Nueva guerra política por los menores inmigrantes. Pero esta vez directamente entre el PP y el Gobierno, sin la participación de Vox. El partido de Santiago Abascal llegó a romper los gobiernos autonómicos con el PP por este asunto. Ahora, sin embargo, la posición de Alberto Núñez Feijóo se ha endurecido tanto en la cuestión migratoria que han sido directamente él y ―el hasta ahora moderado― Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, quienes han abierto una guerra política sobre los menores con consecuencias imprevisibles en una comparecencia en la ciudad autónoma. Ambos exigieron abiertamente que se expulse como sea a todos los que entraron en la “invasión” del 30 y 31 de julio, “menores y mayores”. Y rechazaron tajantemente que se envíen a la Península a algunos de los menores mientras se soluciona la situación, como plantea el Gobierno.
El Gobierno sigue adelante con su plan y sostiene que es ilegal una deportación masiva de niños y adolescentes y recuerda que hubo inhabilitaciones por ello en 2021
Nueva guerra política por los menores inmigrantes. Pero esta vez directamente entre el PP y el Gobierno, sin la participación de Vox. El partido de Santiago Abascal llegó a romper los gobiernos autonómicos con el PP por este asunto. Ahora, sin embargo, la posición de Alberto Núñez Feijóo se ha endurecido tanto en la cuestión migratoria que han sido directamente él y ―el hasta ahora moderado― Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, quienes han abierto una guerra política sobre los menores con consecuencias imprevisibles en una comparecencia en la ciudad autónoma. Ambos exigieron abiertamente que se expulse como sea a todos los que entraron en la “invasión” del 30 y 31 de julio, “menores y mayores”. Y rechazaron tajantemente que se envíen a la Península a algunos de los menores mientras se soluciona la situación, como plantea el Gobierno.
El Ministerio de Infancia ya estaba preparando la salida de 500 niñas, especialmente vulnerables, y confiaba en contar con el apoyo del Ejecutivo de Ceuta, que es quien tiene la competencia y sufre más directamente el problema. Pero esta guerra política abre la incógnita de si será viable esa solución. El Gobierno asegura que Feijóo y Vivas están pidiendo una ilegalidad flagrante, que saben que lo es, porque una deportación masiva de menores va en contra de la ley del menor, como demuestra la inhabilitación de hasta nueve años a las que han sido condenadas recientemente tanto la anterior delegada del Gobierno como una consejera de Ceuta, precisamente por devolver a más de 500 menores de manera apresurada en la anterior crisis, la de 2021, cuando entraron 10.000 personas.
La titular de Infancia, Sira Rego, se muestra escandalizada en conversación con EL PAÍS ante lo que plantea el PP. “No están hablando de una reunificación familiar; todos queremos que los niños estén con sus padres, pero muchas de estas niñas no tienen familias o vienen de situaciones de violencia”, señala. A su juicio, desde la formación de Feijóo “están planteando una deportación de niños”. “Y es completamente ilegal. No lo vamos a hacer en ningún caso. Deportar niños es una barbaridad. Feijóo se está sumando a las posiciones racistas de Vox”, agrega Rego. “Desde el Ministerio de Juventud e Infancia vamos a seguir trabajando para blindar una sociedad articulada sobre los derechos humanos”, remató la ministra en redes sociales.
Feijóo y Vivas apelan a una modificación reciente de la legislación europea, a la que España se ha opuesto, que endurece la regulación y permite devolver a los menores incluso en contra de su voluntad. Pero el Ejecutivo recuerda que incluso esa nueva regulación, con la que no está de acuerdo pero que tiene que cumplir, habla en todo momento del bien superior del menor. Y la legislación del menor española es tajante, recuerdan, y la Fiscalía de Menores ha emitido recientemente una orden que hay que facilitar la acogida.
En el caso de las 500 niñas, según fuentes del Gobierno, buena parte de ellas son muy pequeñas y, por tanto, especialmente vulnerables. Ni siquiera adolescentes, sino niñas. Y los casos que se están encontrando los servicios sociales son especialmente dramáticos. Las menores vienen de situaciones de violencia y rechazan abiertamente regresar; algunas amenazan incluso con quitarse la vida si eso sucediera. En muchos casos no tiene familia o están completamente desestructuradas y es muy difícil garantizar que volverían a un entorno seguro.
En cualquier caso, para identificar todas las situaciones, entrevistar a las menores, ver caso a caso ―como exige la legislación―, hace falta tiempo. Y como las instalaciones en Ceuta están completamente saturadas ―en teoría no debería haber más de 30 menores acogidos en la ciudad autónoma y estos días puede haber cerca de 3.000―, la mayoría está por la calle. Por eso, para liberar la presión en Ceuta y en especial con las más vulnerables ―las niñas―, el Ministerio de Rego, que tiene allí a su secretario de Estado, Rubén Pérez, estaba preparando una solución temporal para enviar a 500 menores a la península en plazas de acogida privadas pagadas por el Estado. La competencia es de Ceuta, pero el Gobierno entiende que no puede asumirlo y pone el dinero, aunque necesita la colaboración de la ciudad, que es la que tiene la tutela de las niñas.
Fuentes del Ejecutivo confían en que todo se quede en mensaje político y Ceuta finalmente permita la salida de estas niñas, porque es la principal interesada. Feijóo y Vivas, sin embargo, fueron tan tajantes que la resolución del conflicto es imprevisible. El PP podría intentar bloquear en una interterritorial la partida de 25 millones de euros que Rego tiene preparada para esta emergencia. Pero el Ejecutivo confía en que los populares no lleguen a tanto.
Feijóo y Vivas fueron rotundos: todos los que entraron deben volver a Marruecos. Aunque cuando les preguntaron con qué fórmula legal lo harían —ahí está la principal complejidad—, no contestaron. “No se puede utilizar una ocupación de un país para después pedir que los menores que hayan entrado se puedan quedar en ese país”, señaló Feijóo. “¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando e invadiendo nuestro territorio?”, se preguntó. Vivas propuso que los servicios sociales de Marruecos se hagan cargo de ellos, aunque la legislación española es muy estricta y precisamente por algo muy similar fue inhabilitada su consejera. El presidente de Ceuta argumentó que Rabat no puede ser un país de primera para algunas cosas y no para los menores. “Si Marruecos es válido para organizar conjuntamente [con España] un mundial de futbol, tendrá que serlo para organizar a sus menores”, clamó.
El tono más duro lo usó Feijóo, que llegó a insinuar que la presencia de los inmigrantes pone en riesgo no solo a las menores ―en su mayoría marroquíes―, sino también a las ceutíes. “¿Qué está pasando en Ceuta para que el Gobierno considere que se deben mandar a la península 500 niñas? ¿Y las niñas que viven en Ceuta y son españolas, quién las protege?“, sentenció.
Ahora queda por saber hasta dónde quiere llevar el PP esta batalla política. El Gobierno recuerda que, pese al tono duro de los populares y de Vox, que ya gobiernan juntos en varias autonomías, el año pasado se trasladaron casi 2.000 menores a la península desde Canarias, Ceuta y Melilla. Y confía en que con estas 500 niñas y otros menores que probablemente habrá que trasladar en el futuro pase lo mismo, aunque habrá que ver si el PP, a pocos meses de las elecciones, quiere mantener este pulso. Lo que descarta por completo el Ejecutivo es una deportación masiva de menores, que considera claramente ilegal. La nueva batalla sobre los menores no acompañados queda abierta para los próximos días, mientras la situación en Ceuta sigue volviéndose cada vez más explosiva.
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