La familia Campos Cebrián-González Ruano no estuvo en la sala. Los vecinos del número 22 de la calle General Lacy esperaban con ansia a los Campos Cebrián-González Ruano porque, aunque estos llevan siendo sus rentistas desde hace más de 80 años, todavía no les ponen cara. Ni Blanca Castro, ni Santiago Sanz, ni Jacqueline Leca, ni María Gutiérrez conocen el tono de voz de sus rentitas. Si se cruzaran por la calle, no podrían reconocerse. Ninguno sabe si son altos o son bajos, rubios o morenos, si son de los que ganan en las distancias cortas o en cambio parecen tan fríos como los burofaxes que fueron llegando, uno por uno, a los 32 vecinos del edificio para notificarles —con cuatro meses de antelación— que sus vidas “terminan a todos los efectos” una vez finalicen sus contratos de arrendamiento. Por eso en los pasillos del Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid había cierto cuchicheo en la mañana del miércoles entre los vecinos que acompañaron a Blanca, la primera de las demandas por la familia Campos Cebrián-González Ruano por “expiración de contrato”. “¿Son ellos?”, se preguntaban mirando de reojo a los presentes. No. No eran ellos. Habían enviado a sus abogados. Ninguno ha querido hablar con este periódico.
Los Campos Cebrián-González Ruano, con más de 100 pisos en Madrid, quieren desahuciar a una treintena de familias del mismo bloque de vecinos en el barrio de Arganzuela
La familia Campos Cebrián-González Ruano no estuvo en la sala. Los vecinos del número 22 de la calle General Lacy esperaban con ansia a los Campos Cebrián-González Ruano porque, aunque estos llevan siendo sus rentistas desde hace más de 80 años, todavía no les ponen cara. Ni Blanca Castro, ni Santiago Sanz, ni Jacqueline Leca, ni María Gutiérrez conocen el tono de voz de sus rentitas. Si se cruzaran por la calle, no podrían reconocerse. Ninguno sabe si son altos o son bajos, rubios o morenos, si son de los que ganan en las distancias cortas o en cambio parecen tan fríos como los burofaxes que fueron llegando, uno por uno, a los 32 vecinos del edificio para notificarles —con cuatro meses de antelación— que sus vidas “terminan a todos los efectos” una vez finalicen sus contratos de arrendamiento. Por eso en los pasillos del Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid había cierto cuchicheo en la mañana del miércoles entre los vecinos que acompañaron a Blanca, la primera de las demandas por la familia Campos Cebrián-González Ruano por “expiración de contrato”. “¿Son ellos?”, se preguntaban mirando de reojo a los presentes. No. No eran ellos. Habían enviado a sus abogados. Ninguno ha querido hablar con este periódico.
General Lacy 22 es un edificio construido en 1920, ubicado en el distrito de Arganzuela y situado a 550 metros de la estación de Atocha. El bloque pertenece a la familia Campos Cebrián-González Ruano, quienes desde el comienzo practicaron en él un modelo de alquiler parecido al que otra gran familia madrileña, los Duques de Alba, emplearon en varios edificios históricos cerca del Palacio de Liria, donde los inquilinos eran gente fiel, solvente y que estaría allí durante muchos años. En General Lacy 22 se sumaron con el tiempo amigos de amigos, familiares de estos o personas de “máxima confianza”, siempre bajo el visto bueno del antiguo administrador, un hombre llamado José Ramón, que realizaba las entrevistas y que fue despedido cuando la política de la familia rentista comenzó a cambiar.
A partir de entonces, los inquilinos pasaron a tener que dirigirse a un correo genérico, ya que, tras el fallecimiento de una de las copropietarias del inmueble, la familia propietaria se reorganizó y canalizó la propiedad a través de dos sociedades: FURUD 2024 S.L. y GOMEISA 2024 S.L. Para la gestión del bloque, la propiedad ha operado a través de las gestoras inmobiliarias Savills y WeRent. Con los contratos de alquiler todavía vigentes, el edificio empezó a sufrir dejación de funciones. Averías que no eran subsanadas, goteras mal resueltas, cucarachas o suciedad en las zonas comunes han ido mermando y carcomiendo las entrañas del edificio hasta lograr el aspecto ruinoso que luce en la actualidad. “Se trataba de dejarlo morir con nosotros dentro”, dice Blanca Castro, de 53 años, vecina del cuarto piso.
