Decenas de activistas y miembros de la comunidad LGTBIQ+ han sido detenidos en los últimos días en redadas de la policía turca en sus domicilios, en asociaciones de defensa de sus derechos y en clubes de ambiente de varias provincias del país en lo que se ve como un punto de inflexión de la represión contra este colectivo. El Gobierno turco enmarca las operaciones en su política de defensa de la familia y los valores tradicionales, pero los activistas lo consideran parte de las guerras culturales con las que el Ejecutivo islamista de Recep Tayyip Erdogan pretende desviar el debate público hacia su terreno.
Decenas de activistas han sido detenidos y sus asociaciones registradas acusadas de promover la “obscenidad” y la “perversión”, pese a que la homosexualidad es legal desde 1858
Decenas de activistas y miembros de la comunidad LGTBIQ+ han sido detenidos en los últimos días en redadas de la policía turca en sus domicilios, en asociaciones de defensa de sus derechos y en clubes de ambiente de varias provincias del país en lo que se ve como un punto de inflexión de la represión contra este colectivo. El Gobierno turco enmarca las operaciones en su política de defensa de la familia y los valores tradicionales, pero los activistas lo consideran parte de las guerras culturales con las que el Ejecutivo islamista de Recep Tayyip Erdogan pretende desviar el debate público hacia su terreno.
“Nos están diciendo que la mera existencia de las personas LGTBIQ+ constituye un delito, aun cuando no ha habido cambios legales sobre ello. Si no logramos frenarla, esta ofensiva marca el inicio de tiempos aún más oscuros”, denuncia Yildiz Tar, director de la revista de la asociación Kaos GL, una de las organizaciones de defensa de los derechos LGTBIQ+ más importantes de Turquía. “Nos quieren demonizar porque necesitan enemigos. Somos sus chivos expiatorios para esconder los problemas reales del país como la pobreza, la crisis económica y la falta de servicios públicos”, añade durante una entrevista telefónica con este diario.
La homosexualidad no es delito en Turquía, de hecho fue despenalizada en 1858, durante el Imperio Otomano. Aún así, y pese a que iconos de las artes muy apreciados por la sociedad turca han sido abiertamente queer (como Zeki Müren o Bülent Ersoy), la vida nunca ha sido fácil para las personas LGTBIQ+, que se han enfrentado a la discriminación y la marginación. Las cosas comenzaron a cambiar a inicios de este siglo cuando, durante el primer mandato de un Erdogan que entonces buscaba la aprobación de la Unión Europea, se permitió el registro oficial de organizaciones de defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ y se comenzó a celebrar públicamente el desfile del Orgullo.
Sin embargo, durante la última década, Erdogan ha dado un giro y se ha lanzado de lleno contra el colectivo LGTBIQ+ a los que acusa de promover una “ideología de pervertidos”, importada del extranjero y que, según él, ha provocado la bajada de la natalidad. Los desfiles del Orgullo se han prohibido, así como festivales de cine o literatura de temática gay o lésbica. Incluso, el pasado julio, se impidió la visita del crucero Scarlet Lady, con 2.000 pasajeros LGTBIQ+ a bordo, a pesar de que en anteriores ocasiones había recalado en puertos turcos sin problemas.
Pero las últimas redadas son una vuelta de tuerca. El pasado fin de semana se bloqueó el acceso a numerosas web de asociaciones y a sus cuentas en redes sociales y empezaron las redadas. El polémico ministro de Justicia, Akin Gürlek (quien en su anterior etapa de fiscal dirigió numerosas investigaciones contra la oposición política a Erdogan), anunció que dentro de la campaña “Mi familia está a salvo” se han abierto procedimientos judiciales contra 162 individuos, 13 empresas y 9 asociaciones que “promueven lo LGTB y la inmoralidad”.
“Se investiga a personas que facilitan lugares para la prostitución, a empresas que proporcionan un entorno para estas actividades, a sospechosos que producen y difunden contenido obsceno, así como actividades dirigidas a exponer a los niños a dicho contenido”, anunció Gürlek en la red social X. Según la policía, en algunos registros se hallaron drogas, alcohol de producción ilegal y una pistola.
