En un momento en el que España está, por un lado, sumergida en una profunda crisis política migratoria por el caos absoluto tras la avalancha de más de 70.000 personas que cruzó la frontera de Marruecos a Ceuta el jueves pasado y, por otro, atrapada entre el récord de calor y el récord de incendios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido «verbalmente» con sus socios catalanes a revocar la decisión de cerrar todas las centrales nucleares españolas. Según ha podido saber ABC, La Moncloa ha trasladado ya a Junts y a ERC que la intención del Gobierno es la de ampliar la vida útil de todos los reactores atómicos españoles tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la continuidad de la central extremeña de Almaraz. Fuentes del entorno político de Sánchez explican que tras el aval técnico del CSN a los reactores de la central de Almaraz en Cáceres -la primera en el calendario diseñado por el Gobierno para acometer su cierre definitivo-, la opinión del Gobierno se decanta ahora por dar el visto bueno a la extensión de su operatividad, lo que a priori conllevará de forma «más que probable», enfatizan, idéntica decisión para el resto de centrales españolas, previo aval también del CSN, ya que las siguientes a las que estaba previsto cerrar sus puertas son las catalanas de Ascò y Vandellòs, en Tarragona. Sánchez se ha comprometido «de viva voz, sin un documento físico de por medio» -dicen las mismas fuentes-, con los partidos catalanes -sobre todo, con el Junts de Carles Puigdemont y el ERC de Oriol Junqueras, amén de la connivencia del PSC de Salvador Illa, al frente de la Generalitat-, a aprobar la ampliación de la vida útil de todas ellas siempre y cuando cumplan con las tres líneas rojas que ha trazado el Ministerio de Transición Ecológica. Los tres criterios que evalúa el equipo de la ministra Sara Aagesen para continuar con el proceso de cierre definitivo o habilitar la prórroga son: la seguridad nuclear -de suministro y de la población-, ya acreditada en el caso de los reactores cacereños, validados por la CSN; garantizar que la extensión no suponga costes o sobrecostes para los consumidores; y, por último, asegurar que la continuidad temporal no sature la red ni bloquee la penetración de nueva potencia renovable planificada en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). Los tres criterios a cumplir: seguridad nuclear, garantizar que no supongan sobrecostes a los consumidores y asegurar que no se sature la red ni bloquee la penetración de nueva potencia renovableLa flexibilización de Sánchez ante el potencial cierre de las nucleares se ha cocido en el último año por los malos resultados electorales y la insistente presión desde CataluñaEl plan original contemplaba el apagón escalonado de Almaraz-I el 1 de noviembre de 2027 y de Almaraz-II el 31 de octubre de 2028. La propuesta bajo análisis de Transición Ecológica es mantener los dos grupos nucleares cacereños de forma simultánea hasta el 8 de junio de 2030, una solicitud consensuada unánimemente por sus propietarias (Iberdrola con un 53%; Endesa, 36%; y Naturgy con el 11%). El análisis se activó tras recibir el informe del CSN el pasado 16 de julio. El Ministerio que dirige Aagesen dispone desde entonces de un plazo de unos dos meses -hasta mediados de septiembre- para emitir la orden ministerial definitiva que conceda o deniegue la extensión. De lo contrario, la petición decaería y se consideraría nula.Según el PNIEC -aprobado en 2021 por encargo de la UE-, en España se preveía el cierre de todas las nucleares entre 2027 y 2035. Además de las cacereñas, en Cataluña la primera central en la que estaba previsto bajar la persiana era Ascó I (en 2030); la segunda, Ascó II (en 2032) y, la última, Vandellòs II (en 2035). Entre las tres cubren el 60% de la demanda energética del territorio, frente al 20% que aportan al conjunto del país las cinco centrales españolas restantes, que suman siete reactores. El turno de Cofrentes, en Valencia, sería en 2030, y la de Trillo, en Guadalajara, sería la última en desenchufarse.Este plan contaba en sus inicios con el apoyo mayoritario de los partidos afines al Gobierno, incluidos Junts y ERC, que en sus