Este 18 de junio se cumplen veinte años de la aprobación del Estatut d’Autonomia de 2006, impulsado por el president A pesar de sus limitaciones, la reforma catalana abrió el camino a una actualización pendiente del modelo territorial surgido de la Constitución del 1978. Maragall, acostumbrado a ir contra la corriente, defendió en Cataluña y España, una reforma ambiciosa para modernizar el autogobierno, ante los cambios que ya vivíamos fruto del contexto global de un Estado miembro de la Unión Europea. Y, a la vez, una propuesta para impulsar una reforma federal del Estado español, a pesar del “ara no toca” de dentro y fuera del país.
A pesar de sus limitaciones, la reforma catalana abrió el camino a una actualización pendiente del modelo territorial surgido de la Constitución del 1978
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos
A pesar de sus limitaciones, la reforma catalana abrió el camino a una actualización pendiente del modelo territorial surgido de la Constitución del 1978
Este 18 de junio se cumplen veinte años de la aprobación del Estatut d’Autonomia de 2006, impulsado por el president A pesar de sus limitaciones, la reforma catalana abrió el camino a una actualización pendiente del modelo territorial surgido de la Constitución del 1978. Maragall, acostumbrado a ir contra la corriente, defendió en Cataluña y España, una reforma ambiciosa para modernizar el autogobierno, ante los cambios que ya vivíamos fruto del contexto global de un Estado miembro de la Unión Europea. Y, a la vez, una propuesta para impulsar una reforma federal del Estado español, a pesar del “ara no toca” de dentro y fuera del país.
Después de dos años de ponencia conjunta, el Estatut fue aprobado por el Parlament de Catalunya, negociado y validado por las Cortes Generales y ratificado en referéndum por amplia mayoría, hecho que le otorgaba una sólida legitimidad democrática.
El recurso presentado por el Partido Popular y la sentencia del 2010 de un Tribunal Constitucional de legitimidad más que cuestionable, recortaron y reinterpretaron aspectos significativos del texto y condicionaron profundamente la política catalana y española hasta casi nuestros días.
Los efectos de la sentencia no han permitido todavía hacer una valoración serena del texto. El Estatut ampliaba y detallaba competencias, reforzaba las instituciones propias, incorporaba un catálogo innovador de derechos y deberes de ciudadanía, promovía la participación ciudadana y reconocía el papel de los gobiernos locales, con la propuesta de una nueva organización territorial basada en las vegueries. También proyectaba una imagen de Cataluña como una sociedad moderna, plural, cohesionada y comprometida con Europa. Buena parte de ese potencial está todavía por desplegar.
El Estatut también aspiraba a normalizar el reconocimiento nacional de Cataluña dentro de España y a promover una evolución federal del Estado basada en la pluralidad y en una distribución más clara de las competencias para hacer una política más próxima y más útil a la ciudadanía. Los debates sobre el encaje territorial y el modelo de Estado continúan abiertos hoy en día.
A pesar de sus limitaciones, la reforma catalana abrió el camino a una actualización pendiente del modelo territorial surgido de la Constitución del 1978. Entre 2006 y 2011 se aprobaron siete nuevos estatutos de autonomía -País Valencià, Islas Baleares o Andalucía entre otros- ninguno de ellos con recurso ante el Constitucional, por cierto.
Veinte años después, el tiempo no ha desmentido la ambición del Estatut de Maragall, más bien ha puesto de manifiesto hasta qué punto continuamos sin resolver las mismas cuestiones.
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