Por si fuera poco, el ministro ha enviado a las fiscalías provinciales un requerimiento para que investiguen a todos aquellos individuos que produzcan contenidos “contrarios a la moral pública” o que promuevan “la neutralidad de género”, y en caso de que se trate de personas jurídicas, que sus finanzas sean examinadas, en especial si hay movimientos de dinero desde el extranjero. “¡No toleraremos ninguna organización criminal, red de abuso o actividad ilegal que tenga como objetivo a nuestros niños, jóvenes y familias!”, advirtió Gürlek.
“Están manipulando los datos y mezclando situaciones para criminalizar al colectivo LGTBIQ+, ligándolo al consumo de drogas”, critica Tar. Según explica, hay varias investigaciones en paralelo: contra los activistas y asociaciones –en cuyas redadas “no se ha encontrado nada ilegal”–, contra personas transexuales que trabajan en la prostitución y contra varios locales de ocio, discotecas y saunas. Respecto a las acusaciones de “obscenidad”, Tar explica que se refieren a fotografías de hombres o mujeres de la mano o besando a personas del mismo sexo utilizadas por las organizaciones. También se queja de las investigaciones financieras: “Son fondos europeos como los que reciben muchos ministerios de Turquía”.
Al menos 70 personas han sido detenidas en estas redadas. Entre ellas, la activista Belgin Çelik, de 70 años, que ya fue encarcelada y torturada durante el golpe de Estado de 1980; los integrantes del consejo directivo de Kaos GL; la periodista Tugba Tekerek, por haber publicado un artículo en la revista de Kaos GL sobre la situación del colectivo en Georgia, o la doctora Larin Kayatas, previamente expulsada del Ministerio de Sanidad por transexual, pese a varias sentencias judiciales a su favor. Entre el lunes y el martes, al menos 30 de los detenidos fueron enviados a prisión de forma preventiva y otros fueron dejados en libertad con medidas cautelares. En las protestas por estas detenciones en varias ciudades, fue detenido otro centenar de personas, entre ellos varios periodistas.
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, ha mostrado su preocupación por las dificultades que algunos de los detenidos han tenido para acceder a la defensa y ha subrayado que “las meras referencias a los valores familiares y la protección de la infancia no pueden servir como justificaciones legales para restringir los derechos humanos”. También la Comisión Europea, miembros del Parlamento Europeo y numerosas organizaciones de derechos humanos han condenado las detenciones. “Esta espantosa escalada en la represión de Turquía supone un ataque frontal contra los derechos de las personas LGTBI y quienes los defienden”, criticó Esther Major, de Amnistía Internacional.
El hecho de que, en su publicación, el ministro de Justicia haya enmarcado estas investigaciones en un plan “por la Familia y la Población” para el decenio “2026-2035”, da la idea de que la represión va para largo. En tres ocasiones durante los últimos dos años se han lanzado globos sonda sobre la posibilidad de modificar leyes y el código penal contra la comunidad LGTBIQ+.
Por ejemplo, un añadido que se propuso es incluir la pena de 1 a 3 años de prisión para “quienquiera que muestre una actitud o un comportamiento contrario a su sexo biológico al nacer o a la moral pública, o aquellos que alienten, elogien o promuevan dichos comportamientos”. Estas propuestas se ven como un guiño hacia los aliados más fundamentalistas de Erdogan (cuyo partido islamista no posee la mayoría en el hemiciclo y depende del apoyo de varias formaciones ultraderechistas), pero ante el revuelo provocado por las propuestas, fueron retiradas antes de pasar siquiera por la comisión parlamentaria de Justicia.
“Aunque la ley anti LGTBIQ+ no haya sido aprobada, actúan como si ya lo estuviese. Lo pueden hacer fácilmente porque ya no existe un Estado de derecho en Turquía que [las autoridades] vayan a respetar”, denuncia Tar. El director de Kaos GL explica que el colectivo vive la situación con “ansiedad y miedo” –porque no sólo se ha detenido a activistas, sino también a personas homosexuales sin implicación política– pero asegura que seguirán resistiendo. “El movimiento es fuerte y haremos lo que podamos para vivir en paz y como ciudadanos con igualdad de derechos en este país, que es el nuestro”, subraya.
Además, arguye, esta “resistencia” es una necesidad global: “Si no se alza la voz contra lo que sucede en Turquía, se exportará el modelo a otros países. La extrema derecha crea una narrativa que nos convierte en enemigos y que ataca la propia noción de derechos fundamentales y de democracia. Y funciona como un efecto dominó. El Gobierno turco aprendió de Rusia y de Hungría, y si funciona su modelo, lo exportarán a más países”.
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