El mercado laboral muestra tres escenarios completamente opuestos cuando se analiza la meteórica subida que han tenido los procesos por incapacidad temporal en España. En el sector público se inician un 12,5% más de bajas que en el privado, según la incidencia media mensual por cada mil trabajadores, y en común tienen que en ambos casos las cifras se han disparado. Y luego están los autónomos, colectivo que registra casi cuatro veces menos de ausencias laborales que los trabajadores por cuenta ajena y con una tendencia a la baja en los últimos siete años. Plantillas más envejecidas, una mayor estabilidad laboral, sin temor al despido, y una cobertura económica del 100% del salario desde el primer día de baja en la mayoría de administraciones están detrás de la mayor incidencia en lo público, explican expertos laboralistas a ABC. En 2012, con la Gran Crisis, el Gobierno de Mariano Rajoy adoptó una batería de medidas para reducir el gasto en la Administración, entre las que se incluía un recorte del sueldo de los funcionarios cuando estaban de baja. La estadística refleja que a partir de ese ejercicio estas las que se iniciaron se mantuvieron con pequeñas variaciones al alza, pero a partir de 2018, cuando el Ejecutivo de Sánchez eliminó esas limitaciones la mayoría de comunidades complementó hasta el cobro íntegro de sueldo, cuando esa incidencia comienza a subir, según datos de las mutuas. Aunque se inician más bajas entre el personal de la Administración, en el sector privado crecen a mayor velocidad. Desde 2019, el año anterior a la pandemia, la incidencia media mensual por cada mil trabajadores en el sector privado se ha disparado un 90,06%, casi se ha duplicado, frente al 76,28% del público. El covid irrumpió como un tsunami en la economía y el alud de bajas que provocó no se quedó solo en un paréntesis. Desde entonces el absentismo no han parado de crecer, lo que es motivo de preocupación y está siendo objeto de estudio por organismos nacionales e internacionales.Al cambio de comportamiento se suma el hecho de que l as bajas laborales son un fenómeno claramente procíclico ; entre los asalariados aumentan en las fases de crecimiento económico y caen con fuerza en las etapas de crisis, lo que podría explicar el ritmo más acelerado que el desequilibrio ha experimentado, a lo que también se debe sumar que la sanidad pública está saturada . Un trabajador con una dolencia común, como una hernia o un problema muscular, puede tardar meses en conseguir una cita con el especialista, realizarse una prueba diagnóstica o recibir una operación, lo que dilata su baja médica mientras espera el tratamiento.El número de ausencias al trabajo ha crecido un 132% en una década , hasta superar los 9,2 millones el pasado año En cualquier caso en ambos sectores, el volumen de nuevos procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes está en niveles desconocidos y se ha convertido en un reto crítico tanto para la Seguridad Social como para las empresas. El roto que hace la incapacidad temporal en las arcas públicas es mayúsculo, pero el impacto que tiene en las cuentas de las empresas no es menor, teniendo en cuenta que en los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral, el abono del subsidio entre los días 4 a 15 de baja en el trabajo corre a cargo del empresario. El número de ausencias al trabajo ha crecido un 132% en una década, hasta superar los 9,2 millones el pasado año, evolución que ha elevado los desembolsos en este periodo un 230%, hasta rozar los 34.000 millones .Pérdida de ingresosY luego están los autónomos, cuya tasa de incidencia media mensual de las bajas iniciadas por cada mil trabajadores apenas es del 10,73 . ¿Por qué existe esta diferencia respecto a los empleados públicos y asalariados? Coger una baja en este caso suele implicar el cese total o parcial de sus ingresos mientras sigue pagando sus costes fijos , motivo por el que el colectivo evita recurrir a una incapacidad cuando se pone enfermo. En este caso y, a diferencia de muchos convenios del sector privado o de las condiciones del sector público, con complemento del sueldo hasta el 100% mientras se está de baja, el autónomo carece de este paraguas y se enfrenta a una pérdida de poder adquisitivo muy severa si deja de trabajar. La rueda de las facturas sigue rodando también cuando se está enfermo.Salvando el caso de los autónomos, el absentismo no da tregua. España se sitúa entre los países europeos donde se producen más bajas; es el tercero con peores resultados tanto de la OCDE como de la UE , solo por detrás de Noruega y Finlandia . En 2025 costó a la economía española 59.109 millones de euros, un 11,7% más que en 2024 y casi el doble que en 2019 (30.171 millones), datos que incluyen tanto el aumento de la tasa como el encarecimiento del coste laboral, según el ‘XV informe anual Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo’ publicado esta semana, en el que se avisa que España afronta 2026 con niveles históricamente elevados y que el avance del primer trimestre sitúa la tasa de absentismo en el 7,6%.Mientras, el Gobierno busca fórmulas para recortar el galopante absentismo tras el fracaso