El presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro, ha denunciado que el cierre de las clínicas dentales de Vivanta supone «un nuevo escándalo en el sector» y ha exigido garantías inmediatas para los afectados, ya que considera «inadmisible» que pacientes con tratamientos en curso, en muchos casos abonados por adelantado, «puedan quedar de un día para otro en una situación de incertidumbre asistencial y económica ».«La prioridad debe ser garantizar su salud, la continuidad asistencial y sus derechos económicos», ha indicado, al tiempo que ha manifestado su «profunda preocupación e indignación» ante la suspensión repentina de la actividad. «Es lamentable que, una vez más, pacientes con citas programadas y tratamientos odontológicos en curso se hayan encontrado con clínicas cerradas y con una información insuficiente sobre cómo, cuándo y por quién se continuará la asistencia que habían contratado», ha reiterado.Según ha declarado Castro, «resulta inaceptable que las consecuencias de una crisis empresarial puedan trasladarse de forma inmediata a los pacientes, especialmente cuando se trata de tratamientos sanitarios que pueden prolongarse durante meses y que, en numerosos casos, han sido abonados total o parcialmente por adelantado o financiados mediante créditos vinculados».Recibió 40 millones del EstadoAdemás, ha recordado que «la gravedad de la situación resulta aún mayor si se tiene en cuenta que Vivanta fue beneficiaria en 2022 de un apoyo público temporal de 40 millones de euros procedente del ‘Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas’, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)». De la partida, 20,4 millones fueron mediante un préstamo participativo y 19,6 millones a través de uno ordinario.Tras señalar que en su momento se reclamó «conocer los criterios objetivos utilizados para justificar este apoyo» y «las razones de la ampliación de su calendario de devolución», que se aplicó posteriormente, ha expuesto también que «el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictaminó que la SEPI tenía que remitir los documentos en los que se refleje la consideración del Grupo Vivanta como una ‘empresa estratégica’ para acogerse al ‘Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas’». No obstante, «estos criterios y documentos siguen sin ver la luz », lamenta.«Resulta difícilmente comprensible que una compañía que ha contado con un respaldo público de esta magnitud pueda llegar a una situación en la que numerosos pacientes descubran de un día para otro que el centro en el que estaban siendo tratados ha suspendido su actividad», ha insistido Castro, quien exige «que los responsables del proceso empresarial y, en su caso, concursal faciliten a cada paciente información inmediata, individualizada y verificable sobre la continuidad de su tratamiento».En este sentido, ha apuntado que el Consejo General de Dentistas lleva años advirtiendo a las Administraciones sobre circunstancias similares, como las producidas con los cierres de iDental, Dentix y otros centros odontológicos, que «ya demostraron las graves consecuencias que se producen cuando una persona abona anticipadamente un tratamiento de larga duración y el prestador cesa después su actividad». «Después de estos precedentes, no es razonable limitar la respuesta pública a actuar cuando el perjuicio ya se ha producido», ha asegurado.«No es aceptable que el riesgo empresarial termine siendo soportado por quien ya ha pagado por recibir una prestación sanitaria»Por ello, ha reclamado «que se establezcan por ley mecanismos de garantía financiera que protejan las cantidades abonadas anticipadamente y permitan asegurar la continuidad de los tratamientos cuando un prestador sanitario cese su actividad o resulte insolvente». Junto a ello, ha pedido «una ley de publicidad sanitaria que impida campañas agresivas donde la salud se trate como bienes de consumo».Al respecto, ha manifestado que «las garantías deberían aplicarse con criterios objetivos a cualquier operador sanitario que perciba por adelantado cantidades correspondientes a tratamientos de ejecución futura». «La libre iniciativa empresarial y la competencia son plenamente compatibles con una protección reforzada del paciente», ha explicado, para agregar que «lo que no resulta aceptable es que el riesgo empresarial termine siendo soportado por quien ya ha pagado por recibir una prestación sanitaria».Por último, y hasta que se produzca una resolución, ha aconsejado que los afectados conserven toda la documentación relacionada con el tratamiento; soliciten por escrito, y por un medio que permita acreditar su envío, información concreta sobre la continuidad del tratamiento y pidan una copia completa de la historia clínica; y, si el tratamiento se financió mediante un crédito vinculado, reclamen de forma acreditable frente al prestador y comuniquen inmediatamente la situación a la entidad financiera.También es necesario que, si existen cantidades abonadas directamente por prestaciones todavía no realizadas, conserven los justificantes y formulen la correspondiente reclamación ; acudan a otro dentista si la interrupción del tratamiento puede comprometer la salud o requiere una actuación que no pueda demorarse; y se dirijan, en función del problema, a las autoridades sanitarias y de consumo y al Colegio Oficial de Dentistas correspondiente. El presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro, ha denunciado que el cierre de las clínicas dentales de Vivanta supone «un nuevo escándalo en el sector» y ha exigido garantías inmediatas para los afectados, ya que considera «inadmisible» que pacientes con tratamientos en curso, en muchos casos abonados por adelantado, «puedan quedar de un día para otro en una situación de incertidumbre asistencial y económica ».