programas electorales se mostraban a favor de abandonar la energía nuclear. Pero todo cambió a raíz del apagón del 29 de abril de 2025. Las consecuencias se vieron el 17 de junio de ese año, cuando el pleno del Congreso aceptó iniciar la tramitación de la proposición de ley del PP para prolongar la vida útil de las nucleares, gracias al apoyo de VOX y, contra pronóstico para Sánchez, de la abstención de Junts y ERC.El por qué del cambio de posturaEste cambio de posicionamiento tras su negativa rotunda inicial a ampliar la vida de las nucleares -incluida en su programa electoral desde la llegada al poder de Sánchez en 2018- se ha ido flexibilizando en el último año. No en vano, incluso se llegó a plantear, dadas las presiones políticas de los nacionalistas, tal y como adelantó ABC, una suerte de singularidad nuclear una vez consumado el cierre de Almaraz. Un compromiso que se ha ido diluyendo por la complicada situación de los socialistas en las urnas los últimos meses. No en vano, el PSOE extremeño ha trasladado a su vez a Sánchez la idea de la extensión de actividad de la central, consciente de los votos que se juega en la comarca a futuro, con miles de empleos directos e indirectos dependientes de esa instalación.Además, el Gobierno sabe que si no cede a las presiones de los socios catalanes volvería a tener problemas a la hora de sacar adelante iniciativas parlamentarias con las que seguir en el poder. En un momento en el que España está, por un lado, sumergida en una profunda crisis política migratoria por el caos absoluto tras la avalancha de más de 70.000 personas que cruzó la frontera de Marruecos a Ceuta el jueves pasado y, por otro, atrapada entre el récord de calor y el récord de incendios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido «verbalmente» con sus socios catalanes a revocar la decisión de cerrar todas las centrales nucleares españolas. Según ha podido saber ABC, La Moncloa ha trasladado ya a Junts y a ERC que la intención del Gobierno es la de ampliar la vida útil de todos los reactores atómicos españoles tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la continuidad de la central extremeña de Almaraz. Fuentes del entorno político de Sánchez explican que tras el aval técnico del CSN a los reactores de la central de Almaraz en Cáceres -la primera en el calendario diseñado por el Gobierno para acometer su cierre definitivo-, la opinión del Gobierno se decanta ahora por dar el visto bueno a la extensión de su operatividad, lo que a priori conllevará de forma «más que probable», enfatizan, idéntica decisión para el resto de centrales españolas, previo aval también del CSN, ya que las siguientes a las que estaba previsto cerrar sus puertas son las catalanas de Ascò y Vandellòs, en Tarragona. Sánchez se ha comprometido «de viva voz, sin un documento físico de por medio» -dicen las mismas fuentes-, con los partidos catalanes -sobre todo, con el Junts de Carles Puigdemont y el ERC de Oriol Junqueras, amén de la connivencia del PSC de Salvador Illa, al frente de la Generalitat-, a aprobar la ampliación de la vida útil de todas ellas siempre y cuando cumplan con las tres líneas rojas que ha trazado el Ministerio de Transición Ecológica. Los tres criterios que evalúa el equipo de la ministra Sara Aagesen para continuar con el proceso de cierre definitivo o habilitar la prórroga son: la seguridad nuclear -de suministro y de la población-, ya acreditada en el caso de los reactores cacereños, validados por la CSN; garantizar que la extensión no suponga costes o sobrecostes para los consumidores; y, por último, asegurar que la continuidad temporal no sature la red ni bloquee la penetración de nueva potencia renovable planificada en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). Los tres criterios a cumplir: seguridad nuclear, garantizar que no supongan sobrecostes a los consumidores y asegurar que no se sature la red ni bloquee la penetración de nueva potencia renovableLa flexibilización de Sánchez ante el potencial cierre de las nucleares se ha cocido en el último año por los malos resultados electorales y la insistente presión desde CataluñaEl plan original contemplaba el apagón escalonado de