en las negociaciones con los agentes sociales. Como ya informó ABC, ha vuelto a reclamar a las empresas datos complementarios sobre los trabajadores como una vía de control, tras afearles su escasa colaboración. Como ya informó ABC, en la última oleada de envíos masivos de cartas a las empresas el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) solicita que los partes de baja incluyan datos detallados sobre el trabajador, el puesto que desempeña y una descripción de las funciones que realiza en la empresa, al objeto de que el médico pueda comprender mejor las limitaciones derivadas de su patología y establecer de esta forma una relación más precisa entre su estado de salud y sus funciones laborales. Es una información que la Administración considera esencial para que tanto los servicios públicos de salud como el INSS puedan llevar a cabo un control adecuado de las situaciones de baja y, con ello, facilitar la altas médicas cuando procedan. Desde las empresas y organismos nacionales e internacionales como la Airef o la OCDE se reclaman desde hace años medidas al Gobierno. La patronal aboga porque los convenios acaben con los complementos salariales y eximir a las empresas de pagar el sueldo a los trabajadores cuando están de baja mientras que la Airef ha alertado de «prolongaciones innecesarias« de las bajas. Y la OCDE, en sus recomendaciones al Ejecutivo, subrayó que nuestro país tiene un sistema muy generoso , avisó de que el desequilibrio lleva 12 años aumentando, y de que no se trata de recortar prestaciones sino de hacer el sistema más sostenible. El mercado laboral muestra tres escenarios completamente opuestos cuando se analiza la meteórica subida que han tenido los procesos por incapacidad temporal en España. En el sector público se inician un 12,5% más de bajas que en el privado, según la incidencia media mensual por cada mil trabajadores, y en común tienen que en ambos casos las cifras se han disparado. Y luego están los autónomos, colectivo que registra casi cuatro veces menos de ausencias laborales que los trabajadores por cuenta ajena y con una tendencia a la baja en los últimos siete años. Plantillas más envejecidas, una mayor estabilidad laboral, sin temor al despido, y una cobertura económica del 100% del salario desde el primer día de baja en la mayoría de administraciones están detrás de la mayor incidencia en lo público, explican expertos laboralistas a ABC. En 2012, con la Gran Crisis, el Gobierno de Mariano Rajoy adoptó una batería de medidas para reducir el gasto en la Administración, entre las que se incluía un recorte del sueldo de los funcionarios cuando estaban de baja. La estadística refleja que a partir de ese ejercicio estas las que se iniciaron se mantuvieron con pequeñas variaciones al alza, pero a partir de 2018, cuando el Ejecutivo de Sánchez eliminó esas limitaciones la mayoría de comunidades complementó hasta el cobro íntegro de sueldo, cuando esa incidencia comienza a subir, según datos de las mutuas. Aunque se inician más bajas entre el personal de la Administración, en el sector privado crecen a mayor velocidad. Desde 2019, el año anterior a la pandemia, la incidencia media mensual por cada mil trabajadores en el sector privado se ha disparado un 90,06%, casi se ha duplicado, frente al 76,28% del público. El covid irrumpió como un tsunami en la economía y el alud de bajas que provocó no se quedó solo en un paréntesis. Desde entonces el absentismo no han parado de crecer, lo que es motivo de preocupación y está siendo objeto de estudio por organismos nacionales e internacionales.Al cambio de comportamiento se suma el hecho de que l as bajas laborales son un fenómeno claramente procíclico ; entre los asalariados aumentan en las fases de crecimiento económico y caen con fuerza en las etapas de crisis, lo que podría explicar el ritmo más acelerado que el desequilibrio ha experimentado, a lo que también se debe sumar que la sanidad pública está saturada . Un trabajador con una dolencia común, como una hernia o un problema muscular, puede tardar meses en conseguir una cita con el especialista, realizarse una prueba diagnóstica o recibir una operación, lo que dilata su baja médica mientras espera el tratamiento.El número de ausencias al trabajo ha crecido un 132% en una década , hasta superar los 9,2 millones el pasado año En cualquier caso en ambos sectores, el volumen de nuevos procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes está en niveles desconocidos y se ha convertido en un reto crítico tanto para la Seguridad Social como para las empresas. El roto que hace la incapacidad temporal en las arcas públicas es mayúsculo, pero el impacto que tiene en las cuentas de las empresas no es menor, teniendo en cuenta que en los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral, el abono del subsidio entre los días 4 a 15 de baja en el trabajo corre a cargo del empresario. El número de ausencias al trabajo ha crecido un 132% en una década, hasta superar los 9,2 millones el pasado año, evolución que ha elevado los desembolsos en este periodo un 230%, hasta rozar los 34.000 millones .Pérdida de ingresosY luego están los autónomos, cuya