El Gobierno quiere tener poder de veto sobre la inversión extranjera en centros de datos

Tras dos semanas de polémica del Gobierno por su proyecto de real decreto sobre los centros de datos, ahora el Ministerio de Economía da un paso más en su control sobre el sector al pretender incluir a estas infraestructuras dentro del poder de veto que tiene el departamento de Carlos Cuerpo sobre determinadas inversiones extranjeras.En 2020 fue la primera vez que el Ejecutivo puso en marcha el llamado escudo antiopas , para arrogarse el control y capacidad de vetar inversiones de fuera de la UE en empresas españolas calificadas como estratégicas, como son los bancos, las telecos, las energéticas, las compañías de defensa… Después se amplió también el control a operaciones provenientes de otros países comunitarios.Este marco se ha convertido ya en estructural y de hecho Europa ha sacado un nuevo reglamento para armonizar sistemas y que los Estados miembros deban tener sistemas de control similares. Aprovechando que se deben realizar modificaciones en la legislación nacional por este reglamento, el ministerio ha sacado a consulta pública un proyecto de decreto que incluye varias novedades que afectan de lleno a este sector. «En la actualidad, se hace necesaria una reforma del marco actual de control, que permitirá aclarar conceptos, mejorar procedimientos y, en general, adaptar la norma a las necesidades y al contexto internacional actual», justifica el Gobierno. «Este nuevo real decreto pretende hacer más sencilla la práctica administrativa y la interpretación por parte del sector privado», añade Economía.En este sentido, el ministerio de Cuerpo lanza la consulta con el siguiente elemento en la cabeza: «Inclusión de sectores y actividades específicas sujetas a control, como los centros de datos ». Esto supondría calificar estas infraestructuras como sector estratégico y, así, prácticamente toda la inversión extranjera en centros de datos estaría sujeta a autorización del Gobierno. Además, la redacción ambigua que hace Economía deja entrever que podría haber más sectores implicados que aún no se conocen. En la actualidad, el régimen establece la obligación de someter a autorización administrativa previa determinadas inversiones extranjeras directas cuando afectan a la seguridad, salud y orden público en sectores críticos. «En concreto, se aplica a inversiones realizadas por extranjeros que impliquen la adquisición de al menos el 10% del capital social o el control de una sociedad española cuando esta opere en los sectores críticos», según recoge el último informe de operaciones intervenidas. Asimismo, se aplica también cuando la inversión proviene de actores que estén controlados por el gobierno de un tercer país; que con sus actividades de inversión hayan afectado a la seguridad, orden y salud públicos de otros Estados miembros; o que presenten un riesgo grave de realizar actividades delictivas o ilegales.También, la consulta plantea la «inclusión específica de un régimen de control para las inversiones ‘greenfield’ ». Las inversiones ‘greenfield’ son aquellas por las cuales una multinacional entra a un nuevo país construyendo todo desde cero en lugar de comprar o alquilar una empresa o fábrica que ya exista. Por ejemplo, cuando Amazon compra un terreno y construye de cero un centro de datos.El Ejecutivo pretende no solo controlar las operaciones de compra sobre centros de datos ya existentes sino también sobre los que se crean de ceroAsí las cosas, prácticamente todos los proyectos de centros de datos quedarían ‘de facto’ bajo el paraguas del escudo antiopas del Ejecutivo ya que la amplísima mayoría de infraestructuras de este tipo tienen su origen en grandes multinacionales de inteligencia artificial y tecnológicas americanas, que aglutinan la mayoría del capital social. Afectaría, a la vista de la consulta, tanto a nuevos proyectos que se levanten de cero como a intentos de compañías extranjeras de tomar el control de infraestructuras ya existentes.Así las cosas, en el negocio de los centros de datos están los gigantes americanos tipo Amazon, Microsoft, Google y Meta, así como otros como Echelon, que es socio de Iberdrola . Según la patronal española de los centros de datos, SpainDC, hasta 2030 hay proyectadas unas inversiones de 66.900 millones de euros en estas infraestructuras en nuestro país. Un negocio en total expansión y que el Gobierno quiere que quede bajo su paraguas.Incendio en el sectorPero este no es el único elemento polémico del Ejecutivo sobre los centros de datos sino que la marejada del sector tecnológico contra el Gobierno comenzó hace dos semanas con otro proyecto de decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables al sector.Una normativa ampliamente contestada por la patronal y también en privado por las grandes tecnológicas a título individual hasta el punto de advertir de que están en riesgo inversiones milmillonarias por las exigencias que les impone el nuevo real decreto para levantar centros de datos, especialmente en materia energética. «No estamos ante una obligación aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable», dijo Emilio Díaz, presidente SpainDC, hace escasos días. « Hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jurídico y sobrepasa lo que puede hacerse por esta vía. Cuando una norma impone obligaciones de esta intensidad, la cobertura legal tiene que ser especialmente sólida», añadió Begoña Villacís, directora ejecutiva de la patronal.Uno de los principales motivos de rechazo es que el proyecto normativo no afecta únicamente a futuras inversiones, sino también a proyectos que llevan años desarrollándose e invirtiendo bajo el marco regulatorio actual, denunció la organización SpainDC. «Determinados proyectos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión concedidos tendrían seis meses para adaptarse; esto significa que compañías que ya tiene comprometidos suelo, licencias, obra, financiación, equipamiento, contratos energéticos o acuerdos con clientes deben empezar a planificar de nuevo desde cero», insistieron. Tras dos semanas de polémica del Gobierno por su proyecto de real decreto sobre los centros de datos, ahora el Ministerio de Economía da un paso más en