Almaraz-I el 1 de noviembre de 2027 y de Almaraz-II el 31 de octubre de 2028. La propuesta bajo análisis de Transición Ecológica es mantener los dos grupos nucleares cacereños de forma simultánea hasta el 8 de junio de 2030, una solicitud consensuada unánimemente por sus propietarias (Iberdrola con un 53%; Endesa, 36%; y Naturgy con el 11%). El análisis se activó tras recibir el informe del CSN el pasado 16 de julio. El Ministerio que dirige Aagesen dispone desde entonces de un plazo de unos dos meses -hasta mediados de septiembre- para emitir la orden ministerial definitiva que conceda o deniegue la extensión. De lo contrario, la petición decaería y se consideraría nula.Según el PNIEC -aprobado en 2021 por encargo de la UE-, en España se preveía el cierre de todas las nucleares entre 2027 y 2035. Además de las cacereñas, en Cataluña la primera central en la que estaba previsto bajar la persiana era Ascó I (en 2030); la segunda, Ascó II (en 2032) y, la última, Vandellòs II (en 2035). Entre las tres cubren el 60% de la demanda energética del territorio, frente al 20% que aportan al conjunto del país las cinco centrales españolas restantes, que suman siete reactores. El turno de Cofrentes, en Valencia, sería en 2030, y la de Trillo, en Guadalajara, sería la última en desenchufarse.Este plan contaba en sus inicios con el apoyo mayoritario de los partidos afines al Gobierno, incluidos Junts y ERC, que en sus programas electorales se mostraban a favor de abandonar la energía nuclear. Pero todo cambió a raíz del apagón del 29 de abril de 2025. Las consecuencias se vieron el 17 de junio de ese año, cuando el pleno del Congreso aceptó iniciar la tramitación de la proposición de ley del PP para prolongar la vida útil de las nucleares, gracias al apoyo de VOX y, contra pronóstico para Sánchez, de la abstención de Junts y ERC.El por qué del cambio de posturaEste cambio de posicionamiento tras su negativa rotunda inicial a ampliar la vida de las nucleares -incluida en su programa electoral desde la llegada al poder de Sánchez en 2018- se ha ido flexibilizando en el último año. No en vano, incluso se llegó a plantear, dadas las presiones políticas de los nacionalistas, tal y como adelantó ABC, una suerte de singularidad nuclear una vez consumado el cierre de Almaraz. Un compromiso que se ha ido diluyendo por la complicada situación de los socialistas en las urnas los últimos meses. No en vano, el PSOE extremeño ha trasladado a su vez a Sánchez la idea de la extensión de actividad de la central, consciente de los votos que se juega en la comarca a futuro, con miles de empleos directos e indirectos dependientes de esa instalación.Además, el Gobierno sabe que si no cede a las presiones de los socios catalanes volvería a tener problemas a la hora de sacar adelante iniciativas parlamentarias con las que seguir en el poder.
En un momento en el que España está, por un lado, sumergida en una profunda crisis política migratoria por el caos absoluto tras la avalancha de más de 70.000 personas que cruzó la frontera de Marruecos a Ceuta el jueves pasado y, por otro, … atrapada entre el récord de calor y el récord de incendios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido «verbalmente» con sus socios catalanes a revocar la decisión de cerrar todas las centrales nucleares españolas. Según ha podido saber ABC, La Moncloa ha trasladado ya a Junts y a ERC que la intención del Gobierno es la de ampliar la vida útil de todos los reactores atómicos españoles tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la continuidad de la central extremeña de Almaraz.
Fuentes del entorno político de Sánchez explican que tras el aval técnico del CSN a los reactores de la central de Almaraz en Cáceres -la primera en el calendario diseñado por el Gobierno para acometer su cierre definitivo-, la opinión del Gobierno se decanta ahora por dar el visto bueno a la extensión de su operatividad, lo que a priori conllevará de forma «más que probable», enfatizan, idéntica decisión para el resto de centrales españolas, previo aval también del CSN, ya que las siguientes a las que estaba previsto cerrar sus puertas son las catalanas de Ascò y Vandellòs, en Tarragona.