Blanca, pintora y artesana de profesión, entró a vivir en el bloque en 1999, cuando tenía 23 años. Parte del inmueble es también su lugar de trabajo. En 2025 finalizó su último contrato, que había sido de cinco años a razón de 800 euros al mes. Tras no aceptar la orden de marcharse, volvió a recibir un burofax con el llamado MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), una herramienta legal para resolver conflictos de forma amistosa sin tener que ir a juicio. Para no demandarla, le pedían que, además de abandonar el piso, debía pagar 6.000 euros. Este mismo proceder se ha ido repitiendo uno por uno con todos los vecinos. “Necesitábamos asesoramiento”, señala Blanca. El Sindicato de Inquilinas de Madrid logró agrupar y organizar a todos los inquilinos para que siguieran la misma estrategia. El primer paso era resistir dentro del edificio. El segundo, seguir pagando sus cuotas de alquiler (entre los 800 y los 1.200 euros). El tercero, esperar a ser demandados y acudir al juicio. “Por cronología de los hechos, yo soy la primera, pero después de mí vienen todos los demás”, cuenta la mujer. La familia Campos Cebrián-González Ruano tiene previsto citarse en el Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid con todos y cada uno de ellos.
La tarde noche previa al juicio de Blanca, el que servirá de termómetro y precedente para todos los que vengan después, la mujer baja a la calle algo pesarosa y cansada. Se cruza con Santiago, con Mariola y con otros vecinos que ultiman los preparativos de la concentración en apoyo de Blanca que hay convocada frente al juzgado. “Yo no puedo ir por trabajo, señora. Pero mi mujer irá”, le dice un hombre. “A pesar de ser la demandada, estoy tranquila porque estaré en el lugar adecuado. Me han hecho tanto daño que ahora soy yo la que tiene ganas de que llegue el juicio”, declara.
La casa de Blanca es desde hace más de un año algo más parecida a una ruina que a un hogar. Todavía con contrato, apareció una gotera que no fue resuelta. Después se cayó un falso techo. Durante semanas cocinó con agua goteando sobre los electrodomésticos mientras tenía que limpiar restos de escombros cada dos por tres. Según explica, la situación “pudo con ella”. Ninguna de las gestoras solucionó el asunto y, por recomendación de su psicólogo, clausuró la cocina y la instaló como pudo en el salón. Ahora Blanca vive en una cocina. Guisa en modo supervivencia: sin fregadero, en una mesa plegable con un camping gas y una sandwichera. Las especias y la vajilla las guarda en cajas de vino colgadas por la pared. “Esto me ha trastornado; creo que es la metáfora perfecta de cómo nos hunden la vida, de cómo nos coaccionan hasta hacer de nuestras casas un lugar invivible y hostil. Me han cambiado hasta mi alimentación porque no puedo hacer la compra que hacía dado que ahora tengo un frigorífico pequeño”, reconoce.
“Esto es el signo de los tiempos. Lo que se nos explicó es que la política de la familia respecto al edificio viró por ‘cambio generacional’. Es decir, los más jóvenes se han puesto a los mandos y están buscando la especulación que maximice sus beneficios”, reflexiona Blanca. “¿No se les ocurre otra forma de vivir que no sea destrozando la vida de decenas de familias para dar un pelotazo?”, cuestiona Santiago, el vecino del tercero, quien probablemente será el próximo en pasar por el juzgado.
Durante toda la mañana del miércoles, cuando se celebra el juicio, Blanca Castro no pasa ni un solo segundo sola. Un grupo de unos 20 vecinos y activistas del Sindicato de Inquilinas de Madrid la acompaña en todo momento. Algunos suben con ella a la vista oral, mientras otros se concentran en la puerta del juzgado al grito de: “De Lacy 22, no se va ni Dios”. Se sienten, dice Blanca, como “hormiguitas” luchando contra un gigante.
Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, llama a “desobedecer cuando un casero te dice que te vayas para especular”. Su estrategia pasa por “enfrentar los juicios” y presionar para que “las leyes cambien a favor de los inquilinos” porque “el Gobierno puede legislar a favor de la estabilidad de las familias”.
Después de 30 minutos de juicio, los vecinos de General Lacy 22 salen satisfechos pero contrariados por el lenguaje tan técnico que emplearon los abogados de ambas partes.
La alegación de la defensa afirma que la propiedad actúa como una S.L ., con más de 100 inmuebles y no como una comunidad de bienes y que, por tanto, sus contratos deberían durar siete años y no cinco, por lo que el de Blanca aún no habría expirado. Víctor Palomo, el abogado de Blanca Castro, es optimista. Confía en que la propiedad opte por la negociación colectiva, que considera “la única solución” al conflicto. De lo contrario, darán “batalla” en cada juicio, con lo que eso conlleva: concentraciones a la puerta del juzgado, presión mediática y un proceso farragoso que incomodaría a la propiedad.
Al finalizar la jornada, Jacqueline Leca, de 49 años, vecina del primero, recuerda que hay quienes ya “no forman parte de esta lucha”. De algunos de los balcones de General Lacy, 22, cuelgan unas sábanas con el mensaje de “72 años pagando”. Se refieren al caso de María Luisa, una nonagenaria que pasó allí toda su vida y que falleció de cáncer hace unos meses con una orden de desahucio.
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