El 15 de agosto de 2019 la Junta de Andalucía decretó la alerta alimentaria por un brote de listeriosis originado en la carne mechada La Mechá, elaborada por la cárnica sevillana Magrudis. Con 253 personas lesionadas o afectadas, cuatro fallecidos y seis abortos, se convirtió en la mayor infección por listeria monocytogenes de Europa. Sus responsables se sientan siete años después en el banquillo en un macrojuicio que comienza este viernes y que se prolongará hasta el 27 de enero. Los principales acusados son José Antonio Marín Ponce, dueño y administrador de facto de la empresa; sus hijos Sandro ―administrador de derecho― y Mario, y su mujer Encarnación. Los dos primeros se enfrentan a penas de hasta 11 años y seis meses de cárcel y el resto a 10 años por sendos delitos contra la salud pública en concurso con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave.
La empresa sevillana, cuyos dueños se enfrentan a hasta 11 años de cárcel, fue el origen de la intoxicación que dejó cuatro fallecidos y más de 200 afectados y provocó que siete mujeres abortaran
El 15 de agosto de 2019 la Junta de Andalucía decretó la alerta alimentaria por un brote de listeriosis originado en la carne mechada La Mechá, elaborada por la cárnica sevillana Magrudis. Con 253 personas lesionadas o afectadas, cuatro fallecidos y seis abortos, se convirtió en la mayor infección por listeria monocytogenes de Europa. Sus responsables se sientan siete años después en el banquillo en un macrojuicio que comienza este viernes y que se prolongará hasta el 27 de enero. Los principales acusados son José Antonio Marín Ponce, dueño y administrador de facto de la empresa; sus hijos Sandro ―administrador de derecho― y Mario, y su mujer Encarnación. Los dos primeros se enfrentan a penas de hasta 11 años y seis meses de cárcel y el resto a 10 años por sendos delitos contra la salud pública en concurso con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave.
También están acusados el arquitecto Sergio L. G., a quien se le imputa un delito de falsedad documental, junto con Marín Ponce y su hijo Sandro, y la veterinaria municipal María José O. B. Ella fue quien realizó las dos únicas inspecciones sobre la cárnica en 2016 y 2017 y quien dirigió el proceso de recogida de muestras de carne tras la detección del brote de listerioris. Aunque la Fiscalía se ha opuesto a su imputación, para las acusaciones particulares su condena sería determinante para asegurar la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Sevilla y garantizar que todas las víctimas puedan ser indemnizadas. El Consistorio hispalense ya figura como responsable civil subsidiario. “El Ayuntamiento debe responder civilmente de forma subsidiaria, naciendo su responsabilidad cuando la funcionaria, como ocurre en este caso, incurrió en negligencia en el ejercicio de sus funciones, causando un perjuicio a terceros no actuando con la diligencia debida”, explicaba su decisión la jueza que instruyó la causa en su auto de apertura de juicio oral.
Porque, además del trance sanitario y la presión clínica que supuso el brote, la crisis de la listeriosis hizo aflorar una sucesión de episodios de negligencia inaceptables y evitables y evidenció un desprecio por la salud de los consumidores. Los dueños de la cárnica sabían desde enero de 2019 ―siete meses antes de que se decretara la alerta― que uno de sus elaborados había dado positivo por listeria en diciembre de 2018, pero ocultaron ese resultado y tampoco adoptaron las medidas sanitarias debidas ni alertaron a las autoridades. A ello se une que las administraciones responsables de velar por la buena praxis de las industrias de alimentación aplicaron controles muy laxos sobre las declaraciones responsables relacionadas con el cumplimiento de la normativa higiénico sanitaria que deben presentar los responsables de las industrias alimenticias.
Los dueños de Magrudis no solo sabían que sus productos estaban infectados por listeria meses antes, sino que, cuando comenzó la investigación, no informaron de cuántos otros elaborados fabricaban ni de que esos preparados cárnicos se vendían y comercializaban a través de terceros fabricantes. Esto retrasó la retirada de todos los productos, hasta 40.000 kilos de carne comercializada afectada, y obligó a emitir nuevas alertas respecto de otros fabricantes. La concentración de bacterias hallada superó hasta en 150.000 el límite legal permitido. “Las malas prácticas llevadas a cabo por Magrudis y la falta de consideración a las mínimas reglas de seguridad alimentaria son causas principales y determinantes de los hechos”, sostuvo la instructora en su auto de apertura de juicio oral.
“El producto nocivo para la salud de las personas fue puesto en el mercado, perdiéndose el dominio sobre el riesgo creado”, indicaba en su escrito. En él señalaba, además, que los dueños de la empresa “sí tenían conocimiento de la probabilidad de que el producto podía causar daños en la salud de los consumidores, eludiendo todas las obligaciones que impone la ley para que los productos alimenticios cumplan los criterios biológicos pertinentes”. La jueza incidía en que “la propagación del brote se debió a la poca transparencia de Magrudis, no comunicando desde el primer momento los tipos de productos elaborados, los distribuidos y los lotes”.
La pandemia ha desvirtuado la trascendencia de este brote de listeria, con una cepa de una virulencia inusitada, que sorprendió a los epidemiólgos y obligó a cambiar los protocolos en pacientes de la Junta, pero sus secuelas físicas y psicológicas no se han mitigado en estos siete años. En juego están 6.120.000 euros de indemnización que suman las reclamaciones de todos los afectados A esta cantidad se suma la reclamación de la Junta de Andalucía de 3,8 millones de euros por los gastos hospitalarios derivados de la crisis.
Tanto Magrudis como Cárnicas Mario ―otra empresa fantasma a nombre de uno de los acusados con la que compartía sede― han sido declarados insolventes. Su seguro solo cubre 300.000 euros, a los que hay que sumar las dos aseguradoras del Ayuntamiento, que se incorporaron a la causa cuando fue incluido como responsable civil subsidiario con hasta seis y 1,2 millones, respectivamente. En estas últimas semanas los abogados que representan al mayor número de demandantes ―hay alrededor de 25 letrados, muchos alineados con los mayoritarios― han tratado de llegar a un acuerdo con las empresas de seguros para garantizar la indemnización, una entente que hacía imposible la reclamación de la Junta de 3,8 millones en concepto de gastos hospitalarios, inusual porque no suele solicitar este tipo de compensaciones.
Este ha sido el principal escollo para garantizar la reparación de los afectados sin necesidad de ir a juicio. Este mismo martes, la administración autonómica se comprometió a renunciar a esa petición si las partes llegaban a un acuerdo con las compañías de seguros. Finalmente no se ha logrado acercar posiciones, según han confirmado fuentes de las acusaciones, por lo que este viernes empieza la primera de las 43 sesiones previstas para dirimir la responsabilidad sobre la mayor intoxicación por listeria de Europa y tratar de reparar un dolor para muchas familias irreparable.
Feed MRSS-S Noticias