tasa de incidencia media mensual de las bajas iniciadas por cada mil trabajadores apenas es del 10,73 . ¿Por qué existe esta diferencia respecto a los empleados públicos y asalariados? Coger una baja en este caso suele implicar el cese total o parcial de sus ingresos mientras sigue pagando sus costes fijos , motivo por el que el colectivo evita recurrir a una incapacidad cuando se pone enfermo. En este caso y, a diferencia de muchos convenios del sector privado o de las condiciones del sector público, con complemento del sueldo hasta el 100% mientras se está de baja, el autónomo carece de este paraguas y se enfrenta a una pérdida de poder adquisitivo muy severa si deja de trabajar. La rueda de las facturas sigue rodando también cuando se está enfermo.Salvando el caso de los autónomos, el absentismo no da tregua. España se sitúa entre los países europeos donde se producen más bajas; es el tercero con peores resultados tanto de la OCDE como de la UE , solo por detrás de Noruega y Finlandia . En 2025 costó a la economía española 59.109 millones de euros, un 11,7% más que en 2024 y casi el doble que en 2019 (30.171 millones), datos que incluyen tanto el aumento de la tasa como el encarecimiento del coste laboral, según el ‘XV informe anual Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo’ publicado esta semana, en el que se avisa que España afronta 2026 con niveles históricamente elevados y que el avance del primer trimestre sitúa la tasa de absentismo en el 7,6%.Mientras, el Gobierno busca fórmulas para recortar el galopante absentismo tras el fracaso en las negociaciones con los agentes sociales. Como ya informó ABC, ha vuelto a reclamar a las empresas datos complementarios sobre los trabajadores como una vía de control, tras afearles su escasa colaboración. Como ya informó ABC, en la última oleada de envíos masivos de cartas a las empresas el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) solicita que los partes de baja incluyan datos detallados sobre el trabajador, el puesto que desempeña y una descripción de las funciones que realiza en la empresa, al objeto de que el médico pueda comprender mejor las limitaciones derivadas de su patología y establecer de esta forma una relación más precisa entre su estado de salud y sus funciones laborales. Es una información que la Administración considera esencial para que tanto los servicios públicos de salud como el INSS puedan llevar a cabo un control adecuado de las situaciones de baja y, con ello, facilitar la altas médicas cuando procedan. Desde las empresas y organismos nacionales e internacionales como la Airef o la OCDE se reclaman desde hace años medidas al Gobierno. La patronal aboga porque los convenios acaben con los complementos salariales y eximir a las empresas de pagar el sueldo a los trabajadores cuando están de baja mientras que la Airef ha alertado de «prolongaciones innecesarias« de las bajas. Y la OCDE, en sus recomendaciones al Ejecutivo, subrayó que nuestro país tiene un sistema muy generoso , avisó de que el desequilibrio lleva 12 años aumentando, y de que no se trata de recortar prestaciones sino de hacer el sistema más sostenible.
El mercado laboral muestra tres escenarios completamente opuestos cuando se analiza la meteórica subida que han tenido los procesos por incapacidad temporal en España. En el sector público se inician un 12,5% más de bajas que en el privado, según la incidencia media mensual … por cada mil trabajadores, y en común tienen que en ambos casos las cifras se han disparado. Y luego están los autónomos, colectivo que registra casi cuatro veces menos de ausencias laborales que los trabajadores por cuenta ajena y con una tendencia a la baja en los últimos siete años.
Plantillas más envejecidas, una mayor estabilidad laboral, sin temor al despido, y una cobertura económica del 100% del salario desde el primer día de baja en la mayoría de administraciones están detrás de la mayor incidencia en lo público, explican expertos laboralistas a ABC. En 2012, con la Gran Crisis, el Gobierno de Mariano Rajoy adoptó una batería de medidas para reducir el gasto en la Administración, entre las que se incluía un recorte del sueldo de los funcionarios cuando estaban de baja. La estadística refleja que a partir de ese ejercicio estas las que se iniciaron se mantuvieron con pequeñas variaciones al alza, pero a partir de 2018, cuando el Ejecutivo de Sánchez eliminó esas limitaciones la mayoría de comunidades complementó hasta el cobro íntegro de sueldo, cuando esa incidencia comienza a subir, según datos de las mutuas.
Aunque se inician más bajas entre el personal de la Administración, en el sector privado crecen a mayor velocidad. Desde 2019, el año anterior a la pandemia, la incidencia media mensual por cada mil trabajadores en el sector privado se ha disparado un 90,06%, casi se ha duplicado, frente al 76,28% del público. El covid irrumpió como un tsunami en la economía y el alud de bajas que provocó no se quedó solo en un paréntesis. Desde entonces el absentismo no han parado de crecer, lo que es motivo de preocupación y está siendo objeto de estudio por organismos nacionales e internacionales.
