Consumo confirma una multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro por «prácticas abusivas»

El Gobierno ha consumado su castigo a Alquiler Seguro a cuenta de sus supuestas «prácticas abusivas» con el rechazo definitivo al recurso que había presentado la inmobiliaria contra una multa de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo, en una decisión que agota la vía administrativa aunque no la legal, dado que la empresa aún puede acudir a la Justicia, y que supone apenas un hito más dentro de la ofensiva que viene protagonizando este departamento desde que lo dirige Pablo Bustinduy -de la parte de Sumar del Gobierno- contra empresas vinculadas al sector de la vivienda; concretamente, agencias inmobiliarias y plataformas de pisos turísticos. Según ha confirmado hoy en un comunicado, el Ministerio ha resuelto negativamente el recurso de alzada que había planteado la compañía multada, una decisión que le permite dar a conocer su nombre, aunque este ya había trascendido hace unos meses. La firma habría cometido seis infracciones tipificadas como ‘muy graves’ y una séptima de ‘grave’, en el marco de lo que desde el Gobierno califican de un abuso de «posición de predominio de mercado».Concretamente -y siempre, según Consumo-, Alquiler Seguro habría añadido a los contratos de arrendamiento un largo listado de cargos y servicios no necesariamente deseados por los inquilinos y que vendrían a engrosar la factura. En esa lista figuran la contratación de un ‘servicio de atención al inquilino’ que pasaría como «gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato»; la imposición de un contrato de seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora -léase, Alquiler Seguro-; cargos por reclamación de cualesquiera posiciones deudoras, «aun sin ser por razones imputables al propio arrendatario»; o cargos por reclamaciones judiciales, incluso en aquellos casos en los que no existiera una condena a pagar costas. Noticia relacionada general No No Congelación de precios La previsible larga batalla legal con los alquileres: ¿se pueden prorrogar sin decreto? Antonio Ramírez CerezoLa lista sigue con la inclusión en los contratos de una cláusula que autoriza al arrendador a incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de alguna de las cantidades reflejadas en el contrato, con independencia de la causa de impago y «aun no siendo deudas vencidas y exigibles», y termina con la exclusión del derecho de desistimiento del arrendatario respecto de ese ‘servicio de atención al inquilino’. Esto último no es poco importante, dado que la acusación en este caso plantea que ese servicio no sería opcional, una circunstancia que choca con la última ley de vivienda aprobada por el Gobierno -la Ley 12/2023 de 24 de mayo-, que prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Infracción «muy grave» Según el Ministerio, la inmobiliaria habría cargado a sus clientes con sobrecostes por servicios no deseados, como seguros Como ya se ha avanzado, esta multa se enmarca dentro de una campaña más amplia, pues el pasado mes de junio, al expediente contra Alquiler Seguro se sumó el inicio de una investigación contra otra gran inmobiliaria, una de la que aún no se ha dado a conocer el nombre, aunque el Ministerio sí ha avanzado que se trata de una empresa que opera «en todo el territorio nacional». La retahíla de infracciones identificadas en este segundo caso es casi idéntica, pues incluye la obligación de abonar sobrecostes por la gestión del arrendamiento, seguros u otros ‘servicios’ no solicitados por los clientes. A su vez, paralelamente discurre otra guerra contra las plataformas que ofrecen pisos turísticos, concretada en varias investigaciones y una sanción muy sonada contra el gigante estadounidense Airbnb , que tendrá que abonar 65 millones de euros de multa por publicar 65.000 anuncios que el Gobierno considera «ilegales». Así lo confirmó el pasado 23 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con un dictamen en el que rechazó las cautelares que había pedido la multinacional, y que se sumó a otros dos fallos en su contra. El currículum de sanciones de BustinduyY si el marco se amplía todavía más, se evidencia una estrategia de creciente fiscalización por parte de Consumo contra grandes compañías -no solamente del sector inmobiliario y turístico-, una campaña que se ha sustanciado bajo el actual ministro pero que en realidad bebe de una reforma aprobada por el Consejo de Ministros en 2022. Ese año, el presidente Pedro Sánchez dotó al departamento dirigido por sus socios a la izquierda -entonces, Alberto Garzón, de Izquierda Unida – de la capacidad de vigilar el cumplimiento de las leyes de protección de los consumidores por parte de las empresas -sanciones incluidas si fuera necesario-, una prerrogativa de la que Bustinduy ha hecho amplio uso. En este tiempo ha habido investigaciones contra inmobiliarias, grandes almacenes, compañías de reventa -fue célebre un caso de supuestas irregularidades en la venta de entradas para un concierto de Bad Bunny – y, sobre todo, una multa de 179 millones de euros contra varias aerolíneas, un procedimiento que derivó en algún que otro insulto contra el ministro por parte del CEO de Ryanair, Michael O’Leary. El Gobierno ha consumado su castigo a Alquiler Seguro a cuenta de sus supuestas «prácticas abusivas» con el rechazo definitivo al recurso que había presentado la inmobiliaria contra una multa de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo, en una decisión que agota la vía administrativa aunque no