisos y a una comunidad de bienes perteneciente a todos los hermanos con la que también se realizarían operaciones de blanqueo. Pero la hipoteca no era el único destino de los fondos públicos supuestamente sustraídos por el expresidente de la Diputación.
García compartía con otros dos de los exdirigentes políticos del PP imputados en el caso mascarillas de la Diputación, Fernando Giménez y Óscar Liria, un chat en el que utilizaba, de acuerdo con la investigación, un vocabulario cifrado —en general relacionado con visitas al dentista— para referirse a las presuntas mordidas que iban a recibir por las adjudicaciones irregulares. El origen del caso se remonta a la contratación por dos millones de euros de material sanitario el 8 de abril de 2020, en lo peor de la pandemia, con un sobrecoste de un millón de euros y en el que los entonces dirigentes de la Diputación habrían cobrado comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros. En la causa hay una cuarentena de investigados entre políticos y empresarios.
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