Incidencia media mensual de trabajadores protegidos
por contingencias comunes
Procesos por cada 1.000 trabajadores
Sector público
Sector privado
Autónomos
Pandemia
Último
dato
Fuente: AMAT
Incidencia media mensual de trabajadores protegidos
por contingencias comunes
Procesos por cada 1.000 trabajadores
Sector público
Sector privado
Autónomos
Pandemia
Último
dato
Fuente: AMAT
Al cambio de comportamiento se suma el hecho de que las bajas laborales son un fenómeno claramente procíclico; entre los asalariados aumentan en las fases de crecimiento económico y caen con fuerza en las etapas de crisis, lo que podría explicar el ritmo más acelerado que el desequilibrio ha experimentado, a lo que también se debe sumar que la sanidad pública está saturada. Un trabajador con una dolencia común, como una hernia o un problema muscular, puede tardar meses en conseguir una cita con el especialista, realizarse una prueba diagnóstica o recibir una operación, lo que dilata su baja médica mientras espera el tratamiento.
El número de ausencias al trabajo
ha crecido un 132% en una década
, hasta superar los 9,2 millones el pasado año
En cualquier caso en ambos sectores, el volumen de nuevos procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes está en niveles desconocidos y se ha convertido en un reto crítico tanto para la Seguridad Social como para las empresas. El roto que hace la incapacidad temporal en las arcas públicas es mayúsculo, pero el impacto que tiene en las cuentas de las empresas no es menor, teniendo en cuenta que en los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral, el abono del subsidio entre los días 4 a 15 de baja en el trabajo corre a cargo del empresario. El número de ausencias al trabajo ha crecido un 132% en una década, hasta superar los 9,2 millones el pasado año, evolución que ha elevado los desembolsos en este periodo un 230%, hasta rozar los 34.000 millones.
Pérdida de ingresos
Y luego están los autónomos, cuya tasa de incidencia media mensual de las bajas iniciadas por cada mil trabajadores apenas es del 10,73. ¿Por qué existe esta diferencia respecto a los empleados públicos y asalariados? Coger una baja en este caso suele implicar el cese total o parcial de sus ingresos mientras sigue pagando sus costes fijos, motivo por el que el colectivo evita recurrir a una incapacidad cuando se pone enfermo. En este caso y, a diferencia de muchos convenios del sector privado o de las condiciones del sector público, con complemento del sueldo hasta el 100% mientras se está de baja, el autónomo carece de este paraguas y se enfrenta a una pérdida de poder adquisitivo muy severa si deja de trabajar. La rueda de las facturas sigue rodando también cuando se está enfermo.
Salvando el caso de los autónomos, el absentismo no da tregua. España se sitúa entre los países europeos donde se producen más bajas; es el tercero con peores resultados tanto de la OCDE como de la UE, solo por detrás de Noruega y Finlandia. En 2025 costó a la economía española 59.109 millones de euros, un 11,7% más que en 2024 y casi el doble que en 2019 (30.171 millones), datos que incluyen tanto el aumento de la tasa como el encarecimiento del coste laboral, según el ‘XV informe anual Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo’ publicado esta semana, en el que se avisa que España afronta 2026 con niveles históricamente elevados y que el avance del primer trimestre sitúa la tasa de absentismo en el 7,6%.
Mientras, el Gobierno busca fórmulas para recortar el galopante absentismo tras el fracaso en las negociaciones con los agentes sociales. Como ya informó ABC, ha vuelto a reclamar a las empresas datos complementarios sobre los trabajadores como una vía de control, tras afearles su escasa colaboración. Como ya informó ABC, en la última oleada de envíos masivos de cartas a las empresas el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) solicita que los partes de baja incluyan datos detallados sobre el trabajador, el puesto que desempeña y una descripción de las funciones que realiza en la empresa, al objeto de que el médico pueda comprender mejor las limitaciones derivadas de su patología y establecer de esta forma una relación más precisa entre su estado de salud y sus funciones laborales. Es una información que la Administración considera esencial para que tanto los servicios públicos de salud como el INSS puedan llevar a cabo un control adecuado de las situaciones de baja y, con ello, facilitar la altas médicas cuando procedan.
Desde las empresas y organismos nacionales e internacionales como la Airef o la OCDE se reclaman desde hace años medidas al Gobierno. La patronal aboga porque los convenios acaben con los complementos salariales y eximir a las empresas de pagar el sueldo a los trabajadores cuando están de baja mientras que la Airef ha alertado de «prolongaciones innecesarias« de las bajas. Y la OCDE, en sus recomendaciones al Ejecutivo, subrayó que nuestro país tiene un sistema muy generoso, avisó de que el desequilibrio lleva 12 años aumentando, y de que no se trata de recortar prestaciones sino de hacer el sistema más sostenible.
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