su control sobre el sector al pretender incluir a estas infraestructuras dentro del poder de veto que tiene el departamento de Carlos Cuerpo sobre determinadas inversiones extranjeras.En 2020 fue la primera vez que el Ejecutivo puso en marcha el llamado escudo antiopas , para arrogarse el control y capacidad de vetar inversiones de fuera de la UE en empresas españolas calificadas como estratégicas, como son los bancos, las telecos, las energéticas, las compañías de defensa… Después se amplió también el control a operaciones provenientes de otros países comunitarios.Este marco se ha convertido ya en estructural y de hecho Europa ha sacado un nuevo reglamento para armonizar sistemas y que los Estados miembros deban tener sistemas de control similares. Aprovechando que se deben realizar modificaciones en la legislación nacional por este reglamento, el ministerio ha sacado a consulta pública un proyecto de decreto que incluye varias novedades que afectan de lleno a este sector. «En la actualidad, se hace necesaria una reforma del marco actual de control, que permitirá aclarar conceptos, mejorar procedimientos y, en general, adaptar la norma a las necesidades y al contexto internacional actual», justifica el Gobierno. «Este nuevo real decreto pretende hacer más sencilla la práctica administrativa y la interpretación por parte del sector privado», añade Economía.En este sentido, el ministerio de Cuerpo lanza la consulta con el siguiente elemento en la cabeza: «Inclusión de sectores y actividades específicas sujetas a control, como los centros de datos ». Esto supondría calificar estas infraestructuras como sector estratégico y, así, prácticamente toda la inversión extranjera en centros de datos estaría sujeta a autorización del Gobierno. Además, la redacción ambigua que hace Economía deja entrever que podría haber más sectores implicados que aún no se conocen. En la actualidad, el régimen establece la obligación de someter a autorización administrativa previa determinadas inversiones extranjeras directas cuando afectan a la seguridad, salud y orden público en sectores críticos. «En concreto, se aplica a inversiones realizadas por extranjeros que impliquen la adquisición de al menos el 10% del capital social o el control de una sociedad española cuando esta opere en los sectores críticos», según recoge el último informe de operaciones intervenidas. Asimismo, se aplica también cuando la inversión proviene de actores que estén controlados por el gobierno de un tercer país; que con sus actividades de inversión hayan afectado a la seguridad, orden y salud públicos de otros Estados miembros; o que presenten un riesgo grave de realizar actividades delictivas o ilegales.También, la consulta plantea la «inclusión específica de un régimen de control para las inversiones ‘greenfield’ ». Las inversiones ‘greenfield’ son aquellas por las cuales una multinacional entra a un nuevo país construyendo todo desde cero en lugar de comprar o alquilar una empresa o fábrica que ya exista. Por ejemplo, cuando Amazon compra un terreno y construye de cero un centro de datos.El Ejecutivo pretende no solo controlar las operaciones de compra sobre centros de datos ya existentes sino también sobre los que se crean de ceroAsí las cosas, prácticamente todos los proyectos de centros de datos quedarían ‘de facto’ bajo el paraguas del escudo antiopas del Ejecutivo ya que la amplísima mayoría de infraestructuras de este tipo tienen su origen en grandes multinacionales de inteligencia artificial y tecnológicas americanas, que aglutinan la mayoría del capital social. Afectaría, a la vista de la consulta, tanto a nuevos proyectos que se levanten de cero como a intentos de compañías extranjeras de tomar el control de infraestructuras ya existentes.Así las cosas, en el negocio de los centros de datos están los gigantes americanos tipo Amazon, Microsoft, Google y Meta, así como otros como Echelon, que es socio de Iberdrola . Según la patronal española de los centros de datos, SpainDC, hasta 2030 hay proyectadas unas inversiones de 66.900 millones de euros en estas infraestructuras en nuestro país. Un negocio en total expansión y que el Gobierno quiere que quede bajo su paraguas.Incendio en el sectorPero este no es el único elemento polémico del Ejecutivo sobre los centros de datos sino que la marejada del sector tecnológico contra el Gobierno comenzó hace dos semanas con otro proyecto de decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables al sector.Una normativa ampliamente contestada por la patronal y también en privado por las grandes tecnológicas a título individual hasta el punto de advertir de que están en riesgo inversiones milmillonarias por las exigencias que les impone el nuevo real decreto para levantar centros de datos, especialmente en materia energética. «No estamos ante una obligación aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable», dijo Emilio Díaz, presidente SpainDC, hace escasos días. « Hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jurídico y sobrepasa lo que puede hacerse por esta vía. Cuando una norma impone obligaciones de esta intensidad, la cobertura legal tiene que ser especialmente sólida», añadió Begoña Villacís, directora ejecutiva de la patronal.Uno de los principales motivos de rechazo es que el proyecto normativo no afecta únicamente a futuras inversiones, sino también a proyectos que llevan años desarrollándose e invirtiendo bajo el marco regulatorio actual, denunció la organización SpainDC. «Determinados proyectos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión concedidos tendrían seis meses para adaptarse; esto significa que compañías que ya tiene comprometidos suelo, licencias, obra, financiación, equipamiento, contratos energéticos o acuerdos con clientes deben empezar a planificar de nuevo desde cero», insistieron.  

Tras dos semanas de polémica del Gobierno por su proyecto de real decreto sobre los centros de datos, ahora el Ministerio de Economía da un paso más en su control sobre el sector al pretender incluir a estas infraestructuras dentro del poder de … veto que tiene el departamento de Carlos Cuerpo sobre determinadas inversiones extranjeras.

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