La legislación catalana sobre vivienda está suponiendo la marcha de fondos de inversión que habían comprado inmuebles, en especial en Barcelona y su área metropolitana, para obtener las elevadas rentabilidades que ofrece en escalada continua. El Gobierno catalán, que admite que perseguía la salida de estas corporaciones financieras, busca nuevas fórmulas para que los actuales ocupantes de esas viviendas puedan permanecer en su casa y no vean cómo otro fondo se convierte en su casero. La Generalitat ya ha comprado dos grandes paquetes de viviendas a Divarian e Inmocaixa. Tras haber gastado 400 millones de euros para ejercer el derecho de tanteo y retracto –la compra preferente de inmuebles—, el Ejecutivo de Salvador Illa busca ahora nuevas fórmulas para que los ciudadanos pongan parte del desembolso necesario para convertirse en propietarios. Para ello, dispone de instrumentos como los préstamos para la entrada de una vivienda del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) o la compra conjunta, que pondrá en marcha en enero de 2027. Además, se ha creado de un fondo de emergencia de 25 millones para los casos de desahucio inminente.
La Generalitat espera que el instrumento financiero de emergencia pueda recibir recursos de entidades, bancos y empresas
La legislación catalana sobre vivienda está suponiendo la marcha de fondos de inversión que habían comprado inmuebles, en especial en Barcelona y su área metropolitana, para obtener las elevadas rentabilidades que ofrece en escalada continua. El Gobierno catalán, que admite que perseguía la salida de estas corporaciones financieras, busca nuevas fórmulas para que los actuales ocupantes de esas viviendas puedan permanecer en su casa y no vean cómo otro fondo se convierte en su casero. La Generalitat ya ha comprado dos grandes paquetes de viviendas a Divarian e Inmocaixa. Tras haber gastado 400 millones de euros para ejercer el derecho de tanteo y retracto –la compra preferente de inmuebles—, el Ejecutivo de Salvador Illa busca ahora nuevas fórmulas para que los ciudadanos pongan parte del desembolso necesario para convertirse en propietarios. Para ello, dispone de instrumentos como los préstamos para la entrada de una vivienda del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) o la compra conjunta, que pondrá en marcha en enero de 2027. Además, se ha creado de un fondo de emergencia de 25 millones para los casos de desahucio inminente.
El Govern ha desplegado en los últimos años varias leyes para poner coto a las adquisiciones de viviendas por parte de fondos y grandes sociedades inmobiliarias. La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, recordó que, ya en el pasado, la Generalitat se hizo cargo de 742 casas de Divarian y 1.100 de Inmocaixa. Y ahora, según fuentes del Gobierno, Blackstone busca desprenderse de 400 viviendas y otras firmas siguen ese mismo camino.
“Son fondos que habían visto la vivienda como un bien financiero y no como un alojamiento residencial para familias. Ven que en estos momentos, con las políticas que se aplican en Cataluña, con los topes del alquiler, no obtienen la rentabilidad que esperaban y, por tanto, se desprenden de estos inmuebles y van a buscar otros bienes o espacios donde esta rentabilidad está asegurada”, afirma la también portavoz del Gobierno.
La Generalitat dispone sobre todo del instrumento del derecho de tanteo y retracto, pero esos recursos tienen un límite. Por ello, ahora busca fórmulas para que los ciudadanos asuman parte de ese coste y, a la vez, puedan convertirse en propietarios de esos pisos. “De alguna manera, estamos activando a las clases medias trabajadoras para que sean propietarias y tengan la estabilidad y la tranquilidad de ese piso. Y que nos ayuden en este trabajo que hacemos desde la Generalitat de tanteo y retracto”, añade Sílvia Paneque.
Las dos medidas son los créditos para la entrada del piso y la compra compartida. La primera, para la que hay una partida de 100 millones de euros, consiste en préstamos al 0% para cubrir el 20% del piso, hasta 50.000 euros. Como novedad, ese dinero se podrá destinar a las obras necesarias para que un espacio adquiera su célula de habitabilidad. Hasta ahora, se han otorgado 1.906 préstamos que han permitido que 2.700 ciudadanos de hasta 40 años accedan a su primera vivienda.
La segunda, que se aplicará pese al rechazo del Parlament, es la compra conjunta, que también contará con una partida de 100 millones. Se trata de una figura que permite el derecho civil catalán y destinada para mayores de 40 años. La Generalitat se quedará entre el 50% y el 60% de la vivienda –dependiendo de la edad— durante un plazo de entre 40 y 50 años. Entonces el beneficiario o sus herederos podrán decidir si adquieren la parte del Govern o prefieren permanecer en él con un alquiler social. La primera convocatoria se activará en enero de 2027. “Así permitimos que vuelva a haber, como siempre hubo en Cataluña, una matriz de propiedad de pequeño tenedor, de la persona que tiene su casa para vivir”, añade Paneque.
La tercer pata, el fondo de emergencia, tendrá una dotación de 25 millones de euros. Pero estos son ampliables y, según fuentes del Govern, está ideado para que compute como deuda pública y, además, pueda recibir aportaciones de entidades sociales, bancos, aseguradoras o empresas que quieran contribuir en él.
Más de 12.500 pisos protegidos más
Las dos fórmulas para que los ciudadanos se conviertan en propietarios, ya sea total o parcialmente, implican que el piso pase a ser de protección pública. Eso servirá a la Generalitat a acercarse a sus objetivos del plan 50.000, que consiste en tener ese volumen de viviendas protegidas en 2030. Por ahora, la Generalitat ha entregado 12.599 pisos; cuenta con 7.009 en marcha y otros 25.943 están “en proceso”, es decir, están ya proyectados pero sus obras no han empezado. Dentro de los más de 12.500 finalizados se contabilizan también los adquiridos mediante tanteo y retracto o con los créditos del ICF.
En paralelo, el Ejecutivo catalán está acelerando la movilización de suelo para construir vivienda libre y protegida. Según la Cámara de Comercio de Barcelona, Cataluña acumula en los últimos cinco años un déficit de 142.000 viviendas a causa de la escasa actividad constructora. El Ejecutivo catalán ha movilizado ya 178 sectores que albergarán 190.963 pisos, entre el 40% y el 50% de los cuales serán protegidos. De estos, 25 están en urbanización y 76 tienen el planeamiento aprobado. Esos terrenos tienen capacidad para unas 60.000 viviendas. El resto se halla en fases menos avanzadas. Desde Territorio insisten que el objetivo es que en 20 años haya un parque de vivienda protegida de 330.000 unidades para tener un 15% del parque de casas asequible.
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