“Mamá, tienes que venir, te necesito”, le pidió desesperada Melissa en diciembre de 2024 a su madre. Esta joven argelina de 34 años estaba agotada de su situación, sola con su hija de dos años en Barcelona y protegida por una orden de alejamiento contra su expareja por varias denuncias de maltrato y un estado de depresión. Su hermano desaconsejó el traslado por los riesgos que entrañaba: a Melissa se le habían caducado los papeles en España; la madre no los había tenido nunca y había iniciado la solicitud del permiso de residencia en Francia, donde vivía con su hijo.
Un cambio normativo permite desde mayo de 2025 a mujeres beneficiarias de órdenes de alejamiento lograr un permiso de residencia para sus padres en España
“Mamá, tienes que venir, te necesito”, le pidió desesperada Melissa en diciembre de 2024 a su madre. Esta joven argelina de 34 años estaba agotada de su situación, sola con su hija de dos años en Barcelona y protegida por una orden de alejamiento contra su expareja por varias denuncias de maltrato y un estado de depresión. Su hermano desaconsejó el traslado por los riesgos que entrañaba: a Melissa se le habían caducado los papeles en España; la madre no los había tenido nunca y había iniciado la solicitud del permiso de residencia en Francia, donde vivía con su hijo.
Pero la súplica sonaba tan desesperada que al final la mujer tomó un tren hasta Perpiñán, y Melissa la fue a buscar allí en coche para reducir al máximo las posibilidades de que en algún lugar le pidieran los papeles y todo se viniera todavía más abajo. Fueron kilómetros y kilómetros de miedo.
El lunes pasado, Melissa y Fátima (ambos son nombres ficticios) se abrazaban en el parque de la ciudad del cinturón de Barcelona en la que residen. Muchas cosas han cambiado en los casi dos años que llevan viviendo juntas, pero hay una que no: “Sin mi madre no puedo hacer nada, la necesito”. Fátima ha asumido el cuidado de su nieta cuando su hija va al trabajo de dependienta en la tienda de un centro comercial o cuando necesita estar sola, como le pedía al principio porque no quería que la niña notara el sufrimiento que le removía por dentro. Y más allá de la logística diaria, es su gran apoyo emocional en un momento especialmente complicado, a la espera de una sentencia definitiva sobre las denuncias por presuntos malos tratos físicos y psicológicos de su expareja, que la llevaron hasta la comisaría en 2024.
“Mi gran error fue no denunciar antes”, dice al recordar que las primeras agresiones se produjeron en 2021, apenas un año después de que se fueran a vivir juntos. El hombre al que amó “muchísimo” la controló y la agredió cuando ella, por ejemplo, se negaba a meterse con él “en la cama” o cuando le cuestionaba alguno de sus actos. “Él era Dios, nunca se equivocaba”, explica de su expareja, a quien conoció a través de las redes sociales después de que él la viera en una manifestación por Argelia celebrada en Barcelona.
La pesadilla que vivió en casa la sumió en una depresión que la hizo pensar en llevar a su hija a Francia y desaparecer. “Estaba en un pozo del que no podía salir y recuerdo que una vez intenté retomar un trabajo después de un tiempo y mi jefe me dijo: ‘Te esfuerzas por trabajar, pero no puedes, no estás en condiciones”. En su casa, dejaba notas fechadas en papeles para que, si sucedía algo, su hija algún día fuera consciente de que su madre la quería. “No tenía a nadie, solo a mi hija”, recuerda.
Melissa explica su historia sentada en el banco de un parque. Sus ojos miran adelante, pero están perdidos en el infinito. En otro banco, a unos pocos metros de distancia, su madre la va mirando de tanto en tanto. Es imposible que le llegue la voz baja del relato de su hija, pero tiene preparado un pañuelo de papel en la mano, que se pasa por los ojos cuando ve que su hija trata de esconder las emociones. Más tarde, cogida a su hija por la cintura y con la cabeza apoyada en su brazo, dice en francés, solo porque ha sido preguntada: “Ahora está mejor. Come algo, siempre que yo se lo dé. Antes estaba muy delgadita”. Se refiere a los 13 kilos que había perdido y que ha ido recuperando poco a poco con el apoyo de lo que hoy son los pilares de su vida: “Mi hija, mi madre, el psicólogo y el gimnasio”.
Una vez que abuela, madre e hija estuvieron juntas, Melissa inició el periplo administrativo para intentar recuperar su permiso de residencia, que había expirado. Visitó a una abogada, a otra y a la tercera fue la vencida. Marie Mateo la recibió a principios de 2025: “La vi muy desubicada, no se centraba y no estaba nada animada”. Con todo, consiguió que le explicara su caso: había perdido los permisos de residencia y trabajo porque las circunstancias por las que los había obtenido al llegar a España nueve años antes habían cambiado y ya no cumplía los requisitos para renovarlos.
Había iniciado incluso un proceso en el tribunal de lo contencioso en búsqueda de una salvación burocrática, pero ese procedimiento amenazaba con prolongarse demasiado. Al final, mirando la carpeta de los papeles, la letrada vio que tenía una orden de protección por malos tratos. “¿Y esto? Tienes derecho —le dijo— a la tarjeta de residencia”. El 17 de febrero de 2025, Melissa tenía un permiso de residencia en regla y el 16 de diciembre, mucho más excepcional, llegaba el de su madre.
La solución administrativa
La solución a todo el entuerto administrativo se encontraba en un decreto que el Gobierno aprobó en noviembre de 2024, un nuevo reglamento de Extranjería, que introducía cambios de calado en procedimientos de residencia, regularización y reagrupación familiar.
Uno de los artículos garantiza el permiso de residencia provisional por cuestiones “excepcionales” a aquellas mujeres extranjeras víctimas de violencia de género y de violencia sexual que acrediten una orden de protección, un informe del Ministerio Fiscal u otro documento oficial que certifique esa condición. “Es un supuesto que no es muy conocido”, explica, algo quejosa, Mateo, pero fue la solución casi automática para el caso de Melissa y, sobre todo, el de su madre, que no tardaría tampoco en resolverse.
Desde 2011, estaba previsto que los hijos de víctimas de violencia machista pudieran conseguir la autorización para residir en España por motivos humanitarios, pero desde mayo de 2025 esa modificación legislativa extendía ese derecho también a los padres.
Según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en 2024 (últimos datos disponibles desagregados) se concedieron 3.758 permisos de residencia a mujeres maltratadas con los preceptos del reglamento de Extranjería y a 1.659 hijos menores o con discapacidad.
La compañía en un proceso de denuncia por maltratos como el de Melissa puede resultar imprescindible para las víctimas debido a que el tiempo que pasa hasta la sentencia puede hacerse “larguísimo”, según explica Júlia Humet, abogada especialista en violencia machista, quien admite que desconocía esa opción que abre el reglamento de Extranjería. En su opinión, “las mujeres migradas y con la familia lejos, que además es muy posible que tengan un trabajo precario y no tengan posibilidad de buscar ayuda para cuidar a los hijos, aún sufren todavía más todo el procedimiento cuando denuncian”.
Su abogada advierte, no obstante, de que no todo está resuelto todavía, ya que los permisos de residencia que tienen las dos son provisionales y deben ser renovados año a año. Será así durante un periodo de cinco, a la espera de que haya sentencia. Si el juez determina que su expareja es culpable de las acusaciones de malos tratos, los permisos temporales se convertirán en definitivos. Si el fallo es absolutorio, Melissa y Fátima perderán esos papeles y volverán a la casilla de salida. En realidad, la moneda sigue girando en el aire.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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