La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir ciudadanos de origen magrebí en España, regularizándolos mediante la simulación de parejas de hecho y que habrían llegado a obtener unos beneficios de más de 30 millones. La operación se ha saldado con la detención de 19 personas en Jaén, Málaga, Tenerife y Melilla por falsedad documental, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a la organización criminal. Se trata de la segunda parte de la Operación Vínculo, en la que el año pasado ya hubo otros 46 detenidos acusados de realizar unos 300 empadronamientos en fraude de ley.
La operación policial se salda con 65 detenidos en varias provincias, 300 empadronamientos en fraude de ley y un lucro de 30 millones
La operación policial se salda con 65 detenidos en varias provincias, 300 empadronamientos en fraude de ley y un lucro de 30 millones
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir ciudadanos de origen magrebí en España, regularizándolos mediante la simulación de parejas de hecho y que habrían llegado a obtener unos beneficios de más de 30 millones. La operación se ha saldado con la detención de 19 personas en Jaén, Málaga, Tenerife y Melilla por falsedad documental, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a la organización criminal. Se trata de la segunda parte de la Operación Vínculo, en la que el año pasado ya hubo otros 46 detenidos acusados de realizar unos 300 empadronamientos en fraude de ley.
A principios de febrero de 2025, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Jaén comenzó la investigación cuando recibió información sobre varias solicitudes de permiso de residencia (por circunstancias excepcionales) a través de matrimonios de conveniencia. Eran parejas de hecho registradas en Cataluña, y relacionadas con empadronamientos en domicilios de la localidad de Torredonjimeno (Jaén). Esta brigada realizó distintas gestiones y detectó la falsedad en los documentos presentados para la solicitud de dichos permisos de residencia mediante el registro de parejas entre ciudadanos de origen marroquí y ciudadanas españolas.
En la investigación se detectaron más de 300 solicitudes de permisos de residencia conseguidos en fraude de ley, presentadas en distintas oficinas de extranjería de la geografía española. La regularización de ciudadanos extranjeros se conseguía tras registrarse como “pareja de hecho” en diferentes notarías de Barcelona, previo empadronamiento en esa localidad, con ciudadanas españolas, a las que no conocían con anterioridad y con las que no mantenían ningún tipo de relación personal. De este modo, obtenían su autorización de residencia de familiar comunitario, la cual habilitaba para la residencia durante cinco años y la posibilidad de trabajar por cuenta propia o ajena.
Desde la Comisaría de Jaén se indica que la organización criminal llegaba a cobrar por los trámites cantidades que podían alcanzar los 12.000 euros a cambio de que los miembros del grupo criminal les introdujeran ilegalmente en territorio nacional. También les facilitaban la documentación necesaria para poder acogerse a alguna de las circunstancias establecidas en la ley y así obtener su residencia legal en territorio nacional. Según la Policía, los cabecillas de la red llegaron a tener un beneficio de más de 30 millones.
La organización criminal, que operaba en Barcelona, Melilla, Tenerife y Málaga, con tareas repartidas y bien definidas, tenía en su cúspide a los cabecillas de la organización, españoles y marroquíes, que planificaban todas las actuaciones. También se encargaban de captar a los restantes miembros de la organización, a los que ordenaban y distribuían las tareas a realizar, siendo los receptores de la mayor parte de las ganancias obtenidas.
En el siguiente eslabón se encontraban los captadores, que eran los encargados de encontrar chicas españolas (la mayor parte en la provincia de Málaga) para inscribirse como parejas estables de hecho, realizando también tareas logísticas y de desplazamiento entre las provincias de Málaga y Barcelona. El proceso lo completaban los facilitadores, que se encargaban de conseguir la documentación falsificada necesaria para la presentación de las solicitudes de permiso de residencia, y las tradicionalmente conocidas como “mulas”, encargadas de transferir el dinero obtenido por la organización.
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