El Gobierno asturiano requerirá formalmente al Ministerio de Transportes y la empresa Aucalsa, concesionaria de la autopista AP-66 que comunica Asturias con León, que rebaje el precio del peaje mientras se ejecutan las obras de modernización de los túneles y las de estabilización de un talud tras el desprendimiento de noviembre de 2024. En su reunión de este lunes, el Ejecutivo ha aprobado esta medida, que constituye el paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo por la situación actual de la autopista dada la degradación del servicio derivada de la ejecución simultánea de obras, restricciones de capacidad y limitaciones de velocidad que afectan de forma continuada a la infraestructura.
La medida es el paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo por la situación de la vía tras el derrumbe de una ladera en 2024
El Gobierno asturiano requerirá formalmente al Ministerio de Transportes y la empresa Aucalsa, concesionaria de la autopista AP-66 que comunica Asturias con León, que rebaje el precio del peaje mientras se ejecutan las obras de modernización de los túneles y las de estabilización de un talud tras el desprendimiento de noviembre de 2024. En su reunión de este lunes, el Ejecutivo ha aprobado esta medida, que constituye el paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo por la situación actual de la autopista dada la degradación del servicio derivada de la ejecución simultánea de obras, restricciones de capacidad y limitaciones de velocidad que afectan de forma continuada a la infraestructura.
Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Consumo han constatado, según el Gobierno asturiano, una degradación sustancial, sostenida y generalizada del nivel de servicio de carácter estructural y no meramente puntual y que afecta de manera grave al funcionamiento del corredor y resulta “incompatible con las condiciones exigibles a un servicio público esencial”. Los informes acreditan la concurrencia prolongada de múltiples incidencias a lo largo del trazado que incluyen reducciones de carril, desvíos provisionales y limitaciones de velocidad en tramos significativos, de modo especial en túneles y zonas de montaña.
El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, señaló que, en función de la respuesta del Ministerio, se valorará la decisión de acudir a la vía judicial y ha advertido de que Transportes tampoco ha respondido todavía a la revisión de la solicitud de nulidad del decreto que prorrogó el peaje hasta 2050. Según el informe elaborado por la administración autonómica, estas circunstancias están provocando un impacto directo y severo en la capacidad de la vía, los tiempos de recorrido y las condiciones de seguridad, lo que configura un deterioro significativo de la infraestructura. Además, refleja que no consta que se haya evaluado de manera adecuada el impacto real acumulado de estas afectaciones ni desde la perspectiva de las personas usuarias ni desde el punto de vista de la actividad económica, la logística y la cohesión territorial.
Así, la actuación situación de la vía, “no resulta compatible con los estándares ordinarios exigibles a una autopista de peaje y plantea dudas fundadas sobre la adecuación del régimen tarifario al servicio efectivamente prestado, en relación con el principio de proporcionalidad”, según el Principado. En esta coyuntura, el requerimiento dirigido al ministerio exige la adopción inmediata de medidas efectivas para corregir la situación, incluido el restablecimiento de condiciones adecuadas de prestación del servicio, la revisión del régimen tarifario en relación con el nivel real de prestación y la fijación de un calendario cierto, detallado y verificable de finalización de las actuaciones.
Además, emplaza a Transportes a ejercer de manera efectiva sus funciones de supervisión y control sobre la concesión mientras que pide a la concesionaria la revisión inmediata de la planificación de las obras y actuaciones en curso para evitar la actual acumulación de incidencias y medidas concretas para restablecer niveles adecuados de servicio.
El Principado solicita además la remisión de información técnica sobre el calendario, ejecución y plazos de los trabajos, así como una evaluación cuantificada de su impacto sobre la capacidad de la infraestructura y los tiempos de recorrido.
Peláez ha recordado que esta reclamación se tramita de manera paralela e independiente de las actuaciones iniciadas para impugnar la prórroga de la concesión del peaje del Huerna y que se trata “de vías distintas y compatibles en defensa del interés general y de los derechos de la ciudadanía”. El Principado reclama la supresión del peaje tras el dictamen de la Comisión Europea, que considera ilegal la ampliación realizada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar (PP). Sin embargo, el Ministerio de Transportes lo descarta.
Ante esta negativa y el silencio ministerial, el Ejecutivo asturiano ha iniciado un proceso administrativo para buscar la nulidad de la prórroga. “No se habla del Huerna porque no se quiere hablar”, señala con rotundidad el consejero asturiano, que califica además de “inaudito y poco habitual” que una administración del mismo color político no responda a los requerimientos.
Con este panorama, Calvo asegura que, una vez finalice el plazo que tiene el Gobierno para contestar —en junio—, el Principado presentará una demanda judicial, ya que la petición de nulidad era el paso previo para acudir a los tribunales. En todo caso, el consejero circunscribe la disputa con el ministerio exclusivamente al asunto del Huerna, subrayando que en otras materias sí existe interlocución. También destacó que la Presidencia del Gobierno sí ha acusado recibo de la petición remitida por Asturias al Consejo de Ministros.
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