«La prioridad debe ser garantizar su salud, la continuidad asistencial y sus derechos económicos», ha indicado, al tiempo que ha manifestado su «profunda preocupación e indignación» ante la suspensión repentina de la actividad. «Es lamentable que, una vez más, pacientes con citas programadas y tratamientos odontológicos en curso se hayan encontrado con clínicas cerradas y con una información insuficiente sobre cómo, cuándo y por quién se continuará la asistencia que habían contratado», ha reiterado.Según ha declarado Castro, «resulta inaceptable que las consecuencias de una crisis empresarial puedan trasladarse de forma inmediata a los pacientes, especialmente cuando se trata de tratamientos sanitarios que pueden prolongarse durante meses y que, en numerosos casos, han sido abonados total o parcialmente por adelantado o financiados mediante créditos vinculados».Recibió 40 millones del EstadoAdemás, ha recordado que «la gravedad de la situación resulta aún mayor si se tiene en cuenta que Vivanta fue beneficiaria en 2022 de un apoyo público temporal de 40 millones de euros procedente del ‘Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas’, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)». De la partida, 20,4 millones fueron mediante un préstamo participativo y 19,6 millones a través de uno ordinario.Tras señalar que en su momento se reclamó «conocer los criterios objetivos utilizados para justificar este apoyo» y «las razones de la ampliación de su calendario de devolución», que se aplicó posteriormente, ha expuesto también que «el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictaminó que la SEPI tenía que remitir los documentos en los que se refleje la consideración del Grupo Vivanta como una ‘empresa estratégica’ para acogerse al ‘Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas’». No obstante, «estos criterios y documentos siguen sin ver la luz », lamenta.«Resulta difícilmente comprensible que una compañía que ha contado con un respaldo público de esta magnitud pueda llegar a una situación en la que numerosos pacientes descubran de un día para otro que el centro en el que estaban siendo tratados ha suspendido su actividad», ha insistido Castro, quien exige «que los responsables del proceso empresarial y, en su caso, concursal faciliten a cada paciente información inmediata, individualizada y verificable sobre la continuidad de su tratamiento».En este sentido, ha apuntado que el Consejo General de Dentistas lleva años advirtiendo a las Administraciones sobre circunstancias similares, como las producidas con los cierres de iDental, Dentix y otros centros odontológicos, que «ya demostraron las graves consecuencias que se producen cuando una persona abona anticipadamente un tratamiento de larga duración y el prestador cesa después su actividad». «Después de estos precedentes, no es razonable limitar la respuesta pública a actuar cuando el perjuicio ya se ha producido», ha asegurado.«No es aceptable que el riesgo empresarial termine siendo soportado por quien ya ha pagado por recibir una prestación sanitaria»Por ello, ha reclamado «que se establezcan por ley mecanismos de garantía financiera que protejan las cantidades abonadas anticipadamente y permitan asegurar la continuidad de los tratamientos cuando un prestador sanitario cese su actividad o resulte insolvente». Junto a ello, ha pedido «una ley de publicidad sanitaria que impida campañas agresivas donde la salud se trate como bienes de consumo».Al respecto, ha manifestado que «las garantías deberían aplicarse con criterios objetivos a cualquier operador sanitario que perciba por adelantado cantidades correspondientes a tratamientos de ejecución futura». «La libre iniciativa empresarial y la competencia son plenamente compatibles con una protección reforzada del paciente», ha explicado, para agregar que «lo que no resulta aceptable es que el riesgo empresarial termine siendo soportado por quien ya ha pagado por recibir una prestación sanitaria».Por último, y hasta que se produzca una resolución, ha aconsejado que los afectados conserven toda la documentación relacionada con el tratamiento; soliciten por escrito, y por un medio que permita acreditar su envío, información concreta sobre la continuidad del tratamiento y pidan una copia completa de la historia clínica; y, si el tratamiento se financió mediante un crédito vinculado, reclamen de forma acreditable frente al prestador y comuniquen inmediatamente la situación a la entidad financiera.También es necesario que, si existen cantidades abonadas directamente por prestaciones todavía no realizadas, conserven los justificantes y formulen la correspondiente reclamación ; acudan a otro dentista si la interrupción del tratamiento puede comprometer la salud o requiere una actuación que no pueda demorarse; y se dirijan, en función del problema, a las autoridades sanitarias y de consumo y al Colegio Oficial de Dentistas correspondiente.
El presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro, ha denunciado que el cierre de las clínicas dentales de Vivanta supone «un nuevo escándalo en el sector» y ha exigido garantías inmediatas para los afectados, ya que considera «inadmisible» que pacientes con tratamientos … en curso, en muchos casos abonados por adelantado, «puedan quedar de un día para otro en una situación de incertidumbre asistencial y económica».
«La prioridad debe ser garantizar su salud, la continuidad asistencial y sus derechos económicos», ha indicado, al tiempo que ha manifestado su «profunda preocupación e indignación» ante la suspensión repentina de la actividad. «Es lamentable que, una vez más, pacientes con citas programadas y tratamientos odontológicos en curso se hayan encontrado con clínicas cerradas y con una información insuficiente sobre cómo, cuándo y por quién se continuará la asistencia que habían contratado», ha reiterado.
Según ha declarado Castro, «resulta inaceptable que las consecuencias de una crisis empresarial puedan trasladarse de forma inmediata a los pacientes, especialmente cuando se trata de tratamientos sanitarios que pueden prolongarse durante meses y que, en numerosos casos, han sido abonados total o parcialmente por adelantado o financiados mediante créditos vinculados».
Recibió 40 millones del Estado
Además, ha recordado que «la gravedad de la situación resulta aún mayor si se tiene en cuenta que Vivanta fue beneficiaria en 2022 de un apoyo público temporal de 40 millones de euros procedente del ‘Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas’, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)». De la partida, 20,4 millones fueron mediante un préstamo participativo y 19,6 millones a través de uno ordinario.
Tras señalar que en su momento se reclamó «conocer los criterios objetivos utilizados para justificar este apoyo» y «las razones de la ampliación de su calendario de devolución», que se aplicó posteriormente, ha expuesto también que «el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictaminó que la SEPI tenía que remitir los documentos en los que se refleje la consideración del Grupo Vivanta como una ‘empresa estratégica’ para acogerse al ‘Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas’». No obstante, «estos criterios y documentos siguen sin ver la luz», lamenta.
«Resulta difícilmente comprensible que una compañía que ha contado con un respaldo público de esta magnitud pueda llegar a una situación en la que numerosos pacientes descubran de un día para otro que el centro en el que estaban siendo tratados ha suspendido su actividad», ha insistido Castro, quien exige «que los responsables del proceso empresarial y, en su caso, concursal faciliten a cada paciente información inmediata, individualizada y verificable sobre la continuidad de su tratamiento».
En este sentido, ha apuntado que el Consejo General de Dentistas lleva años advirtiendo a las Administraciones sobre circunstancias similares, como las producidas con los cierres de iDental, Dentix y otros centros odontológicos, que «ya demostraron las graves consecuencias que se producen cuando una persona abona anticipadamente un tratamiento de larga duración y el prestador cesa después su actividad». «Después de estos precedentes, no es razonable limitar la respuesta pública a actuar cuando el perjuicio ya se ha producido», ha asegurado.
«No es aceptable que el riesgo empresarial termine siendo soportado por quien ya ha pagado por recibir una prestación sanitaria»
Por ello, ha reclamado «que se establezcan por ley mecanismos de garantía financiera que protejan las cantidades abonadas anticipadamente y permitan asegurar la continuidad de los tratamientos cuando un prestador sanitario cese su actividad o resulte insolvente». Junto a ello, ha pedido «una ley de publicidad sanitaria que impida campañas agresivas donde la salud se trate como bienes de consumo».
Al respecto, ha manifestado que «las garantías deberían aplicarse con criterios objetivos a cualquier operador sanitario que perciba por adelantado cantidades correspondientes a tratamientos de ejecución futura». «La libre iniciativa empresarial y la competencia son plenamente compatibles con una protección reforzada del paciente», ha explicado, para agregar que «lo que no resulta aceptable es que el riesgo empresarial termine siendo soportado por quien ya ha pagado por recibir una prestación sanitaria».
Por último, y hasta que se produzca una resolución, ha aconsejado que los afectados conserven toda la documentación relacionada con el tratamiento; soliciten por escrito, y por un medio que permita acreditar su envío, información concreta sobre la continuidad del tratamiento y pidan una copia completa de la historia clínica; y, si el tratamiento se financió mediante un crédito vinculado, reclamen de forma acreditable frente al prestador y comuniquen inmediatamente la situación a la entidad financiera.
También es necesario que, si existen cantidades abonadas directamente por prestaciones todavía no realizadas, conserven los justificantes y formulen la correspondiente reclamación; acudan a otro dentista si la interrupción del tratamiento puede comprometer la salud o requiere una actuación que no pueda demorarse; y se dirijan, en función del problema, a las autoridades sanitarias y de consumo y al Colegio Oficial de Dentistas correspondiente.
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