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Sánchez se ha comprometido «de viva voz, sin un documento físico de por medio» -dicen las mismas fuentes-, con los partidos catalanes -sobre todo, con el Junts de Carles Puigdemont y el ERC de Oriol Junqueras, amén de la connivencia del PSC de Salvador Illa, al frente de la Generalitat-, a aprobar la ampliación de la vida útil de todas ellas siempre y cuando cumplan con las tres líneas rojas que ha trazado el Ministerio de Transición Ecológica.
Los tres criterios que evalúa el equipo de la ministra Sara Aagesen para continuar con el proceso de cierre definitivo o habilitar la prórroga son: la seguridad nuclear -de suministro y de la población-, ya acreditada en el caso de los reactores cacereños, validados por la CSN; garantizar que la extensión no suponga costes o sobrecostes para los consumidores; y, por último, asegurar que la continuidad temporal no sature la red ni bloquee la penetración de nueva potencia renovable planificada en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima).
Los tres criterios a cumplir: seguridad nuclear, garantizar que no supongan sobrecostes a los consumidores y asegurar que no se sature la red ni bloquee la penetración de nueva potencia renovable
La flexibilización de Sánchez ante el potencial cierre de las nucleares se ha cocido en el último año por los malos resultados electorales y la insistente presión desde Cataluña
El plan original contemplaba el apagón escalonado de Almaraz-I el 1 de noviembre de 2027 y de Almaraz-II el 31 de octubre de 2028. La propuesta bajo análisis de Transición Ecológica es mantener los dos grupos nucleares cacereños de forma simultánea hasta el 8 de junio de 2030, una solicitud consensuada unánimemente por sus propietarias (Iberdrola con un 53%; Endesa, 36%; y Naturgy con el 11%).
El análisis se activó tras recibir el informe del CSN el pasado 16 de julio. El Ministerio que dirige Aagesen dispone desde entonces de un plazo de unos dos meses -hasta mediados de septiembre- para emitir la orden ministerial definitiva que conceda o deniegue la extensión. De lo contrario, la petición decaería y se consideraría nula.
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Según el PNIEC -aprobado en 2021 por encargo de la UE-, en España se preveía el cierre de todas las nucleares entre 2027 y 2035. Además de las cacereñas, en Cataluña la primera central en la que estaba previsto bajar la persiana era Ascó I (en 2030); la segunda, Ascó II (en 2032) y, la última, Vandellòs II (en 2035). Entre las tres cubren el 60% de la demanda energética del territorio, frente al 20% que aportan al conjunto del país las cinco centrales españolas restantes, que suman siete reactores. El turno de Cofrentes, en Valencia, sería en 2030, y la de Trillo, en Guadalajara, sería la última en desenchufarse.
Este plan contaba en sus inicios con el apoyo mayoritario de los partidos afines al Gobierno, incluidos Junts y ERC, que en sus programas electorales se mostraban a favor de abandonar la energía nuclear. Pero todo cambió a raíz del apagón del 29 de abril de 2025. Las consecuencias se vieron el 17 de junio de ese año, cuando el pleno del Congreso aceptó iniciar la tramitación de la proposición de ley del PP para prolongar la vida útil de las nucleares, gracias al apoyo de VOX y, contra pronóstico para Sánchez, de la abstención de Junts y ERC.
El por qué del cambio de postura
Este cambio de posicionamiento tras su negativa rotunda inicial a ampliar la vida de las nucleares -incluida en su programa electoral desde la llegada al poder de Sánchez en 2018- se ha ido flexibilizando en el último año. No en vano, incluso se llegó a plantear, dadas las presiones políticas de los nacionalistas, tal y como adelantó ABC, una suerte de singularidad nuclear una vez consumado el cierre de Almaraz. Un compromiso que se ha ido diluyendo por la complicada situación de los socialistas en las urnas los últimos meses. No en vano, el PSOE extremeño ha trasladado a su vez a Sánchez la idea de la extensión de actividad de la central, consciente de los votos que se juega en la comarca a futuro, con miles de empleos directos e indirectos dependientes de esa instalación.
Además, el Gobierno sabe que si no cede a las presiones de los socios catalanes volvería a tener problemas a la hora de sacar adelante iniciativas parlamentarias con las que seguir en el poder.
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