la legal, dado que la empresa aún puede acudir a la Justicia, y que supone apenas un hito más dentro de la ofensiva que viene protagonizando este departamento desde que lo dirige Pablo Bustinduy -de la parte de Sumar del Gobierno- contra empresas vinculadas al sector de la vivienda; concretamente, agencias inmobiliarias y plataformas de pisos turísticos. Según ha confirmado hoy en un comunicado, el Ministerio ha resuelto negativamente el recurso de alzada que había planteado la compañía multada, una decisión que le permite dar a conocer su nombre, aunque este ya había trascendido hace unos meses. La firma habría cometido seis infracciones tipificadas como ‘muy graves’ y una séptima de ‘grave’, en el marco de lo que desde el Gobierno califican de un abuso de «posición de predominio de mercado».Concretamente -y siempre, según Consumo-, Alquiler Seguro habría añadido a los contratos de arrendamiento un largo listado de cargos y servicios no necesariamente deseados por los inquilinos y que vendrían a engrosar la factura. En esa lista figuran la contratación de un ‘servicio de atención al inquilino’ que pasaría como «gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato»; la imposición de un contrato de seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora -léase, Alquiler Seguro-; cargos por reclamación de cualesquiera posiciones deudoras, «aun sin ser por razones imputables al propio arrendatario»; o cargos por reclamaciones judiciales, incluso en aquellos casos en los que no existiera una condena a pagar costas. Noticia relacionada general No No Congelación de precios La previsible larga batalla legal con los alquileres: ¿se pueden prorrogar sin decreto? Antonio Ramírez CerezoLa lista sigue con la inclusión en los contratos de una cláusula que autoriza al arrendador a incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de alguna de las cantidades reflejadas en el contrato, con independencia de la causa de impago y «aun no siendo deudas vencidas y exigibles», y termina con la exclusión del derecho de desistimiento del arrendatario respecto de ese ‘servicio de atención al inquilino’. Esto último no es poco importante, dado que la acusación en este caso plantea que ese servicio no sería opcional, una circunstancia que choca con la última ley de vivienda aprobada por el Gobierno -la Ley 12/2023 de 24 de mayo-, que prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Infracción «muy grave» Según el Ministerio, la inmobiliaria habría cargado a sus clientes con sobrecostes por servicios no deseados, como seguros Como ya se ha avanzado, esta multa se enmarca dentro de una campaña más amplia, pues el pasado mes de junio, al expediente contra Alquiler Seguro se sumó el inicio de una investigación contra otra gran inmobiliaria, una de la que aún no se ha dado a conocer el nombre, aunque el Ministerio sí ha avanzado que se trata de una empresa que opera «en todo el territorio nacional». La retahíla de infracciones identificadas en este segundo caso es casi idéntica, pues incluye la obligación de abonar sobrecostes por la gestión del arrendamiento, seguros u otros ‘servicios’ no solicitados por los clientes. A su vez, paralelamente discurre otra guerra contra las plataformas que ofrecen pisos turísticos, concretada en varias investigaciones y una sanción muy sonada contra el gigante estadounidense Airbnb , que tendrá que abonar 65 millones de euros de multa por publicar 65.000 anuncios que el Gobierno considera «ilegales». Así lo confirmó el pasado 23 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con un dictamen en el que rechazó las cautelares que había pedido la multinacional, y que se sumó a otros dos fallos en su contra. El currículum de sanciones de BustinduyY si el marco se amplía todavía más, se evidencia una estrategia de creciente fiscalización por parte de Consumo contra grandes compañías -no solamente del sector inmobiliario y turístico-, una campaña que se ha sustanciado bajo el actual ministro pero que en realidad bebe de una reforma aprobada por el Consejo de Ministros en 2022. Ese año, el presidente Pedro Sánchez dotó al departamento dirigido por sus socios a la izquierda -entonces, Alberto Garzón, de Izquierda Unida – de la capacidad de vigilar el cumplimiento de las leyes de protección de los consumidores por parte de las empresas -sanciones incluidas si fuera necesario-, una prerrogativa de la que Bustinduy ha hecho amplio uso. En este tiempo ha habido investigaciones contra inmobiliarias, grandes almacenes, compañías de reventa -fue célebre un caso de supuestas irregularidades en la venta de entradas para un concierto de Bad Bunny – y, sobre todo, una multa de 179 millones de euros contra varias aerolíneas, un procedimiento que derivó en algún que otro insulto contra el ministro por parte del CEO de Ryanair, Michael O’Leary.  

El Gobierno ha consumado su castigo a Alquiler Seguro a cuenta de sus supuestas «prácticas abusivas» con el rechazo definitivo al recurso que había presentado la inmobiliaria contra una multa de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo, en una … decisión que agota la vía administrativa aunque no la legal, dado que la empresa aún puede acudir a la Justicia, y que supone apenas un hito más dentro de la ofensiva que viene protagonizando este departamento desde que lo dirige Pablo Bustinduy -de la parte de Sumar del Gobierno- contra empresas vinculadas al sector de la vivienda; concretamente, agencias inmobiliarias y plataformas de pisos turísticos.

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